11 Jun 2012 | Análisis | Noticias

Consolidación, restitución de tierras y tensiones crecientes en Montes de María

Durante casi cinco años, con el apoyo de los Estados Unidos, Montes de María en Colombia ha sido una región prioritaria para el Plan Nacional de Consolidación Territorial –PNCT o Consolidación–. El PNCT, como hemos explicado en otros informes, es el programa sucesor del Plan Colombia. Se trata de una estrategia de construcción de Estado que combina aspectos militares y civiles, y que se desarrolla en algunas regiones de Colombia caracterizadas por la escasa presencia del Estado. Montes de María es una región históricamente conflictiva, integrada por quince municipios, ubicada cerca del Mar Caribe, aproximadamente a dos horas de Cartagena por tierra.

En noviembre de 2011, varios municipios de la región de Montes de María, incluyendo los cuatro donde se desarrolla el programa Consolidación –San Onofre y Ovejas en Sucre, y El Carmen de Bolívar y San Jacinto en Bolívar– fueron visitados por investigadores de cuatro organizaciones; dos de ellas con sede en Washington –la Washington Office on Latin America (WOLA) y el Center for International Policy (CIP)–, y las otras dos en Bogotá –el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) y la Asociación MINGA–. En agosto 2011, funcionarios de WOLA también habían recorrido la región, en compañía del Representante de Massachusetts Jim McGovern.

Map of Montes de Mar?a municipalities

En la visita de noviembre, encontramos una zona en la cual, después de varios años de paz relativa, las tensiones son cada vez mayores. El Gobierno Nacional está preparándose para lanzar un ambicioso programa de restitución de tierras a las víctimas. Por su parte, la Consolidación le da un rol importante a las Fuerzas Armadas, al tiempo que brinda asistencia a los pequeños agricultores, incluyendo a las poblaciones desplazadas que regresan, y contribuye en el fortalecimiento del gobierno local. Esto sucede en el marco de un escenario de rápida concentración de la tierra, el considerable incremento de la violencia contra líderes de los pequeños agricultores que reclaman sus tierras, las dudas sobre la gobernabilidad local y la presencia de “nuevos” grupos paramilitares.

El programa de restitución de tierras, una iniciativa que viene de Bogotá, y el programa Consolidación, diseñado en Bogotá y Washington, enfrentan un contexto que es complejo, en el mejor de los casos, y completamente hostil, en el peor. Para tener éxito, ambos programas necesitarán de gran voluntad política, recursos, compromiso de altos funcionarios y un plan bien definido. A partir de entrevistas con funcionarios militares y civiles, representantes del gobierno local, expertos en desarrollo, líderes de la sociedad civil y analistas, entre otros, concluimos que estos elementos aún son incipientes.

Montes de María

En un país que nunca llevó a cabo una verdadera reforma agraria, la región de Montes de María se destaca por albergar parte del activismo campesino más cohesionado y dinámico de Colombia. También se caracteriza por la ferocidad de la respuesta violenta de los paramilitares — respaldados por algunos terratenientes — frente a dicho activismo, particularmente a finales de la década de 1990 y principios de la de 2000. Esto se evidencia en el completo informe del Grupo de Memoria Histórica de Colombia publicado en 2010, en el cual se explica en detalle la lucha por la tierra en esta fértil región.

[E]sa zona reunía dos condiciones esenciales. La primera, esa gran región fue el epicentro del más importante movimiento campesino de la segunda mitad del siglo XX, no sólo en Colombia sino quizás en América latina: la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC, contemporá- nea de la también notable Confederación Campesina del Perú. Y la segunda razón fue que en esa zona – y no por azar- se incubó el proyecto político-militar de captura regional del Estado y de configuración de una base social sumisa que incluía de paso el desmantelamiento de la organización campesina y la reversión de las parcelaciones realizadas desde los años sesenta..

La campaña de terror paramilitar en Montes de María, que llegó a su cúspide entre 2000 y 2002 sin oposición militar, incluyó docenas de masacres tan atroces que los nombres de las poblaciones donde ocurrieron –El Salado, Chengue, Macayepo, Mampuján y otros – son tristemente célebres en toda Colombia. En los cuatro municipios donde se desarrolla el PNCT, más de 110 mil personas –más de la mitad de la población– fueron desplazadas por causa de la violencia desde 1995, según un informe confidencial de un consultor financiado por el PNCT.

Casa abandonada en Chinulito, SucreEn el transcurso de la década de 2000-2010, la región de Montes de María se volvió paulatinamente más pacífica. Los paramilitares que llegaron a dominar la zona se sometieron a un proceso de desmovilización concertado con el Gobierno y – quizás lo más importante –encontraron una oposición significativa por parte de la Armada – la principal fuerza militar de la zona– durante la segunda mitad de la década. Por su parte, los guerrilleros del frente 37 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fueron desalojados del área después de la muerte de su principal comandante alias “Martin Caballero”, durante un bombardeo en la que fueron dados de baja 19 guerrilleros más. Actualmente, las fuerzas de seguridad de Colombia –la Armada, con el apoyo de otros componentes militares del Comando Conjunto Caribe, la Policía en los cascos urbanos y tres unidades rurales de 150 policías carabineros cada una, – enfrentan la escasa oposición violenta en Montes de María.

Sin embargo, la actividad ilegal sigue siendo común. No se cultiva la coca –la planta que se usa para fabricar la cocaína– pero grandes cantidades de esa sustancia siguen saliendo de esta región por el Caribe. Es notoria la acción de los “nuevos” grupos paramilitares, especialmente Los Rastrojos y Los Urabeños, principalmente en el norte y el occidente de la región.

Mientras tanto, la región de Montes de María adquirió notoriedad en toda Colombia por los vínculos entre sus maquinarias políticas y los paramilitares unificados en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El escándalo colombiano de la “parapolítica” golpeó duramente a la clase política local, al enviar a la cárcel a gobernadores, senadores y representantes al Congreso. Sin embargo, sus padrinazgos y redes de influencia permanecen intactos. En la mayoría de los municipios, los mismos grupos políticos siguen teniendo el control después de las elecciones de alcaldes y gobernadores de octubre de 2011. El recién elegido Gobernador del departamento de Sucre viene de una “casta que ha gobernado por años a pesar del ‘paramilitarismo’, según informó el diario que más circula en Colombia, El Tiempo.

Aunque obtuvieron la mayoría de los votos, los políticos locales fueron objetivo de las mayores expresiones de descontento de los ciudadanos de la región. Los niveles de corrupción siguen siendo alarmantes. El municipio más grande de la región, El Carmen de Bolívar, tuvo cerca de tres docenas de alcaldes interinos en 2009. Los habitantes de San Onofre nos comentaron que durante
las últimas elecciones se gastaron aproximadamente el equivalente de dos millones de dólares, usando fondos de dudosa procedencia, para ganar la empobrecida Alcaldía Municipal.

Con menos violencia y el retorno de algunos desplazados, la región de Montes de María es sede de algunos proyectos bandera del Gobierno apoyados por la comunidad internacional. Éstos incluyen el programa de restitución de tierras puesto en marcha mediante una ley aprobada en junio de 2011; el “Laboratorio de Paz” de programas de desarrollo social y económico apoyado por la Unión Europea; una propuesta para declarar gran parte de la región como “Zona de Reserva Campesina”, en la cual se restringirían las ventas de minifundios; y, por supuesto, el Plan Nacional de Consolidación Territorial.

El Programa Consolidación en Montes de María

El Gobierno colombiano lanzó el PNCT en Montes de María a mediados de 2007, convirtiéndola en la segunda zona –después de la región de La Macarena en el centro sur de Colombia– en recibir una inversión significativa coordinada por el Centro de Coordinación de Acción Integrada (CCAI) a nivel nacional. Al principio, el programa fue dirigido por un oficial militar activo –un general de la Armada conocido en la región por romper con los precedentes y hacer frente a los paramilitares–.

El esfuerzo en Montes de María contó con asesoría y apoyo del Comando Sur de los EE.UU., y desde principios de 2008, con recursos de la Office of Transition Initiatives (OTI) de la U.S. Agency for International Development (USAID). La OTI es una unidad diseñada para implementar proyectos de desarrollo de pequeña escala y “rápido impacto”, en el corto plazo, con agilidad y menos burocracia. El Comando Sur y la OTI apoyaron la creación del “Centro de Fusión” de Montes de María, que más tarde fue rebautizado “Centro de Coordinación”: una oficina ubicada en Cartagena en la cual representantes del Ejército, la Policía y expertos en desarrollo de la parte civil del estado trabajarían juntos en el mismo espacio para coordinar la gestión del PNCT. El Centro de Coordinación, administrado por la oficina de Acción Social de la Presidencia de Colombia, abrió sus puertas a principios de 2009 (Veáse el informe “After Plan Colombia” del CIP publicado en 2009, para un análisis en profundidad del programa Consolidación en Montes de María a partir de mediados de 2009).

San Juan Nepomuceno, Bol?varEl programa de la OTI –cuyas misiones están diseñadas para cumplirse en el corto plazo– terminó a mediados de 2010, y fue reemplazado por la sede de USAID, que centró sus actidades en la administración de un contrato de cinco años por US$32 millones para apoyar el esfuerzo de Consolidación en Montes de María. El contrato para este proyecto fue otorgado a CHF International, una empresa de Washington D.C. CHF trabaja con el Centro de Coordinación en una serie de programas de asistencia y desarrollo de capacidades para los cuatro municipios escogidos para la Consolidación.

Los programas apoyados por CHF, que ostentan el muy visible nombre de “Colombia Responde”, comenzaron a desarrollarse durante el segundo semestre de 2010. “Colombia Responde” busca “trabajar colectivamente con múltiples actores y en coordinación con los gobiernos locales y regionales para establecer un estado sostenible de paz y seguridad” en Montes de María.

En 2009 el principal objetivo del programa de Consolidación en Montes de María era ayudar a algunas comunidades de desplazados que retornaban, a recuperar sus tierras y a mejorar sus condiciones económicas. Aunque éste sigue siendo uno de sus componentes, la misión de “Colombia Responde” es más amplia. Hoy el programa tiene dos objetivos: fortalecer las capacidades del gobierno local y la sociedad civil, e incrementar las oportunidades económicas.

Los funcionarios de “Colombia Responde”, junto con consultores que trabajan como asesores en política pública, hacen énfasis en el desarrollo de capacidades, brindando capacitación y dictando talleres frecuentes sobre temas como administración, planeación, participación y transparencia. Mediante el proyecto “Acción Participativa para la Participación Comunitaria”, el programa trabaja con las comunidades en planes de desarrollo a corto plazo, y los líderes comunitarios están capacitados para desarrollar planes y presupuestos realistas. Se han presentado a las alcaldías veinte planes comunitarios, para los cuales se espera cofinanciación a partir de finales de 2011. La capacitación continuada busca preparar a los gobiernos locales y a los líderes comunitarios para que garanticen la transparencia en el gasto de los recursos públicos.

La línea de generación de ingresos de “Colombia Responde” ha incluido algunos proyectos de infraestructura de “rápido impacto”, especialmente de mejoras a algunos tramos de vías terciarias que conectan a los agricultores con los mercados. Sin embargo, el grueso de la construcción de vías primarias está siendo realizada por la Infantería de Marina. El programa “Colombia Responde” patrocina “proyectos productivos” –programas de desarrollo agrícola– con las comunidades, la mayoría de las cuales incluyen a desplazados que han regresado. Según los funcionarios de “Colombia Responde” se consulta a los participantes de los proyectos productivos sobre lo que desean producir y ellos reciben asistencia técnica, asistencia en seguridad alimentaria y crédito. En los casos en que tengan que pasar algunos años para recoger la primera cosecha –como en el caso del cacao, una elección frecuente de las comunidades–, los agricultores reciben un subsidio equivalente al salario mínimo proveniente de un fondo que se reabastece con las utilidades resultantes de su producción.

Foto de una casa“Colombia Responde” administra un proyecto para agricultores anteriormente desplazados llamado “Volver a mi Tierra”, el cual les brinda acompañamiento en el regreso a sus comunidades de origen, cubriendo sus necesidades básicas. Como parte de ese proyecto, algunos agricultores recibirán apoyo para la obtención de títulos de propiedad sobre sus tierras. Este proceso de legalización de tierras –paralelo al programa de restitución de tierras que acaba de ponerse en marcha en todo el país– es espantosamente lento y complicado. En el municipio de Ovejas, por ejemplo, “Colombia Responde” aspira otorgar títulos de propiedad sobre más de trescientos terrenos, pero hasta noviembre de 2011 sólo lo había logrado con veinticinco.

Por otra parte, la participación del Ejército colombiano y las fuerzas de la Policía en el programa de Consolidación, con un significativo apoyo estadounidense de valor monetario no conocido, ha sido importante y al menos tan visible como “Colombia Responde”. La Armada y la Policía se han enfocado en brindar s
eguridad, construir vías e infraestructura y realizar periódicamente reuniones con las comunidades.

Evaluaciones del PNCT en Montes de María

En una reunión de líderes campesinos efectuada en Bogotá para discutir la propuesta de Zonas de Reserva Campesina, tuvimos la oportunidad de hablar por separado con representantes de las comunidades de San Onofre, El Carmen de Bolívar y Ovejas que participan en los programas de “Colombia Responde”. Aunque los funcionarios de Consolidación no estaban presentes, el grupo elogió el programa con efusividad. En particular, destacaron la rapidez en la llegada de la ayuda, la consideración de sus aportes en el proceso, la mejora en las relaciones de las Fuerzas Armadas con la población y el respeto con que han sido tratados por primera vez por parte de las instituciones del Gobierno de Colombia.

Como factores en contra, reconocieron la demora en la entrega de los títulos de las tierras y la poca confianza en los gobiernos locales (alcaldías). Además, manifestaron sentirse apartados de comunidades cercanas que no reciben ayuda del programa.

La mayoría de las preocupaciones y críticas sobre el programa fueron expresadas por comunidades que no participaban en el programa –de algunos municipios de Montes de María diferentes a los cuatro donde se desarrolla el PNCT– o por activistas campesinos, analistas y expertos en desarrollo que no están relacionados con el programa. Las principales críticas que escuchamos fueron las siguientes:

  • El programa tiene un ámbito geográfico limitado, ya que excluye gran parte de la región de Montes de María: “¿Cómo pueden trabajar sólo en cuatro de los quince municipios?”, preguntó el director de otro programa de desarrollo. “Es como si la madre de quince hijos favoreciera a cuatro de ellos”.

  • La planeación en algunos casos no es suficiente y en otros es excesiva: Durante las fases iniciales del PNCT en Montes de María (2007-2010), el Centro de Coordinación con sede en Cartagena fue blanco de algunas críticas por carecer de un plan de acción detallado, según nos manifestó un funcionario del programa. La reducida planta de personal de la oficina –un representante del Ejército, uno de la Policía y dos de la Oficina de Acción Social de la Presidencia de Colombia– tenía una serie de objetivos programáticos y un bosquejo de las acciones a ejecutar. Pero su plan del proyecto no llegó muy lejos. “Tenían una propuesta, pero una propuesta no es un plan de acción”, dijo este funcionario. CHF –que depende directamente de USAID y no del Gobierno colombiano– le ha dado prioridad a la rigurosidad y el profesionalismo en los procesos de planeación, desde cuando comenzó a operar en 2010.

    Por otra parte, algunas comunidades manifestaron que se estaba haciendo tanto énfasis en la planeación que ésta parecía sustituir a la acción. “Vemos muchos talleres y reuniones, pero no suficientes resultados”, manifestó un líder comunitario de Ovejas quien participó en un taller de capacitación. Aunque esto puede deberse simplemente a la impaciencia por la no inmediatez de los beneficios, estas opiniones son preocupantes ya que una percepción de inactividad puede lesionar la credibilidad del programa entre la población.

  • Las fuerzas armadas desempeñan roles adicionales a los que le corresponden: Representantes del Ejército y la Policía del Centro de Coordinación nos aseguraron que, en campo, la presencia del PNCT es “fundamentalmente civil”. Sin embargo, al igual que en otros lugares de Colombia, el PNCT involucra a la Fuerza Pública en roles que poco o nada tienen que ver con el combate ni con la protección de la población y que pueden ser desempeñados por civiles, bajo condiciones de seguridad adecuadas. Estos roles incluyen la construcción de infraestructura, especialmente de la que será la única carretera pavimentada que cruza Montes de María de oriente a occidente. Algunos entrevistados criticaron la calidad y la lentitud en la construcción de esta vía –se estaba construyendo cuando hicimos nuestra visita en 2009, y todavía no está terminada– y manifestaron que el Ministerio de Transporte habría hecho un trabajo mejor que el de Defensa. Otros, sin embargo, reconocieron que los daños ocasionados por las graves inundaciones en otros lugares desde 2010 hicieron que los constructores, tanto civiles como militares, fueran llamados a otras áreas para arreglar las carreteras.

    Conocimos de otras actividades inusuales de la Fuerza Pública tales como la prestación de servicios de salud, la capacitación de niños en edad escolar para evitar el abuso doméstico y la conformación de asociaciones de líderes campesinos para que trabajen con el PNCT. En ese mismo sentido, es preocupante lo expresado por los líderes de Ovejas con respecto a la compra de tierras a los campesinos de ese municipio por parte de oficiales activos del Ejército, lo cual no hemos podido corroborar.

  • Se presume que falta voluntad para trabajar con las organizaciones y procesos existentes: “No vinimos a dividir a la gente”, nos dijeron los funcionarios del Centro de Coordinación. Pero en otros lugares, escuchamos una reiterada preocupación sobre la llegada de un programa grande y con buenos recursos a una zona que –a diferencia de la apartada frontera agrícola de la región de La Macarena– cuenta con varias organizaciones sociales y programas de desarrollo. “Colombia Responde tiene un ‘complejo de Adán’”, expresó un líder campesino de El Carmen, acusando al programa de actuar como si fuera el primero en llegar a la región. Un líder de Ovejas se quejó de que el programa está “creando redes de organizaciones alternativas innecesarias”. Otros manifestaron que “Colombia Responde” no contrataba a las empresas ni a las organizaciones existentes para ejecutar los proyectos y que, por el contrario, adjudicaba los contratos a grupos foráneos o recién constituidos.

    Algunos entrevistados consideran al PNCT como una clara competencia, mientras otros, suspicazmente, ven una estrategia deliberada de “divide y vencerás”. Un activista de El Carmen nos dijo que “a los viejos de la ANUC realmente les duele ver cómo el grupo se está dividiendo”. Un funcionario de un programa de desarrollo existente, que sigue una metodología más pausada y orientada a procesos, se mostró preocupado porque los proyectos de rápido impacto del PNCT estén cambiando la cultura local: “la gente quiere ver la plata antes de trabajar”.

  • No hay suficiente presencia del sistema judicial: El Plan de Consolidación pretende fortalecer la presencia de entidades gubernamentales civiles en zonas que históricamente no han contado con ella. En Montes de María, donde la situación de seguridad no impide que operen agencias gubernamentales civiles, la presencia civil ha aumentado al menos ligeramente. Sin embargo, el sistema judicial se ha quedado atrás. Los habitantes de El Carmen de Bolívar nos dijeron que su pueblo, el más grande de la región, cuenta con sólo tres jueces. En San Onofre sólo existe un juez y un fiscal. Esto no es suficiente para manejar tantos casos de delitos violentos, corrupción, violaciones de derechos humanos, fraudes relacionados con tierras y otros asuntos de vital importancia para el éxito de la Consolidación.

  • Existe preocupación con respecto a la ética y los intereses de los líderes políticos locales. El PNCT hace mucho énfasis en el trabajo con los gobiernos locales, que canalizan importantes recursos del Gobierno central, dirigen a la Policía, y comparten responsabilidades en tema
    s como la tenencia de la tierra y la atención a los desplazados. Algunos alcaldes y gobernadores de Montes de María “se metieron en serios problemas” por el escándalo de la “parapolítica”. Aunque los funcionarios actuales no enfrentan acusaciones de la misma gravedad, reiteradamente escuchamos opiniones de inconformidad con respecto a la desorganización, el tráfico de influencias – la politiquería–, el clientelismo y la corrupción de los funcionarios departamentales y municipales que tendrían que ser los principales aliados del PNCT. También es motivo de preocupación el hecho de que los funcionarios electos, aunque no estén acusados de corrupción, probablemente protegen los intereses de quienes más recursos aportaron a sus campañas, es decir, los grandes propietarios de tierras y de la agroindustria que masivamente han adquirido tierras cultivables en la región de Montes de María en los últimos años.

Un contexto turbulento: la tenencia de la tierra y las víctimas

El problema que se cierne sobre Montes de María, como nube que presagia la tormenta, es la tierra: quién la controla, quién la compra, quién la vende y quién es sacado de ésta por la fuerza. La tenencia de la tierra es la principal preocupación en esta región excepcionalmente fértil y estratégicamente ubicada. Las políticas de Consolidación y de restitución de tierras, con el liderazgo de funcionarios aparentemente bien intencionados, están tratando de hacer frente a este tema. Pero están operando en un complejo contexto de intereses encontrados y tensiones crecientes sobre la propiedad de la tierra.

En 2007, el desalojo del área de las FARC y la mejorada acción de la Infanteria de Marina de hacer frente a la violencia paramilitar trajeron un período de calma y, con éste, un muy marcado incremento en los precios de la tierra . Desde entonces, inversionistas adinerados y compañías misteriosas –la identidad de sus socios es un secreto muy bien guardado– han escudriñado Montes de María en busca de tierra para comprar, acrecentado la desigualdad en la tenencia de la tierra en la región.

El periodista colombiano Alfredo Molano menciona los nombres de algunas de las empresas misteriosas, cuyos nombres también escuchamos durante nuestras visitas: “Tierras de Promisión, Arepas Don Pancho –o Don Juancho–, Agropecuaria El Carmen y Agropecuaria El Génesis” . Algunas estimulan las ventas de tierra encubiertas bajo la apariencia de asociaciones de apoyo al desarrollo. Los nombres más citados incluyen la “Federación de Líderes de Montes de María” y la “Corporación Amigos de Montes de María”. Esta corporación se identifica, desde su logotipo, de una forma tal que se asemeja mucho a la Fundación de Desarrollo y Paz de los Montes de María y que puede generar que se confunda con ella. Esta última fundación es la organización sin ánimo de lucro que administra los proyectos del “Laboratorio de Paz” de la Unión Europea.

El logotipo de una asociaci?n de compradores parece el del Laboratorio de Paz.Los potenciales vendedores son campesinos minifundistas que quedan en la región, muchos de los cuales recibieron sus parcelas del Gobierno gracias al movimiento campesino por la tierra de las décadas de 1960 y 1970. Algunos venden a los recién llegados porque las ofertas parecen generosas. Otros venden porque, después años de haber sido forzados a desplazarse a ciudades como Cartagena y Sincelejo, ya no quieren vivir en el campo.

Pero muchos más venden porque no encuentran otra alternativa. Algunos deben sumas de dinero enormes e insostenibles, por cuenta de los créditos del Gobierno que utilizaron para comprar sus propiedades –préstamos que no pudieron pagar después de ser desplazados por la violencia hace una década–. Otros venden porque los compradores de tierra que acaban de llegar están comprando todas las parcelas de sus vecinos, rodeándolos de propiedades privadas y, a veces, aislándolos de las vías de acceso y de las fuentes de agua. Muchas de las personas que han sido desplazadas por la fuerza han visto cómo sus títulos de propiedad les son robados “debajo de sus narices” por delincuentes que se confabulan con funcionarios corruptos del registro de tierras y otras entidades. Y otros, de los que se hablará más adelante, venden a causa de las amenazas y la intimidación. La información recopilada por la ONG colombiana ILSA (Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos) demuestra una marcada correlación entre las zonas de compra masiva de tierras y las de mayor desplazamiento en Montes de María.

No todos los compradores son especuladores sospechosos. Algunas de las empresas más grandes de Colombia –ArgosMonterrey y Colanta– han iniciado proyectos agroindustriales en Montes de María en los últimos años. Los productos más cultivados incluyen forestales como la teca, caña de azúcar -principalmente para biocombustibles– y palma de aceite –para alimentación y biocombustibles–. Estas extensas áreas de monocultivos son rentables, pero dan empleo a pocas personas, pues, por ejemplo, la palma de aceite requiere aproximadamente de un empleado por hectárea.

Planta procesadora de la palma en Mar?alabaja, Bol?varUno de los pioneros del monocultivo de palma de aceite en Colombia es Carlos Murgas, ex Ministro de agricultura. Murgas ha invertido mucho en el cultivo de palma de aceite en los terrenos que rodean su planta procesadora en el municipio de María La Baja, el cual limita con dos de los municipios escogidos para la Consolidación (solicitamos una cita con los directores de la planta procesadora, pero no nos fue concedida). Los líderes locales manifestaron que, a diferencia de otros inversionistas de grandes proyectos de monocultivo, Murgas no está comprando propiedades masivamente; más bien, su empresa alienta –algunos dijeron que presiona– a las comunidades cercanas a cultivar palma para la planta procesadora de aceite. “Murgas es un gran experto en economía agrícola”, escribe Alfredo Molano, “lo cual le permitió ver claramente que el verdadero negocio no está en la posesión de la tierra, sino en controlar su uso” . O como lo expresó un experto en desarrollo de forma más sucinta: “¿Para qué quieres tener más propiedades si eres Murgas?”

Los campesinos minifundistas que quedan en la región están organizándose para responder a la concentración de tierras. En 2010, el gobierno de Juan Manuel Santos sorprendió a muchos aceptando en principio una antigua solicitud de los grupos campesinos de la región: el establecimiento de una Zona de Reserva Campesina con la cual se limitarían los tamaños de las parcelas y las compraventas. La idea de crear una zona de este tipo –figura establecida en una ley de 1994– no se cristalizó durante el gobierno de Álvaro Uribe en
tre 2002 y 2010. Uribe fue partidario de un mercado libre sin restricciones en el campo y asoció públicamente las zonas de reserva con los intereses de la guerrilla. El proceso de crear ese tipo de zonas está avanzando, y una de ellas está a punto de ser aprobada y delimitada en Montes de María.

Los grupos campesinos quieren una zona más grande que la propuesta por el Gobierno. Por otra parte, algunos funcionarios del Gobierno –incluyendo a los responsables del Plan de Consolidación– han manifestado la preocupación de que la Zona de Reserva restrinja demasiado el mercado de tierras, haga bajar los precios y, de este modo, imposibilite la obtención de créditos. Por su parte, quienes apoyan la propuesta de la Zona de Reserva expresaron recelo en el sentido de que la Consolidación “vaya en la otra dirección”, ya que las comunidades que se benefician del PNCT pueden estar menos dispuestas a participar en la Zona. No hace falta decir que los inversionistas que afanosamente están comprando tierras en la región se oponen acérrimamente a la creación de una Zona de Reserva Campesina y se dice que están peleándose para acumular tanto territorio como sea posible antes de que ésta sea establecida oficialmente.

Tensiones y amenazas

Con este despliegue de fuerzas, y la inminencia del ambicioso programa de restitución de tierras, las tensiones y amenazas se incrementaron en Montes de María en 2011. Las frecuentes acciones violentas contra los campesinos de la región nos alarmaron pues éstas podrían ser las primeras señales de una retaliación violenta de los terratenientes.

Latifundio al sur de San Onofre, SucreCuando hablan sobre las amenazas en su contra, generalmente las comunidades no se refieren a los “nuevos” grupos paramilitares activos en gran parte del norte de Colombia, especialmente en el departamento de Córdoba, al occidente de la región. Manifiestan que aunque grupos como Los Rastrojos y Los Urabeños están presentes en el área, éstos han limitado sus actividades principalmente al narcotráfico. “Ellos hacen su envío y se van”, dijo un habitante de San Onofre.

Más bien, los líderes locales se refirieron simplemente a “hombres armados” como los responsables de los actos de violencia e intimidación. Algunos insinuaron que pueden estar vinculados con los grandes terratenientes y compradores de tierra.

Al menos cuatro líderes de grupos que han recibido tierras, o que las han solicitado,fueron asesinados en la región de Montes de María entre mayo de 2010 y junio de 2011. Estas muertes, en su mayoría, se registraron en San Onofre, municipio donde el líder paramilitar “Cadena” ubicó su cuartel general en el apogeo de la violencia entre 2000 y 2002.

  • Rogelio Martínez fue asesinado el 18 de mayo de 2010, cerca de la finca La Alemania en San Onofre. La Alemania es un caso muy conocido. Se trata de una finca de 550 hectáreas que el Gobierno otorgó en 1997 a 52 familias organizadas, sólo para que los paramilitares de las AUC se apoderaran de ellas.

  • Óscar Mausa, un líder desplazado que trataba de recuperar sus tierras en el departamento de Antioquia, fue asesinado el 24 de noviembre de 2010 en San Juan Nepomuceno.

  • Éder Verbel fue asesinado el 23 de marzo de 2011 en San Onofre (la familia Verbel fue destacada por su labor de activismo en favor de las víctimas, en unartículo de 2005 del New York Times sobre San Onofre).

  • Antonio Mendoza, un líder comunitario desplazado y Concejal por el partido de izquierda Polo Democrático, fue asesinado el 20 de junio de 2011 en San Onofre.

Los líderes del Movimiento de Víctimas de San Onofre dijeron que la segunda mitad de 2011 fue un poco más calmada, aunque las amenazas siguieron llegando con frecuencia. Mientras tanto, en Ovejas continúan las tensiones en torno a los esfuerzos de 113 familias por recuperar La Europa, una finca que les fue otorgada en 1969 y de la cual fueron desplazados por los paramilitares. Al regresar al área, las familias descubrieron que gran parte de su tierra cultivable había sido comprada por una empresa misteriosa llamada “Arepas Don Juancho”. Las casas campesinas de la finca La Europa fueron demolidas o quemadas por “desconocidos” al menos dos veces en 2011. En San Jacinto, a la conmemoración de la masacre de Las Palmas, ocurrida en 1999, acudieron huéspedes que no estaban invitados: hombres que tomaban fotografías desde un vehículo todoterreno estacionado cerca. Cuando se investigó la matrícula del vehículo, se encontró que pertenecía a “los señores de la compra de tierras”.

Algunos de los episodios recientes más preocupantes han ocurrido en María La Baja, el municipio de la región donde más se cultiva palma de aceite. Conocimos relatos sobre grupos de hombres armados que entran a las veredas de áreas donde los precios de la tierra son altos, principalmente por el acceso al Distrito de Riego de María la Baja. Con listas en mano, amenazan e interrogan a los miembros de la comunidad, exigiendo información sobre su actividad económica y los recursos que reciben del Gobierno municipal.

Es alarmante que líderes de María La Baja manifestaran haber registrado once casos de violación sexual por parte de grupos armados durante septiembre y octubre. La violencia sexual parece tener un patrón según el cual, los hombres armados invaden una casa, amenazan, amarran al dueño y violan a su esposa, no a sus hijas ni a ninguna otra mujer presente. Después, los hombres armados se van y, en la mayoría de los casos, la familia abandona la tierra.

El miedo está creciendo, especialmente en las áreas donde las compras de tierra son mayores. Las amenazas son un límite enorme para el trabajo de las organizaciones campesinas. Todavía están frescos los recuerdos del derramamiento de sangre de hace diez años y no es difícil disuadir a la gente de que se organice o ejerza presión por reclamaciones de tierras. “Hay que tener cuidado”, nos dijeron los líderes comunitarios de Ovejas. “No se pueden usar palabras como ‘movilización social’ ni hablar sobre derechos humanos”.

Una reorganización en la cúpula

El Plan de Consolidación y “Colombia Responde” apoyado por EE.UU., , deben operar dentro de este contexto. De un lado se encuentran los pequeños agricultores que reclaman su tierra, temen el despojo y promueven medidas como las Zonas de Reserva Campesina. De otro lado están los grandes terratenientes y sus aliados en el sistema político local.

Zambrano, Bol?varEl PNCT se encuentra en una posición difícil: su mandato le exige que trabaje con los pequeños agricultores en el otorgamiento de títulos de propiedad de la tierra –y en su restitución–, así como en proyectos productivos. Pero su mandato también le exige que trabaje con los gobiernos locales, incrementando las capacidades de las instituciones que han mostrado poco interés en la protección de los pequeños agricultores y que incluso han colaborado con los despojadores.

Para hacer frente a la resistencia local y proteger a sus beneficiarios, el PNCT y Colombia Responde –al igual que las agencias que llevarán a cabo
la restitución de la tierra– necesitarán un apoyo claro, fuerte y visible del Gobierno central de Bogotá. Sin embargo, los mensajes de la capital son contradictorios.

Durante la mayor parte de 2011, la administración Santos pareció haber puesto en segundo plano al PNCT. El programa sufrió un proceso de “replanteamiento” y reorganización, con quince grupos de trabajo temáticos en los que participaban sesenta agencias gubernamentales. Los resultados de esta revisión iban a ser anunciados con un lanzamiento formal esperado para junio de 2011, que luego fue postergado hasta después de las elecciones locales de octubre. Sin embargo, a la fecha de este informe no se había hecho ningún anuncio formal de una nueva estrategia.

Posteriormente, la Presidencia colombiana reorganizó su agencia de desarrollo social –que cuenta con importantes recursos de financiación–, antes conocida como Acción Social. Esto, dicen oficiales, le daría a la Consolidación una posición más destacada, autónoma, y quizás menos ligada a las prioridades militares, dentro de la Presidencia,.

En noviembre, Acción Social fue reemplazada por una agencia aún más grande en la Presidencia de Colombia, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social-. Esta agencia tiene cuatro programas, de los cuales uno –Recuperación y Desarrollo Territorial– incluye la recientemente creada Unidad de Consolidación y Restructuración Territorial. El director de esta Unidad, Álvaro Balcázar, dirigió previamente el Programa de Consolidación de La Macarena. Balcázar nos informó que el Gobierno colombiano comprometerá $1,5 mil millones de dólares para el PNCT a nivel nacional entre 2011 y 2014 .

Ahora que Bogotá ha terminado de reordenar las cosas, el Gobierno central tendrá que esforzarse para que su presencia se sienta en Montes de María. Ayudar a los campesinos de esa región a adquirir el derecho a permanecer en su tierra y a disfrutar de una mayor prosperidad económica, puede resultar difícil, especialmente mientras se pone en marcha la política de restitución. Si realmente ésta es la misión de la citada Unidad y del programa “Colombia Responde”, se necesitarán más recursos y mayor respaldo político directo del Departamento para la Prosperidad Social, y las comunidades destinatarias también necesitarán mayor protección de las fuerzas de seguridad nacional.

Recomendaciones

Con base en nuestras observaciones en Montes de María, recomendamos que la nueva Política de Consolidación y Reconstrucción Territorial adopte los siguientes ajustes de manera urgente:

  1. Hacer mayor esfuerzo para proteger a las comunidades campesinas en los cuatro municipios, sean o no destinatarios directos de la ayuda del PNCT. Esto significa una mejora en los tiempos de respuesta y en la calidad de las investigaciones frente a las amenazas. En zonas rurales, también significa la implementación de procedimientos para determinar si la respuesta recae en las Fuerzas Armadas o en la Policía, la cual –a excepción de las unidades especializadas de Carabineros– normalmente no opera por fuera de los cascos urbanos. La ausencia de guerrilleros no significa que Montes de María sea hoy una zona de paz social. Las fuerzas de seguridad deben trabajar para eliminar la presencia de los “nuevos” paramilitares y otros grupos criminales. El sistema judicial debe esforzarse para hacer frente a los servidores del Estado afines a estos grupos criminales, así como a los compradores ilegales de tierra de la región.

  2. Para que esto se lleve a cabo, el sistema judicial debe, primero que todo, hacerse presente en Montes de María, aumentando la cantidad de jueces, fiscales e investigadores, cuyas oficinas deben ser provistas de equipos modernos, particularmente bases de datos y la tecnología necesaria para resolver las reclamaciones de tierras. Los casos de asesinatos de líderes defensores de los derechos sobre la tierra deben concluir en fallos rápidos y visibles contra los responsables. Reducir la impunidad es la mejor manera de evitar futuros asesinatos.

  3. Las acciones deben asegurarle a los campesinos que la “Consolidación” no los despojará. De forma reiterada escuchamos el temor de que una presencia mayor del Estado redundará en presiones para sacar de su tierra a los pequeños agricultores. En opinión de muchos, el Estado es equivalente a los grandes terratenientes, incluyendo a los que actualmente están haciendo compras masivas. El PNCT debe romper con ese imaginario, demostrando mediante acciones su objetivo de ayudar a los agricultores a quedarse en sus tierras pero sin empujarlos hacia una economía de monocultivos. El otorgamiento de títulos de propiedad sobre la tierra es la acción que ofrece mayor seguridad de que no habrá despojo. Las fuerzas de seguridad deben garantizar que la protección de las tierras y comunidades campesinas es prioritaria, lo cual sería un cambio histórico. Los funcionarios de Bogotá deben hacer presencia con mayor frecuencia en la zona, tanto para acompañar a los campesinos que reciben la tierra, como para hacerle frente a la oposición de quienes están acumulándola y concentrándola.

  4. Trabajar con los funcionarios locales seguirá siendo un desafío, dadas las actuales quejas sobre clientelismo, corrupción y favoritismo hacia los grandes terratenientes. Esto es crucial porque a los ojos de la población, el comportamiento de los funcionarios locales puede o bien mantener o bien destruir la credibilidad de todo el Estado colombiano. En este sentido, la principal recomendación es que la Política de Consolidación continúe haciendo lo que sus funcionarios dicen que está haciendo: desarrollar la capacidad de administración y dirigir los recursos especialmente hacia los funcionarios del gobierno local que, a juicio del programa, sean competentes y honestos. Si los encargados del PNCT encuentran evidencia de corrupción deben garantizar que el sistema judicial las investigue y sancione. Otra área que vale la pena explorar es el estímulo y la protección a quienes las denuncien.

  5. Una solicitud frecuente que expresaron las comunidades es que la Consolidación haga mayor énfasis en la construcción de vías, las cuales son necesarias para el éxito económico de los “proyectos productivos” que apoya. Compartimos esta recomendación, a pesar de la realidad de que construir carreteras es caro, y de que han habido daños significativos causados por las inundaciones desde 2010.

  6. También escuchamos solicitudes orientadas a que en la planeación del desarrollo, la Consolidación trabaje con organizaciones campesinas y de desplazados que ya existen, en vez de crear nuevas estructuras. Aunque no pudimos determinar hasta qué punto esto sucede, transmitimos esta recomendación.

  7. Finalmente, al igual que en otros lugares, la Consolidación debe garantizar que su componente militar transfiera a los civiles, lo más pronto posible, las tareas que no tienen que ver con seguridad. La Consolidación no debe dejar en Montes de María como legado permanente Fuerzas Militares que realicen funciones adicionales a las que les compete como por ejemplo, soldados constructores de vías y organizadores comunitarios.