AP Photo/Salvador Melendez
AP Photo/Salvador Melendez
Este comentario es el primero de una serie de tres partes que intentará evaluar varias áreas donde El Salvador ha progresado y otras donde la resistencia al cambio, las instituciones subdesarrolladas y una cultura débil de respeto por el estado de derecho han obstaculizado el progreso. Puedes leer la primera parte aqui.
La reciente absolución de ocho policías salvadoreños acusados de cometer un asesinato extrajudicial plantea serias preguntas sobre la capacidad de el Salvador para enjuiciar con éxito a los miembros abusivos de las fuerzas de seguridad. Junto con un aparente falta de voluntad política para responsabilizar a la policía y a los militares por cometer abusos, la tolerancia de el Salvador a un enfoque de “puño de hierro” para la policía probablemente sólo seguirá exacerbando la violencia.
El 22 de septiembre, un juez salvadoreño absolvió a ocho miembros de una unidad especializada de la policía nacional civil de el Salvador (PNC) de cargos de asesinato, relacionados con la muerte de Dennis Martínez Hernández, de veinte años de edad, en lo que se conoce ampliamente como el caso de San Blas. En su fallo, el juez afirmó que la policía había ejecutado ilegalmente a Martínez, observando que, “Martínez no era miembro de una pandilla, pero un empleado de la granja de San Blas, que estaba completamente indefenso, no se resistió y que rogó a los policías por su vida.”
Sin embargo, debido a que los fiscales no pudieron demostrar quien había disparado a las balas que mataron a Martínez, el tribunal falló en contra de condenar a cualquier de los agentes de policías de homicidio. “Claramente, la fiscalía podría haber hecho más”, dijo el juez.
Los asesinatos de San Blas—en los que ocho personas fueron asesinadas durante un tiroteo en una granja de café en marzo de 2015—fue un ejemplo desconcertante de cómo la respuesta agresiva y militarizada de el Salvador a la creciente violencia de pandillas ha fomentado prácticas abusivas por parte de las fuerzas de seguridad.
Como señaló anteriormente la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Washington Office on Latin America, WOLA), los fiscales enfrentan desafíos significativos en la persecución del caso de San Blas: mientras que la Oficina del Defensor del pueblo de El Salvador encontró que había pruebas significativas de que todos los que murieron en San Blas fueron probablemente las víctimas de ejecuciones extrajudiciales a manos de la policía, la oficina de la Fiscalía General sólo podía acusar a agentes de policía con la muerte de una sola persona, Martínez.
La detención y procesamiento de ocho oficiales de la policía por su participación en el caso de San Blas fue sin duda un importante paso adelante para los esfuerzos de el Salvador para abordar el abuso de la policía. Sin embargo, el fracaso de no asegurar cualquier convicción envía un fuerte mensaje de que otros funcionarios de seguridad pueden seguir actuando fuera de los límites de la ley sin temor a represalias.
AP Photo/Salvador Melendez
Los grupos de derechos humanos en el Salvador han sido vocales en expresar sus preocupaciones acerca de la incapacidad del gobierno en—o la falta de voluntad—para mantener la policía y los militares responsables de los abusos.
A comienzos de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó a cabo una audiencia sobre los informes de ejecuciones extrajudiciales en el Salvador. En estas audiencias, does organizaciones no gubernamentales—entre ellas el Instituto de derechos humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA) y Servicio Social Pasionista (SSPAS)—criticó al gobierno salvadoreño por tolerar ejecuciones extrajudiciales. SSPAS destacó que en 2016, según los documentos oficiales, la proporción de presuntos pandilleros asesinados en enfrentamientos armados a agentes de policía y miembros militares asesinados fue 59:1. El Comisionado James Cavallaro de la CIDH observó que este estadístico sugiere que “El Salvador está tratando con un patrón de uso extremo y excesivo de la fuerza por parte de la policía.”
En respuesta a las acusaciones, el representante del gobierno, Viceministro de justicia y seguridad, Raúl López, negó que las fuerzas de seguridad sufrieron problemas sistémicos con asesinatos extrajudiciales, y afirmó que los casos donde abusos de la policías ocurrió estaban siendo investigados correctamente. Sin embargo, unos días después de esta propuesta, Lopez retrasó y negó que los asesinatos extrajudiciales habían tenido lugar en el Salvador.
El Salvador se enfrenta a problemas de delincuencia y violencia de larga data. Mientras el gobierno ha sido lento en su respuesta a las acusaciones de abuso de la policía, ha seguido exhibiendo una preferencia por una estrategia de “puño de hierro” para combatir la violencia de las pandillas. En septiembre, durante el cual 200 personas murieron en una semana, el gobierno duplicó en su enfoque de seguridad, anunciando que aumentaría las operaciones militares y policiales en los espacios públicos. Varios gobiernos han luchado por controlar el problema de la violencia de las pandillas. Con los débiles sistemas policiales y de justicia, poco compromiso con los programas de prevención de la violencia y los servicios sociales en las comunidades pobres, las autoridades han dependido en las políticas antipandillas de línea dura, que han sido ineficaces en la reducción de las tasas de violencia o en aumentar la seguridad comunitaria. Desde 2013, la inseguridad resultante ha obligado a muchos jóvenes a migrar, ha provocado el desplazamiento de algunas comunidades y ha perjudicado a la economía.
El actual gobierno ha anunciado la creación de un plan integral de antiviolencia llamado el Salvador Seguro en 2015. En la práctica, el plan del gobierno de Sánchez Cerén se ha centrado principalmente en la vigilancia represiva y el despliegue de tropas del ejército para apoyar a la policía. Los últimos dieciocho meses han visto una espiral de violencia durante la declarada “guerra contra las pandillas” del gobierno, mientras las pandillas dirigen a policías y soldados en los ataques.
No hay duda de que la violencia relacionada con las pandillas es alta en el Salvador, y está claro que los miembros de las pandillas están apuntando explícitamente a oficiales de policía y soldados. Los miembros de las fuerzas de seguridad están haciendo un trabajo peligroso—están enfrentando un problema difícil en nombre de la sociedad. Sin embargo, eso na da licencia a la policía para actuar fuera de los límites de la ley, o con impunidad. Si la policía no puede tratar a presunto delincuentes con el debido proceso, esto socava su propio capacidad para ganar la confianza de la comunidad que necesitan para hacer su trabajo con eficacia.
Con el fin de continuar la lucha contra el abuso de la policía hay múltiples pasos que el gobierno salvadoreño puede tomar. Primero, es importante que la Fiscalía general continúe realizando investigaciones exhaustivas sobre ejecuciones extrajudiciales denunciadas y procesa estos crímenes en la mayor medida posible.
La legislatura y la Oficina Ejecutiva salvadoreña también deben demostrar pública y privadamente su plena fe en la Fiscalía General de la nación y seguir asignando fondos apropiados para apoyar su trabajo. Además, la policía salvadoreña debe actuar para fortalecer su oficina de asuntos internos para revisar cualquier inconducta relatada por oficiales y tratar de establecer una estructura de supervisión civil que revise la labor de la unidad de asuntos internos y proporcionar recomendaciones para mejorar la vigilancia comunitaria. Poner fin a la violencia que plaga el Salvador requiere más que sólo cambios internos a la policial, sino también un fuerte sentido de compromiso para mantener el imperio de la ley.
A continuación se presentan breves descripciones de casos reportados por los grupos de derechos humanos salvadoreños, IDHUCA y SSPAS, en los que el Defensor del Pueblo para la defensa de los Derechos Humanos de el Salvador concluyó que las ejecuciones extrajudiciales y la policía cometieron los abusos:
