El miércoles 17 de septiembre el Co-Director de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Danilo Rueda fue seguida durante 25 minutos en Bogotá por hombres en motocicleta que realizaron movimientos en el coche blindado del Sr. Rueda. Éste es el segundo incidente de este tipo en la última semana. El 16 de septiembre, Alberto Yepes y Adriana Pestana del grupo Colombia-Europa-Estados Unidos de la Coordinación, que agrupa a 240 organizaciones de derechos humanos, fueron asaltados y robados. Los hombres en motocicleta robaron una computadora y los teléfonos celulares con información confidencial. Este robo tuvo lugar 10 días después de que fue circulada una amenaza de muerte con el nombre del Sr. Yepes listado como un "objetivo militar." La misma amenaza identificó más de 90 defensores de los derechos humanos, entre ellos activistas afrocolombianos como Jairo Caicedo (AFRODES), Padre Emigdio Cuesta (Conferencia Nacional Afrocolombiana), Juan Carabalí (Mesa de Organizaciones Afro-Colombianas), Virgelina Chara (Asomujer y Trabajo) y Orlando Pantoja (COCOCAUCA). Días antes, el 2 de septiembre, líderes de los derechos laborales en la región del Valle del Cauca recibieron una amenaza de muerte del grupo paramilitar Los Rastrojos. Los líderes indígenas también han sufrido en esta última ola de violencia, como el grupo guerrillero ELN asesinó a dos líderes indígenas en el departamento del Chocó, que acusaron de ser "informantes del Estado." WOLA se une a las Naciones Unidas en la condena de este acto.
Estos últimos actos de violencia son particularmente inquietante si se consideran los recientes informes de que no hay financiación suficiente para las medidas de protección para los líderes de los derechos humanos y laborales en Colombia. WOLA condena enérgicamente los ataques, e insta a los Estados Unidos a ayudar a Colombia en la búsqueda de los fondos necesarios para brindar protección a estos líderes en este momento crítico en la historia de Colombia. Gestos políticos, también, pueden salvar vidas; el Vicepresidente de Colombia debe condenar públicamente todos estos últimas amenazas y ataques, y dirigir la Fiscalía General a investigar los incidentes.