2 Nov 2016 | Análisis

Colombia no estaría asignando bastante dinero para implementar los acuerdos de paz

Si Colombia logra aprobar un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC—un resultado que vemos probable—necesitará poner montos generosos de recursos para implementar unos compromisos costosos que aparecen en esos acuerdos.

Colombia es un país vasto, y su gran extensión incluye muchas áreas en los cuales las necesidades más básicas de las poblaciones—desde la seguridad hasta las vías hasta la educación—siguen gravemente insatisfechas. Los acuerdos desarrollados con las FARC, especialmente los que tienen que ver con el desarrollo rural y la solución al problema de cultivos ilícitos, son un esquema de un plan para satisfacer tales necesidades.

Pero hacerlo será costoso. Los estimativos del costo para cumplir los compromisos de los acuerdos, en un lapso de 10 años, van desde aproximadamente US$45 mil millones hasta US$100 mil millones o más. Los fondos que provendrán de donantes internacionales seguramente no superarán más que US$1 mil millones por año. Como resultado, Colombia—un país de ingresos medios—tendrá que autofinanciar el grueso de la implementación de los acuerdos.

Colombia no parece estar planeando hacer esto. De ser así, se esperaría ver al gobierno colombiano contemplando un salto grande del gasto estatal durante los primeros años pos-acuerdo. Pero las proyecciones presupuestales oficiales no muestran ningún salto. De haberlos, el Ministerio de Hacienda prevé solo algunos incrementos graduales, en medio de un esfuerzo de reducir el déficit fiscal.

La falta de un salto inicial en el gasto para implementar los acuerdos se debe a la desaceleración de la economía colombiana, que a pesar de recortes presupuestales ha dejado un déficit fiscal que equivale a 3,9 por ciento del PIB. Colombia ahora está considerando una reforma fiscal para cerrar esa brecha; ese paquete impositivo es muy regresivo, porque se sostiene sobre un incremento del IVA que golpeará más fuertemente a los más pobres.

Más evidencia de que Colombia no planea incrementar el gasto pos-conflicto se ve en las regalías que Bogotá planea distribuir de las ganancias del petróleo, su producto de exportación más rentable. Esta semana, el Congreso colombiano está debatiendo el plan de distribución de regalías petroleras a través de sus 32 departamentos sobre el período 2017-18.

Otra vez, en este proyecto uno esperaría ver a los departamentos más afectados por el conflicto armado recibiendo los incrementos más fuertes de distribuciones de regalías. Pero otra vez, esto no es lo que está pasando.

WOLA se reunió este pasado fin de semana en Putumayo con la gobernadora del departamento, Sorrel Aroca, un miembro del Partido Verde quien fue elegida hace un año con el apoyo de varios movimientos sociales locales. Ella no escondió su angustia sobre la noticia de que Putumayo recibiera poca nueva inversión por las regalías petroleras.

Al personal de WOLA ella nos enseñó fotos que ella había sacado de una presentación PowerPoint que el Ministerio de Hacienda les había enseñado a los gobernadores unos días antes. Estas mostraron al Putumayo recibiendo un incremento de 12 por ciento para 2017-18 sobre 2015-16, mientras algunos otros departamentos que ni producen petróleo ni han sentido tanto el conflicto recibirían incrementos mucho mayores (Quindío 31%, Risaralda 28%, Caldas 27%). ”Yo apoyo a las inversiones petroleras en el Putumayo,” ella dijo, “pero éstas si llevan un costo ambiental y social, y las regalías son una compensación. Si solamente nos van a dar las migajas de las regalías, de pronto no dejemos pasar una gota de petróleo. Quisiera conocer los criterios con los cuales decidieron los incrementos de las regalías para el territorio.”

La gobernadora Aroca dice que lo que más necesita Putumayo son vías: carreteras pavimentadas son la mejor manera de hacer comerciables los productos lícitos en un departamento que ya es el segundo productor de coca del país. (De hecho, WOLA vio mucha coca durante un recorrido de una semana por el Putumayo—pero nunca la vio desde una carretera pavimentada.) Sin embargo, pavimentar una vía es costoso: hacerlo puede valer US$200.000 por kilometro, o más.

WOLA espera que el gobierno de Colombia reconsidere su distribución de regalías petroleras de una manera que incremente de manera más robusta los recursos destinados a las zonas más golpeadas por el conflicto, especialmente zonas petroleras como el Putumayo. Hacerlo enviaría un mensaje muy fuerte a la comunidad de donantes internacionales de que Colombia verdaderamente planea acompañar a las contribuciones extranjeras con fuertes inversiones locales para implementar los compromisos hechos en los acuerdos de paz.