(WOLA)

18 May 2022 | Análisis

Capacidad, seguridad y responsabilidad en el borde occidental de la frontera México-EE.UU.

El personal de WOLA visitó San Diego, California, y Tijuana, Baja California, durante la semana del 2 de mayo de 2022 . Llegamos con una lista de preguntas de investigación sobre las tendencias migratorias, las preocupaciones en materia de seguridad, los esfuerzos por responsabilizar a las agencias policiales fronterizas y cómo los proveedores de servicios de la región se estaban preparando para un probable aumento de la migración post-pandémica. Esto fue lo que encontramos:

  • En Tijuana, la mayor ciudad fronteriza de México, el sistema de albergues humanitarios más grande y mejor establecido de la frontera entre Estados Unidos y México está resistiendo, aunque con la presión de una gran población de migrantes en tránsito, deportados o bloqueados para buscar asilo en Estados Unidos. La situación de seguridad de la ciudad está empeorando.
  • En general, las personas defensoras de derechos humanos creen que esta parte de la frontera puede gestionar un posible aumento de la migración después del “Título 42”. La reciente tramitación sin problemas de 20.000 inmigrantes ucranianos por parte la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection, CBP) demostró que existe la capacidad de gestionar grandes flujos de solicitantes de asilo, cuando existe la voluntad de hacerlo.
  • El cese de los “Equipos de Incidentes Críticos” de la Patrulla Fronteriza, producto de la defensa que comenzó en San Diego, es un paso adelante para la rendición de cuentas sobre violaciones de derechos humanos en toda la frontera. Sin embargo, los monitores ciudadanos de San Diego tienen otras preocupaciones en materia de derechos humanos en relación con la aplicación de la ley en la frontera de EE.UU.: el uso indebido de la fuerza, las persecuciones peligrosas de vehículos, las amenazas a las libertades civiles de las tecnologías de vigilancia, la desinformación deliberada a personas solicitantes de asilo, y un fuerte aumento de las lesiones en el muro fronterizo.

La población migrante en Tijuana

Si se observan únicamente los datos de migración de CBP, se puede tener la impresión de que esta parte de la frontera está tranquila. De los nueve sectores en los que la Patrulla Fronteriza divide la frontera entre Estados Unidos y México, San Diego -los 100 kilómetros más occidentales- ocupa el sexto lugar en cuanto al número de migrantes encontrados en abril, y en lo que va del año fiscal 2022.

En Tijuana, sin embargo, la población migrante es numerosa y va en aumento. En la categoría de “personas que han llegado recientemente de otro lugar” están:

  • Deportados de Estados Unidos: Los datos mexicanos muestran que el ICE y la CBP enviaron un promedio de 9,147 ciudadanos mexicanos por mes a Tijuana -más de 109,000 deportaciones- entre abril de 2021 y marzo de 2022.
  • Esa cifra no incluye a las 11.538 personas expulsadas cada mes (más de 138.000 expulsiones) durante ese periodo desde el sector de San Diego de la Patrulla Fronteriza y la oficina de campo de San Diego de la CBP, bajo la orden de pandemia “Título 42”. El 96 por ciento de los expulsados en Tijuana son de México, incluyendo niños mexicanos no acompañados; México también acepta expulsiones por tierra de personas de El Salvador, Guatemala y Honduras. Durante nuestra visita, el gobierno de Biden comenzó a expulsar a ciudadanos cubanos y nicaragüenses a México también, incluyendo al menos unas pocas docenas por día en Tijuana.
  • Algunos cientos más (344 hasta el 31 de marzo) han sido devueltos a Tijuana desde diciembre en virtud de la reactivación del programa “Permanecer en México” ordenada por el tribunal.
  • Un número desconocido de personas, probablemente decenas de miles, han llegado a Tijuana desde otros países y desde estados de México asolados por la violencia (especialmente Guerrero y Michoacán). Algunos planean cruzar a Estados Unidos lo antes posible a pesar de los riesgos, mientras que otros están esperando a que termine el Título 42 para poder presentarse en los puertos de entrada y pedir asilo u otro tipo de protección.

Sumando estas fuentes de datos migratorios, estimamos que al menos 300.000 personas, probablemente más, han emigrado hacia o a través de Tijuana en el último año. Eso supone al menos el 15 por ciento de la población de la ciudad (casi 2 millones), 1 por cada 6 o 7 personas.

Al menos 2.000 ciudadanos haitianos, casi todos ellos residentes en Sudamérica, llegaron a la ciudad y a la cercana Mexicali en diciembre. Muchos permanecen en el lado mexicano de la frontera, ya que el gobierno de Biden ha estado utilizando el Título 42 de forma activa para expulsar a los haitianos por vía aérea. Unos cuantos miles de ciudadanos de Rusia -muchos de ellos de la minoría tártara- llegaron a finales de 2021; muchos intentaron llegar a suelo estadounidense, lo que les permitiría solicitar asilo, conduciendo coches alquilados a través del puerto de entrada oficial. 

Hasta que el gobierno de Biden lanzó su iniciativa “Unidos por Ucrania” el 25 de abril, viajar a México era la forma más rápida de que las personas de Ucrania que huían de la invasión rusa del 24 de febrero llegaran a Estados Unidos. Casi todas aquellas personas que tomaron esta ruta -unas 20.000 – entraron por Tijuana. En marzo, el último mes del que disponemos de datos estadounidenses (actualización de TK si se publica abril), 1 de cada 6 migrantes que las autoridades estadounidenses encontraron en San Diego procedía de Rusia o Ucrania (4.020 de 23.295). En abril llegaron muchos más.

Desde el 25 de abril, la frontera terrestre está de nuevo cerrada para personas de Ucrania. Quienes permanecen en México deben viajar a Ciudad de México y solicitar su admisión en el marco del proceso “Unidos por Ucrania”. No vimos a ningúna persona migrante de Ucrania durante nuestra estancia en Tijuana.

Necesidades de alojamiento

El puerto de entrada de San Ysidro, entre Tijuana y San Diego, es el paso fronterizo terrestre más transitado del hemisferio occidental. El Título 42 ha mantenido San Ysidro cerrado a las personas que, aunque carecen de documentos, desean ejercer su derecho legal a presentarse ante los oficiales de la CBP y pedir asilo. Entre enero de 2021 y febrero de 2022, más de 1.000 posibles solicitantes de asilo, incluidas muchas familias, vivieron bajo tiendas de campaña y lonas en un campamento en la plaza de Chaparral, fuera del puerto de entrada.

La Plaza del Chaparral está vacía.

Cuando la visitamos, la plaza estaba limpia y vallada: las autoridades de la ciudad, incluida la policía y los guardias nacionales, habían desalojado Chaparral en una operación realizada antes del amanecer del 6 de febrero. Las autoridades afirman que la población del campamento se había reducido a unas 380 personas, que vivían en condiciones miserables, y que todos los que querían refugio fueron reubicados en albergues gubernamentales y de beneficencia. Quienes criticaron la operación cuestionaron su brusquedad y señalaron la gran cantidad de objetos personales que las personas que ocupaban el campamento dejaron atrás.

Tijuana cuenta con la mayor red de albergues para migrantes de la frontera: actualmente existen unos 37 o 38 en la ciudad. La mayoría están gestionados por iglesias o grupos religiosos, aunque hay una gran instalación gestionada por el gobierno federal de México, un refugio gestionado por el estado de Baja California y un “hotel filtro” para migrantes seropositivos apoyado por la Organización Internacional para las Migraciones.

El personal de los tres refugios que visitamos dice que por ahora se las están arreglando: todos tenían alta ocupación pero ninguno estaba completamente lleno. Cualquier refugio con más de varios años de antigüedad probablemente se fundó para acoger a la principal población de inmigrantes hasta mediados de la década de 2010: Deportados mexicanos adultos que sólo necesitaban una estancia de pocos días. Los cambios en la población migrante, y los esfuerzos de Estados Unidos por bloquear el acceso al asilo, han obligado a los refugios a adaptarse para albergar a familias, niños y niñas, y a acoger a personas que necesitan alojamiento durante semanas o meses.

El personal de los albergues, los funcionarios del gobierno y las personas defensoras que entrevistamos coincidieron en señalar el acceso a la atención sanitaria como la prioridad más urgente para migrantes en Tijuana. Muchos, incluidos los niños y las niñas, sufren de problemas de salud y tienen pocas posibilidades de ver a profesionales de la salud u obtener medicamentos. Varias personas añadieron que el acceso a la información sobre los procesos de asilo e inmigración de ambos países es crucial: los rumores siguen superando a la verdad. Organizaciones como la ACLU de San Diego se están asociando con organizaciones de Tijuana en un esfuerzo por gestionar las expectativas de personas migrantes y solicitantes de asilo proporcionando información actualizada. Algunas personas que trabajan en refugios o son defensoras de derechos humanos se preocupan de que el gobierno mexicano, a todos los niveles, parece carecer de un plan para ayudar a gestionar un posible aumento de la migración después del Título 42.

Seguridad en Tijuana

En Tijuana han aumentado los homicidios y otros delitos violentos. El gobierno federal de México ha respondido desplegando al menos 3.000 soldados y un número similar de guardias nacionales para patrullar la ciudad. Son muy visibles en camionetas con ametralladoras montadas. La violencia se concentra en los barrios más pobres; una de las principales causas es la competencia por la venta local de drogas, especialmente de metanfetamina y cada vez más de fentanilo.

Aunque San Diego es el sector número uno de las autoridades fronterizas estadounidenses en cuanto a incautaciones de metanfetamina, fentanilo, heroína y cocaína, analistas de seguridad que consultamos coincidieron en que la competencia por el transbordo no es probablemente la causa del incremento de la violencia. La opinión más extendida era que el “microtráfico” -la competencia por vender drogas en el mercado local- es el factor explicativo más fuerte. La relativa ausencia de tiroteos o asesinatos en el centro de la ciudad y en los barrios más prósperos -que eran habituales hace una década, cuando los cárteles competían por el territorio de transbordo- parece apoyar esta opinión.

Tijuana es peligrosa para las personas migrantes. Las encuestas realizadas a migrantes en esta parte de la frontera por el grupo de ayuda legal Al Otro Lado, que a menudo aparece en los informes de Human Rights First, han registrado más de 7.300 las denuncias de los migrantes de haber sufrido “violaciones, agresiones sexuales, secuestros, tráfico de personas, robos a mano armada y palizas” desde principios de 2021.

¿Qué pasará después del Título 42? Lecciones de la migración ucraniana

Si se permite que el Título 42 expire, muchas personas que han estado esperando en Tijuana una oportunidad para solicitar asilo podrían intentar cruzar a Estados Unidos, ya sea en un puerto de entrada o en algún lugar intermedio. El número de migrantes que pretenden evitar la aprehensión -en su mayoría adultos solteros- podría disminuir después del Título 42, ya que los funcionarios del DHS afirmaron que volverán a tratar de castigar a quienes crucen repetidamente, incluso mediante procesos penales, en lugar de simplemente expulsarlos.

Incluso si la migración general disminuye después del Título 42, es probable que el número de personas que necesitan ser procesadas para el asilo aumente. Esto ha suscitado la preocupación, incluso entre muchos legisladores demócratas moderados, de una vuelta al desorden y al hacinamiento en la frontera a medida que las capacidades de la CBP se vean desbordadas.

Tanto en San Diego como en Tijuana, oímos poca preocupación por el posible desorden en la tramitación de un mayor número de solicitantes de asilo. (Es posible que esto no refleje las opiniones de toda la frontera. En El Paso, por ejemplo, el director del mayor centro de acogida de inmigrantes de la ciudad ha expresado su preocupación por cuestiones de capacidad). Quienes trabajan en albergues y abogados creen que la capacidad existe: hay espacio disponible cerca de la frontera, por ejemplo, en antiguas estaciones de la Patrulla de Carreteras de California o en hoteles. Sostienen que la verdadera capacidad de procesamiento de asilo de la CBP se puso de manifiesto durante el mes de abril, cuando la agencia gestionó hasta 1.000 entradas de ciudadanos ucranianos cada día.

El puerto de entrada de San Ysidro.

Aunque la libertad condicional humanitaria ofrecida a los ucranianos puede haber implicado menos papeleo que el asilo, la CBP todavía “dio la puntilla”, como dijo un defensor, al demostrar que la agencia podía de hecho dedicar el personal y los recursos necesarios para transportar y registrar, en el puerto de entrada, a un gran número de personas que buscan protección. La Oficina de Campo de San Diego de la CBP se adaptó, pasando de procesar 2.932 migrantes en los puertos de entrada en febrero, a 6.635 en marzo, a 23.034 en abril.

Un funcionario del gobierno mexicano nos dijo que mientras la CBP normalmente tiene dos oficiales que procesan el asilo en el puerto de entrada, la agencia logró aumentar a 24 oficiales para acomodar a las personas de Ucrania. “Debemos replicar esto para las caravanas que vienen”, dijo otro funcionario mexicano.

Sin embargo, muchas personas defensoras y personal de los refugios consideraron que la tramitación ucraniana era injusta para todas las demás nacionalidades. Quienes migran en busca de protección que llevaban meses o años varados, la mayoría procedentes de América Latina o África, vieron cómo una población de refugiados europeos pasaba por delante de ellos y obtenía acceso prioritario a la protección en Estados Unidos.

Durante nuestra visita, la CBP acababa de iniciar un esfuerzo para proporcionar excepciones al Título 42 para las personas migrantes más vulnerables que buscan protección, permitiendo que unas 35 al día, elegidas con la ayuda de las ONG locales, se acerquen al puerto de entrada de San Ysidro. Una presentación judicial del gobierno estadounidense señaló 1.006 de estas excepciones al Título 42 en 6 puertos de entrada durante la semana del 3 al 9 de mayo, incluyendo 487 -casi 70 por día- en San Ysidro.

Aplicación de la ley en la frontera de Estados Unidos y derechos humanos

La nueva base de datos de Supervisión Fronteriza de WOLA ha rastreado más de 230 denuncias de abuso o mala conducta por parte de las agencias de aplicación de la ley de Estados Unidos en toda la frontera desde 2020, incluyendo 30 en el sector de San Diego de la Patrulla Fronteriza o en la oficina de campo de San Diego de la CBP.

Mientras estábamos de visita, la CBP anunció un notable paso adelante en materia de responsabilidad. Un memorando del 3 de mayo de 2022 del Comisionado de la CBP, Chris Magnus, puso fin a los Equipos de Incidentes Críticos (CIT) de la Patrulla Fronteriza, unidades secretas que a menudo llegan al lugar de los hechos cuando los agentes pueden haber hecho un uso indebido de la fuerza o violado los derechos humanos. Los CIT fueron acusados de alterar las escenas del crimen, de interferir en las investigaciones de las fuerzas del orden y de aportar pruebas exculpatorias para proteger a los agentes.

Este resultado se debe al trabajo de la Coalición de Comunidades Fronterizas del Sur (SBCC), una coalición no gubernamental de 60 organizaciones fronterizas que reveló el alcance de los CIT en octubre y ha liderado los esfuerzos para abolirlos. El personal de la SBCC, con sede en San Diego, se enfrentó a los CIT cuando se enteró de la interferencia de los equipos en la investigación de un caso de gran repercusión en San Diego, la muerte por paliza en 2010 del migrante Anastasio Hernández en el puerto de entrada de San Ysidro.

Las personas defensoras con las que hablamos subrayaron, sin embargo, que persisten importantes preocupaciones de derechos humanos sobre la CBP y la Patrulla Fronteriza a lo largo de esta parte de la frontera. Dos tiroteos mortales, en 2020 y 2021, siguen siendo investigados hasta donde sabemos. Citaron las frecuentes persecuciones de vehículos, incluido un incidente del 23 de abril en El Cajón, California, que provocó la muerte de un conductor nativo americano. Algunos mencionaron la preocupación por el uso indebido de las nuevas tecnologías de vigilancia, incluidas las capacidades de reconocimiento facial y los escáneres de teléfonos móviles, que podrían escuchar las conversaciones de ciudadanos estadounidenses cercanos no sospechosos sin causa probable. Un abogado de Tijuana dijo que los oficiales de la CBP en el puerto de entrada frecuentemente engañan a quienes van a solicitar asilo, diciéndoles cosas como “no hay asilo”, o “vaya a la entrada oeste [que está cerrada] para poner su nombre en la lista”.

También es una preocupación inmediata el fuerte aumento de las muertes y lesiones de personas migrantes que intentan saltar la valla fronteriza, de 30 pies de altura en algunos lugares, reconstruida durante la administración Trump. Un artículo publicado el 29 de abril en el Journal of the American Medical Association, que aparece en la cobertura reciente del Washington Post y el Guardian, encontró que desde 2019, el número de pacientes que llegan a la sala de trauma del Centro Médico de la U.C. San Diego después de caer del muro se ha quintuplicado, hasta 375, y 16 personas han muerto por sus caídas, frente a cero en 2019. “En el Hospital Scripps Mercy, el otro gran centro de trauma para el área de San Diego”, informó el Post, “las víctimas de caídas del muro fronterizo representaron el 16 por ciento de los 230 pacientes tratados el mes pasado, una proporción mayor que los casos de disparos y apuñalamientos.”

Valla de doble capa vista desde Tijuana.

Dado que hay una doble capa de vallas entre la mayor parte de San Diego y Tijuana, muchas de las personas que escalan el muro aquí probablemente no estén intentando dos escaladas: son solicitantes de asilo que intentan entregarse a las autoridades estadounidenses mientras se encuentran en el trozo de suelo estadounidense entre las dos filas del muro. Quienes mueren o resultan mutilados en el intento no deberían haber tenido que hacer esto: si querían asilo, deberían haber podido pedirlo en el puerto de entrada, como especifica la ley estadounidense. 

Aquellas personas también son víctimas de la política del Título 42 , que se supone que es una medida de salud pública, no una herramienta para reducir el número de solicitantes de asilo que llegan a la frontera. La tramitación rápida y ordenada de 20.000 personas provenientes de Ucrania en unas pocas semanas, en San Diego en marzo y abril, nos dio una idea del proceso de asilo más ordenado que el gobierno estadounidense sigue siendo reacio a construir. Lo que vimos en Tijuana, una ciudad de 2 millones de habitantes que acoge a más de 300.000 migrantes al año, dejó claro que en esta época de aumento de la migración mundial, levantar barreras sólo crea muchos nuevos problemas. La solución radica en aumentar drásticamente la capacidad de tramitación ordenada de las solicitudes de protección, las alternativas humanas a la detención y la adjudicación con las debidas garantías procesales.