El domingo 7 de Agosto, Gustavo Petro será juramentado como el primer presidente de izquierda de Colombia. Lo hará también Francia Márquez como su primera vicepresidenta afrodescendiente. El nuevo gobierno hereda un país duramente golpeado por la pandemia de Covid-19 y sus secuelas económicas, marcado por el paro nacional y las protestas de 2021, y con un pésimo historial de derechos humanos.
Las expectativas de que el gobierno de Petro remedie inmediatamente los problemas económicos y sociales que enfrenta Colombia son altas. Sin embargo, muchos de los retos que tiene por delante se deben a factores estructurales para los que no existen soluciones rápidas.
Bajo el mandato del presidente Iván Duque el país sufrió al menos 281 masacres, con al menos 1.057 víctimas, el asesinato de más de 930 líderes sociales y 276 miembros desmovilizados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El 26 de julio, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) afirmó que el enfoque militarista, unido al déficit de instituciones civiles, no logró detener la expansión de los grupos armados ilegales —tanto actores no estatales como organizaciones criminales—. La implementación del Acuerdo de Paz, tal y como se firmó en 2016, se vio mermada por el desinterés político del gobierno de Iván Duque, quien además echó a andar una política paralela de “paz con legalidad” que difiere de lo inicialmente acordado. Muy preocupantes son las denuncias de que un grupo de congresistas y personal del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Contraloría montaron un esquema para robar más del 10 por ciento de los fondos destinados a los proyectos de paz. Este asunto debe ser investigado con rapidez y se deben tomar medidas en los dos primeros meses de gobierno de Petro.
Recién celebrados los doscientos años de relaciones binacionales, Colombia sigue siendo el primer aliado estratégico de Estados Unidos en la región. El acercamiento inmediato y los diálogos iniciados por la administración Biden con el nuevo gobierno ha tranquilizado a quienes creían que el triunfo de Petro podría dañar las relaciones entre los dos países. Estados Unidos ha invertido más de US$ 13.000 millones en Colombia desde el año 2000, en su mayoría en esfuerzos antidroga y de seguridad, pero el cultivo de coca se ha seguido extendiendo y la cocaína sigue llegando a Estados Unidos. Esta es una oportunidad para revisar la relación entre ambos países para determinar qué aspectos de la política y la financiación de Estados Unidos han funcionado y cuáles no y, cuando sea necesario, apretar el botón de reinicio.
Desde la perspectiva de WOLA, estos son los cinco temas que la administración Petro debe priorizar en sus primeros cien días:
1.La paz
Ejecutar el Acuerdo de Paz de 2016 tal y como se firmó y convertirlo en una prioridad política y presupuestaria será fundamental para enfrentar la violencia y la impunidad que campea en todo el país. Para ello, la administración Petro deberá concentrarse en los 170 municipios más afectados por la violencia, los vacíos institucionales y el narcotráfico. Para garantizar que los sectores más vulnerables de la sociedad, los afrocolombianos y los indígenas, sean incluidos plenamente en el proceso, la nueva administración debe avanzar en el capítulo étnico, fortalecer el trabajo de la Alta Instancia para los Pueblos Étnicos (IEANPE) y trabajar diligentemente con las autoridades étnicas.
Las conclusiones del informe de la Comisión de la Verdad, recién publicado, deben integrarse en las políticas del nuevo gobierno. Además de implementar la paz con un enfoque diferenciado, se debe garantizar la seguridad de los excombatientes. Sobre el sistema de justicia, la Comisión de la Verdad sugiere que se apunte a cuatro áreas: independencia de las instituciones encargadas de investigar las violaciones de derechos humanos, ajustes en los métodos de investigación, creación de un mecanismo de apoyo a la investigación y establecimiento de límites a la extradición de personas implicadas en otros delitos para garantizar los derechos de las víctimas.
En cuanto a la corrupción, se recomienda la creación de una comisión independiente que examine los riesgos de cooptación y corrupción de la Fiscalía General, y que ésta asuma todas las investigaciones para que sean competencia de la justicia penal ordinaria. Por último, el informe señala la necesidad de transformar el aparato de seguridad para reducir la militarización, con una nueva doctrina que priorice los derechos humanos y que la Policía Nacional deje de depender del Ministerio de Defensa.
El nuevo gobierno debe adoptar el enfoque inverso al del gobierno Duque en lo que respecta a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): debe de atender a las verdades reveladas de las atrocidades y los abusos de los derechos humanos que tuvieron lugar durante el conflicto.
La seguridad de quienes defienden los derechos humanos, líderes sociales y personas defensoras del medio ambiente del país no mejorará hasta que se impongan graves consecuencias a quienes planean, ordenan y ejecutan sus asesinatos y a quienes les acosan.
Es necesario reformar las instituciones judiciales del país, para que las investigaciones abiertas se conviertan en justicia real y quienes son autores vayan a la cárcel. También es importante llevar a cabo una auditoría y una renovación de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que se ha vuelto burocrática, ineficaz y está plagada de acusaciones de corrupción. En los territorios étnicos, el nuevo gobierno debe establecer acuerdos con las guardias indígenas y cimarronas, como se indica en el capítulo étnico, para aumentar la seguridad de las personas civiles. Mientras esto ocurre, el gobierno de Petro debe fortalecer la Comisión de Garantías creada por el acuerdo de paz de 2016 para ayudar a desmantelar los grupos armados ilegales que proliferaron con Duque.
Durante los años de Duque la agenda étnica pasó a un segundo plano. Vimos pocos avances en el Capítulo Étnico y un tenso compromiso entre el gobierno nacional y las comunidades indígenas. Con una administración más diversa, se espera que haya una diferenciación de todas las políticas y programas del nuevo gobierno para asegurar que se integren los derechos colectivos e individuales específicos de personas indígenas, afrocolombianas, palenqueras, raizales, LGBTIQ+ y mujeres.
Diversificar el gobierno no puede ser sólo nombrar minorías étnicas. Además de eso, es necesario que la voluntad política y el presupuesto reflejen este interés. Una medida de confianza con las comunidades afrocolombianas sería terminar de reglamentar la ley 70 de 1993 de las comunidades negras. Se requieren medidas antirracismo, antidiscriminación, antihomofobia y antixenofobia. Relanzar el Plan de Acción Racial Estados Unidos-Colombia (CAPREE) con el capítulo étnico como marco es un paso adicional que el gobierno de Petro puede dar para proteger los derechos de estas comunidades.
Áreas en las que Estados Unidos y Colombia coinciden son el medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y la región amazónica. La lucha contra el cambio climático y la protección contra la deforestación y otros daños que aumentan la producción de CO2 es clave. Sin embargo, esto no puede hacerse sin la participación de las comunidades afectadas. Los esfuerzos militarizados para abordar la deforestación bajo el mandato de Duque han generado violaciones contra las comunidades indígenas y campesinas. En lugar de imponer una idea de conservación desde un escritorio en Bogotá, el gobierno debería ver a los pueblos milenarios y afrodescendientes que son guardianes del medio ambiente como sus copartícipes y buscar apoyar los esfuerzos de conservación ya existentes en esas comunidades.
Las reformas del gobierno de Petro en materia de defensa y seguridad deben abordar la corrupción en la fuerza pública, centrarse en aumentar la presencia del Estado en las zonas rurales marginales, modernizar la policía y abordar la impunidad de los abusos cometidos. Las economías ilícitas persistirán y los líderes de los grupos armados serán sustituidos por otros mientras haya vastos territorios sin presencia del gobierno. Atacar a los grupos criminales no funcionará si no se ataca el entorno de abandono que beneficia a esos grupos.
Los gobiernos anteriores han tratado de abordar este vacío en las zonas rurales marginales a través de programas de alto contenido militar que no continúan una vez que cambia la administración. El gobierno de Petro debe revitalizar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) previstos en el primer capítulo del Acuerdo de Paz, especialmente los conjuntos originales de prioridades acordadas con las comunidades, los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR). Incluso el plan de las “Zonas de Futuro” del gobierno saliente de Duque, de marcado carácter militar, puede ser adaptado en lugar de anulado.
Después de los horribles abusos cometidos contra los manifestantes durante la huelga nacional de 2021 y la protesta posterior, es necesaria una verdadera reforma policial. El nuevo gobierno debe destinar más recursos a la policía civil y, al mismo tiempo, poner en marcha reformas para que la policía sea más civil y menos bélica. La policía no debería depender del Ministerio de Defensa; más bien debería depender de un nuevo Ministro de Seguridad Pública cuya cartera incluya la gestión del cuerpo policial.
Como primer país receptor de migrantes y refugiados venezolanos, que suman al menos 1,7 millones de personas, Colombia debería continuar con su programa de estatus de protección temporal. El país es un ejemplo mundial de cómo abordar la afluencia de grandes grupos de migrantes. Dicho esto, Colombia requiere una reforma de sus leyes y políticas de migración y asilo de manera que las personas a las que se les concede el refugio puedan integrarse plena y permanentemente en el país.
La situación humanitaria y migratoria en Colombia se está volviendo extremadamente compleja. El país se ha convertido en un corredor para migrantes de múltiples nacionalidades que buscan cruzar a Panamá para luego viajar a la frontera entre Estados Unidos y México. El gran número de estas personas está superando las capacidades de los municipios y de las autoridades y organizaciones locales para prestarles asistencia. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), el desplazamiento interno en 2021 fue un 181 por ciento mayor que el año anterior. Esto significa que hay una crisis multidimensional de movilidad humana que requiere una estrategia que incluya la defensa de los derechos y las necesidades humanitarias de las personas afectadas, independientemente de su categoría legal.
Al mismo tiempo, el país sigue teniendo una población de siete millones de desplazados internos, en diferentes etapas de desplazamiento, que requieren atención y asistencia.
Impedir que se produzcan nuevos desplazamientos de colombianos es el primer paso. Para garantizar la protección de los civiles atrapados en medio de la violencia perpetrada por los grupos armados ilegales en las zonas de Chocó, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Arauca y Catatumbo, el gobierno de Petro debe apoyar las iniciativas de acuerdos humanitarios. Se trata de esfuerzos liderados por la población civil para avanzar en el respeto de los mínimos humanitarios básicos que contribuyen en gran medida a la protección de las comunidades asediadas por los grupos armados ilegales.
