*Este articulo fue originalmente publicado por Passblue el 18 de enero, y fue traducido al español por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en ingles).
Por, Gimena Sanchez, Coordinadora Principal para el Programa de los Andes
18 enero, 2016
Mientras que la mayoría de los combatientes en el conflicto armado colombiano han sido hombres, la participación de las mujeres en la construcción de paz es absolutamente necesaria para que ésta sea una paz duradera. Cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adopto la resolución 1325, la cual exige una participación igualitaria de las mujeres en los acuerdos de paz, se inició un esfuerzo para cerrar la brecha, tanto teórica como práctica, por medio de la integración de una perspectiva de género en los procesos de paz.
Colombia, devastada por la guerra, representa el escenario perfecto para implementar este nuevo enfoque y a pesar de algunos inconvenientes presentados en el esfuerzo de incluir a las mujeres en los acuerdos de paz, éste ha tenido éxito en formas transformadoras.
El conflicto armado colombiano es sin lugar a dudas una pesadilla para los Derechos Humanos, prueba de ello son las siete millones de víctimas, las 1.982 masacres (cuyo número de muertos es desconocido), las más de seis millones de personas desplazadas, las decenas de miles de desaparecidos forzados y los 27000 secuestros, todo resultado de este conflicto que ha durado por 51 años. Así mismo, la violencia sexual derivada del conflicto también ha afectado de manera desproporcionada a las mujeres, así como la violencia doméstica la cual se ha agudizado.
Las mujeres Colombianas son quienes han cargado con la peor parte del conflicto, no solo como víctimas de éste sino también como agentes de reconstrucción de sus comunidades las cuales se encuentran en condiciones devastadoras. La dinámica de la sociedad civil colombiana incluye al menos 16 redes nacionales de mujeres, así como también las mujeres juegan un papel integral en cientos de importantes asociaciones civiles.
Para sorpresa de muchos, alrededor del 40 por ciento de los combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) son mujeres. La no integración de las mujeres en el proceso de paz, teniendo en cuenta el alto nivel de victimización de éstas y el papel clave que tienen en la reconciliación, dificultará las posibilidades de la instauración de una paz duradera. Tal como Virginia Bouvier, una analista del conflicto colombiano que forma parte del Instituto de Paz de Estados Unidos, señaló, “las investigaciones indican que una mayor participación de las mujeres y de la sociedad civil en los procesos de paz permiten la obtención de mejores, rápidos y más sostenibles acuerdos de paz”.
Después de varias décadas de conflicto y de varios intentos fallidos para llevar a cabo una negociación de la paz, los esfuerzos actuales de Colombia parecen haber alcanzado un punto de no retorno. Las negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC, iniciadas en el 2012, se han concentrado en cinco puntos temáticos: desarrollo rural, participación política, tráfico de drogas, derechos de las víctimas, poner fin al conflicto armado y la implementación de los acuerdos. Las partes han llegado a un acuerdo en cuatro de los cinco puntos y pretenden finalizar el acuerdo entero para marzo 23 del presente año.
En el comienzo de las negociaciones a las mujeres no se les concedió un espacio de participación. Se requirió de grandes esfuerzos y de una cumbre de 450 organizaciones de mujeres donde se le exigió a Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, su compromiso para incluir a las mujeres en la mesa de negociación. En Septiembre de 2014, las partes negociantes lanzaron un subcomité de genero compuesto por cinco miembros elegidos por el gobierno y por las FARC. Desde entonces, el subcomité diligentemente ha incorporado los temas de género y de mujeres en el acuerdo final.
Sin embargo, aún con un subcomité especializado en el tema, convencer a la mayoría de los actores involucrados en la mesa de negociación, quienes en su mayoría son hombres, de incluir los temas de mujeres no fue tarea fácil. Más aún, los grupos de mujeres se han enfrentado a la ardua tarea de convencer a las partes negociadoras de que estos temas son centrales y esenciales para garantizar la viabilidad del acuerdo.
Sin lugar a dudas el subcomité ha enfrentado una ardua tarea. Una de las estrategias que tuvo éxito fue traer a representantes de las mujeres y a expertos internacionales en género a Cuba, lugar donde se llevan a cabo las negociaciones, para educar a las partes negociantes acerca de estos temas. Estas delegaciones estaban integradas por representantes de al menos 18 organizaciones, entre las cuales se encuentra: Nelly Vendía de la Asociación de Campesinos, Mujeres Indígenas y Afrocolombianas (ANMUCIC), María Eugenia Vásquez de la Red Nacional de Mujeres Excombatientes, Bibiana Peñaraza de la Red de Mariposas, líderes de los grupos LGBTI , así como Wilson Castañeda de Caribe Afirmativo.
En la Habana estos compartieron sus perspectivas sobre porqué la inclusión de la perspectiva de género y diversidad sexual es importante. También propusieron que se establezca una comisión de mujeres para supervisar la aplicación de los acuerdos.
Las delegaciones expertas en género insistieron a las partes negociantes en el hecho de que éstas debían contribuir al des-escalamiento del conflicto así como al respeto y seguimiento del Derecho Humanitario Internacional. Adicionalmente, abogaron para que las partes trabajaran para lograr un cese bilateral al fuego y para que continuaran las negociaciones a pesar de los futuros obstáculos que se podrían presentar en el proceso. La Red Nacional de Mujeres Excombatientes, un grupo de mujeres que abandonaron las filas del conflicto, han hecho particular énfasis en el hecho de que aquellas mujeres que están considerando la desmovilización, por lo general, tienen diferentes necesidades que los hombres.
Argumentan que estas necesidades deben estar reflejadas en la formulación de los planes de desmovilización. Así miso, el grupo también insistió que se deben abordar las razones por las cuales las mujeres se convierten en combatientes.
Adicionalmente, la Red Nacional de Mujeres Excombatientes abogó por la inclusión de combatientes minusválidos, así como de prisioneros políticos y de exiliados. Este grupo también sugirió que se debe llevar a cabo una consideración especial con respecto a los diferentes obstáculos que las mujeres combatientes Afrocolombianas e Indígenas enfrentan a la hora de reintegrarse a sus lugares natales. Lo que es crucial aquí, es el fortalecimiento de las oportunidades para permitir la participación política de las mujeres, así como disminuir las disparidades de género en la sociedad Colombiana.
Las mujeres también han desempeñado un papel clave en las delegaciones de victimas que viajaron a la Habana entre 2014 y en el 2015. Más del 60 porciento de las delegaciones eran mujeres, lo que permitió que las partes negociantes escucharan su experiencia en la guerra, de un diverso número de mujeres provenientes de diferentes regiones. Esto le permitió a las partes negociantes acordar ciertos principios de base, para abordar los derechos de las víctimas en los acuerdos.
Mientras que los opositores se quejan de que la visita de estas delegaciones a Cuba ha retrasado el proceso de negociación, no hay duda de que éstas lo han enriquecido. Tanto el gobierno Colombiano como las FARC, han realizado declaraciones a favor de los derechos, la inclusión, la diversidad y el papel de las mujeres en el proceso de paz.
Un avance importante es el hecho de que los crímenes contra las mujeres, tales como la violencia sexual, fueron seriamente cons
iderados en las discusiones. Los sistemas de Verdad Integral, de Justicia, de Reparación y el de No Repetición, establecidos por el acuerdo de Justicia Transicional de septiembre de 2015, han integrado por completo el enfoque de género. Así mismo, la violencia sexual ha sido también calificada como un crimen que no puede recibir amnistía bajo el acuerdo.
Estos logros son históricos. Tal como lo mencionó Gloria Amparo, integrante del grupo defensor de derechos humanos Casa de la Mujer, con sede en Bogotá: “Es una de las primeras negociaciones para poner fin a un conflicto armado, que reconoce los derechos de la mujer, las mujeres como víctimas, la necesidad de verdad, justicia y reparación para las mujeres y el hecho de que las mujeres desempeñan roles importantes en la construcción de la paz”.
Se espera que el acuerdo final incluirá las recomendaciones sobre género realizadas por el subcomité. La comunidad internacional, incluido el gobierno de Estaos Unidos, debe entonces ayudar a garantizar que los temas de las mujeres se conviertan en una parte integral de la reconstrucción del post- Conflicto. Por ejemplo, se debe asegurar que la Comisión de la Verdad realmente aborde la violencia sexual y otros tipos de violencia experimentadas por las mujeres durante el conflicto.
Se requiere mucho trabajo para poder transformar la vida de las mujeres colombianas.
Tal como lo dijo gloria Luna Rivillas, de la Red de Mujeres en la provincia del Chocó: “una cosa es diseñar un programa desde un escritorio en Bogotá y otra es implementarlo en los territorios”. El Gobierno Colombiano se caracteriza por hacer muy buenos planes sobre papel, aplaudidos efusivamente por la comunidad internacional en sus reportes, los cuales posteriormente no se materializan en la realidad.
Por lo tanto, la comunidad internacional debe apoyar a las mujeres colombianas, quienes están tratando de alcanzar estos cambios, lo que hace esencial su inclusión en la consulta.
Para las comunidades Afro-colombianas e Indígenas, ésto significa la creación de un diálogo con las mujeres del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA) y con la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
Danny María Ramírez Torres, de la Conferencia nacional de Organizaciones Afrocolombianas considera que la comunidad internacional debería garantizar que el proceso abarque las “formas sistemáticas de estereotipos raciales y discriminación que afectan a las mujeres afro-descendiente y su cuerpos en el conflicto”
Con el objetivo de garantizar que los delitos contra la mujer, incluida la violencia sexual, no se repitan se deben diseñar muy bien e implementar planes que supervise y verifiquen la implementación de los acuerdos.
Los cambios que se espera que ocurran con la desmovilización de la guerrilla y con el potencial aumento de las fuerzas armadas en áreas previamente abandonadas por el Estado, como por ejemplo la costa pacífica, requieren de especial vigor para garantizar que las mujeres no se conviertan en objetivo de violencia. La afluencia de las fuerzas armadas en estas zonas afrocolombianas en el pasado ha dado lugar a la prostitución de las mujeres jóvenes, al abuso sexual a los embarazos no deseados y otros graves problemas.
Durante décadas las mujeres colombianas han luchado en el conflicto a armado del país. Su participación en el proceso de paz ha demostrado que pueden organizarse para mantener las conversaciones en continuo movimiento. Ahora le toca al gobierno de Colombia, así como a la comunidad internacional, ayudarlas para que sigan desempeñado un papel fundamental en el fin del conflicto de más larga duración en el hemisferio occidental.
