(Foto AP/Fernando Vergara)
(Foto AP/Fernando Vergara)
En un caso histórico que ha polarizado a Colombia, el ex presidente Álvaro Uribe rendirá su indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia el 8 de octubre. Esto marca la primera vez que un ex presidente comparecerá ante la Corte en un proceso legal que eventualmente podría resultar en un juicio penal. El caso tiene serias implicaciones para la independencia de las instituciones de justicia de Colombia, así como los esfuerzos en curso para descubrir la plena verdad sobre las poderosas redes políticas que respaldaron a los paramilitares durante el conflicto armado interno en Colombia.
El caso ya está exacerbando aún más las amargas divisiones políticas en Colombia. En este contexto, es crucial que las partes involucradas respeten la independencia de las instituciones de justicia de Colombia y se abstengan de ataques sin fundamento, en que se busca deslegitimar a la Corte Suprema y sus magistrados. También es esencial que la Corte lleve a cabo la investigación y emita sus resoluciones de forma independiente sin ninguna influencia política, incluyendo cualquier presión ocasionada por las campañas de desinformación pretendiendo influenciar la opinión pública en torno al caso. También es esencial que los testigos claves reciban medidas de protección adecuadas, dada la cantidad de amenazas y ataques denunciados contra ellos hasta el momento.
El caso indirectamente tiene que ver con una pregunta que ha perseguido la política colombiana por años: ¿Cuál es la plena verdad del papel que juega la familia Uribe en apoyar el paramilitarismo durante el conflicto armado? ¿Algún día se aclarará esa pregunta en una corte colombiana? Pero la cuestión más amplia es la siguiente: ¿Qué tiene que pasar para que el sistema de justicia colombiano entre a una nueva era de independencia, en la cual se responsabilice a los operadores políticos y empresariales acusados de perpetrar abusos graves contra los derechos humanos durante el conflictos? ¿Los que silencian a los testigos y reformadores con amenazas y actos de violencia seguirán saliendo ilesos?
En las próximas semanas, es posible que el caso Uribe envíe un mensaje importante sobre el estado de derecho donde nadie está por encima de la ley.
Como presidente de 2002 a 2010, Álvaro Uribe supervisó una expansión militar que ayudó a debilitar al grupo guerrillero las FARC. Con su política de “seguridad democrática”, ganó un apoyo masivo en algunos sectores de la sociedad colombiana, ya que los secuestros y los homicidios disminuyeron drásticamente bajo su administración.
El ex presidente movilizó ese apoyo para ganar un puesto en el Senado en el 2014; también logró organizar un movimiento fuerte de oposición en contra de los históricos acuerdos de paz del 2016 con las FARC. Uribe también jugó un papel importante en impulsar al actual presidente Iván Duque a la victoria en las elecciones del 2018.
La verdad de la supuesta participación de Uribe en fundar un grupo paramilitar no es la pregunta central que la Corte Suprema debe responder. Pero sí es una pregunta con ramificaciones importantes para los procesos de verdad, reconciliación y reparación en curso en Colombia.
Sin embargo, Uribe también es una figura sumamente controversial. Los éxitos de la “seguridad democrática” vinieron con enormes costos, incluidos aproximadamente 14,000 civiles no combatientes asesinados, una tasa acelerada de violencia contra las comunidades afrocolombianas e indígenas, el debilitamiento de los derechos humanos y las instituciones democráticas, las escuchas telefónicas ilegales en contra de los críticos de Uribe, y el surgimiento de la “parapolítica”—la infiltración de escuadrones de la muerte (muchos de ellos involucrados en el narcotráfico) en el sistema político del país.
Uribe y su familia han enfrentado varias acusaciones de vínculos con organizaciones de narcotráfico y paramilitares, los grupos armados ilegales responsables de la gran mayoría de las muertes registradas durante el conflicto. En el 2013, se habían abierto por lo menos 276 investigaciones en contra del ex presidente, muchas de las cuales están estancadas ante una comisión del Congreso.
Uribe actualmente tiene varios otros casos pendientes ante el más alto tribunal civil de Colombia, relacionados con su presunto papel en varios atrocidades de los derechos humanos. Sin embargo, ninguna de estas acusaciones ha resultado en que Uribe se enfrente a cargos penales ante un juez.
El caso es el resultado de acusaciones con origen en el 2011, cuando el defensor de derechos humanos y miembro del Congreso Iván Cepeda comenzó a entrevistar a ex paramilitares en prisión, como parte de su trabajo con el comité de derechos humanos del Congreso. Cepeda grabó en video el testimonio de dos miembros desmovilizados del Bloque Metro, una facción paramilitar que tenía su sede en Medellín; los desmovilizados afirmaron que Uribe y su hermano Santiago ayudaron a establecer el Bloque—uno de los grupos paramilitares más brutales que ha operado en Colombia—en 1995.
Cuando Cepeda hizo públicas estas acusaciones en 2012, Uribe presentó cargos penales contra él, afirmando que Cepeda estaba sobornando a ex paramilitares para que difundieran mentiras. Sin embargo, en 2018 la Corte Suprema cerraba el caso contra Cepeda y dijo que investigaría a Uribe por sobornar y amenazar a ex paramilitares para que hicieran acusaciones falsas sobre Cepeda.
Pocos de los que están en el sector político y empresarial de Colombia han sido llevados ante la justicia por su papel en el conflicto.
Desde que el proceso legal comenzó el 3 de septiembre a puerta cerrada, docenas de testigos han rendido indagatorias ante la Corte, incluidos ex paramilitares, policías, abogados y funcionarios políticos. Uno de los principales testigos fue asesinado a principios de este año; otro ha sobrevivido a dos intentos de homicidio.
Las pruebas presentadas ante la Corte no solo consiste en el testimonio de testigos: también hay miles de grabaciones de llamadas telefónicas entre Uribe y su círculo íntimo. Si bien estas escuchas telefónicas se registraron accidentalmente en relación con otro caso, la Corte Suprema ha negado repetidamente las solicitudes del equipo de defensa de Uribe para bloquear la admisión de las grabaciones como evidencia, lo cual ha alimentado los argumentos de Uribe y sus partidarios de que el caso equivale a una “persecución judicial“.
Si bien los índices de aprobación de Uribe están en un mínimo histórico, durante el día de su indagatoria se presentarán marchas organizadas por su partido político en Colombia y en el extranjero, así como una campaña en las redes sociales en muestra de apoyo con hashtags como #EstamosConUribe.
Después de escuchar los testimonios, la Corte Suprema podría hacer lo siguiente: podría llamar a más testigos, podría emitir una orden de detención contra Uribe si la corte dictamina que representa un riesgo de fuga, podría cerrar la investigación, o podría iniciar un juicio, según La Silla Vacia.
La verdad de la supuesta participación de Uribe en fundar un grupo paramilitar no es la pregunta central que la Corte Suprema debe responder. Pero sí es una pregunta con ramificaciones importantes para los procesos de verdad, reconciliación y reparación en curso en Colombia. Las 8 millones de víctimas del conflicto no verán sus derechos a la verdad y la justicia cumplidos hasta que se descubra la plena verdad sobre los crímenes paramilitares y las élites políticas y empresariales que los apoyaron.
Pocos de los que están en el sector político y empresarial de Colombia han sido llevados ante la justicia por su papel en el conflicto. De hecho, mientras los testimonios paramilitares han revelado los nombres de unos 13,000 miembros del sector empresarial que apoyaron las masacres y los desplazamientos, los fiscales penales no han actuado sobre esa información. Mientras tanto, de los paramilitares que han confesado crímenes bajo la Ley de Justicia y Paz del 2005, muy pocos han sido condenados por abusos relacionados con el conflicto.
El sistema de justicia transicional (la JEP), establecido por los acuerdos de paz del 2016, es una nueva oportunidad para que Colombia responsabilice a algunos de los peores infractores de los derechos humanos del conflicto. Pero actualmente la JEP no está recibiendo el apoyo que necesita de la administración de Duque; adicionalmente, solamente 609 “terceros” (personas que no fueron parte de la Fuerza Pública o las FARC) han solicitado acogerse a la JEP.
Es crucial que el gobierno de los Estados Unidos comunique al gobierno colombiano que está priorizando y monitoreando los asuntos relacionados con la investigación...
Las otras cuestiones más amplias relacionadas con el caso Uribe tienen que ver con los procesos de verdad y justicia en curso en Colombia. Tales preguntas son relevantes dado el papel de Uribe en obstaculizar una paz negociada y garantizar la verdad y la justicia a las víctimas. Recientemente el ex presidente ha comentado que cree que la JEP se debería eliminar por completo. Los “Uribistas” también han obstaculizado una implementación plena de los acuerdos del 2016, en particular los componentes relacionados con la JEP, en el Congreso a través de su influencia sobre la administración de Duque.
Mientras que se avanza la investigación, es esencial que la administración de Duque defienda la independencia de los más altos tribunales de Colombia y rechace cualquier esfuerzo que busque socavar el poder judicial, incluidos tales esfuerzos que se originen en el Congreso. Una de esas iniciativas se vio a fines de septiembre, cuando un aliado de Uribe propuso un proyecto de ley que sometería las sentencias de la Corte Constitucional a los referendos públicos.
La administración de Duque también debe condenar los intentos de atacar la reputaciones de los magistrados individuales en la Corte Suprema y difundir información falsa sobre ellos, como sucedió en el caso de José Luis Barceló Camacho, un magistrado que renunció a principios de este año después de que Uribe lo atacó en Twitter. Otros jueces de la Corte Suprema se han enfrentado a ataques similares.
Finalmente, es crucial que el gobierno de los Estados Unidos comunique al gobierno colombiano que está priorizando y monitoreando los asuntos relacionados con la investigación. Estos temas incluyen la independencia de los tribunales, la protección de los testigos y la capacidad de las instituciones colombianas para garantizar que las investigaciones sobre la plena verdad del conflicto sean independientes y justas.
En toda América Latina, muchas veces los esfuerzos para cambiar el statu quo se ven frustrados por la violencia, las amenazas y la ilegalidad. Durante demasiado tiempo, los responsables de tales crímenes no han tenido nada que temer a los sistemas de justicia. Por eso es tan importante el caso Álvaro Uribe. El estado de derecho significa que todos los que cometen irregularidades deben rendir cuentas, sin importar su estatus político.
