(U.S. Customs and Border Protection's Rio Grande Valley Sector via AP)
(U.S. Customs and Border Protection's Rio Grande Valley Sector via AP)
Ayer, el Comité de Veeduría de la Cámara de Representantes tuvo una audiencia titulada “Niños en jaulas: Trato inhumano en la frontera” para dirigirse a los informes gubernamentales más recientes sobre las condiciones en los centros de detención y el maltrato por parte de las autoridades de inmigración de los EE. UU. Miembros del público llenaron la sala de audiencias con calcomanías con el hashtag #JusticiaParaMariee, una niña de 19 meses que murió poco después de enfermarse en una instalación de ICE en Dilley, Texas. La madre de Mariee, Yazmin Juárez, declaró ante el Comité: “No puede ser tan difícil en este gran país asegurarse de que los niños pequeños que encierran no se mueran por abuso y descuido”.
Mientras que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) reportó una baja en el número de detenciones durante el mes de junio, los niños y las familias siguen huyendo de Centroamérica a niveles récord. En lugar de preparar de mejor manera a las agencias americanas para hacer frente a un gran número de centroamericanos vulnerables, la administración de Trump ha promulgado políticas como la regulación en los puertos de entrada y “Permanecer en México,” que causan más daño a los migrantes y contribuyen mucho más al caos fronterizo.
En un nuevo análisis, la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) destaca 10 puntos críticos que ningún legislador debe ignorar si deseamos ver un fin a esta locura.
La cantidad de inmigrantes detenidos por las autoridades de los EE. UU. en la frontera sur disminuyó en junio en comparación con mayo, el mes más intenso en cuanto a las llegadas de migrantes a la frontera desde 2007. (El contexto es muy diferente: a diferencia del 2007, cuando casi todos los migrantes detenidos eran adultos solteros, más de dos tercios de los migrantes detenidos en mayo fueron niños y padres).
Políticas como las de “Permanecer en México” (PEM) y represión por parte de la Guardia Nacional impuesta por Estados Unidos, discutida en los puntos 4 y 7 a continuación, contribuyeron a la caída del flujo migratorio. Pero también aportaron las variaciones estacionales: la frontera es sumamente calurosa en junio y las disminuciones son normales. Además, los contrabandistas probablemente retiraron las operaciones en respuesta a la represión. No han salido del negocio: es más probable que estén en estado de monitorización mientras México despliega alrededor de 21,000 guardias.
Por lo tanto, la reducción no significa que la crisis humanitaria en la frontera esté “resuelta”. Ya lo hemos visto antes. Otra medida de represión a mediados de 2014 en el sur de México, conocida como el “Plan de la frontera sur”, contribuyó a una caída similar en migración infantil y familiar. También vimos una fuerte caída a principios del 2017, cuando los contrabandistas se detuvieron momentáneamente después de la inauguración de Donald Trump.
En ambas ocasiones, después de bajar drásticamente después de unos meses, la migración de niños y familias comenzó a aumentar nuevamente. Luego de una ola de niños y familias en 2014, la migración disminuyó hasta enero del 2015, y luego aumentó gradualmente casi todos los meses (casi no hubo un descenso en el verano del 2015), hasta finales de 2016 cuando se produjo un retorno a los niveles cercanos a 2014. Un patrón similar ocurrió después de la inauguración de Trump; después de una caída inicial, las capturas en las fronteras aumentaron casi todos los meses aun más que el último desde abril de 2017.
La razón de estas recuperaciones graduales es que los migrantes y los traficantes encuentran maneras de adaptarse. Adoptan nuevas rutas por México. Los contrabandistas corrompen a funcionarios, como a los que mantienen los puntos de control, con casi total impunidad. Hay pocas razones para esperar que esta vez sea diferente, ya que las fuerzas que impulsan a las personas a abandonar América Central siguen siendo tan intensas como siempre.
Las altas tasas de homicidios, las amenazas de muerte, la violencia doméstica y los gobiernos débiles que no pueden brindar protección a sus ciudadanos crean situaciones en las que muchos centroamericanos se sienten obligados a huir por su propia seguridad y la de sus hijos. Estos problemas empeoran por las altas tasas de desempleo, la falta de oportunidades y la severa sequía y pérdida de cultivos en las zonas rurales.
Ayudar a los reformadores en El Salvador, Guatemala y Honduras a hacer que sus países sean más seguros, más prósperos y más habitables, aliviando así muchas de las causas fundamentales de la migración actual, es una misión valiosa en la cual invertir la generosa asistencia de los Estados Unidos. Llegar allí, sin embargo, requeriría un esfuerzo continuo durante una generación. Mientras tanto, la asistencia debe estar dirigida a mejorar las condiciones en las comunidades que envían a la mayoría de las personas y reducir la corrupción que permite que florezcan condiciones miserables.
Inexplicablemente, la administración de Trump ha hecho lo contrario. En un ataque de resentimiento por los flujos migratorios, el presidente reprogramó cerca de $550 millones en asistencia a la región que se había sido designada para 2017 y 2018.
Las solicitudes de asilo en México se han casi que duplicado cada año desde 2014, y están en trayectoria de hacerlo nuevamente en 2019. La demanda ha sobrepasado la capacidad de la agencia de refugiados de México, COMAR, que cuenta con unas pocas docenas de personal y un presupuesto anual (sin contar la asistencia que viene principalmente del ACNUR) de solo $1.2 millones. La agencia está a punto de colapsar. México necesita invertir más en su sistema de asilo, pero el gobierno actual, en cambio, ha sometido a COMAR a medidas de austeridad, llevando su presupuesto al nivel más bajo en siete años.
Un número creciente de solicitantes de asilo salvadoreños, guatemaltecos y hondureños se dirigen al sur, a Costa Rica y Panamá. Los países receptores también necesitarán asistencia para adaptarse al flujo.
Especialmente si no pueden obtener un estatus legal en México, los migrantes centroamericanos frecuentemente son víctimas por parte de pandillas, crimen organizado y funcionarios corruptos. En algunos casos, los criminales están vinculados a los mismos grupos violentos de Centroamérica de los cuales huyen los migrantes. Muchos no se sienten seguros en México y buscan venir a los Estados Unidos.
Con niños y padres buscando protección, ahora la gran mayoría de los inmigrantes están siendo detenidos en la frontera. Por lo tanto, el gobierno de los Estados Unidos debe ajustar su sistema de asilo para administrar este aumento de solicitudes. Esto significa que es necesario que los solicitantes de asilo se puedan acercar a los puertos de entrada oficiales (cruces fronterizos terrestres) y solicitar protección. Luego, en lugar de sentarse en las áreas de retención pequeñas y ahora peligrosamente sobrepobladas que CBP mantiene en los puertos, deben ser llevados a los centros de procesamiento. Con suficiente espacio y personal para iniciar sus aplicaciones.
En su lugar, CBP ha implementado la “metering” o regulación de entradas, enviando agentes a la frontera fuera de los puertos de entrada para evitar que los solicitantes de asilo pongan pie en territorio americano y en vez, aceptan solo pequeños números en los puertos cada día. Esto ha provocado que al menos 19,000 solicitantes de asilo pasen meses en las ciudades fronterizas de México, generalmente sin ingresos estables, esperando que llegue su turno en listas de espera improvisadas. Muchos se dan por vencidos en la espera y buscan cruzar entre los puntos legales, escalar cercas, cruzar el Río Grande o caminar en el desierto. Muchos, incluso varios niños, han muerto.
La posibilidad de acercarse a los puertos de entrada es aún más lejana ahora que el gobierno de México, bajo intensa presión de la administración de Trump, ha desplegado cerca de 21,000 miembros de su nueva Guardia Nacional a las fronteras del norte y el sur. El personal de la Guardia Nacional, la mayoría de los cuales eran soldados hace un mes o dos antes de recibir una capacitación apresurada y limitada, está reuniendo a los migrantes y deteniéndolos físicamente para evitar que crucen a los Estados Unidos, incluso para buscar asilo.
La Sección 1325 del Título 8 del Código de los EE. UU., una ley que existe desde 1952, declara que cruzar la frontera en cualquier lugar, excepto en un puerto de entrada, es un delito menor punible con hasta seis meses en una prisión federal. La ley no hace ninguna excepción para los solicitantes de asilo. Con su política de “cero tolerancia” en 2018, el gobierno de Trump intentó aplicar la Sección 1325 a casi todo el mundo, llevando a juicio a padres que solicitan asilo y arrancandoles a sus hijos cuando ingresaban al sistema de justicia penal federal.
Hoy en día, los adultos solteros, incluyendo a solicitantes de asilo, continúan siendo procesados en tribunales federales bajo la “Operación Streamline”, que comenzó durante la administración de Bush. Después de un breve juicio, la mayoría pasa algún tiempo en prisión antes de ser deportados. Este es un desperdicio de recursos que no tiene sentido.
La revocación de la Sección 1325, como lo ha propuesto el candidato presidencial Julián Castro y otros, es sentido común. Hacerlo no significa “abrir las fronteras”. Los migrantes indocumentados o con reclamos de protección creíbles seguirían estando sujetos a deportación. Pero significaría el fin de tribunales federales y prisiones llenas con inmigrantes.
En un escenario ideal, los solicitantes de asilo pasarían uno o dos días en un centro de procesamiento bien equipado y con personal capacitado para trabajar con niños y víctimas de trauma. Luego, serían liberados en programas de monitoreo de alternativas a la detención, y continuarían con sus solicitudes de asilo en un sistema de tribunales de inmigración con la capacidad de decidir sus casos tan pronto como lo exige el debido proceso.
En cambio, la capacidad de procesamiento de CBP ha colapsado, como lo demuestran los testimonios de familias y niños que pasaron muchas semanas en celdas repletas y fétidas, sin acceso a cepillos de dientes u oportunidades para bañarse, sin alimentos más allá de fideos y burritos, y poco o ningún contacto externo.
“Ayuda, 40 días aquí”, lee un cartel escrito a mano en una celda de la Patrulla Fronteriza que contiene a 88 hombres en un espacio designado nada más para 41 personas. La fotografía es de un impactante informe de julio por parte del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional.
Aunque hay algunos informes de tratos crueles, muchos, si no la mayoría, de agentes de la Patrulla Fronteriza y CBP han hecho su mejor esfuerzo en circunstancias imposibles. La culpa de estas condiciones queda con la administración del Departamento de Seguridad Nacional, que no asignó recursos para mejorar el proceso (recursos disponibles habían sido transferidas a programas de ICE y construcción del muro) mientras impedían que los informes de estas condiciones horribles recibieran atención hasta hace poco tiempo.
Si los niños vienen a buscar protección por su cuenta, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos debe estar bien equipada para cuidar y colocar a estos niños en entornos seguros. Dada la necesidad urgente de retirar a los niños de las instalaciones que no han brindado atención adecuada, el HHS necesita más recursos para recibir rápidamente los niveles actuales de niños que no estén acompañados.
La práctica de usar “instalaciones de entrada” es cada vez más común, pero solo es una solución inmediata a un problema de largo plazo. Estas instalaciones carecen de supervisión por parte del gobierno y en algunos casos generan ingresos a costa del estado vulnerable de menores de edad. El Congreso debe financiar solo instalaciones con licencia estatal que brinden servicios consistentes y bien monitoreados a niños no acompañados, trabajando exclusivamente con organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro con experiencia en la atención integral. Esta atención debe incluir no solo las necesidades básicas de comida y refugio, sino también servicios adecuados de salud y legales para cada niño.
La estadía de los niños en espera de reasentamiento debe ser lo más humana y corta posible. Los niños bajo la guía de HHS están perdidos y alejados de sus seres queridos que están más allá de las paredes de los refugios. Contratar más trabajadores vetados por HHS permitiría que estos presten más atención a cada caso, y que los niños sean ubicados en el cuidado seguro de familiares de una manera más eficiente.
Nos quedamos sumamente lejos del escenario ideal descrito al comienzo de esta sección. La asignación suplementaria de emergencia aprobada a fines de junio añade recursos necesarios para procesar a personas recién llegadas. Pero el proyecto de ley final abandonó el lenguaje que establece cierto estándar sobre el cuidado y protección de los niños y las familias durante su tiempo en custodia.
Después de la amenaza de Trump, retirada por ahora, de imponer tarifas a los productos mexicanos, el Departamento de Seguridad Nacional amplió el programa “Permanecer en México”, cuyo nombre oficial irónicamente es “Protocolos de protección al migrante”. Bajo esta iniciativa, que comenzó al principio del año, CBP sigue enviando a decenas de miles de solicitantes de regreso a México para esperar sus audiencias de asilo, que han sido atrasadas por meses debido a los tribunales.
Tras el inesperado regreso a las ciudades fronterizas de México, la mayoría de los solicitantes (niños, padres, mujeres embarazadas) no tienen hogar. No tienen fuentes de ingreso. Están vulnerables e inseguros en ciudades con algunas de las tasas más altas de delitos violentos de México, y esta semana “Permanecer en México” llegó a otro nivel muy bajo cuando empezaron a regresar solicitantes a Nuevo Laredo, una ciudad fronteriza caótica que es la base de las facciones depredadoras del cartel de los Zetas. Mientras esperan sus audiencias en el otro lado de la frontera, las víctimas de PEM están teniendo dificultades para obtener representación y recibir notificaciones sobre sus procesos de asilo.
Más de 18,000 migrantes han sido obligados a permanecer en México a partir de la primera semana de julio. Al agregar alrededor de 20,000 personas o más que están en las listas de espera de los puertos de entrada, y ahora hay aproximadamente 40,000 solicitantes de asilo que se encuentran en condiciones precarias en las ciudades fronterizas de México. La administración de Trump ha señalado la intención de aumentar la intensidad del programa para llegar a 1,000 solicitantes por día; a este ritmo, podría haber más de 100,000 para este otoño. Las ciudades fronterizas de México no pueden sostener eso. Comenzaremos a ver imágenes desgarradoras de barrios marginales y campamentos migratorios plagados de enfermedades.
El gobierno de Trump ha está presionando mucho por México y Guatemala para ir aún más lejos, firmando un acuerdo de “tercer país seguro”. Esto obligaría a ambos países a aceptar a cualquier solicitante de asilo que ingrese a su territorio de camino a los Estados Unidos, y permitiría al gobierno de los Estados Unidos a deportarlos de manera permanente a México o Guatemala.
Esto es absurdo. México terminaría inundado con guatemaltecos y Guatemala con hondureños y salvadoreños, y ambos tendrían que alojar a decenas de miles de cubanos, haitianos, venezolanos, africanos, asiáticos del sur y otros que ingresan por primera vez a su territorio. Mientras tanto, es obvio para todos excepto los más ignorantes que México y Guatemala no son países seguros para migrantes. A finales de junio la carta de los tres presidentes de los comités de la Cámara de Representantes señala: “Los informes de derechos humanos de 2018 del Departamento de Estado sobre Guatemala y México dejan en claro que Guatemala y México no cumplen con estos estándares” debido a problemas de seguridad, marcos jurídicos insuficientes y sistemas de asilo disfuncionales. La carta también afirma que el presidente no tiene la autoridad constitucional para concluir acuerdos de seguridad con terceros países sin la acción del Congreso.
El programa “Permanecer en México” debe detenerse inmediatamente. Y las demandas de un acuerdo seguro con un tercer país deben cesar de inmediato.
A partir de mayo de 2019, de acuerdo con la base de datos de inmigración TRAC de la Universidad de Syracuse, hubo 908,552 casos pendientes en los tribunales de inmigración de los EE. UU., sin contar cientos de miles más que esperan una nueva cita. Con apenas 424 jueces para analizar todos estos casos, el promedio de espera ahora 727 días; en algunas cortes se tarda más de 900 días. “Los tres tribunales de inmigración más grandes tenían tan pocos recursos que las fechas de las audiencias estaban siendo catalogadas para agosto del 2023 en la ciudad de Nueva York, octubre del 2022 en Los Ángeles y para abril del 2022 en San Francisco”, según los reportes de TRAC.
Con un average de al menos 2,142 casos por cada juez de inmigración, la solución parece obvia: contratar más jueces y establecer más tribunales para reducir los retrasos y los tiempos de espera. Con suficiente capacidad, los casos de asilo podrían resolverse en un año, con tal de que se respete el proceso adecuado. Los solicitantes de asilo pasarían ese año preparando sus casos en el interior de los EE. UU., mientras son monitoreados por programas alternativos a detención (descritos en la siguiente sección). Si el sistema funcionara eficientemente, sería mucho menos probable que las personas sin casos claros de asilo paguen miles de dólares y lo dejen todo para quedarse solo por un año.
Aunque la administración de Trump ha aumentado el número de jueces de inmigración un poco, se ha negado rotundamente a seguir haciéndolo. Sin embargo, el solo hecho de contratar jueces no resolverá el problema. Los tribunales de inmigración de EE. UU. no son independientes, forman parte del poder ejecutivo bajo el Departamento de Justicia y los jueces responden ante el Fiscal General William Barr. Una juerga de contratación ahora podría resultar en la adición de cientos de jueces que encajan en el perfil político anti-inmigrante de la administración de Trump, y corre el riesgo de que se cometan violaciones graves del proceso debido para personas con casos de asilo fuertes y válidos para reclamar protección. Es por eso que la Asociación Americana de Abogados, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración y la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, entre otros, recomiendan trasladar los tribunales de inmigración fuera del poder ejecutivo y hacerlos independientes en el “Artículo 1” (de la Constitución) establecidos por el Congreso, similar al Tribunal Fiscal de los Estados Unidos.
Incluso si el acuerdo judicial Flores no prohibiera la detención de familias y niños, la práctica igual sería sumamente inapropiada y cruel, como lo han señalado expertos que vienen de la Academia Americana de Pediatría hasta aquellos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Además, es costoso: ICE informó al Congreso que la detención familiar costará $295.94 por familia por día en 2020, menos (por razones poco claras) de los $318.79 que ha costado hasta ahora en el 2019. También es innecesario, ya que se ha demostrado que los solicitantes de asilo son capaces de mantenerse “en el sistema”, y evitar caerse por las grietas a través de programas de monitoreo económicos.
Los programas que involucran a trabajadores sociales que se mantienen en contacto frecuente con las familias que buscan asilo han generado tasas de cumplimiento muy altas por una pequeña fracción del costo. Por $36 al día, un Programa de Administración de Casos Familiares administrado por ICE había logrado una tasa de cumplimiento del 99 por ciento como proyecto piloto, sin necesidad de brazaletes de tobillo, hasta que la administración de Trump lo terminó en 2017.
Evaluar esta experiencia, hacer modificaciones y revivir un programa como este y expandirlo en todo el país tiene mucho más sentido que simplemente someter a las madres con monitores de tobillo y dejarlas en las estaciones de autobuses, y tiene mucho menos sentido aún llenar las ciudades fronterizas con miles de familias vulnerables sin ningún tipo de hogar.
Las alternativas a detención también deberían ampliarse para incluir a la mayoría de los solicitantes de asilo adultos solteros. Los trabajadores sociales son mucho más baratos que las prisiones privadas.
No pasa más de una semana sin haber reportes de involucramiento por parte de la Patrulla Fronteriza, el CBP o el personal de ICE en comportamientos crueles. Apenas en las últimas dos semanas, han habido acusaciones de agentes sobre la Patrulla Fronteriza en las cuales obligan a los niños que no están acompañados a dormir en los pisos de celdas de concreto como castigo; denuncias de abuso sexual bajo custodia; y un discurso de odio repugnante en un grupo de Facebook de 9,000 personas que son activos o previos agentes.
El personal que se involucra en este comportamiento está perjudicando gravemente a sus agencias, ya sus colegas que intentan hacer lo correcto en circunstancias terribles aún sin recibir el reconocimiento debido. Esta es una falla de administración, que ha demostrado poca creatividad, poca transparencia, una falla de ser proactivo frente a las acusaciones de abuso y una incapacidad para ajustarse a un perfil de migrantes que ha cambiado mucho hoy en día. La administración no ha podido contrarrestar, y en algunos casos hasta ha podido fomentar las opiniones extremistas de algunos miembros de la administración Trump, cuyos constantes mensajes, desplegados a través de medios de comunicación de derecha, apoyan los peores impulsos de algunos agentes. Eso es absolutamente incompatible con la aplicación de la ley.
En 2015, un grupo de Revisión de Integridad del Departamento de Seguridad Nacional señaló que cuando se creó la CBP, en 2003, “no tenía investigadores para asuntos internos. CBP ha tenido que reconstruir su capacidad de asuntos internos, pero aún está muy por debajo de lo que realmente necesita. En actualidad, la Oficina de Asuntos Internos de CBP tiene muy poco personal. CBP tiene aproximadamente 218 investigadores de Asuntos Internos para una fuerza laboral de casi 60,000 empleados, 44,000 de los cuales son oficiales de la ley”. Esta situación ha mejorado modestamente desde entonces, pero CBP está lejos desde recibir la supervisión interna y externa que normalmente se esperaría de una agencia de su tamaño y con una misión tan delicada.
*Traducción por Isabella Oliver