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Las organizaciones de la sociedad civil de los Estados Unidos, abajo firmantes, manifestamos nuestra profunda preocupación por la respuesta violenta de miembros de las fuerzas armadas y policía colombiana a las protestas campesinas en el Catatumbo, Colombia.
Lamentamos los asesinatos de los cuatro civiles, Diomar Humberto Angarita, Hermides Palacios, Leonel Jacome y Edison Franco, presuntamente por miembros de la policía y militares. También nos preocupa que una misión de verificación encargada de monitorear la situación fuera atacada, presuntamente por miembros de la fuerza pública.
Instamos al gobierno colombiano:
- Investigar efectivamente estos hechos graves en el sistema de justicia ordinaria;
- Respetar los derechos de las comunidades campesinas para ejercer su legítimo derecho a protestar;
- Iniciar diálogo con los manifestantes y miembros de la comunidad en Catatumbo para desarrollar una respuesta eficaz a las demandas legítimas; y
- Cesar acciones armadas en el Catatumbo que ponen en riesgo las vidas de los civiles.
Instamos al Departamento de Estado de los Estados Unidos a considerar este grave incidente al determinar cómo el gobierno colombiano está cumpliendo con los condicionamientos de los derechos humanos vinculados en la legislación de Estados Unidos. Reiteramos nuestra convicción de que las recientes reformas constitucionales referentes a la jurisdicción militar contradicen los condicionamientos, cuales estipulan que todas presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de la fuerza pública deben ser investigadas y juzgadas en tribunales de la justicia ordinaria.
Expreamos nuestra solidaridad con los familiares de los cuatro hombres que han sido asesinados.
Esta declaración es apoyada por Latin America Working Group, Washington Office on Latin America, U.S. Office on Colombia, Fellowship of Reconciliation, Center for International Policy, Presbyterian Peace Fellowship, Colombia Human Rights Committee, Barbara Gerlach, Colombia Liaison, United Church of Christ.