El 13 de marzo, las regiones más fuertemente afectadas por el conflicto armado interno de Colombia tendrán la oportunidad sin precedentes de elegir representantes para 16 nuevas curules temporales de “paz” en la Cámara de Representantes del Congreso. Su implementación, ideada en el Acuerdo de Paz de 2016, no fue tarea fácil, y se ha dificultado aún más por un proceso electoral plagado de riesgos y desafíos que son ilustrativos de las arraigadas dinámicas de violencia, racismo y exclusión política que este mecanismo histórico fue diseñado para superar.
Las curules de paz representan 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) ubicadas estratégicamente en 167 municipios donde el Estado central y la presencia institucional han sido tradicionalmente débiles. En estas regiones se ha concentrado la violencia infligida por actores armados contra una gran cantidad de víctimas, y están caracterizadas por sufrir de una alta pobreza multidimensional, así como una dependencia a la producción de cultivos ilícitos como necesidad frecuente de muchos residentes.
Estos municipios rara vez han tenido la oportunidad de elegir representantes del Congreso para abogar por sus necesidades. El Acuerdo de Paz buscó rectificar esta falta de representación política proporcionando 16 curules en el Congreso durante dos mandatos legislativos para las más de 9 millones de víctimas de Colombia, muchas de las cuales son personas afrocolombianas e indígenas. De hecho, la Comisión de la Verdad, Convivencia y No Repetición, un componente clave del sistema de justicia transicional de Colombia, identificó que 17 de los 22 corredores donde se concentró la violencia durante el conflicto están habitados principalmente por comunidades étnicas. Con la modificación de la configuración de la Cámara de Representantes de Colombia de 171 miembros a 187 miembros para los próximos ocho años, se espera que las curules sirvan en última instancia para elevar las voces de estas víctimas en los espacios de tomas de decisiones y ayudar a integrar sus necesidades y perspectivas territoriales en la agenda política nacional.
Aunque ideado como un noble esfuerzo de reconciliación, el mecanismo ha encontrado una serie de obstáculos por parte del propio gobierno. En 2017, tras meses de debates en ambas cámaras del Congreso, muchos de sus miembros habían dado por sentada la legislación para crear las curules de paz. Sin embargo, a finales de noviembre de ese año, el entonces presidente del Senado bloqueó ilegítimamente la aprobación de la legislación alegando un supuesto quórum insuficiente, a pesar de haber obtenido la mayoría absoluta de votos. Esta medida pospuso la legislación e impidió que las curules de paz operaran en las elecciones legislativas de 2018. Obstruir la legislación retrasó cuatro años la codificación legal de este compromiso clave del Acuerdo de Paz. La reactivación de la legislación sólo fue posible en mayo de 2021 cuando la Corte Constitucional falló a favor de una tutela. El 26 de agosto de 2021, la administración de Iván Duque finalmente acató el fallo y promulgó la ley para crear las 16 curules de paz. Irónicamente, después de haber obstruido la legislación, el gobierno de Duque ahora se presenta como el facilitador de estas curules y las utiliza como un indicador para mostrar su supuesto compromiso con la paz ante la comunidad internacional.
La falta de conocimiento sobre los objetivos de las curules han complicado aún más la responsabilidad de dar vida al mecanismo. Los retrasos y las obstrucciones significaron que algunos de los 398 candidatos registrados inicialmente hayan tenido poco o nada de tiempo para preparar sus campañas. Muchos candidatos aún no han recibido los fondos estatales asignados para hacer campaña en las zonas rurales. El escepticismo en torno al proceso ha llevado incluso a algunos candidatos a pedir que se pospongan las elecciones.
Adicionalmente, los grupos paramilitares, otros intereses criminales y los partidos políticos tradicionales han encontrado la forma de seguir saboteando el proceso de paz. Tal es el caso de Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo del líder paramilitar “Jorge 40”, cuya campaña por la curul de paz del municipio de Valledupar fue aprobada por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Jorge 40 fue deportado recientemente a Colombia después de cumplir 12 años en una prisión de Estados Unidos por cargos de narcotráfico. A su regreso, fue condenado en febrero de 2022 a 40 años de prisión por homicidio y tiene más de 1.400 investigaciones pendientes. A pesar de este conflicto de interés, Tovar Vélez ya había sido nombrado como Director de Víctimas en el Ministerio del Interior por la administración Duque. Y ahora, Vélez está haciendo campaña por una curul de paz, en medio de informes que indican que actores armados estarían intimidando a los residentes para que voten por él. La presencia de candidatos cuestionables en campaña para las curules de paz plantea serias preocupaciones en torno a que este compromiso clave del Acuerdo de Paz no pueda cumplir el propósito previsto.
El proceso actual también ocurre en medio de un clima de creciente violencia por parte de grupos armados ilegales en los territorios que estas curules de paz representarán. Cinco años después de la ratificación del Acuerdo de Paz, el país ha batido un récord de cinco años en lo que respecta a la frecuencia de desplazamientos internos masivos y también ha visto un aumento de homicidios de diferentes tipos, desde asesinatos selectivos de líderes sociales hasta masacres de civiles.
La situación es tan grave que la Misión de Observación Electoral (MOE) emitió una alerta advirtiendo que el 58 por ciento de los municipios representados por los nuevos distritos de paz se encuentran en alto riesgo de violencia y fraude electoral. El actual ciclo por las curules de paz ya ha visto el secuestro de un candidato en el departamento de Arauca, intimidaciones a otro en el departamento de Norte de Santander, al menos 347 registros de denuncias por amenazas armadas e intimidaciones contra casi el mismo número candidatos, y al menos ocho candidatos que se han visto obligados a renunciar a la contienda por falta de garantías y por temores de seguridad. Esta violencia plantea grandes preocupaciones por la seguridad de las víctimas que realizan campañas por las curules de paz, ya que las amenazas y los asesinatos contra líderes políticos y sociales proliferaron aterradoramente a lo largo del siglo XX y principios del XXI, y han persistido en el contexto posterior al Acuerdo de Paz de Colombia.
En la política colombiana actual, muchos candidatos no pueden realizar actividades políticas en ciertas regiones por temor a ser asesinados y hay una falta de rendición de cuentas frente a presuntos actos de corrupción y fraude electoral. Esta arena política ha impedido asegurar muchos procesos democráticos en el país, garantizar el Estado de derecho y la justicia social, y superar la desigualdad económica, todo lo cual ha empeorado durante la pandemia en curso, en un contexto agravado por la falta de implementación del Acuerdo de Paz de 2016. Este legado de exclusión política, social y violencia ha puesto a prueba los esfuerzos de construcción de paz de Colombia.
Dadas las actuales condiciones de seguridad en los territorios de Colombia, el gobierno puede suspender arbitrariamente las elecciones para estas curules de paz a su propia disposición por razones relacionadas con el orden público, pero como evidencian las dificultades históricas de los movimientos políticos alternativos de todo el país para participar de manera segura en las estructuras electorales y políticas tradicionales, garantizar la seguridad y protección de los candidatos a las curules de paz es vital para la democracia y la paz en Colombia.
El próximo Congreso de Colombia tendrá que comprometerse a avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz. Tras años de esfuerzos para obstruir la legislación que buscaba promover la paz y de privar al proceso de un financiamiento adecuado, urgen pasos audaces para volver a encarrilar la paz. El nuevo Congreso también deberá aprobar una reforma tributaria. Dado que la reforma propuesta por Duque llevó al país al borde de la crisis, esto deberá hacerse en consulta con la sociedad civil. La represión policial con la que se enfrentó a las protestas nacionales aún debe ser investigada o enjuiciada adecuadamente, y debería conducir a reformas serias en el sector de la seguridad.
Con la introducción de estas 16 nuevas curules de paz existe la esperanza de un entorno legislativo que promueva reformas progresivas para los colombianos. Si bien representar los diversos intereses de las víctimas de Colombia no será fácil, de poder contar con el apoyo del gobierno, el público en general, y, más importante aún, de los propios diputados, la presencia de estas curules de paz en el Congreso podría impulsar una agenda legislativa centrada en derechos humanos, que aborde los problemas estructurales de Colombia de exclusión socioeconómica y racismo —un objetivo central del Acuerdo de Paz de 2016—. Si logran honrar su espíritu, las circunscripciones de Paz de Colombia en última instancia podrían representar un paso adelante para la participación política como medio de reparación.
