WOLA: Advocacy for Human Rights in the Americas

WOLA/Sergio Ortiz Borbolla

20 Dec 2022 | Análisis

Cinco razones por las que el Título 42 debe terminar 

El miércoles 21 de diciembre es la fecha límite fijada por los tribunales para el fin del “Título 42“, una política de la era de la pandemia de COVID-19 diseñada para expulsar rápidamente a personas  migrantes indocumentadas, sin concederles el derecho a pedir protección, algo garantizado por la legislación estadounidense. Al 20 de diciembre, esa fecha final está retrasada, mientras el Tribunal Supremo de Estados Unidos decide si prorroga el Título 42 en lo que considera los recursos de amparo presentados en varios estados gobernados por Republicanos. Desde que se impuso por primera vez a mediados de marzo de 2020, las administraciones de Trump y Biden han utilizado el Título 42 unas 2,5 millones de veces para expulsar a personas migrantes.

El 15 de noviembre, un tribunal federal de distrito de Washington, D.C., anuló el Título 42. El juez Emmet Sullivan dijo que la política se había utilizado de forma “arbitraria y caprichosa”, pero accedió a una petición de la administración Biden de cinco semanas de prórroga para prepararse para su fin. 

Es probable que lo que ocurra en los próximos días y semanas sienta precedentes con consecuencias duraderas para el derecho, consagrado en la legislación estadounidense hace más de 40 años, a solicitar asilo en la frontera entre Estados Unidos y México.

Aquí cinco razones por las que esta política debe terminar. 

1. Es ilegal 

El derecho a solicitar asilo está garantizado por la legislación estadounidense e internacional

La sección 1158 del Título 8 del Código de Estados Unidos no puede ser más clara a este respecto. Intentar bloquear una protección fundamental pone vidas en peligro, erosionando la pretensión de Estados Unidos de ser una nación que acoge a personas migrantes que buscan la libertad. El gobierno de Biden ha estado utilizando el Título 42 para expulsar a personas migrantes más de 2.500 veces al día en los últimos meses; una parte significativa de esa población se enfrenta a amenazas reales contra su vida. El Título 42 les niega protección y les pone en peligro.

2. No se diseñó para proteger la salud pública

La Sección 265 del Título 42 es una disposición del Código de Estados Unidos que se remonta a la década de 1940. Se trata de un párrafo de 128 palabras de redacción imprecisa que permite a las autoridades sanitarias estadounidenses denegar la entrada de personas o bienes en Estados Unidos “para evitar la propagación de enfermedades transmisibles.” 

Cuando el virus COVID-19 fue declarado pandemia a mediados de marzo de 2020, el entonces presidente Donald Trump invocó la orden. Su administración antiinmigración interpretó el Título 42 en el sentido de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) podía expulsar rápidamente a personas migrantes indocumentadas, sin ni siquiera concederles el derecho a solicitar asilo. México accedió a aceptar expulsiones rápidas por tierra de sus propios ciudadanos y de ciudadanos de El Salvador, Guatemala y Honduras. Muchas otras personas migrantes, incluidas las más de 25.000 provenientes de Haití de las que se hablará más adelante, fueron expulsadas a sus países de origen por vía aérea.

Trump alegó que la orden se ponía en marcha para proteger la salud de las personas que viven en Estados Unidos, y la de los agentes fronterizos que retienen a las personas migrantes bajo custodia en entornos congregados. Funcionarios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), la Agencia de la ONU para los Refugiados, profesionales médicos y otros no estaban de acuerdo.

Las cosas mejoraron sólo modestamente después de que Trump dejará el cargo. El gobierno de Biden detuvo la expulsión de niños y niñas no acompañados, pero por lo demás dejó en vigor la orden y, a mediados de octubre, negoció con México ampliar su uso a las personas migrantes provenientes de Venezuela. 

La política persiste debido a una orden judicial de mayo de 2022, en una demanda presentada por fiscales generales estatales republicanos ante un juez de Luisiana. Esa orden llegó más de un mes después de que los CDC determinaran que la prevalencia del COVID-19 en Estados Unidos ya no era lo suficientemente grave como para exigir la denegación del derecho de asilo. Hoy en día, incluso cuando los estadounidenses van casi siempre sin máscara por aeropuertos y centros comerciales, y cuando las instalaciones de la CBP se llenan de personas migrantes procedentes de países difíciles de expulsar, persiste esta disposición de “salud pública”. Es uno de los últimos vestigios de las restricciones federales contra la pandemia que prevalecieron en 2020-2021.

3. Crea un sistema discriminatorio 

El Título 42 crea un sistema que excluye a las personas solicitantes de asilo en función de su nacionalidad y no de sus necesidades de protección. Las personas provenientes de los cinco países cuya ciudadanía México ha acordado aceptar como expulsiones en la frontera terrestre (México, El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela) se enfrentan a una probabilidad muy alta de ser expulsadas en virtud del Título 42. Esto es porque las expulsiones son baratas y fáciles de llevar a cabo para las autoridades fronterizas estadounidenses: los agentes simplemente llevan a las personas migrantes a la línea fronteriza y las dejan allí. Los ciudadanos de la mayoría de los demás países tienen una probabilidad de expulsión muy baja, porque deben ser expulsados por vía aérea, lo que es caro y, en algunos casos, imposible debido a las malas relaciones diplomáticas con el país receptor. El resultado absurdo es que la probabilidad de que alguien tenga la oportunidad de solicitar protección en la frontera entre Estados Unidos y México depende sobre todo de dónde haya nacido. 

4. Pone en mayor peligro a las personas que necesitan protección 

Al impedir que quienes necesitan protección soliciten asilo, el Título 42 expone a las personas migrantes expulsadas a graves peligros en México y empuja a otras personas migrantes a emprender peligrosos viajes hacia Estados Unidos sin ser detectadas, poniendo a menudo en peligro sus vidas.

Estados Unidos ya ha expulsado a unas 2,5 millones de personas migrantes, la mayoría bajo la administración Biden. Más del 90 por ciento de estas personas en busca de protección fueron enviadas a México, donde las organizaciones de derechos humanos han documentado patrones de abuso sistemático, incluyendo asaltos, robos, violaciones y secuestros con rescate. Durante las visitas realizadas en marzo de 2022 a ciudades mexicanas fronterizas con Texas, trabajadores humanitarios dijeron a WOLA que miembros de grupos de crimen organizado esperan todos los días cerca de los puentes fronterizos, atentos a las personas migrantes expulsadas para secuestrarlas. Más de 25.000 personas provenientes de Haití también fueron devueltas a su violento e inestable país por vía aérea, en más de 300 vuelos, incluidos más de 14.500 en virtud del Título 42.

Resulta alarmante que, aunque se ponga fin al Título 42, los medios de comunicación indiquen que el gobierno de Biden está considerando seriamente políticas controvertidas y posiblemente ilegales que seguirían restringiendo el derecho a solicitar asilo. Entre ellas podría figurar la denominada “prohibición de tránsito”, que rechazaría las solicitudes de asilo de personas migrantes no mexicanas que no hayan intentado primero solicitar asilo en otros países a lo largo de su ruta hacia Estados Unidos. Esto, a su vez, podría suponer una presión de Estados Unidos sobre México para que siga aceptando expulsiones de ciudadanos y ciudadanas de otros países a través de la frontera terrestre. 

Esta y otras medidas similares, que recuerdan a la era Trump, sentarían un terrible precedente mundial. Constituirían un ataque frontal a los principios humanitarios adoptados tras la Segunda Guerra Mundial que hicieron del derecho de asilo una norma internacionalmente aceptada y consagrada en la legislación estadounidense. WOLA implora a la administración Biden que no implemente una “prohibición de tránsito” o políticas similares que condenarían a miles de personas a un daño real e inminente, tal y como sigue haciendo el Título 42.


5. Socava la capacidad de EE.UU. de promover una respuesta a la migración regional centrada en la protección 

La administración Biden ha abogado repetidamente por un enfoque regional de la migración. 

Las conversaciones que condujeron a la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, firmada por 21 países de la región en la Cumbre de las Américas de junio de 2022, son muy prometedoras, al menos si las autoridades de toda la región traducen los compromisos en acciones reales

Pero para seguir convenciendo a otros países de que tomen medidas más significativas para gestionar la migración y ampliar las vías legales, incluido el acceso al asilo, el gobierno de Biden debe predicar con el ejemplo. Tanto si el Título 42 finaliza pronto como si el Tribunal Supremo lo retrasa aún más, el gobierno de Biden debe empezar a poner en marcha planes para su finalización y abrir la frontera estadounidense a todas las personas solicitantes de asilo, en lugar de considerar nuevas medidas que limiten el acceso a la protección. Esto incluye invertir tiempo y recursos en tres áreas: restablecer el derecho a solicitar asilo mejorando la tramitación en la frontera, garantizar la disponibilidad de ayuda humanitaria para quienes llegan y coordinar la respuesta local, estatal y federal, y redoblar los esfuerzos para mejorar la capacidad de adjudicación de asilo, recortando los tiempos de espera y reduciendo los retrasos al mismo tiempo que se garantiza el debido proceso.