Por Geoff Thale y Jo-Marie Burt, con contribuciones de Ana Goerdt
En la tarde del viernes 10 de mayo de 2013, un Tribunal guatemalteco encontró al General José Efraín Ríos Montt, ex jefe de estado de facto, culpable de genocidio y crímenes contra la humanidad. La presidenta del tribunal, Jazmín Barrios, leyó un resumen de una hora de duración sobre la resolución del juzgado en una audiencia repleta. Todo el juicio será leído en la corte el 17 de mayo.
Ríos Montt, de 86 años de edad, fue sentenciado a 80 años de cárcel —50 años por genocidio y 30 años por crímenes contra la humanidad—. Su arresto domiciliario fue revocado y fue transportado de inmediato a la Prisión de Matamoros. Su co-demandado, Mauricio Rodríguez Sánchez, el jefe de inteligencia militar durante el régimen Ríos Montt, fue absuelto de ambos delitos.
El veredicto se produjo 30 años después de que los delitos se cometieron y 13 años después de que la demanda fue presentada por los sobrevivientes al Ministerio Público. El juicio inició el 19 de marzo de 2013, en un ambiente que cada vez era más polarizado. El panel de tres jueces triunfó sobre varios intentos por detener el proceso —incluyendo uno el día del veredicto— antes de que la sentencia fuera finalmente dictada.
El juicio y la condena de Ríos Montt se debe en gran parte a la resistencia de los sobrevivientes y familiares de las víctimas quienes persistieron en sus demandas por la verdad y la justicia durante el curso de las últimas tres décadas, especialmente de la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) y las organizaciones de los derechos humanos que respaldaron su lucha, específicamente del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH). También se debe a la determinación de una nueva generación de los fiscales y jueces en Guatemala, quienes creen en el estado de derecho y quienes han defendido valientemente su obligación de investigar tanto la criminalidad pasada como la presente, a menudo haciendo frente a amenazas e intimidación.
El veredicto de Ríos Montt es histórico. Es el primer ex jefe de estado en ser condenado por genocidio por una corte nacional. Su juicio y condena frente a los diversos intentos por interferir con el proceso significa que hubo dos victorias en Guatemala la semana pasada.
Verdad y justicia para las víctimas de abusos de los derechos humanos
La primera victoria es la propia condena, la cual otorga cierta medida de justicia para las víctimas de los sistemáticos abusos a los derechos humanos durante el régimen de Ríos Montt. Como jefe del ejército guatemalteco y jefe de estado de facto durante un período de 17 meses en 1982 y 1983, Ríos Montt ha sido identificado durante mucho tiempo por los activistas de los derechos humanos en Guatemala y en el resto del mundo, como el hombre responsable durante el período de los abusos más notorios de los derechos humanos cometidos durante la guerra civil de Guatemala. Las masacres y los ataques dirigidos a las comunidades indígenas mayas se expandieron durante su régimen. El juicio y la condena de Ríos Montt son una reivindicación para las víctimas y sus familias, así como la reafirmación del principio de que los ataques indiscriminados a las comunidades civiles durante el tiempo de guerra nunca pueden ser justificados.
Como señaló defensora guatemalteca de los derechos humanos, Helen Mack, después del veredicto, el juicio marca un punto de inflexión para Guatemala —fue la primera vez en que la población indígena de Guatemala tuvo una oportunidad para que sus voces fueran escuchadas en una corte y fue una demostración de que la verdad y la justicia para las víctimas puede alcanzarse a través de medios pacíficos y democráticos—.
Un triunfo del estado de derecho
La segunda victoria es para el estado de derecho en general en Guatemala. Durante el proceso judicial, la conclusión del juicio —mucho menos la sentencia de Ríos Montt— parecía lejos de ser posible. La conclusión del juicio, anticipada durante mucho tiempo, se produjo después de varios retrasos en el proceso que amenazaron en más de una ocasión no sólo con alentar el proceso, sino con detenerlo del todo. Varios observadores señalaron que los abogados de la defensa no estaban comprometidos en una defensa legal técnica del acusado, sino que estaban utilizando tácticas de procedimiento, algunas de legalidad dudosa, para detener el juicio y evitar que llegara a la conclusión. Además, el juicio enfrentó a la oposición de algunos sectores de la sociedad guatemalteca, quienes se quejaron de que el juicio y la conclusión mancharon al país al justificar a las ex guerrillas y sus aliados, retratar equivocadamente que el gobierno abusaba de los derechos humanos y socavar la confianza de los inversionistas en el país. De hecho, la conclusión exitosa del juicio señala que el estado de derecho en Guatemala, a pesar de ser vulnerable y aún sujeto de corrupción y tráfico de influencias, triunfó. A pesar de las tácticas de retraso del proceso y las presiones políticas, el proceso legal continuó y el juicio concluyó con el veredicto de culpabilidad de Ríos Montt. Pocos imaginaron que esto fuera alguna vez posible en Guatemala.
No hay duda de que el juicio decepcionó a mucha gente en Guatemala y fue un evento polarizador en algunos círculos. El presidente guatemalteco Otto Pérez Molina, él mismo un ex general, continúa insistiendo públicamente que no hubo genocidio en Guatemala. Un puñado de grupos de ala derecha emitió una serie de anuncios públicos defendiendo la conducta del ejército durante la guerra civil que muchos percibieron como amenazadas veladas contra los abogados de la fiscalía y los jueces del caso, los defensores de los derechos humanos y otros funcionarios públicos. Algunos de aquellos involucrados en el caso estaban preocupados por su seguridad y continúan haciéndolo después del juicio.
El domingo, dos días después de la sentencia condenatoria, un pequeño grupo de familias militares marcharon frente a la base de Matamoros apoyando a Ríos Montt y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) —una poderosa asociación comercial— llevó a cabo una conferencia de prensa desafiando el veredicto. En su comunicado de prensa, el CACIF condenó la resolución del tribunal y cuestionó algunos asuntos legales y del proceso.
De cierto, los miembros del CACIF tienen el derecho de hacerlo. Pero lo que CACIF no es capaz de ver es que las acciones del sistema judicial —el procurador general, los fiscales, jueces y apelaciones— demostraron que el estado de derecho en Guatemala está avanzando en el país. Es cierto que hay mucho trabajo aún por hacer. Nadie diría que el sistema judicial de Guatemala es como el de Suiza. Pero los líderes empresariales deberían recordar a sus amigos en Guatemala y en el exterior de que el país está mostrando ser un país donde el sistema judicial puede operar imparcialmente y que la influencia y los contactos internos o las denuncias y amenazas no pueden detener el proceso de la justicia.
Esa es una victoria para Guatemala.
Geoffe Thale es el Director del Programas de WOLA. Jo-Marie Burt es una Asesora Principal de WOLA. Ana Goerdt es la Asistente del Programa de WOLA para México y Centroamérica, Seguridad Ciudadana y Política de Seguridad Regional.
Para mayores detalles del reporte y análisis del día final del juicio, véanse las publicaciones del blog de la Miembro Senior de WOLA, Jo-Marie Burt, para el monitoreo del juicio de la Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta.
