Una ley innovadora que promueve alternativas al encarcelamiento de mujeres podría entrar en vigor en Colombia antes del fin de agosto de 2022 y aplicarse antes de que finalice el año. ¿Qué significa la ley para las mujeres y el sistema penal punitivo? WOLA explora esas preguntas y más.
Una campaña de tres años para promover alternativas al encarcelamiento de mujeres en Colombia se está convirtiendo en una realidad. El proyecto de ley presentado en el Senado en 2019 y en la Cámara en 2020 fue finalmente aprobado por ambas cámaras. Esta iniciativa propone alternativas al encarcelamiento de mujeres que sean cabezas de hogar y cumplan una serie de condiciones, expuestas a continuación. Sin embargo, el ex presidente Iván Duque se negó a promulgar la ley y formuló varias objeciones, entre ellas que la propuesta no daba el mismo trato a los hombres en situaciones similares. En un fallo histórico, presentado en un comunicado publicado el 6 de julio de 2022, el Tribunal Constitucional de Colombia reconoce el impacto desproporcionado del encarcelamiento en las mujeres y declara que las objeciones del presidente carecen de fundamento.
El Tribunal Constitucional tiene 30 días hábiles para emitir la sentencia definitiva, tras lo cual el presidente Gustavo Petro tendrá que firmarlo como ley en un plazo de seis días. Si se respetan estas fechas, la ley entrará en vigor a finales de agosto de 2022, momento en el que el Gobierno tiene 6 meses para reglamentar su funcionamiento para la implementación de la ley.
La aprobación de la propuesta de ley sienta un importante precedente no sólo para Colombia, sino para los países de todo el mundo que tratan de incorporar la perspectiva de género en las políticas jurídicas penales. Según la ONG colombiana Dejusticia, “esta ley es un primer paso para corregir los impactos desproporcionados en las mujeres que ha tenido una política criminal centrada en el encarcelamiento y ciega a las desigualdades sociales”.
La implementación de la ley será sin duda difícil y complicada; sin embargo, si se aplica plena y eficazmente, reducirá el hacinamiento en las cárceles de mujeres, permitirá que las familias permanezcan unidas y proporcionará a quienes se beneficien de ella habilidades para mejorar su bienestar económico, lo que también contribuye en la reducción de las tasas de reincidencia.
Resumen de la nueva ley
- Para beneficiarse de la nueva ley, las mujeres deben ser cabezas de hogar, estar a cargo de hijos menores de edad o personas con discapacidades permanentes, y haber entrado en contacto con la ley como consecuencia de vivir en situaciones de marginación.
- La nueva ley permite a las mujeres que cumplen con estas condiciones sustituir las penas de prisión por la prestación de servicios de utilidad pública no remunerados. El servicio comunitario puede incluir la mejora del espacio público, la asistencia a comunidades vulnerables, y participar en actividades de carácter educativo, entre otros. Puede llevarse a cabo en colaboración con instituciones públicas u ONGs, y debe ser de al menos cinco horas y no más de veinte horas semanales durante el periodo de tiempo de la condena.
- De particular importancia es que se busca que el servicio comunitario no interfiera con las actividades laborales remuneradas o educativas, y que contribuya directamente a la formación profesional y/o educativa.
- La ley se aplica a las mujeres condenadas a ocho años de prisión o menos (con la excepción de violencia intrafamiliar); esto incluye delitos por drogas de baja gravedad y robos no violentos. Las beneficiarias deben aceptar voluntariamente la alternativa al encarcelamiento y no pueden haber sido condenadas por un delito anterior en los últimos cinco años.
- La ley puede aplicarse con carácter retroactivo. Las mujeres encarceladas que cumplan los requisitos pueden solicitar que se sustituya su pena de prisión por el programa de prestación de servicios de utilidad pública.
- La ley también exige a varios ministerios que diseñen y adopten una política pública y una estrategia para ayudar a las mujeres a formarse y obtener un empleo una vez que salgan de la cárcel.
- También cabe destacar que el Congreso colombiano aprobó en junio otra ley que garantiza el suministro oportuno y gratuito de artículos de higiene menstrual a las mujeres encarceladas. Esta iniciativa debe ser adoptada por otros países que busquen mejorar las condiciones de vida de estas mujeres.
El impacto desproporcionado del encarcelamiento en las mujeres
- El comunicado del Tribunal Constitucional afirma explícitamente que “la ley, la jurisprudencia y la doctrina han enfatizado en que las mujeres experimentan de forma diferenciada la privación de libertad”.
- En todo el mundo, el encarcelamiento de mujeres ha crecido a un ritmo más rápido que el de los hombres, en gran parte debido a las leyes draconianas sobre drogas. Según el informe de WOLA Mujeres encarceladas por delitos relacionados con drogas en América Latina: Lo que los números evidencian, en la mayoría de los países latinoamericanos estudiados, los delitos relacionados con las drogas son lo más comunes para las mujeres en prisión, y el porcentaje de mujeres encarceladas por drogas es casi siempre mayor que el de los hombres.
- El comunicado del tribunal subraya que la mitad de las mujeres encarceladas en Colombia lo están por delitos de drogas de bajo nivel y que, en general, las mujeres no desempeñan un papel significativo en las organizaciones criminales. Por lo tanto, como se explica en el informe de WOLA, su encarcelamiento no contribuye a desbaratar los mercados de la droga, pero tiene consecuencias devastadoras para estas mujeres, sus hijos e hijas, sus familias, y sus comunidades.
- Las características de las mujeres encarceladas en Colombia son similares a las de otros países latinoamericanos. Según un detallado informe elaborado por la Cruz Roja y la Universidad Javeriana, el 85 por ciento de las mujeres en las cárceles colombianas son madres y el 75 por ciento son cabezas de hogar. Tienen bajos niveles de educación, lo que se asocia a situaciones económicas precarias. La forma más común de empleo (31 por ciento) es el trabajo doméstico; el 27 por ciento no tenía empleo cuando fue detenida.
- Si bien todas las cárceles de Colombia están gravemente superpobladas y no satisfacen las necesidades básicas mínimas, las mujeres privadas de libertad encuentran dificultades adicionales. Entre ellas, se enfrentan a la discriminación por razón de género y a la violencia sexual, así como a la falta de servicios de salud adecuados. Recientemente, una mujer de 25 años, Dayana Estefanía Poveda, murió en la principal cárcel de mujeres de Bogotá. Según una denuncia del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y Mujeres Libres Colombia (una organización de mujeres que han estado en la cárcel): “La mujer, en la noche del 13 de julio de 2022, expresó encontrarse en un grave estado de salud, por lo que solicitó a las dragoneantes desplazarse a sanidad para que se le prestara la atención. Según la información que nos brindan otras mujeres privadas de la libertad, la respuesta de las dragoneantes a la solicitud de la compañera fue: ‘¿Por qué le da por enfermarse en la noche?’, haciendo caso omiso a la insistencia de la mujer, lo que tuvo como consecuencia que el 14 de julio amaneciera muerta”.
Conclusiones
- La aprobación de la ley que ofrece alternativas al encarcelamiento para algunas mujeres en Colombia llega después de años de investigación e incidencia política por parte de organizaciones de derechos humanos, académicas y grupos de base, particularmente en lo que respecta a los impactos del encarcelamiento de mujeres por delitos de drogas. En 2019, una coalición se unió para diseñar y promover un proyecto ley que abordara específicamente los impactos negativos del encarcelamiento en las mujeres y sus familias y proporcionara alternativas al encarcelamiento. Después de que las objeciones del presidente Duque paralizaron la aprobación de esta iniciativa, algunas de estas mismas organizaciones, entre ellas Dejusticia y Mujeres Libres Colombia, presentaron argumentos a la corte apoyando la constitucionalidad de la legislación y los potenciales beneficios para las mujeres encarceladas.
- Si se aplica efectivamente, la ley ayudará a Colombia a cumplir con las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes, comúnmente conocidas como las “Reglas de Bangkok”, que fueron adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 22 de diciembre de 2010 y promueven alternativas no privativas de la libertad al encarcelamiento. Al abordar directamente el impacto desproporcionado del encarcelamiento en las mujeres, incorpora una perspectiva de género en el sistema jurídico penal y promueve los derechos humanos de las mujeres en contacto con la ley y sus familias.
- Sin embargo, la aplicación efectiva y oportuna de la ley es crucial para su éxito, y también muy complicada. “Es especialmente preocupante”, me dijo Claudia Cardona de Mujeres Libres Colombia, “que las mujeres que podrían beneficiarse tendrán que demostrar que, cuando se cometió el delito, vivían en situación de pobreza. ¿Cómo se demuestra eso? ¿Dependerá de la opinión subjetiva del juez?”Además, al no estar remunerado, el trabajo debe estar limitado en el tiempo y no impedir a las beneficiarias atender y mantener a sus familias. El Ministerio de Justicia tendrá la responsabilidad tanto de aplicar el programa de prestación de servicios de utilidad pública como de garantizar que se lleve a cabo correctamente y con pleno respeto de los derechos de las mujeres involucradas.
- La aplicación efectiva de la ley para ofrecer alternativas al encarcelamiento a algunas mujeres en Colombia es el primer paso para alejarse de los enfoques punitivos que ponen a tantas mujeres -y a los hombres- tras las rejas. El comunicado del Tribunal Constitucional y la propia legislación reconocen que la mayoría de las mujeres entran en contacto con la ley debido a situaciones de pobreza, vulnerabilidad y marginación. Es necesario que, en lugar de invertir en prisiones, los gobiernos de toda la región comiencen a invertir en reformas y programas comunitarios que promuevan la igualdad de género y la justicia socioeconómica, permitiendo a las personas vivir con dignidad.
