Escribo este comentario para acompañar el informe de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE) sobre la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz de Colombia de 2016. El pasado 25 de mayo, se cumplieron dos años del asesinato de George Floyd a manos de un oficial de la policía de Minneapolis. Estados Unidos está evaluando si se ha avanzado en materia de justicia racial y prevención de otros abusos contra los afroamericanos. Esta misma pregunta debe hacerse sobre la justicia racial y la protección de los derechos de las minorías étnicas en Colombia.
Si bien los EE. UU. y Colombia son diferentes, la necesidad de tener en cuenta el racismo estructural y sus efectos sobre los derechos fundamentales, civiles, económicos y sociopolíticos de las minorías étnicas no son diferentes. Los obstáculos que enfrentan las personas afrodescendientes e indígenas en ambos países comparten raíces y desafíos. Las comunidades étnicas tienen una sólida historia de liderazgo, resistencia, resiliencia, organización y activismo en ambos países. Además, las políticas militares y de control de drogas en los EE. UU. y Colombia que afectan negativamente de manera desproporcionada a las comunidades étnicas, están interrelacionadas.
El 2022 es un año clave para Colombia, ya que presenta una oportunidad sin igual para que los EE. UU. y la comunidad internacional renueve su compromiso de poner fin a la discriminación racial y facilitar la inclusión en Colombia. En junio, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (Comisión de la Verdad, CEV) del Acuerdo de Paz publicó su informe, que incluye un capítulo étnico que analiza el conflicto con una mirada desde el enfoque racial y de género. Este nuevo informe aborda cómo dichos abusos afectaron a los grupos étnicos y brinda recomendaciones para garantizar su no repetición. También destaca los movimientos de resistencia no violenta, incluidos los esfuerzos de las mujeres, los grupos étnicos, los desplazados y las víctimas para mantener sus culturas, costumbres, idiomas y autonomía.
El informe de la Comisión de la Verdad crea una oportunidad clave para que los EE. UU. y la comunidad internacional tomen conciencia sobre el papel que juega el racismo en todos los sectores de la sociedad colombiana (educación, sector público y privado, medios de comunicación, justicia) y apoyen iniciativas de seguimiento y sensibilización pública.
El próximo 7 de agosto tomará posesión Gustavo Petro, el nuevo presidente de Colombia. Las elecciones presidenciales de 2022 en Colombia son históricas porque, por primera vez en la historia del país, cinco de los candidatos a vicepresidente eran afrodescendientes. En parte, esto se debe a los precedentes establecidos por Epsy Campbell en Costa Rica y Kamala Harris en los EE. UU. Esto también es el resultado del trabajo de décadas del movimiento afrocolombiano para abrir espacios en el país y el liderazgo ejemplar de Francia Márquez. Cuando Petro asuma el mando en agosto, tendrá que abordar los problemas de Colombia relacionado con racismo, clasismo, derechos de las mujeres y medio ambiente. Todos estos problemas han salido a la luz gracias a la perseverancia de Márquez.
El nuevo gobierno de Colombia, los EE. UU. y la comunidad internacional podrá abordar los obstáculos estructurales que enfrentan las comunidades étnicas a través de la incorporación del Capítulo Étnico en las políticas y programas públicos. El Capítulo Étnico reconoce que la discriminación racial y los legados de la esclavitud y el colonialismo.
Este Capítulo del Acuerdo intenta remediar estos asuntos garantizando que se aplique un enfoque diferenciado a todos los aspectos del esfuerzo del Acuerdo de Paz para abordar algunos de los problemas estructurales más predominantes detrás del conflicto. El principio rector en el Capítulo Étnico indica que las transformaciones que se requieren no sucederán a menos que se haga realidad el reconocimiento, la inclusión, la participación activa de los liderazgos y las comunidades, en la definición de las políticas y programas que los afectan.
Tal y como señalaron mis colegas de la IEANPE y el Instituto Kroc, existen lagunas en la implementación del Capítulo Étnico. Los EE. UU. y la comunidad internacional pueden implementar medidas para cerrar esas brechas, que incluyen:
Es importante recordar que el Capítulo Étnico no fue otorgado libremente a las minorías étnicas. Cuando comenzaron las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los pueblos afrocolombianos e indígenas no formaban parte de la agenda. En el año 2014, al darse cuenta que estaban excluidos, grupos nacionales y regionales afrocolombianos, incluyendo funcionarios del gobierno local, personas desplazadas, mujeres, jóvenes, sindicalistas y sectores religiosos, formaron el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA). Un año después, CONPA se unió a las autoridades indígenas para formar la Comisión Étnica para la Defensa de los Derechos Territoriales (Comisión Étnica) y hablar con una sola voz.
Una vez conformada, la Comisión Étnica se comprometió en un esfuerzo de abogacía global y nacional para obtener un asiento en la mesa de negociación y asegurar que sus derechos se integraran en el Acuerdo de Paz. Dentro de Colombia, organizó marchas en las calles y reuniones estratégicas con otros actores de la paz. A nivel mundial, esta coalición unió fuerzas con la Administración Obama, el Congreso de los Estados Unidos, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, la ONU, los países garantes, la Coalición de Sindicalistas Negros (CBTU) y muchos otros para impulsar su inclusión. Finalmente, el 26 y 27 de junio de 2016 representantes afrodescendientes e indígenas viajaron a Cuba para negociar con las partes en conflicto. Se formaron grupos de trabajo que dieron como resultado que las partes reconocieran la necesidad de incorporar un enfoque étnico diferenciado en la agenda de los seis puntos del Acuerdo de Paz. Las partes reconocieron que era imposible crear una paz duradera en los territorios sin la participación de los grupos étnicos.
Después de varias reuniones de seguimiento, incluida una reunión el 14 de julio en el Palacio Presidencial de Colombia, se llegaron a acuerdos sobre cómo incluir los derechos de las minorías étnicas en el Acuerdo de Paz. El 23 de agosto se filtró información a la Comisión Étnica indicando que las partes tenían previsto anunciar el acuerdo final en La Habana al día siguiente. En vista que los puntos acordados no estaban aún finalizados, la Comisión Étnica se mostró sorprendida y de inmediato condujo una campaña global de incidencia para garantizar que hicieran parte del Acuerdo. El 24 de agosto, representantes de la Comisión Étnica se dirigieron a La Habana. Esa tarde se reunieron con los negociadores y consolidaron en una hora el texto del “Capítulo Étnico” en la versión definitiva del Acuerdo de Paz. Si bien el capítulo final es una versión reducida de las demandas originales de las minorías étnicas, garantiza un enfoque étnico diferenciado y la participación en su implementación, así como la creación de un mecanismo oficial de seguimiento para avanzar en sus objetivos (IEANPE).
Si bien los derechos de las minorías étnicas y la implementación de la paz sufrieron severos reveses durante la presidencia de Iván Duque, esto no destruyó la voluntad de las comunidades afrocolombianas e indígenas de garantizar sus derechos. Este es el año para hacer balance, reevaluar y avanzar en la implementación del Capítulo Étnico. Su avance no es posible a menos que los Estados Unidos y la comunidad internacional trabajen en conjunto con los líderes afrocolombianos e indígenas para que esto sea una realidad. El informe de la IEANPE abre esta conversación hacia afuera de Colombia, y genera la posibilidad de que aliados existentes y nuevos ayuden a que las ideas contenidas en el Capítulo Étnico, pasen del papel a acciones concretas con resultados en el territorio colombiano.