Ana María Méndez-Dardón, Directora para Centroamérica de WOLA, dice que las democracias de la región viven uno de los momentos más frágiles de las últimas décadas. Encuentra en el asalto a la separación de poderes y los ataques contra representantes de la sociedad civil, incluidos operadores de justicia y periodistas independientes, rasgos comunes entre los autoritarismos que crecen en varios países centroamericanos. Advierte, además, que en momentos en los que la democracia a nivel global, incluso en Estados Unidos, vive su propia crisis, el riesgo es aún mayor.
En esta conversación, Méndez-Dardón señala elementos claves para entender las dinámicas actuales de la región y sus principales desafíos. Resalta cuestiones profundas como los sistemas de justicia fallidos, la falta de independencia judicial, la corrupción endémica y la captura del Estado en manos de redes ilícitas y del crimen organizado.
La migración es uno de los principales temas en la agenda de Estados Unidos para Centroamérica. A pesar de contar con una estrategia para atender las causas que originan la migración y otra para la gestión colaborativa de la migración, el gobierno de Biden aún enfrenta muchos retos en la región. ¿Cuál es su lectura?
Ana María Méndez-Dardón (AMD): Ha sido un avance del Gobierno de los Estados Unidos que la administración de Biden cambiase de estrategia y se enfocase en las causas estructurales de la migración: el desempleo y la desigualdad económica, la violencia, incluyendo la de género, el cambio climático, la corrupción. Sin embargo, esta agenda es viable a largo plazo sólo si va acompañada de otras medidas que atiendan la crisis inmediata de la migración y que cuente con la voluntad política de los países de Centroamérica. El reto es lograr verdaderos compromisos políticos con gobiernos que no parecen interesados en fortalecer el estado de derecho y la democracia como son los casos de Guatemala y El Salvador.
En la medida en que los gobiernos no se comprometan a generar condiciones y no se busquen mecanismos que promuevan el rescate de la institucionalidad y la gobernabilidad democrática, no habrá soluciones. El contexto actual demanda rescatar las democracias a las que tanto les ha costado sentar sus bases en la región. Nunca fueron democracias perfectas, pero aun con su fragilidad brindaron un nivel de protección a la ciudadanía. En los últimos años se han anulado todos esos logros que tanto costaron en países que vivieron algunas de las guerras más crueles en Latinoamérica. El retroceso ha sido inmenso, así como los costos políticos y sociales.
La cooperación que da Estados Unidos a Centroamérica puede aportar para atender las causas estructurales de la migración, pero debiera condicionarse a que se respeten las garantías de independencia judicial, la libertad de prensa, la implementación de medidas para combatir la corrupción endémica y el crimen organizado, como ha sido el caso en los últimos años.
A estas alturas se entiende que la administración Biden quiere tener una aproximación distinta a Centroamérica que la que tuvo Trump, que fue más transaccional y dejó crecer los autoritarismos. ¿No hay, sin embargo, señales confusas de esta Casa Blanca, que por ejemplo sanciona a la fiscal general de Guatemala por actos de corrupción pero también realiza reuniones de alto nivel con el presidente Giammattei?
AMD: Es preocupante que no exista un mensaje coherente aunque exista buena voluntad. Me parece que la administración Biden ha diseñado valiosas herramientas legales y políticas para promover el estado de derecho, pero no han podido contener la ola autoritaria. Hasta el momento el impacto no ha sido el esperado. Se ve reflejado con las sanciones que ha impuesto el Departamento de Estado bajo la lista Engel o la Fuerza de Tarea Anti-Corrupción, que a la fecha no ha producido un resultado visible aunque entendemos que su trabajo continúa y que su creación ha sido relativamente positiva. Hemos visto una actitud desafiante por parte de varios gobiernos centroamericanos, pero en realidad parece ser una forma de manipulación política, por un lado, por las posibles alianzas económicas con otros países, como China, y por otro lado, con la implementación de políticas migratorias como los Centros de Atención a Migrantes, en el caso de Guatemala. El punto es que Estados Unidos necesita a estos interlocutores para abordar temas que les son prioritarios como la migración, el combate al narcotráfico y el crimen organizado.
La relación de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, con Estados Unidos parece, por ahora, menos conflictiva que la de Nayib Bukele o Alejandro Giammattei. ¿A qué se debe?
AMD: Ya no se puede hacer un análisis generalizado de lo que llamábamos el “Triángulo Norte” (Guatemala, Honduras y El Salvador). Cada país tiene matices que es importante diferenciar. Con la elección de Xiomara Castro, Honduras se ubica en un espectro político ideológico distinto al que históricamente había estado acostumbrada la región, con una tendencia hacia una izquierda más alejada del centro. Recordemos que Castro pertenece a un partido político vertical- liderado por su esposo y exmandatario Manuel Zelaya en el que hay ciertos principios ideológicos que se deben respetar, entre ellos la alianza que pueda tener con Venezuela, Cuba o Nicaragua (y quizás por esto es que Castro hizo un reconocimiento público del “apoyo de Daniel Ortega a la democracia”). El reto al que se enfrenta la presidenta –quien parece tener muchísima voluntad de iniciar cambios reales– es cómo responder a las líneas de un partido político duro, del que el principal líder es su esposo. Los principales problemas políticos de la presidenta pueden derivar de esa dualidad. Por ahora todo el gobierno está del lado de Castro y de lo que ella intenta hacer, pero también hay que tomar en cuenta la influencia política y poder que tiene Zelaya y sus círculos cercanos.
Una de las principales alianzas con el gobierno de Estados Unidos es de cara a la instalación de una comisión internacional contra la impunidad. La presidenta ha demostrado mucha apertura a que varios países puedan cooperar, especialmente Estados Unidos. Hay todo un canal abierto de buena voluntad para los temas de corrupción, pero hay que esperar, porque ya han pasado varios meses desde que se anunció esta comisión y no hay aún algo que podamos llamar un avance real y concreto.
¿Cree que puede funcionar una CICIG en Honduras?
AMD: Hay cuestiones básicas que son necesarias para que un mecanismo anticorrupción funcione y lecciones aprendidas de otras experiencias, incluyendo con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Una pasa por eliminar cualquier obstáculo que impida que se puedan hacer investigaciones criminales profundas y relevantes. Obstáculos legales y políticos. Para empezar, hay que derogar varias leyes que no permitieron que la MACCIH (Misión Anticorrupción y contra la Impunidad en Honduras, eliminada por el entonces presidente Juan Orlando Hernández en 2020) y el Ministerio Público de Honduras tuvieran buenos resultados en casos complejos de corrupción de políticos y empresarios. También se requiere que las unidades dentro de la misma administración de justicia estén fortalecidas con recursos humanos y financieros. Por ejemplo, la UFERCO (fiscalía especial contra el crimen organizado) necesita que se le dote de recursos humanos, técnicos y financieros.
La expectativa tiene que ser clara en Honduras. Recién acaba de cambiar el gobierno, la corrupción es endémica y su penetración en el poder judicial es inmensa. Aún no hay confianza en una judicatura que ha estado plegada a intereses de los partidos políticos vinculados al narcotráfico o al crimen organizado. No se pretende que haya un escenario perfecto para que esta comisión se instale, pero sí condiciones para que pueda generar cambios en el sistema judicial hondureño.
Veamos el caso de la CICIG. Hubo tres etapas importantes. Primero fue crear las herramientas legales: los tribunales de mayor riesgo, la ley contra el crimen organizado, la FECI (Fiscalía Especial contra la Impunidad), que empezó con otro nombre. Luego hubo que identificar ciertos patrones de las estructuras criminales y las redes ilícitas que más afectaban la democracia del país. Y fue en el tercer período, con el comisionado Iván Velásquez, que hubo investigaciones criminales y procesos judiciales que involucraron a los grandes esquemas de corrupción y los sacaron a la luz. En Honduras se trata de algo similar. En la medida en que no se fortalezcan las instituciones nacionales ninguna comisión internacional va a tener impacto.
Carolina Jiménez Sandoval, la presidenta de WOLA, ha hablado de una regresión democrática en América Latina ¿Cómo se ve esto ilustrado en Centroamérica?
AMD: La falta de independencia judicial, la no separación de poderes y los ataques a la prensa están entre lo más serio. También lo es que estos regímenes, bajo la apariencia de legalidad, cometen abusos de poder. Hemos hablado de diferencias y matices: en El Salvador, el mismo Nayib Bukele se autodenominó dictador, algo que no ha ocurrido en el caso de Guatemala. Al final, se trata de gobiernos autoritarios que están callando voces que los desafían y ese es un denominador común. En esto Nicaragua se encuentra en una situación más crítica, peor, al menos por ahora.
Son comunes también la persecución y la búsqueda de cierre de espacios cívicos: el acoso y el hostigamiento en los casos de organizaciones de la sociedad civil en el sentido amplio; hablamos de periodistas independientes, personas defensoras de derechos humanos y de derechos ambientales, operadores de justicia independientes.
En los casos de Nicaragua, El Salvador y Guatemala parece que anular la separación de poderes ha sido fundamental para cimentar los autoritarismos…
AMD: Sí, pero hay matices de cómo se manifiesta el autoritarismo. En el caso guatemalteco se trata de un proceso de volver a cooptar las instituciones y de reconcentración del poder por parte de las élites y redes ilícitas por medio de la criminalización, la persecución y los ataques. En El Salvador es distinto porque Bukele juega un rol central de poder, de liderazgo con mucho soporte social; el peso del poder económico y otras élites en El Salvador es menor de cara a la toma de decisiones. En Nicaragua la situación es más crítica porque existe una erosión completa de la democracia participativa, del ejercicio pleno y libre de la ciudadanía de sus derechos y de una ola represiva en contra de las voces críticas al régimen Ortega-Murillo.
El expresidente de Honduras espera un juicio por narcotráfico en Nueva York, la fiscal general de Guatemala ha sido señalada como corrupta… ¿Qué tanto poder sigue teniendo el crimen organizado en estos Estados?
AMD: Lo que estas redes criminales han creado es una dinámica perversa en lo político y lo legal, convirtiendo a los gobiernos en sus principales aliados. El caso de Juan Orlando Hernández en Honduras demostró que el narcotráfico tiene distintas formas de cooptar y penetrar a la institucionalidad. Por ejemplo, utilizan a la fuerza pública, incluido al Ejército, como seguridad particular de protección; además, utilizan los fondos públicos para el beneficio de sus empresas mediante la negociación de contratos, ya sea para lavar dinero o para hacerse con más lucro. Este caso también demostró el financiamiento electoral ilícito y el pago de sobornos para actuar en impunidad. Y esto es muy común en Honduras y en Guatemala. Creo que por el peso que el narcotráfico tiene en esos dos países el crimen organizado ha penetrado hasta las esferas más altas del poder entrelazadas con las élites.
¿Qué retos tiene la política exterior estadounidense para apoyar a la democracia y los derechos humanos en Centroamérica en este contexto?
AMD: El análisis sobre las democracias tiene que ser más global ya que los ideales democráticos también son globales y no deben darse por sentados; Estados Unidos y América Latina comparten desafíos comunes y también la responsabilidad de defender estos ideales conjuntamente. Al final, los regímenes autoritarios tienen y reproducen prácticas similares. No estamos hablando de los regímenes latinoamericanos de juntas militares en los 70, pero replican ciertas medidas, como por ejemplo los estados de excepción como un mecanismo de control político y represión. En Guatemala, Ríos Montt ejerció el poder bajo estado de excepción, hoy Bukele gobierna igual.
