El 8 de julio de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una resolución en la que ordena al Estado de Guatemala adoptar medidas urgentes para proteger al juez Miguel Ángel Gálvez, el juez de instrucción del caso Diario Militar. El juez Gálvez ha enfrentado ataques y demandas por parte de actores pro militares.
La Corte Interamericana emitió su fallo en el marco de su mandato de supervisar la sentencia de 2012 que emitió en el caso del Diario Militar (Gudiel Alvarez y otros vs Guatemala). En la resolución de 2012, la Corte declaró al Estado de Guatemala responsable de múltiples casos de detención ilegal, tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada entre 1983 y 1985 que están registrados en el documento de inteligencia militar conocido como “Dossier de la Muerte” o “Diario Militar”. En ese momento, la Corte ordenó a Guatemala investigar, procesar y sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos registradas en el documento, entre otras medidas para reparar a las familias de las víctimas.
Nueve años después, el 27 de mayo de 2021, once militares en retiro y expolicías acusados en el caso fueron detenidos. Desde entonces, otros cuatro han sido detenidos. El 6 de mayo, el juez Gálvez ordenó que los primero nueve acusados fueran juzgados por un tribunal de sentencia. Analizamos el fallo del juez —y la campaña de difamación y criminalización— en este artículo para Ocote. La audiencia de ofrecimiento de pruebas está pendiente, al igual que la audiencia de la fase probatoria para los cinco sindicados restantes, dos de los cuales fueron apartados del proceso que se culminó el 6 de mayo por no tener abogados, y tres quienes fueron capturados entre enero y mayo de ese año.
Algunos de los militares que enfrentan cargos en el caso son señalados de estar vinculados con estructuras criminales actuales. Analizamos estas conexiones en este artículo, originalmente publicado en El Faro.
La sentencia de la Corte Interamericana analiza el contexto de criminalización y estigmatización de jueces, magistrados y otros operadores judiciales en Guatemala durante el último año. Señala el uso indebido del antejuicio como mecanismo para intimidar, amenazar y eventualmente remover a jueces y magistrados de sus cargos.
La Corte IDH señala que el juez Gálvez ha soportado una serie de amenazas, actos de intimidación y vigilancia, que se incrementaron exponencialmente en el contexto de las detenciones de mayo de 2021 y, especialmente, después de su resolución del 6 de mayo de 2022, en la que ordenaba el enjuiciamiento de los primero nueve acusados por su responsabilidad en el Caso Diario Militar.
Días después de la resolución del juez, el 11 de mayo, la Fundación contra el Terrorismo presentó una solicitud de antejuicio al juez Gálvez, y en un tiempo récord —cuatro días después— la Corte Suprema de Justicia resolvió por mayoría admitir la petición. La Corte IDH señala que si la CSJ decide levantar la inmunidad del juez Gálvez, esto podría suponer su separación del caso del Diario Militar, lo que afectaría gravemente al derecho de las víctimas a la justicia.
La Corte IDH también señala que la independencia judicial es uno de los pilares básicos de las garantías del debido proceso. Según la Corte, “cuando se afecta en forma arbitraria la permanencia de las juezas y los jueces en sus cargos, se vulnera el derecho a la independencia judicial consagrado en el artículo 8.1 de la Convención”. La Corte IDH aclara la importancia de estas garantías para el correcto funcionamiento del Estado de Derecho:
“El objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial, en general, y sus integrantes, en particular, se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial, o incluso por parte de quienes ejercen funciones de revisión o apelación… La Corte ha señalado que de la independencia judicial se derivan las siguientes garantías en torno a la función de las autoridades judiciales: (i) a un adecuado proceso de nombramiento; (ii) a la estabilidad e inamovilidad en el cargo, y (iii) a ser protegidas contra presiones externas”.
La sentencia de la Corte ordena al Estado de Guatemala adoptar tres medidas urgentes:
Estas medidas son imprescindibles para la culminación de la fase intermedia del proceso del Diario Militar. Si bien el juez Gálvez resolvió enviar a juicio a nueve de los acusados, también debe completar las audiencias de ofrecimiento de la prueba, que es un paso final necesario antes de que el caso pueda ser enviado al Tribunal de Sentencia. Además, debe convocar para celebrar las audiencias de la fase probatoria para los otros cinco sindicados en este caso para determinar si también deben ser enviados a juicio.
Esto incluye al último detenido en el caso, Toribio Ramírez Acevedo, quien, según el comunicado emitido por Cementos Progreso trabajó en empresas asociadas a la cementera. Ramírez, quien ha sido señalado como responsable de las estructuras de seguridad relacionadas a la empresa, habría sido integrante del Estado Mayor Presidencial en la época de las crímenes registrados en el Diario Militar.
El proceso de antejuicio iniciado recientemente contra el juez, que los observadores jurídicos independientes consideran espurio y carente de todo fundamento jurídico real, dificulta enormemente esta tarea.
Entre ellos, Alejandro Rodríguez, abogado de Impunity Watch, declaró a Ocote que el hecho de que en el antejuicio se citen otros casos que no fueron conocidos por Gálvez y que únicamente se haya procedido contra él, demuestra que se trata de una resolución eminentemente política. “Estos otros casos deberían atribuírselos a otros jueces y no pasó, solo se está criminalizando a Gálvez”.
En el mismo sentido, Zoel Franco, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (IECCP), afirmó a Ocote que el trasfondo de la solicitud de antejuicio contra Gálvez es la persecución sistemática contra los operadores de justicia que han conocido casos donde se involucra a políticos, funcionarios y militares.
Vale la pena anotar que las resoluciones de la Corte IDH son de carácter vinculante desde el momento que el Estado de Guatemala firmó la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1969. Además, existe jurisprudencia de tribunales guatemaltecas que establece que las sentenicas y resoluciones de la Corte Interamericana de Derecho Humanos son autoejecutables.
Según la misma resolución de la Corte Interamericana, l Estado tiene hasta el 8 de agosto del presente para informar a la Corte que medidas ha tomado para cumplir con lo ordenado en su resolución. De no acatar a la resoluciones de la Corte, el gobierno de Guatemala entraría en desacato con sus obligaciones internacionales, lo cual podría tener graves consecuencias a nivel internacional.
Ricardo Méndez Ruiz, el presidente de la Fundación contra el Terrorismo y quien fue señalado como actor corrupto y antidemocrático por el gobierno de Estados Unidos el año pasado, públicamente ha liderado la campaña contra el juez Gálvez.
Especialmente desde la resolución del juez en el Diario Militar, Méndez Ruiz postea con frecuencia mensajes difamatorios e intimidatorios en Twitter y ha presentado diversas demandas contra el juez.
Después de que la Corte Interamericana ordenara medidas urgentes para proteger al Gálvez y su labor como juez, Méndez Ruiz advirtió en todo amenazante:
«No importa que la @CorteIDH logre que le asignen más guardaespaldas a Miguel Ángel Gálvez; ellos no van a impedir la muerte civil de ese prevaricador. Además, en ningún lugar estará más seguro que en una bartolina de Matamoros, a donde la @FCTGuatemala logrará que lo envíen».
A su vez, un grupo de diputados, el pasado lunes 11 de julio presentaron una iniciativa de ley denominada “Fortalecimiento para la paz”. Dicha propuesta pretende decretar la extinción total de la pena por graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno por medio de una amnistía general. Los beneficiarios serían miembros del Ejército de Guatemala, otras fuerzas de seguridad estatales y miembros de grupos subversivos.
Una iniciativa de ley similar no llegó a aprobarse en 2019, luego de denuncias internacionales y nacionales de que la propuesta atentaba contra los derechos de las víctimas y de que la Corte Interamericana y la Corte de Constitucionalidad de Guatemala dictaminaron que violaba el derecho internacional y nacional.
Los ataques sistemáticos dirigidos contra el juez Miguel Ángel Galvez no son hechos aislados. El pasado 30 de junio, la Fiscal General Consuelo Porras de manera ilegal notificó a varios fiscales de carrera que sus contratos serían finalizados debido a que “no eran de su confianza”.
Entre estas destituciones se encuentra la de Hilda Pineda, quien por 10 años estuvo en la Fiscalía de Derechos Humanos y que fue su jefa entre 2016 y 2021, cuando fue trasladada repentinamente a la Fiscalía de Delitos Contra Turistas Extranjeros. Pineda fue parte de las investigaciones del caso genocidio maya ixil, la quema de la Embajada de España, el de violencia sexual Sepur Zarco, el caso Molina Theissen, el caso de desaparición forzada masiva conocida como CREOMPAZ, y el caso Diario Militar.
Otro caso se dio a mediados de junio de 2022, cuando otra fiscal de la Fiscalía de Derechos Humanos, Elena Sut, fue informada de manera no oficial que por orden de la Fiscal General, sería trasladada de la Fiscalía de Derechos Humanos, donde trabaja desde 2013, a otra fiscalía sin determinar. Como fiscal de la sección de casos especiales del conflicto armado, participó y lideró investigaciones sobre exmilitares acusados de crímenes de lesa humanidad, entre ellos, el caso CREOMPAZ y mas recientemente, el caso Diario Militar. Los ataques en su contra subieron aumentaron después del 8 de junio, cuando la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura presento una denuncia en contra de la fiscal Sut Ren y la ex fiscal general Claudia Paz y Paz.
La Corte IDH también revisó el caso de la fiscal Sut, y el 11 de julio otorgó “medidas urgentes” a favor de ella y su núcleo familiar debido a los ataques y amenazas que ha recibido por su labor en el caso del Diario Militar y otros casos del conflicto armado interno.
Jo-Marie Burt es una Senior Fellow en la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y profesora adjunta en la Schar School of Policy and Government de la Universidad George Mason. Paulo Estrada es un defensor de Derechos humanos. Son los co-fundadores y co-directores de Verdad y Justicia en Guatemala que lleva adelante monitoreo y reportes sobre casos judiciales de crimenes de guerra en Guatemala.
Este artículo fue originalmente publicado por la Agencia Ocote.
