AP Photo/Office Protects Lega, E. Argueta
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Ha sido uno de los críticos más visibles del gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Ha señalado, con claridad y sin descanso, las violaciones de derechos humanos atribuidas al gobernante y sus funcionarios durante el régimen de excepción en que El Salvador vive desde marzo de 2022. También ha denunciado las deudas de Bukele con la justicia transicional en casos de crímenes de lesa humanidad cometidos por fuerzas gubernamentales durante los años del conflicto armado, a finales del siglo pasado.
La voz de David Morales, el abogado al que WOLA entregará este año el Premio a los Derechos Humanos en Washington D.C., lleva décadas denunciando los abusos cometidos en El Salvador. Denunció las violaciones cometidas durante la guerra interna y los que llegaron después, cuando, ya en paz, gobiernos salvadoreños de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) empezaron a dar a la policía civil creada tras los Acuerdos de Paz de 1992 los mismos rasgos represivos que los cuerpos de seguridad salvadoreños habían tenido durante las dictaduras militares.
Su historia como defensor, que ha ejercido como funcionario público en la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) y como abogado de sociedad civil en representación de sobrevivientes y familiares de víctimas de masacres cometidas por el ejército en los 80, es también la historia de la democracia frágil de su país, donde la justicia transicional y los reclamos de las víctimas apenas han ido abriéndose brecha a fuerza de empujones y mucho sacrificio ante la desidia de las autoridades de la posguerra.
Trabajó primero en la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, una de las pocas instituciones que hacían una lucha contracorriente por los Derechos Humanos al final de la guerra. David Morales estuvo ahí de 1990 a 1995 y, durante esos años, empezó a investigar lo que había ocurrido en las masacres del Río Sumpul y El Mozote.
Décadas después, Morales se convirtió en querellante en el caso de El Mozote, uno de los más emblemáticos en la incipiente justicia transicional salvadoreña, relativo a la peor masacre perpetrada por el ejército de El Salvador – y una de las peores en la historia de América Latina. En diciembre de 1981, el Batallón Atlacatl, una unidad militar élite financiada y entrenada por Estados Unidos, asesinó a cerca de un millar de campesinos a los que acusó de colaborar con la guerrilla.
Durante años, las víctimas de El Mozote lucharon para acceder al sistema de justicia salvadoreño, pero esa posibilidad les fue negada por sucesivos gobiernos de derecha. Luego, cuando la izquierda del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) llegó a la presidencia del país, hubo promesas y actos públicos de los funcionarios de la exguerrilla. Sin embargo, nada de eso derivó en un empujón, por parte del poder político, a la causa judicial ni al resarcimiento a las víctimas.
Cuando finalmente, por gestión de las víctimas y de defensores como Morales, un juez de primera instancia conoció el caso y ya cuando Nayib Bukele era presidente, volvieron los obstáculos. Mientras hacía propaganda sobre su intención de honrar a las víctimas, Bukele negaba al juez documentos del ejército sobre el operativo en El Mozote, los cuales por ley el presidente debía entregar. La voz de David Morales fue una de las primeras en condenar aquello.
“Hay mucho de propaganda. Yo considero que existe una manipulación, una instrumentalización de las víctimas… Es lo que está haciendo el régimen de Bukele con los casos de crímenes de guerra que ocurrieron en El Salvador”, dice Morales, quien recuerda que el presidente mintió al decir, en una cadena nacional de televisión, que había desclasificado información militar sobre El Mozote para enviarla al juez, algo que no hizo. “El gobierno incluso puede haber cometido varios delitos, el presidente y el ministro de la defensa, al haber desobedecido una orden judicial de inspección en varias unidades militares,” explica el abogado. Luego, Bukele promovió reformas legales que terminaron con la remoción de decenas de jueces, entre ellos Jorge Guzmán, el juez que había visto por años el caso de El Mozote.
En la PDDH Morales estuvo entre 1995 y 2005, primero como jefe del departamento de investigación y luego como procurador adjunto general. La PDDH, creada por los Acuerdos de Paz de 1992, era entonces la institución que más supervisión ejercía sobre las primeras denuncias de abusos que surgieron contra la nueva Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República.
Desde la Procuraduría, Morales dirigió varias investigaciones que terminaron determinando que oficiales de la PNC y la fiscalía habían torturado a personas detenidas para extraer confesiones y resolver casos judiciales. La tortura, establece un informe de la PDDH de 2003, se convirtió en una práctica común. Algunos de los oficiales señalados entonces ocupan hoy puestos de poder en el gobierno de Nayib Bukele.
Tras una pausa, David Morales regresó a la PDDH, esta vez como procurador para el periodo 2013-2016. En aquellos años tomó la batuta en investigar grupos de exterminio en la PNC: el problema que él y otros señalaron en la primera década del siglo había evolucionado hasta convertirse en un asunto estructural en la policía salvadoreña.
Durante sus años en la PDDH, Morales también denunció el “manodurismo”, que es como él y otros etiquetan a la política de Estado que ha privilegiado la represión de los sectores populares, sobre todo los jóvenes, como vía para enfrentar el fenómeno de las pandillas MS13 y Barrio 18, que es uno de los principales generadores de violencia en El Salvador. La política de mano dura, lanzada a principios de siglo por el entonces presidente Francisco Flores, fue retomada por todas las administraciones que siguieron con iguales resultados: una criminalización masiva de jóvenes que no detuvo el crecimiento de las pandillas como organizaciones criminales.
“Es una estrategia fallida, un fracaso continental en materia de seguridad en los países en que se ha aplicado. En el Triángulo Norte de Centroamérica vimos el fenómeno de las pandillas y la violencia agigantarse en lugar de decrecer”, dice Morales. El exprocurador advierte, hoy, que Bukele ejecuta una variante más peligrosa de esa política con el régimen de excepción decretado en marzo pasado.
En un país como El Salvador, donde el gobierno ha ido acallando voces críticas, la de David Morales es una de las que permanece inmutable. Sobre el régimen de excepción, que Bukele y la Asamblea Legislativa por él dominada han prorrogado seis veces, Morales no duda en decir que está permitiendo un escenario de violaciones muy parecido al de los peores años de la guerra salvadoreña.
“Hay una política deliberada, ordenada y planificada desde el más alto nivel, para violar los derechos humanos. Hay crímenes gravísimos cometidos por agentes estatales que están ocurriendo: graves violaciones a derechos humanos, miles de detenciones arbitrarias, torturas e incluso muertes arbitrarias en centros penales que tienen características de ejecuciones extralegales”, asegura.
En la actualidad, El Salvador vive una nueva crisis democrática, uno de cuyos efectos son las violaciones a los Derechos Humanos a los que se refiere Morales. Durante el régimen de excepción, por ejemplo, el gobierno de Nayib Bukele ha metido presas a 52,000 personas, algo que “no tiene equivalente en Latinoamérica, ni siquiera en los peores días de las dictaduras militares”, según dijo en Washington el congresista demócrata Jim McGovern, durante una audiencia especial de la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos sobre la situación salvadoreña.
En Centroamérica, donde la escalada de tendencias autoritarias y de regímenes que, como el de Bukele, han deteriorado el estado de derecho y provocado más violaciones a los Derechos Humanos, voces como las de David Morales siguen siendo indispensables.
