Varios colegas colombianos de La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) han experimentado un alarmante incremento en amenazas y ataques con el propósito de disuadirlos de continuar trabajando en defensa de los derechos humanos.
En junio 20 de 2012, varios integrantes de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (JyP) aliados de WOLA recibieron una amenaza de muerte. El siguiente mensaje fue enviado a un teléfono celular asignado a la Comisión por la Unidad de Protección del Ministerio del Interior:
“la línea política de los marxistas de las farc (sic) los exterminaremos indígenas, en el valle (sic) nomadesc, presos políticos (sic), ecate (sic), cpdh (sic), movice (sic), son estructuras ideológicas en lo rural y urbano [de las Farc] no hay tregua terroristas guerrilleros…por una Colombia (sic) sin guerrilla (sic). Muerte.”
Sin embargo, la Unidad de Protección del Ministerio del Interior no ha respondido adecuadamente a las necesidades de protección de la Comisión, forzando de esta manera a sus miembros a suspender su trabajo en Bogotá y otras partes del país. Las investigaciones en materia de amenazas de muerte efectuadas por la Procuraduría General de la Nación no han producido resultados.
La semana pasada, hombres no identificados intimidaron a Delis Palacios Herrón, sobreviviente de la masacre del 2002 en Bojayá y activista de la Asociación de Desplazados Dos de Mayo (ADOM). ADOM y otras organizaciones afro colombianas han solicitado la protección de 22 activistas, incluyendo líderes internamente desplazados, indígenas y afro colombianos que han sufrido múltiples intimidaciones y amenazas de muerte desde Junio de 2011. Muchos de los amenazados son victimas que se han movilizado en defensa de los derechos humanos y el derecho a la tierra, y en denuncia del desplazamiento forzado en el Chocó. En junio 13, WOLA, Swefor, Diakonia y otras organizaciones internacionales enviaron una carta al Gobierno colombiano urgiéndole a actuar en protección de las victimas de la masacre de Bojayá.
Dichas amenazas forman parte de un patrón general de intimidación dirigido a defensores de derechos humanos indígenas y afro colombianos que han abogado por justicia para las victimas del conflicto armado. Recientemente, varios individuos han rondado las oficinas de la Comisión de JyP en Bogotá y las amenazas en contra de varios de sus miembros han incrementado. Lideres en defensa de los derechos humanos y del derecho a la tierra, como Félix Banguero del Proceso de Comunidades Negras (PCN), han sido detenidos con creciente frecuencia bajo la excusa de que tienen nexos con grupos armados al margen de la ley. WOLA ha expresado en numerosas ocasiones su gran preocupación con respecto a las amenazas en contra de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, NOMADESC, CUT, y MOVICE.
Sin embargo, raramente ha habido resultados en investigaciones oficiales en respuesta a dicha preocupación. Esta impunidad ha incitado a los victimarios e interrumpido el crucial trabajo de los defensores de derechos humanos en el país.
El Gobierno colombiano debe tomar todas las medidas a su disposición para garantizar la seguridad de estos importantes defensores de derechos humanos. Así mismo, el gobierno de los Estados Unidos tiene la responsabilidad de monitorear las amenazas dirigidas a defensores de derechos humanos y el 25% de la ayuda militar estadounidense a Colombia debe ser retenida si el gobierno de Colombia no acata las condiciones de derechos humanos impuestas (ver Sección 7045). Acciones de alto perfil deben ser empleadas por ambos gobiernos con el fin de proteger las vidas de los defensores de derechos humanos y el importante trabajo de sus organizaciones.