El siguente análisis, elaborado por Maureen Meyer, Vicepresidenta para Programas, fue publicado en la edición de octubre de 2021 de la revista mexicana Brújula Ciudadana.
Desde 2014 ha habido un cambio significativo en el flujo migratorio hacia los Estados Unidos. Ese año, por primera vez, las autoridades estadounidenses detuvieron más personas migrantes no mexicanas que mexicanas en la frontera entre los Estados Unidos y México. Además, las características de las personas migrantes también han cambiado: ya no son principalmente hombres solteros yendo a los Estados Unidos en búsqueda de mayores oportunidades económicas, sino que cada vez más hay individuos, familias y menores no acompañados huyendo de sus países de origen en búsqueda de la protección. Aunque la mayoría de las personas migrantes no mexicanas son de Centroamérica, principalmente desde mediados de 2020 y sobre todo en 2021 hemos visto también un aumento significativo de la migración desde Venezuela, Ecuador, Brasil, Cuba, y un gran número de personas haitianas, la mayoría de las cuales salieron de su país hace varios años, que ahora están migrando desde Brasil, Chile y otros países por la falta de trabajo frente a la crisis económica provocada por COVID-19 y un persistente contexto de racismo y discriminación en su contra. Queda claro que estamos frente a una nueva realidad migratoria regional. No obstante, a pesar de las promesas de campaña de crear un sistema humano y respetuoso de los derechos de las personas migrantes y de restaurar el acceso al asilo en la frontera, hasta el momento el gobierno de Biden, con el apoyo del gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, ha priorizado detener y desincentivar a la migración, con consecuencias graves para las personas migrantes y solicitantes de asilo.
El gobierno de López Obrador se ha vuelto cómplice con las políticas migratorias del gobierno estadounidense, tanto durante la presidencia de Trump como con Biden. Aceptó recibir a las personas solicitantes de asilo procesadas en el programa Quédate en México, sin asegurar su alojamiento y acceso a otros servicios en México y sin tomar medidas para garantizar su protección en el país (por lo menos 1,500 de ellas fueron víctimas de delitos como secuestro, robo, y violación sexual durante su estancia en México). El gobierno mexicano también aceptó y sigue aceptando un gran número de personas migrantes no mexicanas expulsadas bajo el Título 42.
Aunque por el momento los gobiernos de los Estados Unidos y México han optado por una respuesta a los flujos migratorios enfocada en la detención y deportación, no tendría que ser así. Hay muchas oportunidades para ampliar la colaboración entre ambos gobiernos para atender a los flujos regionales de migrantes y personas solicitantes de asilo y para el gobierno mexicano negar ser cómplice del gobierno de Biden en la implementación de políticas que violan el derecho internacional. Pueden leer aquí más información sobre lo que podría ser un nuevo marco de cooperación en materia migratoria entre ambos países.