9 Sep 2015 | Análisis | Noticias

Conclusiones principales del reciente informe del Grupo de Expertos investigando el caso Ayotzinapa

El 6 de septiembre de 2015 el grupo de expertos internacionales proporcionando asistencia técnica al gobierno mexicano en la investigación sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes en Guerrero, México, emitió un extenso informe de 560 páginas sobre sus primeras conclusiones tras seis meses de trabajo. A continuación se presentará un resumen de las conclusiones y recomendaciones principales del informe, así como información sobre la investigación inicial del gobierno mexicano y su respuesta al informe.

Antecedentes del caso Ayotzinapa

El 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero incautaron cinco autobuses en Iguala, Guerrero con la intención de viajar a la Ciudad de México para una protesta. Los estudiantes fueron perseguidos y violentamente atacados por la policía municipal; 43 de los estudiantes fueron detenidos y su destino todavía no ha sido aclarado. El caso ha provocado protestas masivas en México y a nivel internacional, ya que demuestra el fracaso del gobierno mexicano para investigar y procesar eficazmente violaciones de derechos humanos y otros delitos, incluso casos de alto perfil, y el fracaso de no abordar el problema de las desapariciones forzadas en el país.

El 27 de enero de 2015, el entonces procurador general de México, Jesús Murillo Karam, presentó las conclusiones del gobierno sobre el caso, las que llamó la “verdad histórica“. En esta versión, el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, ordenó el ataque contra los estudiantes porque temía que habían llegado a Iguala con la intención de sabotear un evento político en el que su esposa estaba presentando. En una serie de ataques, la policía municipal de Iguala y de la ciudad vecina, Cocula, atacaron a los estudiantes y detuvieron a 43 de ellos. Según el gobierno, estos 43 estudiantes fueron posteriormente entregados al grupo del crimen organizado local, los Guerreros Unidos, quienes mataron a los estudiantes y quemaron sus cuerpos en un basurero en Cocula. Los restos quemados se recogieron en bolsas de basura y se desecharon en el Río San Juan en Cocula.

Anteriormente, en octubre del 2014, los investigadores mexicanos habían descubierto bolsas en el río que contenía los supuestos restos quemados de los estudiantes. Los contenidos de estas bolsas fueron analizados en un laboratorio especializado de la Universidad de Innsbruck en Austria, donde se identificaron los restos de uno de los estudiantes, Alexander Mora Venancio, en diciembre del 2014. Sin embargo, muchos de los restos están tan severamente quemados que ha sido casi imposible realizar las pruebas forenses. En febrero del 2015, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que ha acompañado a la investigación forense como experto independiente desde octubre del 2014, expresó sus dudas sobre la teoría del caso del gobierno mexicano y dejó en claro que no estaba presente cuando las bolsas fueron recuperadas del río y que las bolsas ya se encontraban abiertas cuando el EAAF fue convocado por la Procuraduría General de la República (PGR).

Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)

Tras el ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa, las familias de las víctimas y sus representantes legales, así como el gobierno mexicano solicitaron la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En noviembre de 2014, las tres partes firmaron un acuerdo que creó el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI). El GIEI está formado por cinco expertos: Carlos Martín Beristain (España), Angela Buitrago (Colombia), Francisco Cox Vial (Chile), Claudia Paz y Paz (Guatemala) y Alejandro Valencia Villa (Colombia). Su mandato es buscar a los estudiantes desaparecidos, desarrollar líneas de investigación, brindar atención a las víctimas y ayudar a hacer frente al problema de desapariciones forzadas en general en México. El GIEI inició su labor en marzo de 2015 y tenía un mandato inicial de seis meses con la posibilidad de extenderse. En agosto de 2015, el GIEI solicitó una prórroga de su mandato dadas las solicitudes de información pendientes, las tareas relacionadas con peritajes forenses que deben ser completadas y la investigación de evidencia pérdida, entre otras cuestiones. Además de su más reciente informe sobre sus primeras conclusiones, el GIEI ha presentado cinco informes mensuales que describen los avances en la investigación, así como varias áreas de preocupación.

Conclusiones principales del informe del GIEI

1.  Los estudiantes que no fueron quemados en el basurero

El GIEI no encontró ninguna evidencia para apoyar la versión oficial del gobierno que sostiene que los 43 estudiantes desaparecidos fueron incinerados en el basurero de Cocula el 27 de septiembre de 2014. El GIEI trabajó con un especialista en incendios de reconocimiento internacional para examinar el basurero de Cocula, donde los estudiantes presuntamente fueron asesinados y quemados. El especialista no encontró evidencia de un incendio que tuviera las dimensiones mínimas requeridas para quemar 43 cuerpos ni  tampoco evidencia de que existieran suficientes materiales combustibles para alimentar un incendio de tal dimensión y durante el tiempo necesario para quemar los cuerpos. Además un incendio de tales dimensiones hubiera provocado un incendio forestal en la zona que rodea el basurero. Además, hay indicaciones de que estaba lloviendo la noche de la supuesta cremación de los estudiantes.

2.  Todas las fuerzas de seguridad en la zona eran conscientes del ataque prolongado y coordinado contra los estudiantes pero no intervinieron para proteger a los estudiantes

Además de los 43 estudiantes desaparecidos forzadamente, seis personas, entre ellas tres estudiantes fueron ejecutadas extrajudicialmente, más de 40 personas resultaron heridas, algunas de gravedad, y más de 180 personas fueron víctimas directas de violaciones de derechos humanos. El GIEI informó que los estudiantes fueron atacados en nueve momentos en el transcurso de tres horas, y que todas las autoridades de la zona, incluyendo la policía estatal y federal, así como el ejército, sabía de los movimientos de los estudiantes y de los ataques en su contra por parte de policías pero no les brindaron protección. Además, varios testimonios señalan la presencia de fuerzas de seguridad en las diferentes escenas de los crímenes durante varios momentos de la noche; por ejemplo, tras la detención de los estudiantes, una patrulla del ejército visitó la comisaría donde un grupo de estudiantes fue presuntamente llevado. Además, los expertos concluyen que el carácter prolongado del ataque, con la participación de varias patrullas y dos cuerpos de policía diferentes (de Iguala y de Cocula), señala la necesidad de un nivel de coordinación central que dio las órdenes.

3.  El motivo de los ataques

El GIEI rechaza que el motivo del ataque contra los estudiantes era evitar su intervención en el evento político en Iguala. Cuando los estudiantes llegaron a Iguala, el evento de la esposa del ex alcalde Abarca Velázquez ya había concluido. Los estudiantes habían llegado a Iguala para incautar autobuses (una práctica tradicional de normalistas) e ir a la Ciudad de México para participar en una manifestación el 2 de octubre.

Más bien, el GIEI concluye que un posible motivo del ataque masivo y prolongado contra los estudiantes fue su intervención sin intención en una red de tráfico de drogas que utiliza los autobuses en Iguala para el transporte de drogas. Guerrero es un gran productor de amapola e Iguala es un importante lugar para el tráfico de heroína hacia el norte, específicamente a Chicago, Illinois en los Estados Unidos.

Existen contradicciones y omisiones graves en el expediente de la PGR respecto a la existencia de un quinto autobús incautado ​​por los estudiantes la noche de los ataques, a pesar de que los estudiantes sobrevivientes informaran sobre él y que fue incluido en la primera investigación por parte de la procuraduría del estado de Guerrero. El GIEI plantea la hipótesis de que este quinto autobús podría haber contenido drogas ilícitas o dinero. Los expertos señalan varias razones por las cuales el quinto autobús requiere más investigación, incluyendo contradicciones en el testimonio del chofer, el hecho de que era el único autobús que no fue atacado violentamente esa noche, y que hay diferencias evidentes entre el autobús que fue presentado como el que salió esa noche y el autobús registrado en cámaras de seguridad durante la noche de los ataques.

Dado el nivel extremo de violencia utilizada contra los estudiantes para evitar la salida de los autobuses de la ciudad, el GIEI considera que esta hipótesis es un motivo lógico por el ataque y recomienda su investigación.

Recomendaciones claves del informe del GIEI

  • Continuar con la búsqueda. El GIEI informe que es incierto el destino de los estudiantes desaparecidos, y pide que el gobierno mexicano siga con la búsqueda de los estudiantes.
  • Abrir nuevas líneas de investigación. El GIEI recomienda que el gobierno mexicano abra nuevas líneas de investigación, especialmente la investigación sobre la posible intervención en el tráfico de drogas como motivo de los ataques. Aunque el GIEI concluye que los estudiantes no fueron incinerados en el basurero  de Cocula, dada la identificación de los restos quemados de Alexander Mora Venancio en diciembre de 2014, el GIEI recomienda que el gobierno investigue hornos de cremación públicos y privados en la zona.
  • Investigar a las autoridades. El GIEI recomienda que se realice una investigación a todos los funcionarios públicos que hayan obstruido la investigación, y que también que se investiguen a todas las fuerzas de seguridad cuyos elementos estuvieron presentes durante la noche de los ataques, incluyendo el ejército y la policía estatal, federal y ministerial, por su papel en los ataques o por su fracaso de cumplir con su obligación de proteger a los ciudadanos.
  • Abordar la problemática más amplia de desapariciones forzadas en México. El GIEI recomienda que el gobierno mexicano diseñe e implemente un procedimiento de búsqueda de personas desaparecidas. El GIEI también resalta la urgente necesidad de aprobar legislación en materia de desapariciones forzadas y la necesidad de crear un registro único nacional de personas desaparecidas.

Respuesta del gobierno mexicano y los próximos pasos

El 6 de septiembre,la Procuradora General de la República, Arely Gómez, quien reemplazó al ex procurador general Jesús Murillo Karam poco después de que él había presentado la versión del gobierno de la desaparición de los estudiantes, afirmó que su oficina analizará todos los aspectos del informe para determinar si incorporarlos en la investigación, pero no se refirió a las graves discrepancias entre las conclusiones del gobierno y los hallazgos del GIEI. El 7 de septiembre, el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, defendió la teoría del gobierno, afirmando que los estudiantes desaparecidos fueron asesinados y quemados en el basurero de Cocula. Zerón de Lucio rechazó la recomendación de abrir nuevas líneas de investigación y confirmó la creación de un grupo colegiado de peritos forenses para revisar y validar el peritaje de la PGR. Aunque el Subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Betanzos, reveló que la PGR investigará el uso de autobuses en el tráfico de drogas como un posible móvil del ataque, él también rechazó que el informe del GIEI descarta la teoría del gobierno sobre el basurero.

En cuanto al mandato del GIEI, en agosto la CIDH anunció una prórroga de su mandato y dio a los representantes de las familias de los estudiantes y al gobierno mexicano hasta el 15 de septiembre para decidir sobre la posible renovación del mandato. La Procuradora General Gómez confirmó que el gobierno mexicano solicitará una prórroga del mandato para que el GIEI concluya sus trabajos. La recién nombrada Secretaria de Relaciones Exteriores Claudia Ruiz Massieu está en conversaciones con los representantes legales de las familias y con la CIDH para convenir el plazo y los términos de la prórroga.

Dadas las varias deficiencias en la manera en que el equipo original de la PGR manejó la investigación del caso, deben asignar nuevos investigadores dentro de la PGR para coordinar el trabajo con el GIEI. Las primeras conclusiones del GIEI piden un replanteamiento importante del caso y los posibles motivos, lo que requiere que los investigadores estén abiertos a explorar otras teorías. El gobierno mexicano debe pensar en las familias y las víctimas y no priorizar la conveniencia sobre la veracidad. Después de casi un año de buscar la verdad y la justicia, las familias y las víctimas de los ataques de septiembre de 2014 merecen una explicación completamente respaldada por la evidencia científica.

Haga clic aquí para leer el comunicado de WOLA sobre el informe del GIEI.

Para leer el informe completo del GIEI y otros materiales sobre el caso, haga clic aquí.