(WOLA)
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Por Carolina Ahumada
El 1 de febrero de 2019, N.C.—de 63 años y oriunda de la provincia de Salta, Argentina—viajaba en un ómnibus de larga distancia proveniente de la ciudad de Bariloche con destino a la localidad chilena de Osorno. Cuando el autobús llegó al paso fronterizo con Chile, el Escuadrón 34 “Bariloche” de la Gendarmería Nacional, que realizaba un control rutinario, descubrió que llevaba 2,7 kilogramos de cocaína, dispuestos en cuatro paquetes que tenía adheridos al cuerpo. Fue detenida y trasladada a las celdas del subsuelo del Aeropuerto Internacional de Ezeiza—imputada por tentativa de contrabando de exportación agravado por tratarse de estupefacientes. Más tarde se supo que N.C. corrió este riesgo por ser una madre soltera que necesitaba dinero para pagar la operación de su hijo.
Según la investigación, 20 días antes había cruzado desde la localidad salteña de Salvador Mazza hasta la ciudad boliviana de Yacuiba, donde presumiblemente se abastecía de la droga. Tras analizar las comunicaciones de su celular, los investigadores concluyeron que “transportaba el estupefaciente en cumplimiento de una obligación impuesta por un tercero”. Finalmente, ella fue absuelta por el tribunal, como se describe más adelante.
Un caso que terminó de manera muy diferente es el de Claudia S.E, una mujer boliviana de 33 años que cruzó la frontera con Argentina, estando embarazada, llevando algo más de un kilo de cocaína a cambio de 500 dólares, que necesitaba para pagar el tratamiento de su hijo de 13 años que sufría un tumor en el fémur. Claudia fue detenida en octubre de 2018, acusada del delito de transporte de sustancias, que conlleva una pena de hasta 15 años de prisión. Fue encarcelada con prisión preventiva, a pesar de que no suponía un peligro de fuga ni de entorpecimiento de la causa, y se le impuso una multa de 20.000 pesos argentinos (unos 540 dólares de entonces). Cuando su hijo, Fernandito, se enteró de que su madre estaba en prisión, abandonó su tratamiento durante 3 meses y cayó en una depresión. Claudia pidió ver a su hijo antes de que muriera e hizo todo lo posible para obtener una respuesta de la Corte de Apelaciones de Salta. Tras seis meses de espera de una resolución, el juez Hansen permitió a Claudia viajar a Bolivia y estar con su hijo durante 30 días. Luego tendría que volver a la cárcel y esperar el juicio. Ella y su hijo estuvieron juntos durante casi cinco días hasta que el niño sucumbió a su enfermedad y murió.
Estos dos casos ilustran el impacto desproporcionado de la “guerra contra las drogas” sobre las mujeres, y en particular, sobre aquellas en situación de vulnerabilidad. En ambos casos, además, se trataba de madres solteras con hijos que necesitaban atención médica que no podían pagar. Como último recurso, recurrieron al transporte de drogas ilegales para ganar dinero. Al igual que muchas mujeres involucradas en actividades de alto riesgo relacionadas con las drogas, fueron detenidas, pero con dos resultados muy diferentes. En marcado contraste con el modo en que el sistema penal suele tratar estos casos, el fiscal pedía absolver a N.C. y el juez finalmente dio a lugar. La justificación del fiscal y el fallo del juez podrían tener implicaciones significativas para otras personas en situación de vulnerabilidad que son acusadas de cometer delitos de drogas de bajo nivel, y potencialmente abrir la puerta para el debate sobre las muy necesarias reformas de la ley de drogas.
La guerra contra las drogas es una guerra contra las mujeres
Considerando la población encarcelada en su conjunto, hay muchos más hombres entre rejas que mujeres. Sin embargo, los estudios muestran que el encarcelamiento de mujeres está creciendo mucho más rápidamente, y en algunos casos se ha duplicado en los últimos años.El número de personas en prisión en América Latina está aumentando a un ritmo rápido, y una de las principales causas de dicho aumento es la guerra contra las drogas y la agresiva criminalización de la actividad relacionada con las drogas, que recae con mayor fuerza en las personas y comunidades más vulnerables.
En Argentina, entre 2015 y 2019, los presuntos hechos delictivos vinculados a la ley de drogas se triplicaron, pasando de 32.884 en 2014 a 61.746 en 2018 y 98.037 en 2019. Desde una perspectiva de género, en sólo dos años (2015-2017), la cantidad de mujeres encarceladas por delitos de drogas aumentó un 42%.
El uso generalizado de la prisión preventiva para las acusadas de actividades relacionadas con las drogas es aún más marcado en comparación con otros delitos, a pesar de que la mayoría de las acusadas por delitos de drogas se enfrentan a penas bajas y no tienen antecedentes penales. En Argentina en 2017, por ejemplo, sólo el 30% de las mujeres detenidas por delitos de drogas tenían sentencia firme. De las 1.539 mujeres encarceladas por motivos relacionados con las drogas ese año, solo 23 habían cometido también otro delito.
Otro problema al que se enfrentan las mujeres encarceladas es que las visitas a las prisiones y el suministro de artículos vitales como alimentos, medicinas, dinero, etc., suelen ser tareas asumidas por las mujeres de la familia. Cuando una mujer es encarcelada, las tareas de cuidado de las que eran responsables pueden pasar a otras mujeres de su familia, lo que hace más difícil dividir el tiempo entre estas nuevas responsabilidades y la visita a su familiar tras las rejas. En general, las mujeres encarceladas suelen recibir menos visitas y apoyo que los hombres. Esto crea dificultades aún mayores para las mujeres que intentan sobrevivir en prisión, reforzando la opresión patriarcal y los roles de género asignados.
“Mulas”: una forma de opresión patriarcal
Las mujeres se involucran en el mercado ilegal de drogas como resultado de las relaciones de poder desiguales con los hombres que las rodean, debido a la pobreza y la marginación económica y social, e incluso a la discriminación y el racismo. En general, las mujeres se dedican a actividades de alto riesgo relacionadas con las drogas, como el tráfico y el transporte a pequeña escala, y por ello corren más riesgo de ser detenidas y encarceladas. En Argentina, el 82% de las mujeres condenadas por delitos de drogas en 2016 recibieron sentencias de hasta 4 años. Las sentencias judiciales muestran que los principales delitos fueron: comercialización (76%), tenencia (17%) y contrabando (6%).
Las encargadas de transportar las sustancias para su distribución tanto dentro como fuera de las fronteras a cambio de una escasa compensación monetaria se mantienen en el eslabón más bajo de la cadena de tráfico, porque son mano de obra fácilmente reemplazable y su encarcelamiento no tiene impacto en el crimen organizado. El término común, y despectivo, para estas mujeres es “mulas”. Como se ha señalado, no existe una motivación única o singular para dedicarse a estas actividades, pero una causa común es simplemente la supervivencia de mujeres de bajos ingresos, que a menudo son cabezas de familia, y pueden tener a cargo hijos o familiares con problemas de salud o discapacidades. Asimismo, pueden verse involucradas mediante engaños, coacciones o cooptadas por las redes de tráfico de drogas, que, entre otras razones, se aprovechan de su desesperación y necesidad. Es decir, las redes de narcotráfico se aprovechan de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estas mujeres, lo que debe ser tenido en cuenta a la hora de aplicarles el peso de la ley. Por ejemplo, las Reglas de Brasilia establecen que “se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico”. Aunque la actividad a la que se somete la “mula” no puede considerarse necesariamente un “trabajo o servicio forzado” en sentido estricto, no puede negarse que constituye una forma muy grave de explotación.
Una situación desgraciadamente común, pero con un resultado sorprendente
El 7 de julio de 2021 se celebró un juicio abreviado para N.C. con la participación del fiscal Miguel Ángel Palazzani. En representación del Ministerio Público, Palazzani analizó los antecedentes del caso de N.C. y retiró la acusación contra la imputada, al considerar que se trataba de una persona “perteneciente a un sector socialmente desfavorecido, que se encontraba en una situación ‘desesperada’ de extrema necesidad por la imposibilidad económica de pagar una cirugía de alto riesgo que necesitaba su hijo, y la presión que recaía sobre ella como principal sostén económico y emocional de su familia”. Ante esta situación, terceras personas, abusando de su situación de extrema vulnerabilidad, la utilizaron para transportar estupefacientes, y de esta manera, permitirle obtener el dinero necesario para que su hijo recibiera la atención médica adecuada.”
En sus argumentos, Palazzani consideró que “una decisión judicial que carece de perspectiva de género es inadmisible a la luz de las obligaciones asumidas por el Estado en materia de protección de la mujer (en virtud de los artículos 1, 2 incisos a, b, c, d, f y ccts. concordantes y consecuentes) de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y el Art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional Argentina”.
Concluyó que la imputada “cumplía el rol de ‘mula’ en una cadena de trata en la que ella era sólo el eslabón más débil, presionada por circunstancias de extrema necesidad (pobreza, marginación y la desesperante situación de salud de su hijo que debía ser atendido). Por lo tanto, este contexto debe tener su debido papel en la aplicación de una solución respetuosa con los derechos humanos implicados”. Palazzani recordó que “en nuestro Código Penal, el estado de necesidad justificante procede cuando la conducta típica se realiza para evitar un mal mayor e inminente”, en virtud de lo cual retiró la acusación. El juez Orlando Coscia le dio la razón y dictó el sobreseimiento de N.C. Esto contrasta fuertemente con el caso de Claudia S.E., donde toda la fuerza de las leyes prohibicionistas y del sistema de justicia penal cayó sobre ella.
Alejandro Corda no solo habla como abogado sino como operador del sistema judicial desde hace más de 20 años. En 2010/2011, por medio de investigaciones del CEDD, Colectivo de Estudios Drogas y Derecho en las que participó, dio cuenta de cómo, aunque nominalmente menor a la de los hombres, existe una sobrerrepresentación de la población de mujeres encarceladas por crímenes relacionados con las drogas. En una entrevista del 31 de enero de 2022 exclamó: “El prohibicionismo pareciera que impacta más sobre ellas”, y agrega “la aplicación de ley impacta de lleno sobre ellas, haciendo que el componente simbólico de la pena, esto de ‘dar el ejemplo’, se vea diluído para pasar a llenar las cárceles de mujeres sin antecedentes penales y culpables de delitos menores, como transportistas fronterizas o mulas, ó ser la dealer del barrio. Efectivamente, el paso por la prisión agrava tanto la trayectoria de vida de ellas como las de su entorno, acentuando aún más las vulnerabilidades de las que vienen. Existe una superposición de vulnerabilidades en el mayor porcentaje de las mujeres encarceladas por delitos a la ley drogas en Latinoamerica: migrantes, pobres, jefas de hogar, analfabetas, transgénero”. En cuanto a la especificidad de los casos en donde jueces absuelven o morigeran las penas, dice “son intentos que hacen tribunales aislados que no se generalizan básicamente porque la ley de Drogas en Argentina sigue siendo la misma desde 1989. Algunos operadores del sistema judicial han empezado a ensayar construcciones jurídicas para morigerar los efectos de la ley, lo cual para el sistema penal resulta problemático por la falta de uniformidad”. Y concluye, “lo que falta es la reforma urgente de la ley que recoja estos fallos excepcionales y los generalice”.
Necesidad de reformas de las leyes de drogas con perspectiva de género
La incorporación de una perspectiva de género en las políticas y leyes sobre drogas incluye tener en cuenta las circunstancias atenuantes en la investigación, el enjuiciamiento y la emisión de sentencias en los casos relacionados con las drogas. Estas incluyen la pobreza y la inclusión social, la condición de impartir cuidados, el nivel de educación, la violencia de género y las discapacidades físicas o mentales, entre otros factores que pueden haber contribuido a que la persona se involucre en actividades relacionadas con las drogas. El argumento esgrimido por Palazzani en nombre de la acusación y la decisión del juez Coscia de absolver a N.C. son pasos importantes en esta dirección. Sin embargo, aún está por verse si este caso da lugar a un cambio de estrategia más amplio por parte de la Fiscalía General de Argentina o si seguirá siendo un caso aislado.
Año tras año, los gobiernos gastan cantidades enormes de dinero en encarcelar y criminalizar a las personas por motivos relacionados con las drogas. Es urgente transformar las políticas punitivas en otras con un enfoque de salud pública, basadas en los derechos humanos y con inversiones en las comunidades, no en las cárceles. Además, dadas las consecuencias que afectan desproporcionadamente a las mujeres, es importante alentar y asegurar su participación en el debate sobre el desarrollo y la reforma de las actuales políticas de drogas para institucionalizar una perspectiva de género, de modo que su destino no recaiga únicamente en los hombros de un solo tribunal, como hemos visto en los casos de N.C. y Claudia S.E. Si bien la perspectiva de género no es incorporada por la mayoría de los sistemas de justicia de la región, la decisión en el caso de N.C. es un importante precedente para que otras sentencias defiendan los derechos de las mujeres en este contexto.
Carolina es una socióloga argentina. Fue asistente de investigación de WOLA, y es gerente de proyectos para Youth RISE en América Latina y el Caribe. Es coordinadora de un programa de reducción de daños en Intercambios, A.C.
