25 Aug 2014 | Análisis

Cinco preguntas sobre el nuevo Programa Frontera Sur del gobierno mexicano

Por Clay Boggs

En el mes pasado, el número de niños migrantes detenidos por las autoridades estadounidenses se ha reducido en casi la mitad, de 10.000 en junio a 5.000 en julio. Las causas de este descenso aún no están claras. ¿Es el clima? (Es más peligroso cruzar la zona fronteriza de los EE.UU. en el calor del verano, y los cruces fronterizos en general son menos frecuentes durante estos meses.) ¿Sería que las campañas agresivas de propaganda en Centroamérica, las cuales están destinadas a disipar los mitos de un permiso para los niños que llegan a los Estados Unidos, han sido exitosas? ¿O es que las autoridades mexicanas han intensificado sus esfuerzos para detener y devolver a los migrantes no autorizados de Centroamérica?

Con toda probabilidad, la reducción (quizás temporal) en la llegada de los niños en la frontera sur de los Estados Unidos se debe a una variedad de factores. Pero la intensificación de las operaciones de seguridad fronteriza y control migratoria por parte de las autoridades mexicanas es, sin duda, uno de ellos. WOLA ha recibido informes de los albergues para migrantes y las organizaciones de la sociedad civil en México observando una creciente presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Policía Federal, y un repunte en las operaciones coordinadas entre la Secretaría de Marina (SEMAR), la SEDENA, la Policía Federal e incluso el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Por otra parte, agentes encubiertos del Instituto Nacional de Migración (INM) han abordado los trenes de carga para detener a los migrantes, como parte de una serie de esfuerzos (que son solamente parcialmente exitosos) por las autoridades para prevenir que los migrantes suban los trenes de carga. El 6 de agosto, los medios de comunicación mexicanos informaron que decenas de agentes allanaron hoteles y restaurantes en la ciudad de Arriaga, Chiapas. Los agentes detuvieron a unos 150 migrantes, y cientos de migrantes huyeron al campo para evitar captura.

El endurecimiento de la frontera sur de México ha sorprendido a pocos observadores; tal como subraya el nuevo informe de WOLA sobre esta frontera, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a poner más atención en la frontera sur desde el inicio de su gestión, y los funcionarios estadounidenses ya habían expresado su interés en ampliar la cooperación con México a lo largo de la frontera con Guatemala y Belice. Sin embargo, el debate sobre los niños migrantes en los Estados Unidos claramente ha servido como catalizador y se ha intensificado la presión sobre el gobierno de Peña Nieto para reforzar la aplicación de las leyes migratorias y aumentar la seguridad fronteriza. Republicanos como el senador John McCain, la congresista Candice Miller y el congresista Mike Turner han pedido que la ayuda a México sea condicionado a que el gobierno mexicano haga más para frenar el flujo de migrantes centroamericanos. Estas propuestas han recibido poco apoyo y es improbable que se conviertan en ley, pero funcionarios de la administración Obama han indicado también que respaldan un fortalecimiento de la frontera sur de México: Tom Shannon, Asesor Especial del Secretario de Estado de los Estados Unidos, dijo a un panel del Senado de los EE.UU. en julio que el Departamento de Estado tenía "una estrategia de cinco puntos" para responder a la migración de niños, uno de los cuales era "mejorar la capacidad de México y Guatemala para interceptar a migrantes antes de que crucen a México y entren las rutas de contrabando establecidas que mueven los migrantes hacia la frontera." Shannon señaló además que el Departamento de Estado pretende gastar otros 86 millones de dólares, en fondos de la Iniciativa Mérida para ayudar a México a asegurar su frontera sur. También es probable que, en privado, los políticos estadounidenses hayan alentado fuertemente a contrapartes mexicanas a hacer más para detener la inmigración no autorizada.

El 7 de julio, Peña Nieto anunció finalmente el tan esperado Programa Frontera Sur y pidió la creación de un nuevo organismo dentro de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) para coordinar asuntos de la frontera sur. (El 15 de junio, Miguel Ángel Osorio Chong, el Secretario de Gobernación, nombró al exsenador Humberto Mayans Canabal, quien anteriormente se desempeñó como titular de la Comisión del Senado del Asuntos Fronterizos Sur, como el nuevo Coordinador de Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur). Peña Nieto ha dicho que el programa incluirá elementos tales como la asistencia humanitaria, un programa que permite a ciudadanos de Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador trabajar en los cuatro estados de la frontera sur de México y mejoras en las condiciones de los centros de detención de migrantes y centros de acogida para los niños. También incluirá un mayor enfoque en el registro biométrico de los migrantes (lo cual ha sido un enfoque de asistencia de los EE.UU. para el INM) y un incremento en operaciones de inteligencia para tratar de desarticular grupos de criminales que abusan de los migrantes.

Esperamos aprender más acerca de los planes y prioridades del gobierno mexicano en el ámbito de política migratoria en los principios de septiembre cuando el presidente Peña Nieto presentará su solicitud de presupuesto pare el año 2015 al Congreso. Sin embargo, por el momento, hay poca claridad sobre el presupuesto, alcance o estrategia operacional del nuevo Programa Frontera Sur. Mientras el gobierno de México avanza con sus planes para asegurar la frontera con Guatemala y Belice, definimos aquí cinco preguntas claves:

1. ¿Qué papel se le da a las Fuerzas Armadas de México? Los únicos organismos autorizados para participar en la aplicación de las leyes migratorias en México son el INM y la Policía Federal, pero WOLA ha recibido múltiples informes de que las Fuerzas Armadas también están participando activamente en operaciones en la frontera sur. El gobierno mexicano no debe fomentar el uso de los militares para la aplicación de leyes migratorias u otras tareas de seguridad pública a lo largo de la frontera con Guatemala y Belice. Como las investigaciones de WOLA han demostrado, el entrenamiento militar es mala preparación para tareas de seguridad pública. Los soldados están entrenados para el combate contra un enemigo, no para la aplicación de la ley. Por lo tanto, la participación de las Fuerzas Armadas de México en el mantenimiento de los retenes y en reali
zar revisiones, detenciones, interrogatorios u otras misiones que implican contacto frecuente con los migrantes, se debe evitar o reducir al mínimo siempre que sea posible.

2. ¿Cómo se asegura el gobierno mexicano de que los refugiados y las víctimas de trata de personas sean protegidos? Si las redadas y las detenciones continúan aumentando, será importante evaluar cómo el gobierno mexicano planea garantizar que las personas sean debidamente examinadas, para que los refugiados, las víctimas de trata de personas y otras personas que necesitan protección no sean enviados de vuelta a situaciones peligrosas. Fortalecer la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y ampliar el papel del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en México, además de proporcionar a los agentes del INM y la Policía Federal con una formación adecuada y directrices claras para detectar a posibles solicitantes de asilo, ayudará a México a determinar si los detenidos están en necesidad de protección internacional.

3. ¿Qué medidas adoptará el gobierno mexicano para investigar y desmantelar las redes criminales que secuestran a migrantes? Después de la masacre de 2010 de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, el gobierno del presidente Felipe Calderón anunció una nueva estrategia intersectorial para combatir el secuestro de migrantes. Esta estrategia nunca fue completamente implementada, y el gobierno de Peña Nieto ha dado pocos indicios acerca de si tiene la intención de continuar con esa estrategia o desarrollar otro. (En enero de 2014, Peña Nieto anunció un nuevo plan para abordar el problema del secuestro en México, pero los documentos públicos sobre el plan no hacen ninguna mención específica de los secuestros de migrantes). Mientras tanto, los albergues para migrantes siguen denunciando el secuestro generalizado de migrantes y la extorsión, y los medios de comunicación mexicanos publican con frecuencia informes de los migrantes secuestrados que son "rescatados" por los militares. Pero las investigaciones y procesamientos de los secuestradores son raros. Los avances en este ámbito exigirán una verdadera voluntad política y la dedicación de los recursos importantes de investigación y del sistema jurídico.

4. ¿Cuáles pasos está tomando el gobierno mexicano para sancionar los funcionarios que abusan de los migrantes? Los funcionarios del gobierno, entre ellos agentes de la Policía Federal y del INM, han sido implicados en el secuestro y abuso de migrantes. Los albergues para migrantes han documentado numerosos casos de extorsión por parte de elementos de la Policía Federal, y el INM ha sido investigado por su complicidad en las redes de trata de personas. En 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 454 denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del INM, cifra que hace el INM la octava agencia en número de quejas recibidas por la CNDH en todo México. Pero pocos agentes son sancionados por abuso o investigados por corrupción. Un diagnóstico del INM realizado por la organización no gubernamental, el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Inysde), encontró que frecuentemente los agentes acusados ​​de corrupción o abuso se transfieren dentro de la agencia en lugar de ser despedidos. Si no se toman medidas más agresivas para sancionar a los funcionarios que cometen abusos contra los migrantes, una intensificación en la seguridad fronteriza y control migratorio casi seguro que resultará en más incidentes de abuso. Fortalecer los controles internos y externos en el INM y la Policía Federal es la clave para garantizar que los funcionarios que abusan de los migrantes estén debidamente sancionados y para disuadir futuros abusos.    

5. ¿Cómo colabora el gobierno de los Estados Unidos con México en las áreas de control migratorio y seguridad fronteriza? La cooperación estadounidense, hasta ahora, se ha centrado en la entrega de equipamiento, tales como 6,6 millones de dólares para equipos de inspección no intrusiva y 3,5 millones de dólares para quioscos biométricos, y, por otro parte, en el entrenamiento de las fuerzas militares mexicanas que participan en las operaciones de seguridad fronteriza. Recientes informes de prensa sugieren que es probable que la asistencia de los Estados Unidos siga dando prioridad a las entregas de equipos a la Policía Federal, el INM y las fuerzas militares. Pero el simple suministro de más equipos de escaneo, barcos y entrenamiento, hará poco para hacer frente a la debilidad institucional de los organismos encargados de la inmigración y la seguridad fronteriza, incluso si conduce a la incautación de drogas y migrantes. Mientras tanto, el apoyo de los Estados Unidos para el papel del ejército mexicano en la seguridad fronteriza sólo reforzará la continua militarización de la seguridad pública en México. En cambio, la ayuda de los Estados Unidos debería dar prioridad a la lucha contra la corrupción y el abuso en las instituciones encargadas con control migratoria y la aplicación de la ley, así como las instituciones jurídicas, y también al fortalecimiento de las comunidades y la prevención de la violencia.

(Foto por Irineo Mujica)