(AP Photo/Eduardo Verdugo)

28 Jun 2018 | Análisis

La nueva Comisión de Investigación para el caso Ayotzinapa

Background 

Un tribunal federal en México ha ordenado crear una Comisión de Investigación especial para continuar la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la ejecución extrajudicial de seis personas ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014. La reticencia del gobierno mexicano a crear dicha Comisión manda un preocupante mensaje de falta de voluntad para encontrar a los 43 estudiantes.

Un paso necesario para encontrar a los 43 estudiantes atacados y desaparecidos por fuerzas de seguridad y grupos criminales

El 31 de mayo del 2018, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, emitió una sentencia histórica para el caso Ayotzinapa. Esta sentencia se emitió en juicios de amparo que presentaron al menos nueve inculpados en el caso alegando que se violaron sus derechos humanos cuando fueron detenidos. La sentencia concluye que las detenciones de esas personas fueron ilegales, en esencia, debido a errores de la Procuraduría General de la República (PGR). También concluyó que la investigación de la PGR no ha sido inmediata, efectiva, independiente ni imparcial, y que constantemente se vulneran los derechos de las víctimas, incluyendo a los 43 estudiantes, sus familias y las personas acusadas.

En la sentencia se reconoce por primera vez que la falta de autonomía de la PGR y su cercanía política con el Poder Ejecutivo pueden obstaculizar las investigaciones de violaciones a derechos humanos donde están implicadas otras dependencias del Ejecutivo—como el Ejército, la Marina o la Policía Federal—, demostrando a su vez que en México es posible manipular las investigaciones penales de la PGR para proteger a las élites políticas a costa del derecho de las víctimas a la justicia y la verdad. En este sentido, la sentencia es un importante recordatorio de la importancia de transitar en México hacia una Fiscalía General, independiente del Poder Ejecutivo, para reemplazar a la PGR.

A continuación, WOLA analiza el contenido de la sentencia, las implicaciones para el caso Ayotzinapa y cómo el gobierno mexicano puede demostrar la voluntad para crear la nueva Comisión de Investigación.

[Ver la página de recursos de WOLA sobre el contexto y desarrollo del caso Ayotzinapa]

1. ¿Cuáles fueron las irregularidades que el tribunal federal encontró en la investigación oficial de Ayotzinapa que le llevaron a ordenar la creación de la Comisión de Investigación?

El tribunal federal analizó si la detención de nueve inculpados acusados de ser parte de “Guerreros Unidos”, (grupo criminal implicado en la desaparición de los estudiantes) fue legal y si durante la investigación del caso Ayotzinapa se han violado los derechos tanto de esos inculpados como de las víctimas. El tribunal federal encontró que, efectivamente, la PGR ha cometido graves irregularidades, la mayoría de las cuales siguen sin investigarse ni sancionarse.

Por ejemplo, el tribunal encontró que elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) y otras agencias del gobierno actuaron ilegalmente cuando detuvieron a varios inculpados y que los pretextos para retrasar su presentación ante la PGR eran poco creíbles. La importancia de investigar si la demora en la presentación de los detenidos es justificada radica en que fue precisamente durante ese tiempo que muchos de ellos sufrieron lesiones y/o confesaron “espontáneamente” haber participado en el ataque contra los estudiantes.

En uno de los casos, elementos de la SEMAR trasladaron a un detenido de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a la Ciudad de México, un trayecto que en promedio toma una hora. Sin embargo, los marinos tardaron más de once horas en presentar al detenido, alegando que en el trayecto uno de sus vehículos sufrió una “ponchadura”. Para el tribunal federal, este relato no es creíble.

Tampoco se han investigado los casos de tortura y de malos tratos documentados en los dos informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en el informe Doble Injusticia, emitido en marzo de 2018 de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH). La ONU-DH encontró fuertes elementos para concluir que por lo menos 34 individuos detenidos en el caso fueron torturados y que en el 67 por ciento de los casos de tortura que documentó la ONU-DH, las víctimas señalaron a elementos de la Policía Federal Ministerial adscrita a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR como sus torturadores. Los informes de la ONU-DH y del GIEI fueron fundamentales para resaltar la falta de resultados en la investigación de esos casos de tortura y demuestran el impacto positivo de mantener la supervisión internacional del caso.

El tribunal correctamente insistió en la importancia de investigar y sancionar los casos de tortura relacionados con la investigación del caso Ayotzinapa tomando en cuenta que dicha investigación se basa, esencialmente, en confesiones auto-incriminatorias y declaraciones de otros inculpados en las cuales existen al menos la sospecha de que fueron obtenidas mediante tortura u otro tipo de coerción.

Asimismo, el tribunal federal concluyó que la investigación de la PGR no puede ser seria ni creíble hasta que no se resuelvan las alegaciones de tortura y de manipulación de pruebas que han contaminado el caso desde el inicio. Al respecto, WOLA resalta de nuevo la importancia de investigar la obstrucción de justicia por oficiales federales en la investigación del caso, una recomendación también hecha por la CIDH en el Informe de Balance del Mecanismo Especial de Seguimiento del Caso Ayotzinapa.

Finalmente, el tribunal federal concluyó que la investigación de la PGR sobre el caso Ayotzinapa no ha sido inmediata, efectiva, independiente ni imparcial:

  • No es inmediata pues en la investigación no se actuó con celeridad para recabar las pruebas necesarias, incluyendo las declaraciones de la Policía de Guerrero, Policía Federal y del Ejército mexicano, videos de los ataques contra los estudiantes y declaraciones de los testigos del ataque contra los estudiantes.
  • No es efectiva, pues la PGR se aferra a la teoría oficial (es decir, a la llamada “verdad histórica” según la cual los 43 estudiantes habrían sido asesinados y sus cuerpos incinerados en un basurero por miembros de los Guerreros Unidos) que una y otra y otra vez ha sido desacreditada por ser científicamente imposible y estar basada en confesiones obtenidas mediante tortura. Pareciera que los actos de investigación de la PGR van encaminados a confirmar la teoría oficial y no a abrir nuevas líneas de investigación sobre los ataques a los estudiantes y la tortura de los detenidos, tal como lo han pedido el GIEI y la ONU-DH.
  • No es independiente ni imparcial. El tribunal señala que la PGR no tiene la autonomía necesaria para investigar a otras dependencias del Ejecutivo como el Ejército, la Marina y la Policía Federal. En concreto, resalta como ejemplos de esta falta de autonomía el hecho de que la PGR es una dependencia del Poder Ejecutivo y que el presidente tiene la facultad de remover al procurador general. La cercanía política de la PGR con el Ejecutivo, concluye el tribunal, es un obstáculo para la investigación de violaciones a derechos humanos cometidas por soldados, marinos y la Policía Federal y funcionarios del Poder Ejecutivo en el caso Ayotzinapa.

Por todo lo anterior, el tribunal federal ordenó que: 1) se repitan algunos actos de investigación, 2) se investigue si las declaraciones y testimonios de la PGR para sustentar su teoría del caso Ayotzinapa se obtuvieron mediante tortura y que, 3) se cree una “Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala)” para continuar la investigación del caso.

2. ¿Qué es la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala) y cómo va a funcionar?

Es un mecanismo de justicia extraordinario o especial cuya creación ordenó el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, para continuar la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas y la ejecución extrajudicial de seis personas ocurridas el 26 y 27 de septiembre de 2014.

La orden de crear la Comisión de Investigación para Ayotzinapa está sustentada en la Constitución mexicana, la cual establece que la jurisprudencia y tratados internacionales sobre derechos humanos son vinculantes y obligatorios en México. En este caso, el tribunal federal se basó en varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y en el Protocolo de Minnesota de la ONU para ordenar la creación de la nueva Comisión de Investigación.

La Comisión estará conformada por las familias a través de sus representantes legales, nuevos investigadores de la PGR y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). También se permite la participación de organismos internacionales como la ONU e inclusive del GIEI. La nueva Comisión de Investigación tiene el mandato de reencauzar el caso hacia las líneas de investigación que ya han sido identificadas por el GIEI y la ONU-DH, así como de investigar irregularidades—incluyendo alegaciones de tortura—que han contaminado la investigación. Igualmente, con la creación de la Comisión se asegura que otras instituciones del gobierno mexicano—en concreto, la CNDH—efectivamente supervisen y procuren el respeto de los derechos de las familias, de las víctimas y de las personas detenidas. La sentencia sienta las bases para crear, dotar de recursos y poner en marcha la Comisión de Investigación, y deja el espacio para que la PGR trabaje con las familias para decidir aspectos sobre la forma en que va a funcionar la Comisión.

La participación de las familias y sus representantes en la Comisión es fundamental, pero ello no significa que las familias estén a cargo de realizar la investigación. Por el contrario, en la sesión pública en que se aprobó la sentencia, los magistrados del tribunal federal dejaron bien claro que en ningún momento se relega a la PGR de su obligación de investigar el caso Ayotzinapa y que es la PGR quien sigue teniendo la batuta en la investigación. 

Sin embargo, con la nueva Comisión de Investigación se restituye a las familias en el papel central que siempre debieron haber tenido durante la investigación. Gracias a la sentencia, la PGR ahora tiene la obligación de escuchar a las familias, de responder sus preguntas sobre las líneas de investigación que la PGR está o debería estar siguiendo y de tomar en cuenta las pruebas que las familias puedan o quieran incorporar a las investigaciones.

La Comisión es una nueva oportunidad para que el gobierno mexicano rectifique su actitud frente a la investigación oficial y para que enfoque sus esfuerzos y voluntad en saber qué les pasó a los 43 estudiantes y no en intentos desesperados de confirmar la “verdad histórica”.

3. ¿Es posible la creación de una Comisión de Investigación como lo ordena la sentencia?

Sí, es posible. La creación de la Comisión depende de la voluntad del gobierno mexicano, especialmente de la voluntad política de la PGR. Si la PGR tiene voluntad de cumplir esta sentencia, entonces puede enfocar sus recursos en poner en marcha la Comisión, encontrar formas de colaborar con las autoridades que deben formar parte de la Comisión y asegurar que las familias tengan un papel central en la investigación de ahora en adelante.

Con voluntad, la PGR podría aprovechar otras experiencias y mecanismos que ya existen en México para asegurar que las víctimas y las familias tengan un rol central y una participación activa en la investigación de desapariciones forzadas. Por ejemplo, en el 2012 se creó en Coahuila un Grupo de Trabajo en el cual las familias, el gobierno de Coahuila y la ONU-DH colaboran conjuntamente y tienen reuniones periódicas para revisar los avances en las investigaciones sobre desapariciones cometidas por grupos criminales y desapariciones forzadas en el estado. Al menos en 28 casos de desapariciones ocurridas recientemente en Tamaulipas, la PGR ha recibido información de la ONU-DH y de organizaciones de derechos humanos para investigar la participación de elementos de la Marina en la desaparición de civiles.

4. ¿Puede revocarse la sentencia que ordena la creación de la Comisión de Investigación?

No. La sentencia es final y definitiva, ya no puede ser modificada ni revisada por otros tribunales, ni siquiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunque pueden aclararse ciertos aspectos para cumplir la sentencia lo mejor posible. La Constitución y la Ley de Amparo obligan a la PGR a cumplir con la sentencia del Tribunal Colegiado y, en consecuencia, a crear la Comisión de Investigación.

En caso de no cumplir con la sentencia, los funcionarios de la PGR y sus superiores jerárquicos—inclusive el procurador general de la República o quien cubra su ausencia—pueden ser separados de su cargo, acusados de cometer el delito de incumplimiento de sentencias de amparo y ser condenados a hasta diez años de prisión.

No obstante, la Ley de Amparo contempla procedimientos (llamados “incidentes”) donde se puede alegar que una sentencia de amparo—como la sentencia que ordena crear la Comisión de Investigación—es imposible de cumplir. Estos procedimientos se resuelven ante la SCJN. En caso de que la SJCN considere que la sentencia es imposible de cumplir, puede ordenar un “cumplimiento sustituto”, es decir, acciones distintas a las ordenadas por la sentencia para restituir los derechos humanos de las víctimas.

El pasado 22 de junio, la PGR presentó un incidente afirmando que es imposible crear la Comisión de Investigación para el caso Ayotzinapa. Ahora, la PGR debe probar esa afirmación. No sorprende que la PGR recurra a la burocracia y/o a procedimientos legales para justificar la falta de resultados en la investigación del caso Ayotzinapa y, en este caso, para negarse a crear la Comisión de Investigación. Sin embargo, su reacción sí denota una preocupante falta de voluntad, de poca apertura al escrutinio judicial y un intento desesperado por defender una investigación oficial llena de irregularidades.

Para la PGR no fue suficiente acudir al sistema legal mexicano para cuestionar la Comisión de Investigación, sino que se aseguró de llevar el tema al ámbito político. La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ)—que reúne a todos los procuradores y fiscales del país y en la cual la PGR tiene una influencia y peso fundamental—emitió un pronunciamiento en contra de la creación de la Comisión de Investigación. El esfuerzo político de la PGR para lograr ese pronunciamiento de la CNPJ es el ejemplo más reciente de que está más ocupada en evadir su responsabilidad por los errores en el caso Ayotzinapa que en encontrar a los 43 estudiantes. Es también una muestra de que la PGR no distingue entre la política y justicia.

Por eso en México es fundamental quitar al Poder Ejecutivo el control sobre la procuración de justicia y crear una Fiscalía autónoma del Ejecutivo. En México el Poder Ejecutivo constantemente manipula a la PGR para proteger a élites políticas o para atacar a adversarios políticos de partido en el gobierno, pero no se busca la justicia ni la verdad.

5. ¿Qué sigue ahora?

En conferencia de prensa los padres de los 43 estudiantes exhortaron al Presidente Enrique Peña Nieto a expresar públicamente la voluntad de su gobierno de acatar la sentencia y crear la Comisión de Investigación. No obstante, el incidente que interpuso el gobierno asegura que haya retrasos en poner en marcha la Comisión.

Queda claro que el gobierno mexicano está buscando diferentes vías para no cumplir con la sentencia que ordena crear la Comisión de Investigación para Ayotzinapa. Hasta que se agoten los diferentes recursos legales, lo más probable es que no vaya a haber ningún movimiento para establecer dicha Comisión. A la fecha, las familias y sus representantes no han sido convocados por la PGR para discutir los próximos pasos. Mientras tanto, es importante resaltar que el Mecanismo Especial de Seguimiento del trabajo del GIEI sigue monitoreando los avances en la investigación de la PGR en el caso y su cumplimiento de las recomendaciones hechas por el GIEI.

Y, mientras tanto, las familias de los 43 estudiantes siguen esperando que el gobierno les diga dónde están sus seres queridos.


Recursos sobre el caso Ayotzinapa: