Sr. LEAHY. Señor Presidente, el 7 de Junio, el comisionado encargado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo dependiente de la ONU encargado de investigar grupos clandestinos y redes del crimen organizado, renunció. En una conferencia de prensa, enfatizó problemas con el recién nombrado Fiscal General, a quien acusó de obstaculizar las investigaciones de la comisión.
Recientemente, el 5 de Abril, hablé en esta cámara sobre la necesidad que Guatemala contará con un Fiscal General con la integridad, la experiencia, el coraje y la determinación necesaria para demostrar que la justicia puede ser una realidad para toda la gente de Guatemala sin importar su raza, género, o clase social. Desafortunadamente, la elección del Presidente Colom no cubrió las expectativas requeridas para esa posición.
La situación me preocupa profundamente. La Comisión se estableció hace tres años, en respuesta a la petición del Gobierno de Guatemala y con aprobación de la legislatura. Su propósito original era apoyar a Guatemala en investigar y desmantelar las poderosas redes criminales arraigadas en las instituciones estatales y ayudar a fortalecer la capacidad del sistema Judicial, el cual está en un estado disfuncional. Desde su establecimiento, la CICIG ha recibido apoyo político y financiero de la comunidad internacional, incluyendo de los Estados Unidos. Yo, en lo personal, he sido un gran partidario de la Comisión, y me alentó que el Gobierno Guatemalteco y la legislatura tuviesen el coraje político necesario para apoyar esta iniciativa que retaría a las estructuras criminales que amenazan a la frágil democracia Guatemalteca.
Bajo el liderazgo de Carlos Castresana, un jurista y fiscal Español internacionalmente respetado, la CICIG, junto a personal dedicado Guatemalteco del Ministerio Público, la policía, y el apoyo de los tribunales, ha logrado avances significantes, de hecho históricos, en el combate contra la impunidad y el crimen organizado. Su trabajo ha resultado en la investigación de casos de alto perfil, el arresto de decenas de oficiales de gobierno y ex militares, y la purga de miles de policías ligados a grupos ilegales.
Habiendo visto todo el progreso logrado por la Comisión, me entristeció enterarme de la renuncia del Comisionado Castresana. Lo felicito a él, al personal de la Comisión, y a todos los guatemaltecos que han apoyado a la CICIG por su coraje y determinación.
La CICIG es un esfuerzo innovador y una de las pocas estrategias que ha tenido éxito en la lucha contra el crimen organizado y la extensa corrupción institucional. Sus esfuerzos deben continuar. La ONU y el Gobierno de Guatemala deben actuar de manera eficiente y firme si es que la CICIG va a continuar siendo un organismo importante. Le pido urgentemente al Secretario General de la ONU, Ban Ki Moon, que nombre a un nuevo Comisionado de la CICIG con notable experiencia en la investigación y persecución penal de redes del crimen organizado para que los logros de la CICIG continúen bajo el nuevo liderazgo. La integridad y continuidad del personal de la CICIG es de igual importancia.
En Guatemala, el Gobierno necesita enfrentar los problemas que tanto frustraron al Comisionado Castresana. Afortunadamente, la Corte Constitucional Guatemalteca anuló la elección del Fiscal General, quien subsecuentemente renunció. Este es un paso positivo pero requiere seguimiento. El próximo Fiscal General de Guatemala debe estar comprometido a trabajar de manera cercana y apoyar los esfuerzos de la CICIG. Además debe estar comprometido a la reforma de la Policía Nacional Civil, el establecimiento de cortes de alto impacto para combatir el crimen organizado capaces de brindar mayor seguridad a los jueces, testigos, y fiscales, el establecimiento de una cárcel de máxima seguridad, y otras iniciativas de la legislatura Guatemalteca que faciliten la investigación y persecución penal del crimen organizado.
La labor, sin embargo, no es solamente del Fiscal General. La implementación de muchas de las recomendaciones de la CICIG ha sido atrasada repetidamente. El Gobierno de Guatemala – el poder ejecutivo, la legislatura y las cortes – debe actuar de manera contundente y demostrar que son capaces de implementar reformas contra la impunidad, fortalecer y profesionalizar la fuerza policial e instituciones judiciales. Además, debe demostrar que es un socio efectivo en la lucha contra el crimen organizado. Reformar la Policía Nacional Civil, la cual es ampliamente percibida como una institución corrupta, inefectiva, y que no rinde cuentas y cuyos oficiales están mal pagados, mal entrenados y mal equipados, es una prioridad crítica. Espero que haya progreso substancial en estas áreas lo antes posible.
Los Estados Unidos están proveyendo asistencia para mejorar las instituciones Guatemaltecas, en particular a través de la Iniciativa de Seguridad Regional en Centroamérica. Sin embargo, como encargado del Subcomité de Apropiaciones del Departamento de Estado y Operaciones en el Exterior, se me complicaría justificar la inversión de más recursos en el sistema judicial de Guatemala al menos que su propio gobierno demuestre un compromiso serio a eliminar la impunidad y a combatir el crimen organizado y la corrupción, los cuales tienen que ser eliminados de raíz de las instituciones estatales.
Le insto al Gobierno de Guatemala que muestre, en este momento crítico, su firme compromiso a la CICIG y a tomar los pasos necesarios para terminar la impunidad y fortalecer el Estado de Derecho para que los Estados Unidos puedan continuar trabajando conjuntamente con Guatemala para abordar sus numerosos retos.
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Para más información, puede comunicarse con Adriana Beltrán, la Coordinadora Principal del Programa de Seguridad Ciudadana, al teléfono 1-202-797-2171 o por email a abeltran@wola.org.
