(Foto AP/Ramon Espinosa)

10 Apr 2019 | Análisis

Cuba tiene nueva Constitución: ¿qué es lo próximo?

Teresa García Castro y Raudiel Peña Barrios

Después de un largo proceso de consulta y referéndum, la Constitución cubana entra en vigor hoy. El nuevo texto presenta avances claves, así como retrocesos; sin embargo, es sin lugar a dudas superior a la que estaba vigente desde 1976.  

La nueva constitución—que introduce cambios significativos al modelo económico, político y social del país—se ajusta a los nuevo tiempos que corren en el país. Ahora, en medio de una situación económica complicada y del deterioro de relaciones con los Estados Unidos, Cuba tendrá que hacer modificaciones significativas a su marco jurídico que va desde una nueva Ley Electoral hasta un Código de Familia en un periodo de dos años.

La entrada en vigor de la constitución es parte de un proceso más amplio de reformas graduales que han tenido lugar en Cuba. Estos cambios incluyen un incremento de emprendimientos y crecimiento del sector privado, mayor libertad de viajes, más espacio para el debate político, expansión del acceso a internet, y una sociedad artística y civil más vibrante. El proceso relativamente abierto por el cual la constitución fue aprobada a través de un referéndum también indica cuán relevantes son los cambios que se están produciendo en Cuba.

El texto reconoce alrededor de 24 derechos desconocidos hasta el momento en la Constitución cubana incluyendo el derecho al libre tránsito, a recibir y solicitar del Estado información veraz, objetiva y oportuna, y el derecho a la vida.

La nueva constitución impulsa este proceso de reformas implementando cambios que incluyen el reconocimiento de la propiedad privada, la promoción de la inversión extranjera, el fortalecimiento de la autoridad de los gobiernos locales, y la restauración de la posición de Primer Ministro. Además, el nuevo texto expande la protección de derechos humanos y sus garantías constitucionales e introduce modificaciones en términos políticos y electorales.

Cambios en el ámbito político y electoral

La constitución introduce reformas relevantes al sistema político cubano. Posiblemente, uno de los más importantes es la limitación del mandato del Presidente y del Vicepresidente de la República —que es seleccionado por la Asamblea Nacional, como en los sistemas parlamentarios—a dos mandatos consecutivos de cinco años. (Otra reforma clave es que requiere que el presidente tenga menos de sesenta años cuando sea elegido). Esto constituye un cambio trascendental para la práctica política de un país donde, en los últimos 60 años, la alternancia en el ejercicio del poder no ha sido un rasgo de su sistema político.

Otra reforma mayor crea la nueva figura de los gobernadores, quienes tendrán el poder ejecutivo-administrativo al más alto nivel en su provincia. Esto constituye un fortalecimiento de la autoridad de los gobiernos locales.

En el ámbito electoral destaca la creación de un órgano electoral de carácter permanente, el Consejo Electoral Nacional, lo cual representa una de las reformas más grandes desde la creación de la Asamblea Nacional del Poder Popular en 1976. El consejo electoral funcionará como garantía institucional de los derechos a la participación política y al sufragio. Entre sus funciones más importantes está controlar la confección y actualización del registro electoral, de conformidad con lo establecido en la ley. De acuerdo con el texto constitucional, la Asamblea Nacional aprobará una nueva Ley Electoral en octubre de este año, seis meses después de que la constitución entre en vigor.

Expansión de derechos y garantías  

Una de las reformas más importantes contenidas en la constitución es la expansión del reconocimiento de derechos para los cubanos. El texto reconoce alrededor de 24 derechos desconocidos hasta el momento en la Constitución cubana incluyendo el derecho al libre tránsito, a recibir y solicitar del Estado información veraz, objetiva y oportuna, y el derecho a la vida.

Cuba tendrá que luchar con estos cambios en el medio de una dura situación económica, una crisis regional relacionada con Venezuela, y el endurecimiento del embargo impuesto por Estados Unidos.

Otro ejemplo de progreso es la provisión constitucional que reconoce el carácter universal, interdependiente, irrenunciable, imprescriptible, e indivisible de los derechos humanos. Esto corresponde con el contenido de los tratados internacionales de derechos humanos firmados por el Estado cubano.

Otros derechos reconocidos por la nueva Constitución cubana incluyen:

  • El derecho de las personas privadas de libertad a su reinserción social.
  • El derecho al trabajo.
  • El derecho a una vivienda adecuada, al agua, a la alimentación, al medio ambiente sano y equilibrado.
  • La prohibición del trabajo infantil.
  • Expansión de garantías de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y protecciones para las mujeres de la violencia de género.
  • El derecho a la doble ciudadanía (aunque la cubana es solo válida en el país).
  • El derecho de cada persona de establecer una familia (de cualquier tipo) y la responsabilidad del estado de protegerla.

Expansión de los derechos al debido proceso legal

Además, por primera desde la Revolución cubana, la constitución ahora garantiza derechos al debido proceso como el habeas corpus, que permite a cada ciudadano a reportar una detención ilegal y el habeas data, un recurso legal que permite a cada ciudadano a solicitar datos personales que tenga el estado.

Otras garantías del debido proceso a nivel constitucional incluyen:

  • La presunción de inocencia.
  • El acceso a un tribunal competente, independiente e imparcial.
  • El acceso a un proceso sin dilaciones indebidas.
  • Recibir asistencia jurídica y e información sobre la imputación en su contra.
  • El trato con respeto a la dignidad e integridad física, psíquica y moral, y a no ser víctima de violencia y coacción.
  • Aportar los medios de prueba pertinentes y solicitar la exclusión de aquellos que hayan sido obtenidos violando lo establecido.
  • Interponer los recursos o procedimientos pertinentes contra las resoluciones judiciales o administrativas que correspondan.
  • Obtener reparación por los daños materiales y morales e indemnización por los perjuicios que reciba.
  • De resultar culpable por el delito imputado, a disfrutar de protección para el ejercicio de sus derechos.

Principales vacíos

Pero la nueva constitución también tiene vacíos importantes. Quizás uno más importantes es el no reconocimiento de un mecanismo de control constitucional de tipo jurisdiccional. Esto significa que, de acuerdo con la letra de la carta magna, ni el Tribunal Supremo Popular, ni un tribunal constitucional independiente tienen el control de constitucionalidad en Cuba.

El 4 de marzo, la administración de Trump revirtió más de dos décadas de la política de EE.UU. hacia Cuba que anunciaba que el Título III de la Ley Helms-Burton entraría parcialmente en vigencia, lo que permite reclamos legales de propiedades confiscadas contra una lista de empresas y entidades gubernamentales cubanas.

Otro vacío importante ocurre con la estructura de propiedad establecida por el nuevo texto fundamental, pues la división entre propiedad personal y privada no es del todo clara. Por último, cabe resaltar la no imposición de límites formales en la constitución al poder del Partido Comunista de Cuba (PCC), el cual vuelve a ser reconocido como la fuerza superior dirigente, pero no viene obligado constitucionalmente a acatar principios tales como el de soberanía popular, supremacía constitucional y legalidad.

A pesar de que la constitución reconoce la libertad de prensa, pensamiento, conciencia y expresión, el tratamiento al tema es muy vago. No incluye garantías específicas ni reconoce el derecho al acceso y uso de tecnologías de la información y la comunicación. Esto será más claro una vez que Cuba debata y pase una ley necesaria que regule la información, la comunicación y los medios.

El rediseño del ordenamiento jurídico cubano

La proclamación de la nueva Constitución cubana representa el fin de un proceso. Sin embargo, el próximo reto es cómo implementar los cambios y garantizar las protecciones de los derechos ciudadanos.

El texto contiene casi 60 remisiones a leyes complementarias que deberán irse adoptando paulatinamente. Esto incluye medidas relacionadas con una Ley Electoral, Ley de Procedimientos Penal, Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico, así como una Ley de Empresas que incluya la regulación del trabajo por cuenta propia. Se espera que, en el plazo de dos años, se lleve a consulta y referéndum un nuevo Código de Familia que aborde el tema del matrimonio homosexual (tema que fue eliminado de la nueva constitución después de la resistencia popular).

Está claro que la nueva constitución establece un nuevo tipo de contrato social entre el estado cubano y su ciudadanía. Pero como este contrato funcione dependerá de cómo las protecciones a los derechos constitucionales sean implementados. A estos desarrollos debemos estar muy pendientes, pues esta nueva serie de leyes concretará las nuevas reglas del juego en Cuba.

Los retos por venir

Cuba tendrá que luchar con estos cambios en el medio de una dura situación económica, una crisis regional relacionada con Venezuela, y el endurecimiento del embargo impuesto por Estados Unidos. El crecimiento económico se ha estancado en el último año y se proyecta que no sea más del 1.5 por ciento en el 2019. Las medidas de austeridad iniciadas en 2016 continuarán este año, incluidos los recortes de energía y combustible para las empresas estatales y la reducción de las importaciones para los consumidores. Además de la reducción de las importaciones de petróleo de Venezuela, Cuba está luchando con las sanciones económicas anunciadas por el Departamento del Tesoro el 5 de abril dirigidas a los cargamentos de petróleo de Venezuela a Cuba.

Además, el 4 de marzo, la administración de Trump revirtió más de dos décadas de la política de EE.UU. hacia Cuba que anunciaba que el Título III de la Ley Helms-Burton entraría parcialmente en vigencia, lo que permite reclamos legales de propiedades confiscadas contra una lista de empresas y entidades gubernamentales cubanas. Estas medidas impactan negativamente la frágil economía cubana y desalientan a entidades en todo el mundo a invertir en Cuba perjudican los cubanos de manera general.

Estas medidas del gobierno de Estados Unidos solo sirven para desalentar el proceso de reformas y tendrán un impacto negativo en el creciente sector privado en la isla. En cambio, un enfoque más constructivo, que incentive en lugar de desalentar la reforma interna, sería volver a normalizar las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. En última instancia, reconocer los cambios que se están produciendo en Cuba—como lo ilustra la nueva constitución—es de interés tanto para los pueblos cubanos como de Estados Unidos.

Teresa García Castro es Asociada de Programas de WOLA y Raudiel Peña Barrios es profesor de derecho constitucional de la Universidad de La Habana