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31 Aug 2022 | Análisis

Caso Ayotzinapa: Puntos clave para entender las nuevas acciones del Estado mexicano

  • El 18 de agosto de 2022, la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (COVAJ), instancia interinstitucional creada por el gobierno mexicano, publicó un informe que confirma que la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, en el caso Ayotzinapa fue un crimen de Estado. Entre otros temas, la presidencia de la COVAJ dió a conocer datos sobre la responsabilidad militar en los hechos de desaparición forzada. También profundiza en la participación de autoridades de alto nivel en la fabricación de la llamada “verdad histórica”.
  • El 19 de agosto fue detenido el ex-Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, por su papel en construir la falsa “verdad histórica” del caso. Actualmente se encuentra procesado por desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia. La Fiscalía General de la República (FGR) también anunció la obtención de 83 órdenes de aprehensión adicionales en relación con el caso.
  • La detención y enjuiciamiento de Murillo Karam representan la acción judicial de más alto nivel contra un exfuncionario por el caso Ayotzinapa. Sin embargo, el éxito de la FGR no se medirá por el nivel y número de personas acusadas, sino por las sentencias judiciales dictadas y la información obtenida para contribuir al acceso a la verdad y la justicia.
  • Ahora es necesario garantizar que las nuevas acciones del Estado mexicano se traduzcan en verdaderos avances para esclarecer lo que les pasó a los estudiantes, continuar con su búsqueda, sancionar a los perpetradores y contribuir a poner fin a la crisis de más de 100.000 desapariciones en México.

El próximo 26 de septiembre se cumplirán ocho años del caso Ayotzinapa. Desde la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, en 2014, perpetrada por fuerzas de seguridad y actores criminales, en hechos en los que también fueron privadas de la vida seis personas y otras fueron gravemente heridas, las familias de los normalistas han liderado una lucha larga por acceder a la verdad y a la justicia. El caso Ayotzinapa forma parte de una crisis de desapariciones que ha pasado las 100.000 víctimas en México.

El caso ha enfocado la atención nacional e internacional en la situación de los derechos humanos en México. Además de ser acompañado por respetadas organizaciones mexicanas de derechos humanos, el caso ha dado lugar a diversos esfuerzos de documentación y asistencia técnica internacionales, incluyendo el nombramiento de un Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) para asistir en la investigación en diversas etapas desde 2014. Después de que autoridades del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto intentaran concluir el caso fabricando una versión falsa de los hechos —conocida como la llamada “verdad histórica”—, y luego de la emisión de una sentencia de un tribunal federal en mayo de 2018 que concluyó que la investigación penal no había sido inmediata, efectiva, independiente ni imparcial, y que ordenó la creación de una comisión de investigación para la verdad y la justicia para el caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que su gobierno tomaría las medidas necesarias para brindar verdad y justicia a las familias. A pocos días de haber asumido el cargo en diciembre de 2018, creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (COVAJ) con ese fin.

Ahora, a un mes del octavo aniversario del caso, instituciones federales han hecho públicas nuevas acciones de alto perfil en el caso, incluyendo un informe de la presidencia de la COVAJ y la detención del ex-Procurador General de la República Jesús Murillo Karam. Tales acciones constituyen la muestra más reciente de la voluntad del gobierno de López Obrador de buscar esclarecer los hechos, así como de los avances en el manejo de la investigación penal. Mientras que la versión falsa dada a conocer por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) buscaba limitar las responsabilidades a grupos delincuenciales y autoridades locales, en los últimos dos años la Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado cargos contra diversos exfuncionarios federales de alto nivel  Ahora, además, ha anunciado 83 nuevas órdenes de aprehensión, incluyendo algunas contra mandos militares, además de haber identificado los restos de dos de los estudiantes en 2020 y 2021. Al mismo tiempo, las nuevas acciones en el caso plantean la necesidad de garantizar que estos pasos se traduzcan en verdaderos avances para esclarecer lo que les pasó a los estudiantes, continuar  con su búsqueda, sancionar a los perpetradores y sentar precedentes que contribuyan a poner fin a la crisis de desapariciones. 

Aquí, tres conclusiones clave sobre el caso:

1.El informe de la presidencia de la COVAJ confirma que Ayotzinapa fue un crimen de Estado, aporta datos sobre la responsabilidad militar y la participación de autoridades de alto nivel en la fabricación de la llamada “verdad histórica”

El 18 de agosto de 2022, el Subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas dio a conocer el informe de la presidencia de la COVAJ. El informe de 97 páginas y sus ocho anexos retoman y profundizan en la reconstrucción de los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 y la fabricación de la falsa versión del caso que fue anunciada por la entonces PGR. También hacen un recuento de los esfuerzos de búsqueda e identificación de los estudiantes desaparecidos.  Varias conclusiones del nuevo informe son destacables.

  • Ayotzinapa fue un crimen de Estado. El informe confirma que Ayotzinapa fue un crimen de Estado en el que participaron autoridades de distintas instituciones en la desaparición de los estudiantes. Si bien esa realidad se conocía, es relevante que sea reconocida en un informe oficial del gobierno federal mexicano.
  • Autoridades de todos los niveles estaban al tanto de los movimientos de los estudiantes la noche del 26 de septiembre. El nuevo informe coincide con el GIEI en esta conclusión al señalar:

…tanto las autoridades federales, estatales y municipales (Sedena [Secretaría de la Defensa Nacional], CISEN [Centro de Investigación y Seguridad Nacional], Policía Federal Preventiva, gobierno de Guerrero, Policía Estatal, entre otras), estaban informadas y dando seguimiento a las acciones de los estudiantes…[…] Esto acredita responsabilidades por acción, omisión o negligencia en las actuaciones gubernamentales al momento de presentarse los hechos de persecución, violencia y desaparición de los estudiantes en Iguala.

Resalta, además, que tanto la Sedena como el CISEN contaban con intervenciones de comunicaciones de integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos en la época de los hechos, incluidas comunicaciones entre miembros del grupo criminal y autoridades municipales.

  • Nuevas revelaciones sobre la participación del Ejército. Como había trascendido en 2019, el informe destaca que la Sedena contaba con un elemento infiltrado en la escuela, quien se encargaba de informar a sus superiores de las actividades de los normalistas y se encuentra entre las 43 víctimas desaparecidas. A través de esta y otras fuentes, las autoridades militares estaban al tanto de los movimientos de los estudiantes. Sin embargo, no emprendieron esfuerzos por buscar a su elemento desaparecido. Estos hechos se suman a otras revelaciones de meses pasados hechas por el GIEI que implican a la Sedena y la Secretaría de Marina (Semar) en diversos momentos de los hechos del 26 de septiembre y/o en la posterior construcción de la “verdad histórica”. Las instituciones militares también han sido reticentes a entregar toda la información del caso, incluso después de que López Obrador así lo instruyera en un decreto presidencial en 2018.

Sin embargo, la revelación más llamativa sobre la participación militar es la conclusión, anunciada por el Subsecretario Encinas, que un coronel del Ejército presuntamente ordenó matar a seis de los estudiantes, quienes habrían permanecido con vida hasta cuatro días después de ser desaparecidos. Esta es la primera vez que las autoridades señalan públicamente la participación de elementos del Ejército en ordenar una parte de la desaparición forzada en sí.

  • Avances y pendientes en el esclarecimiento de los hechos del 26 de septiembre. A diferencia de lo afirmado en la “verdad histórica” —según la cual todos los estudiantes fueron llevados al basurero de Cocula, incinerados y sus restos arrojados a un río—, y como había indicado el GIEI anteriormente, la presidencia de la COVAJ señala que los normalistas fueron llevados a distintos puntos en distintos grupos con participación de una serie de actores. El informe concluye que no hay indicios de que alguno de los normalistas esté vivo hoy y que es necesario seguir buscando en diversos municipios de Guerrero con la esperanza de dar con el paradero final y lograr la identificación de las víctimas desaparecidas. Hasta la fecha, sólo se ha logrado la identificación de tres de ellos.

Al reaccionar al informe, el GIEI señaló que no había tenido acceso a todos los materiales citados en la reconstrucción de hechos presentada por la presidencia de la COVAJ. Las familias de los normalistas y sus representantes piden que todos los nuevos indicios presentados en este marco puedan ser revisados técnicamente a la brevedad por el GIEI.

  • La “verdad histórica” fue “una acción concertada del aparato organizado del poder”. El informe de la presidencia de la COVAJ concluye que en la implementación de la “verdad histórica” participaron:

…el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam; el Subprocurador de la SEIDO [Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada], Rodrigo Archundia; el encargado del despacho de la SEIDO, Hugo Ruiz; el titular de la Unidad Especializada en Materia de Delitos contra el Secuestro, Gualberto Ramírez Gutiérrez; y el Director de la AIC [Agencia de Investigación Criminal], Tomás Zerón, quien ha informado de la participación de autoridades del más alto nivel del gobierno federal.

Adicionalmente, enlista a numerosas personas que fungieron como enlaces operativos para desarrollar la investigación en esa época, incluidos el Almirante Marco Antonio Ortega Siu, Jefe de la Unidad de Operaciones Especiales de la Semar, así como Omar García Harfuch, entonces comisionado en Guerrero de la Policía Federal y hoy secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Como se describe más adelante, varias de las personas señaladas en el extracto citado arriba actualmente tienen órdenes de aprehensión en su contra por delitos vinculados al caso. 

  • El cambio de gobierno federal y la creación de la COVAJ han traído un mayor acceso y análisis de evidencia del caso, pero también se han acumulado obstáculos para avanzar en la investigación y romper los pactos de silencio entre perpetradores. El informe explica que, durante el presente gobierno federal, 15 instituciones han entregado información y se han digitalizado decenas de miles de documentos relacionados con el caso. La información y evidencia analizada incluye testimonios, videos, audios, transcripciones, informes, mensajes y otros. Al mismo tiempo, el informe resalta que han persistido demoras y reticencia de entregar información en algunas instituciones, tales como la Sedena y diferentes áreas de la FGR. 

Por otro lado, el informe destaca obstáculos que se han acumulado con el paso del tiempo en la búsqueda de verdad, como la muerte por causas naturales, accidentes y hechos de violencia de 26 personas clave vinculadas al caso. En uno de los casos, de 2021, la presidencia de la COVAJ señala directamente que elementos de la FGR ejecutaron a la persona mediante un uso arbitrario de la fuerza letal. Estas muertes vienen a complicar un panorama ya marcado por obstáculos y oportunidades perdidas derivadas de la inicial manipulación y falsificación de la investigación penal durante el gobierno de Peña Nieto. Según señaló el GIEI en marzo de 2022:

“Mucho tiempo se ha perdido. Muchas evidencias, obtenidas antes de la creación de la UEILCA [Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la FGR], fueron anuladas por haber sido obtenidas bajo tortura. La destrucción y pérdida de información… han hecho todo el trabajo más complicado y comprometen gravemente las posibilidades de un pleno esclarecimiento del caso.”

  • Hay un mejor flujo de información desde Estados Unidos para contribuir a esclarecer el caso. A nivel internacional, se informa que, tras una solicitud de López Obrador a la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris en mayo de 2021, autoridades estadounidenses han entregado a la UEILCA evidencia adicional derivada de su investigación del grupo criminal Guerreros Unidos en ese país. Esto incluye intervenciones de comunicaciones alrededor de las fechas de la desaparición de los estudiantes. Estos avances en la colaboración bilateral son importantes para aportar elementos que podrían ser relevantes para esclarecer el caso.

2.Se vincula a proceso a Jesús Murillo Karam, ex-Procurador General de la República, y se anuncian 83 órdenes de aprehensión adicionales.

El 19 de agosto —es decir, un día después de la publicación del informe de la presidencia de la COVAJ— la FGR y personal de la Semar detuvieron al ex-Procurador General de la República Jesús Murillo Karam por cargos de desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia, todos por su papel en la implementación de la “verdad histórica”. Las acusaciones señalan que Murillo Karam impidió la debida búsqueda e investigación al dar a conocer la versión falsa del caso, a sabiendas que dicha versión provenía de declaraciones fabricadas bajo tortura y no de una verdadera investigación de los hechos. El 24 de agosto, Murillo Karam fue vinculado a proceso por los tres delitos señalados.

La detención y vinculación a proceso de Murillo Karam representan la acción judicial de más alto nivel contra un exfuncionario por el caso Ayotzinapa y produjeron una extensa cobertura mediática. El reto ahora será garantizar que tan sonadas acciones se sustenten en pruebas y argumentos sólidos por parte de la FGR. Los antecedentes del caso son un recordatorio de que las detenciones y la apertura de procesos penales no constituyen ni garantizan justicia: más de 100 personas fueron detenidas en relación con el caso durante el gobierno de Peña Nieto, pero al no tener sustento probatorio suficiente o lícito (recordando que dichas detenciones corresponden a la etapa de la “verdad histórica” y un alto porcentaje de las personas detenidas fueron objeto de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes), muchas de las acusaciones se han ido cayendo ante los tribunales.

La creación de la UEILCA en 2019 ha marcado un claro avance en la forma de investigar el caso y en la voluntad de indagar a responsables de alto nivel y de distintas instituciones. La UEILCA ha logrado la emisión de órdenes de captura en contra de (entre otros):

  • Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, por tortura y desaparición forzada, entre otros. Zerón está prófugo en Israel, aunque las autoridades federales han sostenido comunicación con él para buscar negociar su colaboración en la investigación;
  • Gualberto Ramírez, exjefe antisecuestros de la PGR, por tortura (prófugo);
  • Carlos Gómez Arrieta, extitular de la Policía Federal Ministerial, por tortura (actualmente procesado);
  • El Capitán José Martínez Crespo (el primer militar vinculado al caso en ser procesado).

Sumado a lo anterior, a escasas horas de la detención de Murillo Karam, la FGR anunció que había obtenido 83 nuevas órdenes de aprehensión en el caso contra “20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; a 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; más 11 policías estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos”. Así, las acciones presentadas por la FGR se pueden ver como la respuesta de la institución a la investigación manipulada de la administración anterior, con la que busca desmarcarse de manera definitiva de las irregularidades de la PGR y corregir el rumbo del caso.

Sin embargo, el éxito de la FGR no se medirá por el nivel y número de personas acusadas, sino por las sentencias judiciales dictadas y la información obtenida para contribuir al verdadero acceso a la verdad y la justicia. En México, donde casi no existen ejemplos de altos funcionarios sancionados por graves violaciones de derechos humanos, es aún más importante que este caso siente el precedente de una investigación que lleve a condenas penales contra los perpetradores relevantes sustentadas en pruebas sólidas, y que muestre que la sociedad puede y debería de tener expectativas similares del sistema penal en otros casos. En ese sentido, algunos analistas ya han expuesto preocupaciones sobre la precipitada detención de Murillo Karam y la solidez del caso legal construido por la FGR (independientemente de las responsabilidades que pueda tener Murillo Karam en los hechos). Entre otras, en las imputaciones contra el exprocurador participaron algunos integrantes de la FGR no pertenecientes a la UEILCA e incluso el titular de la misma no estuvo presente en las audiencias iniciales, lo que ha motivado preguntas de parte de las familias de los normalistas y las organizaciones acompañantes. En cuanto a las 83 órdenes de aprehensión recién anunciadas, dicho anuncio reproduce un patrón en el que, en casos sonados, se dan a conocer órdenes de captura antes de ejecutarlas en vez de privilegiar el sigilo de las actuaciones y la detención de las personas. Está por verse hasta dónde se logra la apertura de procesos penales contra las personas señaladas.

3.Conclusiones de cara al octavo aniversario del caso, en el contexto de 100.000 personas desaparecidas y de la creciente militarización en México

Ayotzinapa no es un crimen del pasado: la ausencia de los normalistas y la incertidumbre sobre el destino y paradero de la gran mayoría de ellos pesan sobre sus familias cada día. Es gracias a la lucha incansable de las y los familiares, acompañados por organizaciones de la sociedad civil, que hoy existen órganos especializados nacionales e internacionales para buscar verdad y justicia en el caso y que se cuenta con los avances ocurridos hasta el momento. La lucha de las familias de Ayotzinapa se ha sumado a la de miles de otras familias de personas desaparecidas a lo largo del país, quienes mediante una gama de acciones han dado a conocer a nivel nacional e internacional la crisis de desapariciones e impulsado avances legislativos, institucionales y prácticos en la búsqueda de personas. Este 26 de septiembre, las familias de Ayotzinapa marcarán otro año de lucha, pasos dados e impactos positivos, pero también habrán vivido otro año sin pleno acceso a la verdad y la justicia en su caso.

Mientras tanto, la crisis de desapariciones sigue vigente. La justicia en Ayotzinapa y otros casos tendría que incluir medidas para poner fin a esta crisis, sancionar a autores materiales e intelectuales y prevenir futuras desapariciones. En esos rubros, al día de hoy los pendientes son grandes. México ahora cuenta con una infraestructura de búsqueda que antes no existía y se han priorizado esfuerzos por aumentar la capacidad de identificación humana, tanto a nivel nacional como en la cooperación internacional, incluido Estados Unidos, pero persiste una crisis forense con más de 50.000 personas fallecidas no identificadas. 

A pesar de contar con una Ley General contra la desaparición que dispone la creación de varias bases de datos para facilitar la búsqueda e investigación, piezas clave de la ley no han sido implementadas, incluida la creación del Banco Nacional de Datos Forenses. La impunidad es la regla en la abrumadora mayoría de las desapariciones, como destacó el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas tras visitar México a finales de 2021, derivada en general de la falta de debida investigación de estos crímenes por las fiscalías. El caso Ayotzinapa es uno entre miles que retratan la urgencia de tomar acciones decisivas para implementar la Ley General y poner fin a una situación de desapariciones que no debería existir.

Finalmente, no podemos olvidar que, en el mismo contexto reciente de acumulación de señalamientos contra las fuerzas armadas en el caso Ayotzinapa, López Obrador sigue profundizando la militarización como modelo de seguridad. El presidente anunció en fechas recientes que considera que el despliegue militar en tareas policiales debería continuar después de 2024 y que, a falta de una reforma constitucional para trasladar a la Guardia Nacional formalmente a la Sedena, buscaría lograr este cambio mediante una reforma a leyes secundarias o incluso mediante un acuerdo presidencial —es decir, desconocería lo dispuesto en la Constitución con tal de lograr que las tareas policiales a nivel federal queden exclusivamente en manos militares—. López Obrador justifica la creciente militarización afirmando, entre otras cosas, que militarizar es una forma de evitar la corrupción, pero los avances en el esclarecimiento del caso Ayotzinapa muestran que la participación de fuerzas militares de ninguna manera constituye una garantía contra la violencia ni contra las violaciones de derechos humanos.

 

Consulte aquí nuestra página de recursos sobre el caso Ayotzinapa.