(Foto AP/ Oliver de Ros)

8 Jan 2020 | Análisis

Los corruptos de Guatemala amenazan con socavar el legado anticorrupción

Adeline Hite y Álvaro Montenegro

Durante la década pasada, la ciudadanía de Guatemala vivió algo sin precedentes en el país: un movimiento popular de anticorrupción. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente sui géneris respaldado por las Naciones Unidas que ha funcionado como un apoyo independiente al Ministerio Público, llevó a los guatemaltecos en una serie de casos de corrupción de alto impacto que involucraron a personas poderosas de los sectores político y económico del país. 

El movimiento ha tomado pasos importantes encaminados a fortalecer el sistema de justicia. El Ministerio Público, con apoyo de la CICIG, investigó más de 100 casos de corrupción de alto perfil, procesó judicialmente a 660 personas, y ha obtenido la condena de más de 400 de ellas. A su vez, la Comisión propuso o ayudó a implementar una docena de reformas que modernizaron los métodos y herramientas de investigación, y fortalecieron las instituciones de justicia. Las encuestas más recientes revelan que la CICIG recibió más del 70 por ciento del apoyo popular del pueblo de Guatemala.

A pesar del amplio apoyo de la población Guatemalteca, un esfuerzo coordinado para revertir los avances logrados empezaba a tomar forma. El presidente de Guatemala Jimmy Morales y algunos de sus aliados en el Congreso y el sector económico empezaron una estrategia pro-impunidad que estigmatizó a líderes sociales y operadores de justicia, aprobó leyes de impunidad para protegerse a sí mismos, y asfixió a los medios de comunicación y a las empresas que apoyaron la lucha contra la corrupción. La campaña pro impunidad también tuvo un componente internacional. El cabildeo realizado en Estados Unidos tuvo un gran impacto en el apoyo político a la CICIG y por primera vez en más de diez años se quebrantó el consenso bipartidista que venía respaldando a la CICIG y la lucha contra la corrupción.

En particular, mientras estaba siendo investigado por el Ministerio Público y la CICIG por financiamiento electoral ilícito, el presidente anunció que su administración no renovaría el mandato de la Comisión. Aunque la Corte de Constitucionalidad dictaminó que la decisión del presidente de terminar unilateralmente el mandato de la CICIG era ilegal, la administración de Morales ignoró el fallo y procedió con su decisión. En septiembre de 2019, la CICIG cerró sus puertas después de una década de trabajo histórico.

Pero para la coalición de actores corruptos, la salida de la CICIG no fue suficiente. Hoy, estos grupos buscan revertir muchos de los avances alcanzados en los últimos 12 años y así poder recuperar el control de las instituciones del Estado. Esto pone en grave riesgo algunos temas claves relacionados con el Estado de derecho y la justicia en Guatemala, incluyendo la independencia del Ministerio Público y demás instituciones de justicia, el proceso de selección de las altas cortes del país, la seguridad de los individuos y organizaciones quienes luchan por el fortalecimiento de las instituciones del Estado y una mayor rendición de cuentas. Después de una década histórica de progreso, el riesgo de que las instituciones guatemaltecas sean totalmente cooptadas de nuevo por grupos criminales es alto.

El Ministerio Público y La Fiscalía Especial Contra la Impunidad

Dada la naturaleza híbrida de su mandato, la CICIG nunca hubiera sido capaz de promover tantas investigaciones de alto perfil sin el apoyo y el liderazgo del Ministerio Público. Durante su presencia en el país, la CICIG trabajó adecuadamente con las Fiscales Generales Claudia Paz y Paz (2010-2014) y Thelma Aldana (2014-2018). Sin embargo, el apoyo a los esfuerzos de anticorrupción ha disminuido durante el mandato de la actual Fiscal General Consuelo Porras, quien no ha tomado acciones decisivas encaminadas a defender el legado de la CICIG y los logros alcanzados. 

La falta de medidas decisivas de Porras es particularmente preocupante dadas las recientes tendencias que afectan a la Fiscalía de Delitos Administrativos, bajo la competencia de la fiscal general. Durante los últimos años, esta fiscalía ha jugado un rol importante en exponer oficiales públicos quienes cometieron delitos graves de corrupción, y fue utilizada por fiscales generales como una herramienta para ayudar a limpiar las instituciones de justicia. Sin embargo, familiares y abogados de individuos implicados en casos de corrupción cada vez más utilizan esta fiscalía para presentar denuncias cuestionables contra los jueces y fiscales involucrados en sus casos. En lugar de rechazar rápidamente estas quejas espurias, han permanecido sin resolver durante meses sin justificación.

Otra importante unidad de investigación bajo el ámbito de la fiscal general y cuyo futuro está en limbo es la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). Creada en 2008 para trabajar en conjunto con la CICIG, la FECI se asoció con la Comisión en 92 casos, incluidos algunos de los casos de corrupción más grandes de Guatemala. El personal altamente calificado de aproximadamente 64 personas ahora soporta el peso de algunos de los casos de corrupción más complejos y de más alto perfil del país. 

Tras una petición del jefe de la FECI, la Fiscal General Porras acordó convertir a la FECI en una fiscalía de sección que pueda continuar su trabajo ahora únicamente bajo la competencia del Ministerio Público. Sin el apoyo de la CICIG, la FECI necesitará más recursos y apoyo decidido del Ministerio Público para poder dar continuidad a las investigaciones en curso y responder a nuevas denuncias que permitan seguir avanzando en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, el personal de la FECI tiene alrededor de 80 demandas de mérito espurias en su contra, una táctica utilizada para detener o apartar al personal de la FECI de los casos. Juan Francisco Sandoval, el jefe de la FECI, ha sido sistemáticamente atacado y para julio de 2019 habían sido presentadas unas 20 demandas en su contra. Hasta la fecha, Porras no ha dado indicaciones claras sobre qué tipo de apoyo, garantías de continuidad y protecciones recibirá la FECI ahora que la CICIG no esté en Guatemala.

El futuro de los casos actualmente en curso

Un número importante de caso de corrupción de alto impacto están actualmente moviéndose en las cortes, sin embargo, sin un compromiso claro para continuar investigando la corrupción, el futuro de muchos de estos casos emblemáticos es incierto.

A continuación, un resumen de casos importantes para seguir observando:

La Línea

Este es uno de los casos anticorrupción más emblemáticos de Guatemala, ya que implica tanto a un ex presidente como a una vicepresidenta. El Ministerio Público y la CICIG descubrieron evidencia de que la administración de Otto Pérez Molina estaba operando una sofisticada red de contrabando en las aduanas del país. Según las investigaciones, el personal aduanero involucrado daba a importadores tasas impositivas reducidas a cambio de sobornos. Los sobornos fueron para el entonces Presidente Pérez Molina y la Vicepresidenta Roxana Baldetti y ascendieron a millones de dólares, según el juez que lleva  el caso. La investigación de La Línea involucró 88,920 escuchas telefónicas, 5,900 correos electrónicos interceptados y 175,000 documentos.

En octubre de 2017 el juez Miguel Ángel Gálvez encontró evidencia suficiente para enviar a 28 personas a juicio, incluyendo a otros funcionarios de alto nivel de la administración de Pérez Molina. El juicio está programado a iniciar en marzo de 2020, en medio de la creciente frustración del público por los retrasos en los procedimientos. El tribunal que preside el caso, el Juzgado de Mayor Riesgo D, ha enfrentado una presión creciente para absolver a los acusados, lo que sería un duro golpe para la lucha contra la corrupción en Guatemala. 

Caso Fenix

El caso Fénix involucra a Gustavo Herrera, un poderoso guatemalteco con conexiones políticas que le han permitido influir significativamente en los procesos de selección de altos funcionarios de justicia durante la última década. Según las pesquisas, Herrera coordinó una red que intentó malversar unos $50 millones de dólares de fondos públicos de la Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). La jueza que preside el caso, Erika Aifán, ha alertado que recibe cada vez más amenazas desde que comenzó a manejar este caso.

Blanca Stalling y el “Bufete de Impunidad”

La ex magistrada de la Corte Suprema de Guatemala, Blanca Stalling, fue acusada de tráfico de influencias por buscar proteger a su hijo de enjuiciamiento. Según la investigación, Stalling se acercó al juez Carlos Ruano Pineda buscando presionarlo para evitar una sentencia condenatoria en contra de su hijo por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, los enlaces de Stalling con redes de corrupción presuntamente van más allá del caso anterior. Un informe de Plaza Pública arrojó luz sobre los diversos vínculos de Stalling con el “Bufete de Impunidad”, un caso que implica una gran red de abogados y jueces que utilizaron sus conexiones e influencias para garantizar resultados legales favorables para sus clientes a cambio de un recompensa financiera. El caso expuso la corrupción generalizada dentro del poder judicial, su papel en garantizar la impunidad, y sirvió como evidencia del papel fundamental de la Fiscalía y la CICIG.

Caso Construcción y Corrupción y Alejandro Sinibaldi 

En 2017, el ex candidato presidencial y ministro del ex presidente Otto Pérez Molina, Alejandro Sinibaldi, fue acusado de administrar una red de lavado de dinero y corrupción. Sinibaldi está acusado de recibir $10 millones de dólares en sobornos de empresas de construcción nacionales que canalizó a través de compañías fantasmas. A cambio, otorgó a estas compañías un trato preferencial en los contratos durante su tiempo como Ministro de Vivienda, Infraestructura y Comunicaciones.

Además, nueva evidencia ha revelado un esquema de corrupción aún más amplio y complejo que conduce a la segunda fase del caso de Construcción y Corrupción. Esta fase identifica una gama de nuevos actores que se involucraron en la corrupción transnacional a través de pagos realizados a compañías offshore, pagos por contratar asesoramiento, pagos de sobornos por financiamiento electoral ilícito y adquisición de bienes. Alrededor de una docena de miembros del sector privado y tres abogados han sido condenados en la segunda fase del caso, algunos de los cuales permanecen en libertad.

En diciembre de 2019, el Departamento de Estado de los Estados Unidos designó públicamente a Sinibaldi debido a su participación en la corrupción, eliminando la posibilidad de que él y su familia ingresen a los Estados Unidos.

Caso Financiamiento Electoral Ilícito 

El caso de financiamiento electoral ilícito, también bajo la dirección de la jueza Aifan, involucra al partido político conservador Frente Convergencia Nacional (FCN Nación). Actores vinculados a este caso incluyen a miembros de las élites económicas más poderosas del país acusados de haber financiado la campaña política de Jimmy Morales sin haber reportado dichas contribuciones conforme la ley.

Sin la presencia de la CICIG, no se sabe cuál será la postura de la parte acusadora, ya que en una audiencia anterior el MP pidió el cierre del caso, tomando en cuenta que los personajes sindicados fueron quienes comandaron las campañas contra la CICIG a nivel nacional e internacional. 

Manipulación del proceso de selección de las altas cortes

El 2019 también coincide con el proceso de selección de nuevos magistrados de la Corte Suprema y jueces de la Corte de Apelaciones. Asegurar la elección de jueces independientes, idóneos y con la debida honorabilidad y trayectoria profesional es esencial para el Estado de derecho y la imparcialidad de los procesos judiciales. El proceso de selección es donde los operadores políticos corruptos ven la mayor oportunidad de intentar encontrar jueces corruptibles dispuestos a participar en el proceso para así poder recuperar el control de las instituciones de justicia y garantizar su impunidad. La CICIG y el Ministerio Público descubrieron un ejemplo de esta manipulación durante la selección de funcionarios de las altas cortes en 2014.

Conforme la ley, los candidatos son nominados por una comisión de postulación compuesta por decanos de las facultades de derecho de Guatemala, representantes del Colegio de Abogados del país y, en el caso de la comisión de la Corte Suprema, jueces de las cortes de apelación. La lista de candidatos producida por la comisión luego va al Congreso, el cual es el encargado de seleccionar la lista de finalistas para ocupar los puestos judiciales. A primera vista, la participación de la academia parece servir como una forma para lograr un proceso de selección más objetivo. Sin embargo, debido al papel clave que juegan las cortes, en el pasado, las comisiones de postulación han sido infiltradas por representantes de universidades de cartón que llegan con agendas políticas específicas o acuerdos con actores corruptos. Según la investigación de CICIG y el MP, el empresario y operador político guatemalteco, Roberto López Villatoro, creó una estructura paralela durante el proceso de selección de 2014 para influir sobre los miembros de la comisión de postulación y miembros del Congreso. En un caso particular, los investigadores descubrieron que López había pagado un departamento de lujo para un juez de la corte de apelaciones miembro de la comisión de postulación. 

El actual proceso de selección también se ha visto empañado por irregularidades y alianzas que plantean dudas sobre la independencia de los candidatos. A pesar de estar detenido, parece ser que la red de López Villatoro continúa operando y está en plena vigencia, con jueces de su lista del 2014 participando en la comisión de postulación del actual proceso. 

Otro de los operadores políticos más influyentes durante este ciclo es el ex rector de la Universidad de San Carlos (USAC), Estuardo Gálvez. Abogado de 30 años y ex miembro de muchas comisiones de nominaciones, Gálvez ha obtenido una influencia significativa sobre el proceso con aliados en la USAC y el Colegio de Abogados.

En adición a las preocupaciones sobre su independencia, cabe señalar que la comisión de postulación tampoco ha evaluado a los jueces de acuerdo con la Ley de Carrera Judicial del país. En 2016 fueron aprobadas una serie de reformas a la Ley de Carrera Judicial para incorporar estándares internacionales de independencia judicial a los procesos de selección. A pesar de haber sido aprobadas, estas no fueron implementadas. Es más, la comisión de postulación no ha realizado procedimientos básicos como entrevistar y evaluar candidatos. Por esta razón, la Fundación Myrna Mack presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad solicitando reiniciar el proceso y llevar a cabo las reformas aprobadas. 

El Congreso había considerado cambiar la ley una vez más para remover algunos de los estándares adoptados en el 2016, sin embargo, la Corte de Constitucionalidad accedió a la solicitud de la Fundación Mack y el proceso se reinició y se estableció un cronograma. Las evaluaciones de los 346 candidatos se realizaron desde la resolución de la corte, aunque los resultados no son públicos. Los críticos advierten que la forma apresurada de llevar a cabo el proceso bajo la actual administración para mantener ciertas alianzas, aun poco probable, ha resultado en un proceso improvisado. Un nombre preocupante que aún figura en la lista de candidatos es el juez Víctor Cruz, quien ha sido acusado por el Ministerio Público de malversación y acusado por los medios de investigación de recibir sobornos para perseguir a la ex Fiscal General Thelma Aldana. Otro candidato, el juez Mynor Moto, ha sido el centro de controversia por las decisiones de liberar a los acusados ​​en casos importantes de corrupción como el caso del Bufete de Impunidad.

Más allá de los esfuerzos para manipular el proceso, las amenazas y ataques contra jueces individuales, específicamente aquellos que supervisan casos de corrupción de alto perfil, están en aumento. Las amenazas y ataques denunciados contra jueces aumentaron un 22 porciento entre 2017 y 2018 y muchos no son investigados. Erika Aifán, una jueza que actualmente preside algunos de los casos de corrupción más delicados, se ha enfrentado a múltiples ataques, además de tener una serie de denuncias espurias en su contra ante la fiscalía de delitos administrativos. En un momento memorable, el día en que la CICIG finalizó su mandato, amigos y familiares de funcionarios públicos acusados ​​de corrupción manifestaron frente a la sede de la CICIG con carteles con su rostro.

Además, el gobierno de Morales, el presidente del Congreso y otros han encabezado múltiples intentos para remover a magistrados de la Corte de Constitucionalidad, en lo que se considera una retribución por sus fallos con respecto a los esfuerzos anticorrupción.

Es importante tener en cuenta que sin la presencia de la Comisión, y con una reacción continua y poderosa de sectores de la sociedad guatemalteca interesados en frenar la lucha anticorrupción y prohibir la creación de cualquier instrumento que se asemeje a la CICIG, más de 100 empleados nacionales altamente capacitados de la CICIG luchan por encontrar estabilidad laboral dada la estigmatización contra el organismo internacional.

Ataques contra el movimiento anti-corrupción 

Además de las y los jueces que presiden los casos de corrupción de alto nivel, muchos defensores de derechos humanos y líderes sociales también se encuentran en un mayor estado de riesgo. Actores prominentes de la sociedad civil que jugaron un rol crítico durante el proceso de paz, denunciaron la violencia posconflicto e impulsaron importantes reformas del sector justicia para que los graves abusos contra los derechos humanos pudieran ser sancionados, también han jugado un importante papel en impulsar la agenda anticorrupción. Guatemaltecos poderosos interesados en mantener el estatus quo están actuando coordinadamente desde el Congreso, en las redes sociales, en los tribunales y en las calles para intimidar a muchas organizaciones e individuos que defienden la justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho. 

Como señaló la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígena después de una visita a Guatemala en Mayo de 2018:

“El Presidente de Guatemala ha manifestado públicamente su hostilidad a las organizaciones de derechos humanos; varios proyectos de ley que examina el parlamento y están impulsados por entidades del sector privado tienen por objeto restringir la labor de las organizaciones no gubernamentales y de los medios sociales, estigmatizar a los pueblos indígenas que defienden sus derechos y tildarlos de delincuentes y terroristas contrarios al desarrollo.”

Campañas de difamación coordinadas contra defensores de derechos humanos son publicadas frecuentemente en las redes sociales y muchas veces son circuladas por cuentas alineadas con el gobierno y magnificadas por “net-centers,” o centros donde se administran cientos de cuentas a la vez para amplificar ciertos mensajes. Un informe recientemente publicado por el Centro de Derechos Humanos de la Asociación Americana de Abogados explica que, si bien muchas de las publicaciones identificadas atacando a  defensores de los derechos humanos a través de una cuenta alineada con el gobierno no incitan a la violencia explícitamente, el contenido podría verse como “información errónea que contribuye a causar violencia o daño físico inminente”.

Más allá de los operadores de justicia independientes, algunos de los objetivos más vulnerables de los ataques incluyen:

  • El Procurador de Derechos Humanos (PDH) Jordan Rodas ha sostenido una serie de ataques después de criticar la campaña de la administración de Morales de socavar los esfuerzos anticorrupción. El presidente ha atacado personalmente al Procurador, mientras que miembros del Congreso aliados al presidente han utilizado su tiempo durante sesiones oficiales para buscar la destitución de Rodas de su cargo. Desde el  otoño del año pasado, el ejecutivo ha retenido parte de los fondos públicos aprobados para la Procuraduría de Derechos Humanos para cerrar el año. Luego de varias acciones judiciales, la Corte de Constitucionalidad ordenó al Ministerio de Finanzas otorgar los fondos al PDH por lo que ahora es el Congreso quien debe desembolsarlos pero ante la insistencia en el retraso, el PDH ha planteado otra acción legal. 
  • Destacados líderes de organizaciones de la sociedad civil con raíces profundas en los derechos humanos. A principios de 2019, Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack, fue objeto de vigilancia e intimidación cuando cuatro hombres armados llegaron al mismo restaurante donde cenaba y procedieron a tomar fotografías y videos. En medio de continuas intimidaciones y amenazas, en una acción sin precedentes, fundadora y presidenta de la Junta Directiva de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensoras de Derechos Humanos – Guatemala, UDEFEGUA, Claudia Samayoa y José Manuel Martínez, miembro del grupo de la sociedad civil Justicia Ya, fueron acusados ​​por el jefe de la Corte Suprema de tres delitos penales en represalia por un denuncia presentada ante la Corte de Constitucionalidad.
  • Los defensores de los derechos humanos fuera de la ciudad capital son particularmente vulnerables dada la débil presencia del Estado en estas regiones, lo que dificulta su capacidad de  contener la violencia y las amenazas contra ambientalistas y defensores de los derechos de la tierra. Hasta septiembre de 2019, UDEFEGUA ha documentado 402 agresiones hacia defensores de derechos humanos, incluyendo 14 asesinatos. 
  • Bajo la administración de Morales, medios independientes y periodistas se encuentran en un ambiente hostil. Funcionarios públicos abiertamente critican a ciertos periodistas y medios con lenguaje estigmatizante, y en algunos casos, han emprendido acciones legales para silenciar a medios que los retratan de manera negativa. En un informe de noviembre de 2019, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) concluye que el gobierno de Morales empleó cada vez más una estrategia difamatoria de “noticias falsas” contra los principales medios de comunicación como Guatevision, Prensa Libre y La Hora, al mismo tiempo que creaba cuentas de medios falsas para atacar su oposición. 

Agenda regresiva del Pacto de Corruptos en Congreso

Desde 2017, el Congreso de Guatemala ha buscado promover reformas legislativas que debilitarían la lucha contra la corrupción reduciendo las sentencias y cambiando significativamente lo que constituye un delito de corrupción. Debido a la presión de la sociedad civil y algunos actores internacionales, la mayoría de estos intentos no han sido exitosos. Sin embargo, el Congreso de Guatemala logró  la aprobación de una ley que podría favorecer a quienes enfrentan cargos de corrupción: según las reformas aprobadas al código penal del país, los acusados ​​de corrupción y crimen organizado podrían reducir las sanciones a la mitad si aceptan los cargos en su contra. Algunos de los delitos por los cuales esta ley reduciría las sentencias incluyen el lavado de dinero y el cohecho. Los críticos argumentan que la ley carece de elementos técnicos que impidan su uso como instrumento para la impunidad.

Aunque queda menos de una semana hasta que el nuevo Congreso asuma el poder, activistas preocupan que el Congreso actual intente aprobar el controvertido Proyecto de Ley 5377, una reforma a la Ley de Reconciliación Nacional que otorgaría una amnistía a los perpetradores de abusos graves contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado de Guatemala. Esto podría resultar en la liberación de aquellos que han sido condenados, así como de aquellos que esperan juicio por cargos relacionados. El Congreso ha intentado adelantar el proyecto de ley en varias ocasiones en los últimos dos años. Sin embargo, con la salida de dos tercios de los miembros del Congreso el 14 de enero, la sociedad civil teme que algunos miembros sientan que no tienen nada que perder al aprobar la legislación.

Si bien es menos factible, el Congreso ha estado considerando otra legislación preocupante. Aún hay riesgo que el actual Congreso intente aprobar otras acciones erosivas como la eliminación del acuerdo que estableció los juzgados de mayor riesgo o enmendar o revocar algunas leyes contra la impunidad, como la Ley de Extinción de Dominio o la Ley de colaboración eficaz que lleva a cabo métodos sofisticados de investigación y reutiliza los activos incautados. El Congreso también tenía contemplado la aprobación del proyecto de ley 5257, el cual intenta limitar las actividades de las organizaciones no gubernamentales (ONG). Las organizaciones de la sociedad civil argumentan que la ley impondría límites excesivos en la forma en que se procesan los fondos internacionales, otorgando al gobierno guatemalteco una autoridad indebida para restringir o incluso cerrar las operaciones de una organización llamada fuera del “orden público”. El temor es que la ley impondría requisitos de registro onerosos que obstaculizarían las actividades de las ONG ubicadas en el interior de Guatemala. La “ley de ONG” propuesta también parece violar las normas internacionales de derechos humanos, como la libertad de asociación, que otorga a las personas el derecho de organizarse colectivamente sin interferencia.

En otra movida preocupante, la Corte de Constitucionalidad aceptó una acción presentada por miembros del partido político Unidad Nacional de Esperanza (UNE) que establece que el Tribunal Electoral Supremo debe realizar informes documentado las anomalías antes de que el MP pueda realizar una acusación por financiamiento electoral ilícito. Según el jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, esta acción pone en riesgo los casos en donde se ha acusado por este delito. 

Además, los riesgos han aumentado  considerablemente a raíz de la comisión del congreso de Guatemala, creado para “investigar” el trabajo de la CICIG. La comisión fue establecida por miembros del congreso, algunos bajo investigación por delitos de corrupción, y sirve como un espacio para atacar a quienes apoyaron con acciones públicas a la CICIG con la CICIG o dedican su trabajo a fortalecer el Estado de derecho. Miembros de la comisión anunciaron que van a presentar un informe con sus hallazgos el 10 de enero.  

En medio de la creciente indignación de los grupos de la sociedad civil, la Fiscal General solicitó a la Corte de Constitucionalidad disolver la comisión, argumentando que es responsabilidad del Ministerio Público, no del Congreso, evaluar la legitimidad de las investigaciones. Sin embargo, la Comisión, con otro nombre pero el mismo objetivo, continúa en funciones escuchando a personas acusadas de corrupción y sus familiares en sesiones abiertas. En un reciente ejemplo, la comisión del congreso escuchó al ex director de policía Erwin Sperisen, un ciudadano suizo-guatemalteco condenado por ejecuciones extrajudiciales en Suiza, en un caso que fue iniciado originalmente apoyado por la CICIG, y a la jueza Blanca Stalling quien acudió a la comisión a criticar al Movimiento Pro Justicia y activistas como Helen Mack, entre otros. 

Existe la preocupación de que uno de los principales propósitos de esta comisión del Congreso es explorar formas en que los implicados en las investigaciones de la CICIG ahora pueden llevar a cabo acciones legales contra el personal de la CICIG o miembros de la sociedad civil que han apoyado la lucha anticorrupción.

Implicaciones Regionales

Los nuevos desafíos de la lucha anticorrupción en Guatemala tienen implicaciones importantes para las políticas y los intereses de Estados Unidos. El Departamento del Estado ha dicho que sus objetivos en Guatemala incluyen ayudar a institucionalizar la democracia y el respeto por los derechos humanos y el Estado de derecho. Además, coordinar con las autoridades Guatemaltecas para combatir el lavado de dinero, la corrupción, el crimen transnacional. Estas metas son imposibles de lograr sin una alianza confiable en la región e instituciones locales fuertes.

Mientras aplaude a los líderes guatemaltecos por entrar en un acuerdo migratorio equivocado, la administración Trump ha ignorado algunos de los elementos más importantes que impulsan la migración: el crimen organizado basado en la impunidad y un gobierno negligente.

Estados Unidos ha invertido años en mejorar las capacidades de fiscales y jueces muchos de los cuales han realizado un trabajo invaluable en el enjuiciamiento de la corrupción, la lucha contra el tráfico de cocaína y opioides y la lucha contra la trata de personas. Sin embargo, estos operadores del sector de justicia se sienten abandonados por los actores internacionales, dada la salida de la CICIG y las reacciones tibias de la administración de Trump.

Mientras aplaude a los líderes guatemaltecos por entrar en un acuerdo migratorio equivocado, la administración Trump ha ignorado algunos de los elementos más importantes que impulsan la migración: el crimen organizado basado en la impunidad y un gobierno negligente. Los líderes corruptos en Guatemala se congraciaron con el gobierno de Trump mientras debilitaban simultáneamente el Estado de derecho, socavando su propia democracia. Las implicaciones a corto y largo plazo para la estabilidad y la seguridad en la región son graves. Ya es hora de que los políticos estadounidenses se pregunten si están dispuestos a ver años de importantes esfuerzos para profesionalizar el sector de justicia de Guatemala ser traídos abajo por esta oleada regresiva que pretende deshacer los esfuerzos anticorrupción.

Álvaro Montenegro es miembro de los grupos de la sociedad civil JusticiaYa y Alianza por las Reformas. Como tal, Montenegro fue uno de los fundadores del movimiento anticorrupción provocado en 2015 por la investigación y renuncia del ex presidente Otto Pérez Molina, y desde entonces ha participado en una serie de procesos de reforma legislativa. Montenegro es autor de libros y escribe columnas para aclamados medios regionales como El Faro y Plaza Pública.

Adriana Beltrán contribuyó significativamente a este artículo.