Cuatro resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los últimos dos años y una decisión histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México en julio de 2011 han establecido claramente la obligación de México de dejar de utilizar el fuero militar para investigar y procesar violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas. Por otra parte, uno de los requisitos incluidos en el apoyo de los EE.UU. a México mediante la Iniciativa Mérida es “que las procuradurías civiles y las autoridades judiciales estén investigando y procesando, de acuerdo con las leyes mexicanas e internacionales, a miembros de la policía federal y de las fuerzas militares quienes tienen alegaciones creíbles de haber cometido violaciones a los derechos humanos y que la policía federal y las fuerzas militares están cooperando plenamente con las investigaciones”. Tal como WOLA y otras organizaciones han afirmado en varias ocasiones, es claro que este requisito no se cumplirá hasta que el Código de Justicia Militar de México sea reformado para excluir todas las presuntas violaciones a los derechos humanos del fuero militar y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) comience a remitir activamente los casos a la jurisdicción civil.
En este memorándum, WOLA explica las repercusiones del fallo de julio de 2011 de la Suprema Corte de México. El memorándum también analiza tres casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por soldados, al igual que el estado de su remisión de tribunales militares a tribunales civiles. Este análisis aclara que la SEDENA no está remitiendo activamente casos de la jurisdicción militar a la jurisdicción civil y que, con la excepción de los casos que se han presentado ante la Corte Interamericana, ésta continua ejerciendo jurisdicción para investigar y procesar a soldados que presuntamente han cometido abusos.
Para más información sobre este tema importante, por favor vea el comunicado de prensa emitido el 29 de enero por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” sobre la reciente apelación de la SEDENA sobre la decisión histórica de un juez federal de remitir un caso de la jurisdicción militar a la jurisdicción civil.
