Bajo la ley estadounidense de Reautorización para la Protección de Víctimas de Trata de Personas de 2008 (TVPRA, por sus siglas en inglés), cuando un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection, CBP) detiene a menores no acompañados de un país no vecino, éstos son transferidos automáticamente a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (Office of Refugee Resettlement, ORR). Allí se les evalúan, se les ofrece cobijo y se les entrega a un familiar o patrocinador mientras quedan a la espera de una audiencia migratoria.
En contraste, a los menores provenientes de México se les niega esta transferencia automática a la ORR y esta audiencia migratoria. Bajo la TVPRA los niños mexicanos no son transferidos a la ORR, en su lugar un agente de la CBP lleva a cabo la evaluación del niño. Según la TVPRA los agentes deben comprobar tres cosas antes de deportar a un niño mexicano: 1) no son víctimas de trata; 2) no tienen un temor creíble de regresar; y 3) pueden y están dispuestos a retornar voluntariamente a México. A su retorno a México, los menores repatriados son recibidos por el Instituto Nacional de Migración (INM) y luego colocados en un albergue para menores que opera bajo la agencia de servicios a niños y familias, el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
En la práctica, el actual sistema a menudo incumple con evaluar y proteger adecuadamente a los menores mexicanos que huyen de la violencia. A continuación, WOLA plantea recomendaciones para que los gobiernos de los EE.UU. y México mejoren los procedimientos de evaluación y protecciones para jóvenes vulnerables.
- Una agencia gubernamental especializada en bienestar infantil y la identificación de víctimas de trata y persecución, como la Oficina de Reasentamiento de Refugiados debería evaluar la situación de los niños para determinar si necesitan protección, en lugar de CBP, que es una agencia de aplicación de la ley.
- Esto permitiría que la entrevista de evaluación se lleve a cabo una vez que el niño haya sido transferido y esté asentado en la ORR, en lugar de realizarse inmediatamente después de ser detenido por la Patrulla Fronteriza o en un puerto de entrada, cuando el niño a menudo se encuentra agotado, en shock y confundido.
- Transferir la responsabilidad de evaluar a los niños mexicanos a ORR ofrecería mejores garantías de que todos los niños no acompañados que necesiten protección, sin importar su nacionalidad, reciban un trato igualitario y el mismo acceso a servicios y protección.
- Si los agentes de CBP van a seguir teniendo un papel en la evaluación de los niños detenidos, deberían recibir formación adicional centrada en el cuidado adecuado de los niños bajo su custodia y la detección de niños vulnerables y víctimas de trata y persecución. Los agentes deberían poder informar a los niños acerca de sus derechos y opciones en un lenguaje y de una forma que puedan entender.
- CBP debería establecer e institucionalizar protocolos de evaluación y cuidado de niños que incluyan directrices sobre las condiciones de detención de los niños y el entorno adecuado para la realización de entrevistas, por ejemplo que sea un entorno privado y no amenazante.
- Se debe garantizar una supervisión adecuada y la rendición de cuentas de aquellos agentes que no sigan el protocolo.
- El empleo de profesionales especialistas en bienestar infantil, que hayan recibido formación en el cuidado adecuado de niños en custodia y la identificación de víctimas de trata y persecución garantizaría la evaluación y protección adecuada para niños migrantes.
- Los profesionales especialistas en bienestar infantil liberarán a los agentes de CBP de las responsabilidades asociadas al cuidado de niños y el procesamiento de estos casos, y permitirá a los agentes centrarse en las operaciones del control migratorio.
- Las autoridades mexicanas deben adoptar un papel más activo en la evaluación de los niños repatriados para detectar a aquellos que necesiten protección, examinar los motivos subyacentes por los cuales los niños huyeron de sus hogares, y mejorar la coordinación entre las agencias responsables de atender a los niños repatriados.
- Las autoridades no deben suponer automáticamente que la reunificación familiar es en el mejor interés de los niños, y deberían establecer directrices para determinar la opción de reintegración más segura para el niño.
- Se deben desarrollar programas que proporcionen asistencia social, servicios de protección y seguimiento en el hogar a fin de garantizar una reintegración plena y sin contratiempos.
- El gobierno federal y los gobiernos estatales de México deberían dirigir mayores recursos a los programas de prevención de la violencia a fin de ampliar y fortalecer los programas comunitarios para jóvenes en situación de riesgo.
- La intervención con niños en situación de riesgo mediante programas de prevención de la violencia, particularmente en las ciudades fronterizas mexicanas en las que esta dinámica está más común, podría contribuir a reducir el número de niños reclutados por grupos criminales y proporcionar mejores alternativas para estos jóvenes en sus comunidades.
- Tras la repatriación de un menor mexicano, los oficiales estadounidenses deberían notificar a las autoridades mexicanas de cualquier información que pudiera ayudarles a determinar la alternativa más segura para la repatriación del niño.
- Las autoridades mexicanas deberían desarrollar en coordinación con las autoridades estadounidenses programas para intervenir con los niños de circuito que prioricen la protección de jóvenes forzados a traficar drogas y/o migrantes, establecer alternativas para dejar el ciclo de tráfico, y apoyar la reintegración segura de estos menores repatriados en situación de riesgo.
