A medida que la crisis humanitaria y económica de Venezuela se ha profundizado en los últimos años, el número de personas migrantes y refugiadas venezolanas en el extranjero ha aumentado a casi 6 millones. Las Naciones Unidas informan que 5,7 millones de personas venezolanas han huido del país, lo que representa casi el 20 por ciento de la población de Venezuela. Esta tragedia es el mayor desplazamiento masivo en la historia reciente del hemisferio.
Si bien algunos países de las Américas han adoptado medidas significativas para facilitar el movimiento y la recepción de personas migrantes y refugiadas de Venezuela, persisten desafíos importantes en toda la región. Muchos de estos problemas radican en la falta de acceso a una situación migratoria regular, sin la cual las personas migrantes y refugiadas no pueden acceder al mercado laboral formal, ni a los sistemas de educación pública y salud de los países de acogida. La pandemia COVID-19 ha sido utilizada por muchos países para justificar el cierre de fronteras, deportaciones y otras medidas alarmantes que presentan barreras adicionales para que las personas venezolanas que salieron de su país puedan acceder a una situación migratoria regular y al asilo. Al mismo tiempo, la pandemia sólo ha hecho más urgente la necesidad de regularización, ya que, en muchos países quienes carecen de ella no pueden acceder al sistema de salud pública, ni a los programas de beneficios económicos relacionados con la pandemia.
Siguen existiendo graves vacíos en la respuesta hemisférica a las personas migrantes y refugiadas de Venezuela. Pero los gobiernos de las Américas se ven cada vez más presionados para adoptar políticas humanas que respondan a las necesidades básicas de las personas que huyen de Venezuela y que amplíen el acceso a un estatus migratorio regular. A través de #StandFor6Million, WOLA presenta el trabajo de organizaciones de la sociedad civil en Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Chile y Brasil para identificar vacíos en las respuestas de sus gobiernos a quienes huyeron de Venezuela, denunciar políticas inhumanas y contraproducentes y trabajar para atender las necesidades de las personas migrantes y refugiadas venezolanas en sus países de acogida.
Colombia
El gobierno colombiano ha hecho importantes avances para extender el estatus regular a las personas migrantes y refugiadas de Venezuela. El 5 de marzo, el gobierno de Duque anunció un programa para regularizar a la mayoría de los 2 millones de personas venezolanas que viven en Colombia por un período de 10 años bajo el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), que actualmente se encuentra en la Fase 2 de su implementación. En 2019, el gobierno también otorgó la nacionalidad colombiana a más de 24.000 niñas y niños venezolanos nacidos en el país después de que sus padres cruzaran la frontera. Aunque actualmente más de la mitad de las personas venezolanas en Colombia no tienen estatus migratorio regular, se espera que el programa ETPV alivie las persistentes brechas en el acceso a la salud, la educación y el empleo formal.
Organización destacada: Dejusticia
- Dejusticia ha sido un fuerte aliado para garantizar el derecho a la salud de las personas refugiadas y migrantes venezolanas, llevando el tema directamente a la Corte Constitucional a finales de 2019, para abogar por una conversación más amplia sobre las necesidades de las y los venezolanos que huyen de su país. A principios de 2021, la organización promovió con éxito la aplicación del plan nacional de vacunación COVID-19 de Colombia, independientemente del estatus migratorio de las personas.
- Más recientemente, Lucía Ramírez Bolívar, de Dejusticia, ha monitoreado la implementación del ETPV, planteando inquietudes sobre las implicaciones de esta política en el derecho al debido proceso, el acceso al estatus de persona refugiada, entre otros.
- Ramírez ha expresado su preocupación por la elegibilidad del estatus de protección EPTV y la necesidad de una respuesta diferenciada a grupos según sus necesidades, como indígenas, niños, niñas y adolescentes, miembros de la comunidad LGBTQIA+ y víctimas de violencia.
- Por otra parte, Lina Arroyave, investigadora de Dejusticia, ha planteado problemas de privacidad y seguridad en torno al requisito de proporcionar datos biométricos para acceder al estatus ETPV.
Perú
Desde el inicio de la pandemia COVID-19, el gobierno peruano ha militarizado cada vez más la frontera para restringir el flujo de migrantes al país, como muestran videos y fotos que aparecieron a principios de 2021 que exponen violaciones de derechos humanos en regiones fronterizas altamente militarizadas, en un caso, con militares peruanos abriendo fuego contra personas migrantes venezolanas a lo largo de la frontera con Ecuador. Perú ofrece una visa humanitaria para personas migrantes y refugiadas venezolanas, pero los requisitos de documentación para acceder a esta visa son muy difíciles de obtener y se ha suspendido el sistema de aceptación de nuevas solicitudes de asilo. Aproximadamente 44,37 por ciento de las personas venezolanas en el país carecen de estatus migratorio regular, lo que afecta su capacidad para acceder a servicios y protecciones esenciales.
Organización destacada: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – Perú (CNDDHH)
Ecuador
Aunque inicialmente Ecuador sirvió principalmente como país de tránsito para las personas venezolanas que viajan a otros países sudamericanos, esto ha cambiado en los últimos años, a medida que un número creciente de personas venezolanas se han asentado permanentemente en Ecuador. En 2019 Ecuador impuso un Visado de Excepción por Razones Humanitarias para personas venezolanas (VERHU), lo que dificultó el ingreso al país a través de cruces formales. El gobierno ecuatoriano cerró el proceso de solicitud para el VERHU en agosto de 2020, dejando pocas opciones para las personas venezolanas que buscan regularización. El recientemente electo presidente Guillermo Lasso ha anunciado que su gobierno implementará un nuevo proceso de regularización para personas venezolanas en Ecuador, pero no se ha revelado más información sobre la implementación de esta política planeada.
Organización destacada: Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) Ecuador
- En julio, el SJR Ecuador se asoció con decenas de organizaciones de la sociedad civil para elaborar una serie de recomendaciones para que el gobierno de Lasso atienda las necesidades de las personas migrantes ecuatorianas retornadas, asiladas y refugiadas, y las personas migrantes venezolanas en Ecuador. El informe destaca la necesidad urgente de regularización migratoria de las personas venezolanas y ofrece recomendaciones concretas para que el gobierno ecuatoriano facilite la residencia de larga duración y la integración socioeconómica.
- En diciembre de 2020, la Red Clamor, una coalición de organizaciones religiosas que incluye a SJR Ecuador, colaboró en la publicación de un informe integral que detalla la situación de las personas migrantes y refugiadas en Ecuador, el impacto de la pandemia en estos grupos y el trabajo que las organizaciones de la Red Clamor han realizado en varias provincias del país.
- En enero de 2020, SJR en conjunto con un grupo de organizaciones de la sociedad civil lanzó una campaña titulada “Nada sobre migrantes sin migrantes” para conmemorar la 12a sesión del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo. La campaña buscó amplificar las voces de las personas migrantes, refugiadas y personas ecuatorianas retornadas, y destacó muchas de las amenazas y desafíos que enfrentan las poblaciones migrantes y refugiadas en todo el mundo, incluyendo la xenofobia, la criminalización y la trata de personas.
Argentina
Como en muchos países, Argentina efectivamente ha cerrado sus fronteras desde el inicio de la pandemia COVID-19, complicando la situación para quienes buscan regularización o residencia de larga duración. Además, el país suspendió su sistema de solicitud de asilo en línea en julio, obligando a los posibles solicitantes de asilo a solicitarlo en persona. Las personas nacionales de los países del Mercosur, incluyendo Venezuela, pueden solicitar una visa de residencia temporal en Argentina, que tiene una validez de hasta dos años. Si bien hay aproximadamente 174.300 personas venezolanas en Argentina, se desconoce el porcentaje regular, ya que los datos del gobierno argentino sobre personas migrantes regularizadas no están desagregados por nacionalidad.
Organizaciones destacadas: Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF)
- En octubre de 2020, CELS y CAREF publicaron un informe integral titulado “Laberintos de Papel: Desigualdad y regularización migratoria en América del Sur”, en el que se evalúan las políticas migratorias en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay y se documenta la importancia de ampliar el estatus migratorio regular para atender las necesidades de las personas migrantes y refugiadas venezolanas. WOLA copatrocinó un evento público para explorar los hallazgos del informe, que se puede ver aquí.
- En agosto, CAREF elaboró un informe sobre el acceso a la vacuna COVID-19 para personas migrantes y refugiadas en Argentina, y cómo la información disponible sobre elegibilidad varía según las provincias. Aunque el plan nacional de vacunación de Argentina está técnicamente disponible para todas las personas, independientemente de su nacionalidad, este informe documenta desigualdades y obstáculos para acceder a la vacuna para quienes no tienen identificación nacional.
- En abril de 2020, CELS publicó un análisis que documenta el acceso al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para personas migrantes y refugiadas residentes en el país, que insta a flexibilizar los requisitos de elegibilidad para que la población migrante y refugiada argentina pueda recibir el IFE.
- En marzo, un grupo de organizaciones incluyendo CELS y CAREF presentó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una evaluación que documenta la situación de las personas migrantes y refugiadas en América del Sur durante la pandemia COVID-19. Luego de recibir este informe, la CIDH exhortó públicamente a los gobiernos regionales a dejar de utilizar la pandemia como justificación para incrementar la detención y deportación de personas migrantes y refugiadas sin el debido proceso.
Chile
El gobierno chileno también ha utilizado la pandemia COVID-19 para justificar políticas migratorias restrictivas. En los últimos meses, el gobierno chileno ha sido criticado por la deportación masiva de personas migrantes y refugiadas de Venezuela sin el debido proceso, y en semanas recientes se ha visto una creciente ola de xenofobia y discriminación contra la población venezolana, particularmente en el norte del país. Las personas venezolanas que deseen reubicarse en Chile pueden solicitar una Visa de Responsabilidad Democrática (VRD) de 1 año, aunque los requisitos de documentación (como una identificación válida y un certificado médico) son difíciles de obtener y las personas solicitantes la deben solicitar primero en el extranjero desde un consulado chileno. El gobierno chileno suspendió miles de solicitudes de visa al inicio de la pandemia COVID-19 el año pasado, pero recientemente reanudó el proceso.
Organización destacada: Asociación Venezolana en Chile (AsoVen Chile)
- En abril, la Asociación Venezolana en Chile publicó un comunicado denunciando la reciente deportación masiva de personas migrantes y refugiadas, la mayoría de nacionalidad venezolana, a quienes no se les permite siquiera realizar llamadas telefónicas ni acceder a representación legal. El comunicado expresó que tales expulsiones masivas violan el derecho internacional, así como la legislación migratoria chilena.
- En febrero, AsoVen Chile expresó su preocupación por las leyes migratorias restrictivas durante la pandemia COVID-19 que han dejado a las personas venezolanas sin más opción que ingresar ilegalmente al país, incrementando su vulnerabilidad a sufrir violaciones de derechos humanos y explotación.
- En junio, un grupo de organizaciones entre las que se encuentra AsoVen Chile, emitió un comunicado conjunto destacando que solo 7 solicitudes de asilo fueron aprobadas en 2020, e instando al gobierno chileno a adoptar una política humanitaria de acogida de personas refugiadas como lo exige el derecho internacional.
- La Asociación Venezolana en Chile en conjunto con otras organizaciones de derechos destacadas en Chile ha denunciado los recientes actos de violencia contra personas venezolanas en la ciudad norteña de Iquique, y para pedir a las autoridades chilenas que aborden la creciente xenofobia en el país.
Brazil
El gobierno brasileño ha sido elogiado por su programa “Operación Acogida” para recibir y regularizar a personas migrantes venezolanas, que tiene como objetivo reubicar personas migrantes y refugiadas venezolanas que se encuentran en la remota región fronteriza a ciudades del interior del país con mejores perspectivas económicas. Sin embargo, desde 2020 el gobierno de Bolsonaro ha utilizado los problemas de salud relacionados con la pandemia para justificar el cierre arbitrario de las fronteras terrestres con el fin de limitar la inmigración procedente de Venezuela, incluso después de que se reanudaran los viajes aéreos a Brasil con fines turísticos y de negocios. En este tiempo, las personas venezolanas han enfrentado restricciones discriminatorias para ingresar al país, aún cuando estas restricciones no se aplicaron a personas de otras nacionalidades. Estas medidas han dejado a muchas personas venezolanas sin otra alternativa que la de ingresar al país por vías informales, imposibilitándoles el acceso a la regularización o al asilo, y dejándolas sujetas a la deportación inmediata.
Organizaciones destacadas: Conectas, Missão Paz
- Conectas y Missão Paz han criticado sistemáticamente las ordenanzas firmadas por el gobierno brasileño a principios de 2020 para cerrar las fronteras terrestres de Brasil, denunciando e instando a que la comunidad internacional condene la forma en que las autoridades brasileñas han denegado la entrada a solicitantes de asilo y migrantes vulnerables.
- En marzo de 2020, Conectas en conjunto con 10 organizaciones de la sociedad civil criticaron los términos del decreto que restringe la capacidad de solicitar asilo, permiten deportaciones inmediatas y parecen apuntar específicamente a las personas venezolanas. En junio y agosto de 2020, Conectas y otras organizaciones de derechos humanos reiteraron estas preocupaciones en una serie de cartas a las autoridades brasileñas, y pidieron una revisión de esta política. Conectas también hizo una presentación en la 47a sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en julio de 2021 sobre el impacto de los cierres fronterizos relacionados con la pandemia y las políticas migratorias restrictivas en los derechos de las personas migrantes venezolanas y refugiadas en Brasil.
- En diciembre de 2020, Conectas y el Centro de Estudios e Investigaciones en Derecho de la Salud de la Universidad de São Paulo (CEPEDISA) realizaron una evaluación de las medidas gubernamentales para cerrar las fronteras terrestres a personas migrantes y refugiadas, concluyendo que la política es injustificable y carece de fundamento científico. El estudio califica la medida de discriminatoria y selectiva, y basada en intereses económicos más que humanitarios o sanitarios.
- En marzo de 2021, Conectas se unió a más de 130 organizaciones de la sociedad civil para emitir una carta conjunta a las autoridades del estado de Roraima denunciando un operativo policial que desplazó a más de 70 personas que se encontraban en un albergue para migrantes, la mayoría venezolanos sin estatus migratorio regular. La carta acusaba a la policía de utilizar una fuerza desproporcionada y criminalizar tanto a las personas migrantes como a quienes trabajan en el albergue para apoyarles.
- Una organización con sede en São Paulo y afiliada a la Red Internacional de Migración Scalabrini, Missão Paz ha estado refugiando directamente, ofreciendo servicios y defendiendo las necesidades de las personas venezolanas que huyeron de su país y han estado en Brasil durante años.
- En octubre de 2020, Missão Paz apareció en un informe que destacaba la labor de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos en países de América del Sur para prestar servicios directos a las poblaciones migrantes y refugiadas, apoyar los esfuerzos de regularización e incidir en las políticas al respecto. El informe destacó el trabajo que Missão Paz hizo en 2020 para apoyar a las poblaciones con inseguridad alimentaria, incidir en el Congreso de Brasil para ampliar las protecciones a personas migrantes y refugiadas durante la pandemia, y denunciar la respuesta militarizada a la entrada de personas migrantes y refugiadas en la frontera norte de Brasil.
Estados Unidos
Si bien Estados Unidos es el mayor donante a la respuesta regional para las personas migrantes y refugiadas de Venezuela, el gobierno estadounidense también tiene un papel importante que desempeñar para garantizar la protección de las personas nacionales de Venezuela en su país. En marzo, el gobierno de Biden designó a Venezuela para el Estatus de Protección Temporal (TPS), dando la oportunidad a más de 300,000 personas venezolanas en Estados Unidos de solicitar estatus legal temporal y autorización de trabajo. Sin embargo, como muchos países del hemisferio, Estados Unidos ha cerrado efectivamente sus fronteras durante la pandemia COVID-19, lo que representa mayores obstáculos para las personas venezolanas que buscan estatus migratorio regular o asilo. Con las economías de toda la región afectadas por la pandemia, un número récord de personas venezolanas se dirige a Estados Unidos, con un número sin precedentes de detenciones de personas de nacionalidad venezolana en la frontera.
Recomendaciones a los gobiernos de las Américas:
- La mejor manera de garantizar que las personas venezolanas migrantes y refugiadas tengan acceso a los derechos a la salud, la identidad, la educación y el empleo formal en sus países de acogida, es la regularización. Los gobiernos de las Américas deberían adoptar programas para extender el estatus migratorio regular a las personas venezolanas, y flexibilizar los requisitos de documentación y tarifas para que estos programas sean accesibles para todas y todos. Los gobiernos también deberían dar prioridad a la implementación de estrategias a largo plazo para regularizar a las personas de Venezuela, en lugar de otorgar visas temporales que tratan la crisis de desplazamiento venezolano como un problema de corto plazo.
- Cesar las deportaciones sumarias de personas venezolanas y otras poblaciones vulnerables. Las deportaciones sumarias violan el derecho internacional de los derechos humanos y constituyen una respuesta inhumana a quienes huyen de un país en crisis.
- Poner fin a los cierres fronterizos selectivos y discriminatorios que niegan el derecho a migrar y solicitar asilo. Los países de toda la región han utilizado la pandemia como justificación para denegar el derecho a solicitar asilo y el estatus migratorio regular. Esas políticas obligan a quienes huyen de un país a tratar de entrar en los países de acogida por vías no oficiales, lo que da lugar a un mayor número de personas que carecen de un estatuto migratorio regular y deja a las personas migrantes y refugiadas en una situación de vulnerabilidad ante la explotación y el abuso.
- La única manera de frenar la propagación de la pandemia COVID-19 es garantizar que todas las personas puedan acceder a la vacuna. Los gobiernos del hemisferio deben garantizar que los planes nacionales de vacunación sean universales y que la información sobre los requisitos para recibir la vacuna esté fácilmente disponible para las personas migrantes y refugiadas, independientemente de su estatus migratorio. Los países también deberían velar por que las personas migrantes y las poblaciones de personas refugiadas, que se han visto desproporcionadamente afectadas por la inestabilidad económica provocada por los cierres relacionados con la pandemia, se incluyan en los planes nacionales de concesión de apoyo económico.
- Los gobiernos de las Américas deben tomar medidas para combatir la desinformación y la retórica xenófoba de las y los políticos y funcionarios gubernamentales que presentan a las personas migrantes y refugiadas venezolanas como delincuentes, o que los culpan por la propagación de la pandemia COVID-19. Este tipo de desinformación es perjudicial para la integración socioeconómica de las personas migrantes y refugiadas venezolanas.
- Priorizar la cooperación regional entre los gobiernos para regularizar y dar respuesta a las personas migrantes y refugiadas venezolanas. La 76a Asamblea General de las Naciones Unidas (del 14 al 30 de septiembre) ofrece la oportunidad de debatir el tema desde una perspectiva regional y global. La crisis migratoria y de refugio venezolana es de carácter transnacional y exige una respuesta multilateral y coordinada a través de las fronteras. Los gobiernos de las Américas deben cumplir los compromisos asumidos durante el Proceso de Quito de coordinarse para garantizar la protección de los derechos humanos de las personas venezolanas que huyen de su país, y deben trabajar para responsabilizarse mutuamente de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
- Financiar plenamente y cooperar con la respuesta regional conjunta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) a las personas venezolanas que huyen de su país. Una respuesta firme a las necesidades de las personas venezolanas que huyen de su país requerirá el apoyo internacional de los países donantes. Las nuevas promesas de financiamiento deberían responder no sólo a las necesidades urgentes de la población más vulnerable, sino también a la necesidad de ampliar la capacidad nacional para tramitar los casos de asilo y ampliar el acceso a la situación migratoria regular.
