(AP Photo/Christian Chavez)
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Washington, D.C.—El 20 de marzo, en respuesta a la creciente preocupación por la pandemia del COVID-19, los gobiernos de los Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo para la suspensión temporal del tráfico “no esencial” en su frontera compartida. Las autoridades citaron una norma de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) que exigía al Departamento de Seguridad Interior (Department of Homeland Security, DHS) que “suspende la introducción de todas las personas que buscan ingresar a los Estados Unidos sin la documentación de viaje adecuada”. La suspensión parcial estará en su lugar durante 30 días, y luego será revisada.
Esencialmente, esto pondrá fin al derecho de pedir asilo en la frontera y agravará el hacinamiento y las inadecuadas condiciones de vida de los migrantes y solicitantes de asilo que esperan en las ciudades fronterizas mexicanas, poniendo a esta población vulnerable en mayor riesgo en caso de que el COVID-19 comience a propagarse.
Aquellos que soliciten protección en los puertos oficiales de entrada (incluidos aquellos que, debido a políticas como la “medición” [metering], llevan meses esperando ser admitidos) serán rechazados. Las personas bajo el programa “Quédate en México” enfrentarán meses adicionales en las ciudades fronterizas mexicanas esperando a que sus casos de asilo se resuelven en los tribunales de inmigración de los Estados Unidos, ya que sus audiencias han sido postergados. Aquellos que crucen entre los puertos de entrada, que busquen ser detenidos por la Patrulla Fronteriza para ejercer su derecho legal a pedir asilo, serán deportados de vuelta a México o a su país de origen.
El 21 de marzo, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que bajo el mismo marco que el programa “Quédate en México”, México recibiría a migrantes de El Salvador, Honduras y Guatemala que habían sido aprehendidos por la Patrulla Fronteriza, y analizaría caso por caso si serían admitidos a México. El gobierno mexicano está estimando que recibirá menos de 100 personas por día de los Estados Unidos bajo este marco, y que el programa no incluiría a los niños no acompañados, ancianos y otras personas vulnerables. Todos las demás personas detenidas de origen centroamericano, o de otros países, serán deportadas a sus países de origen por los Estados Unidos, informó la revista Proceso.
Hay mucha incertidumbre sobre cómo funcionará el cierre parcial de la frontera. Lo que está claro es que limitar gravemente el asilo en respuesta a la pandemia del COVID-19 va en contra de las directrices legales y otras recomendaciones de las Naciones Unidas. Los grupos de derechos humanos, incluidos Médicos Sin Fronteras y Médicos por los Derechos Humanos, han instado al gobierno de los Estados Unidos a que defienda las leyes nacionales e internacionales sobre asilo para responder a la pandemia, señalando que “no hay pruebas de que la prohibición de los solicitantes de asilo mejoraría la salud pública”.
En los últimos tres años, las políticas del gobierno de Trump destinadas a diezmar el asilo han creado un desastre humanitario en el lado mexicano de la frontera, fomentando condiciones allí que podrían crear una catástrofe de salud pública en caso de que ocurra un brote del COVID-19. Al cerrar el acceso al asilo en la frontera, devolver a otros migrantes centroamericanos a México, y seguir deportando en promedio a más de 17,000 migrantes mexicanos al mes, la administración de Trump no sólo está agravando los peligros de seguridad que los migrantes y solicitantes de asilo ya se enfrentan: está agravando los peligros generales de la pandemia.
Esta es una situación que cambia rápidamente y con poco precedente histórico. Estas son algunas áreas clave para monitorear en las próximas semanas:
1.) ¿Qué medidas existen para garantizar la seguridad, la salud y el derecho al debido proceso para los migrantes que enfrentan al menos un mes adicional de espera en peligrosas ciudades fronterizas mexicanas para sus audiencias judiciales programadas bajo la política “Quédate en México”?
Cerca de 60,000 solicitantes de asilo han sido enviados de vuelta a ciudades fronterizas mexicanas para esperar sus fechas en las cortes estadounidenses. En una declaración conjunta del 23 de marzo, el DHS y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (Executive Office for Immigration Review, EOIR) del Departamento de Justicia anunciaron que todas las audiencias bajo el programa “Quédate en México” se pospone hasta el 22 de abril.
Los solicitantes de asilo aún tendrán que ir a los puertos de entrada el día de sus audiencias programadas para obtener información sobre su nueva fecha. ¿Cuántos podrían perder la oportunidad de presentar un caso de protección si no reciben esta información con prontitud? ¿Qué sucederá si sus visas mexicanas vencen antes de la fecha reprogramada de la corte? Otros retrasos en las audiencias significan que los solicitantes de asilo se enfrentarán tiempo adicional en peligrosas ciudades fronterizas mexicanas donde corren el riesgo de sufrir asaltos, extorsiones, secuestros y violencia sexual, y donde muchos permanecen en condiciones de vida precarias.
También hay la cuestión de cómo los abogados en el lado estadounidense de la frontera se coordinarán con sus clientes del lado mexicano. La mayoría de los solicitantes de asilo en el marco del programa “Quédate en México” ya se enfrentan a enormes obstáculos para acceder a la asistencia legal para ayudar a su caso: sólo el 5.3 por ciento de los solicitantes de asilo en el programa tenía un abogado hasta finales de enero, en comparación con el 85 por ciento de todos los solicitantes de asilo. Esto probablemente se restringirá aún más mientras se aplique la suspensión parcial.
2.) ¿Cómo ayudarán las autoridades a prevenir la propagación del COVID-19 entre las poblaciones migrantes obligadas a vivir en campamentos abarrotados, albergues y viviendas de calidad inferior a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México?
Decenas de miles de solicitantes de asilo viven en campamentos con espacios reducidos, en su mayoría albergues de gestión privada, hoteles baratos, o viviendas de alquiler. Los campamentos, que han generado innumerables imágenes mediáticas de familias que viven en la miseria, surgieron como resultado directo de la política “Quédate en México” del DHS y las políticas de medición (metering).
Las condiciones sanitarias y la infraestructura en los campamentos son particularmente pobres, y los residentes deben depender de los servicios de voluntariado para satisfacer sus necesidades básicas de salud pública. Con el cierre de la frontera, muchos solicitantes de asilo pueden verse obligados a permanecer en los campamentos y albergues abarrotados durante un período de tiempo más largo de lo previsto. Y aunque todavía no hay ningún caso confirmado del COVID-19 en los campamentos, esto parece ser sólo una cuestión de tiempo.
Un brote podría tener un efecto devastador. Para algunos solicitantes de asilo, la mayoría de los cuales tienen hogares y familiares con quienes refugiarse si les conceden la libertad provisional en los Estados Unidos, estar obligados a “quedarse en México” podría terminar siendo prácticamente una sentencia de muerte.
3.) ¿Beneficiará a las redes de tráfico de personas en la frontera un cierre fronterizo parcial?
Un riesgo importante es que un cierre fronterizo de largo plazo podría beneficiar inadvertidamente a los traficantes de personas y empujar a más migrantes y solicitantes de asilo a utilizar sus servicios. Esto podría dar lugar a más intentos de cruzar la frontera en zonas remotas y peligrosas para evitar la aprehensión, en lugar de recurrir voluntariamente a las autoridades estadounidenses para buscar protección. El posible resultado podría ser más muertes por deshidratación y exposición a las zonas desérticas y silvestres de Estados Unidos.
4.) ¿Qué medidas está adoptando el gobierno mexicano para garantizar la seguridad y la salud de los migrantes que se mantienen en el sistema de detención notoriamente “infernal” y abarrotado?
Las deportaciones de solicitantes de asilo podrían causar un aumento significativo en la magnitud de las poblaciones migrantes que ya están en México. Las casas del migrante necesitarán recursos adicionales para prepararse para esta situación. Si no, algunos albergues de migrantes pueden verse obligados a no aceptar recién llegados. Si eso sucede, los centros de detención en México, que ya equivaldrían a placas de petri para el coronavirus, pronto podrían ver instalaciones aún más abarrotadas.
Las personas defensoras de derechos humanos y de derechos de los migrantes en México han planteado con frecuencia preocupaciones sobre las condiciones infernales en las estaciones migratorias abarrotadas de México. Dados los riesgos del coronavirus, las organizaciones de la sociedad civil mexicana piden al gobierno que deje de detener a los migrantes, libere a los migrantes recluidos en las estaciones migratorias e implemente alternativas a la detención, y asegurar que la tramitación de las solicitudes de asilo límite el hacinamiento en las oficinas de la agencia de refugiados de México (COMAR), entre otras medidas.
