Muy pocos legisladores en Washington que decidirán la próxima reforma migratoria de nuestro país tienen una idea de la tragedia humana que está llevándose a cabo en la frontera de EE.UU. y México. La semana pasada, obtuve un vistazo de ella.
Recientemente realicé un viaje a la frontera de Arizona con Sonora con colegas de tres organizaciones latinoamericanas con los que he trabajado durante años sobre temas de derechos humanos en las Américas.
En Tucson, hablamos con abogados y jueces de inmigración, con activistas que distribuyen agua en el desierto como un gesto humanitario para evitar que la gente muera y con la oficina del forense responsable de identificar a los cientos de migrantes muertos que han sido encontrados en el desierto. En Nogales, México, nos reunimos con sacerdotes y monjas quienes tratan de aliviar el dolor de aquellos que han sido deportados.
Observamos un procedimiento de deportación de una hora de duración de 45 personas. El juicio que vimos estaba bajo la Operación Streamline, la forma más rápida para ser deportado. La primera vez que un migrante está capturado cruzando la frontera es un delito menor; la segunda, es un delito grave. Estos eran personas que cruzaron repetidas ocasiones. ¿”Criminales”? Quizá se hayan arriesgado cinco días en el desierto más de una vez. ¿Qué nos obliga a considerar esos riesgos como la mejor esperanza para un futuro?
Los infractores ingresaron a una sala de un tribunal moderna, grandiosa y de alguna forma estéril, encadenados de pies y manos—40 hombres y cinco mujeres. Fueron llamados en grupos de cinco. Cada uno se paró delate de un micrófono con un abogado que habían conocido esa misma mañana. Todos habían firmado una aceptación de culpabilidad negociada, no exigiendo sus derechos constitucionales, incluyendo cualquier derecho a apelar. Cada uno aceptó la culpabilidad y fue sentenciado de entre 30 a 180 días. Salieron en grupos de cinco en su camino a las instalaciones de detención para cumplir con su sentencia.
Una persona se desvió de la norma, interrumpiendo el flujo de la Streamline. Era hondureña. Cuando el juez le preguntó cómo se declaraba, ella dijo “no culpable”. Le preguntó de nuevo: “¿Culpable o no culpable?”. Ella repitió: “No culpable”. El juez le pidió que se sentara y hablara con sus abogados. Cuando todos los otros fueron juzgados, regresó con ella: “¿Cómo se declara, culpable o no culpable?” Titubeó y, finalmente, dio la respuesta que se suponía que debía de dar, “Culpable”. Mi mente se apresuró. ¿Sabía lo que estaba pasando? ¿Quería solicitar asilo? ¿Cuál era su historia? Nunca lo sabremos. Este proceso no fue diseñado para desacordar. Aquí, no culpable no es una opción.
Después del juicio, el juez se acercó a hablar con los observadores, los cuales incluían a un grupo de estudiantes de la Universidad de Georgetown. Explicó que a él tampoco le gusta el sistema pero es su trabajo implementar la ley. Bajo la ley actual, la Streamline era el mejor escenario. Si los acusados no se declaran culpables podrían ser encontrados culpables y obtener sentencias de cárcel aún más largas. ¿Cómo los jueces y abogados pueden culpar sólo a los legisladores por esta injusticia? Son una parte de este proceso.
No puedo explicar lo mal que me sentí. ¿Acaso es esto lo que ahora llamamos debido proceso—juicios en masa donde la culpabilidad es la única respuesta razonable? Vi esas caras quemadas por el sol cuando pasaban frente a mí en su camino a la cárcel.
Mis colegas de América Latina tuvieron una reacción diferente. Estaban sorprendidos y enojados. Un colega de Argentina, quien representa a muchas de las víctimas de asesinato y desapariciones durante la guerra sucia del país, lo llamó un “simulacro del debido proceso”. “¿Es este el sistema de justicia que Estados Unidos promueve en toda América Latina?”, dijo echando chispas.
Al visitar un albergue en Nogales, México para mujeres y niños que habían sido deportados, escuché una historia que también me perseguiría. Preguntamos si algunos quisieran hablar con nosotros. Una mujer quiso. Su historia era complicada. Había vivido en Chicago durante 20 años, pero era indocumentada. Tiene a dos adolescentes, ambas ciudadanas estadounidenses. Se había separado de su pareja y decidió regresar a México a cuidar a sus padres mayores en su estado natal de Michoacán. Puso un pequeño negocio en su ciudad, pero poco después, gánsteres conectados con el crimen organizado comenzaron a exigirle pagos mensuales. La cantidad solicitada era muy alta. Se atrasó en sus pagos. El negocio no prosperó. Los gánsteres le dijeron que si no les daba el dinero, sabían a qué escuela iban sus hijas. Para llegar al punto, se presentaron en la escuela solicitando a sus hijas. Aterrorizada por su seguridad, envió a sus hijas, quienes son ciudadanas estadounidenses, de regreso a Chicago a vivir con su papá. Ahora ella está tratando de reunirse con sus hijas.
Trató de cruzar la frontera 11 veces. Había intentado en repetidas ocasiones el viaje a través del desierto. Un viaje horroroso, ya que no es posible llevar el agua suficiente para sobrevivir. No tiene a donde ir sino con sus hijas. No puede regresar a Michoacán. La última vez que fue capturada cruzando la frontera le pidió a Dios que la dejara morir. Planeó otro intento para cruzar ese día. Espero que lo haya logrado.
La frontera nos divide a nosotros de ellos. También nos divide de nuestros propios valores. En diferentes formas es una tragedia para todos nosotros. Mientras reviso mis anotaciones de la sala del tribunal, escribí en el margen: “La historia no nos juzgará bien por eso”.
Joy Olson, Directora Ejecutiva de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), es una experta líder en derechos humanos y política estadounidense hacia América Latina. Bajo su dirección, WOLA está liderando nuevos abordajes a la defensa de los derechos humanos, enfocándose en las causas subyacentes de injusticia, desigualdad y violencia.
Traducción por Marcela Andere
