26 Jan 2011 | Análisis | Noticias

EE.UU. debe esperar hasta que Colombia mejore su situación de derechos humanos antes de considerar el TLC

Esta semana el Vicepresidente de Colombia se encuentra en Washington DC con el fin de discutir asuntos acerca de derechos humanos y laborales, y abogar por la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Oficina en los Estados Unidos sobre Colombia y el Centro para la Política Internacional (CIP) les dan la bienvenida  al nuevo tono del gobierno colombiano en cuanto a las discusiones en materia de derechos humanos y esperan acciones concretas por parte del gobierno de Santos. La administración de Santos deberá demostrar mejoramientos reales en temas de derechos laborales y humanos antes de que el Congreso estadounidense considere un tratado de libre comercio.

Colombia todavía enfrenta una grave situación en materia de derechos humanos. Por ende, el gobierno colombiano debe demostrar una mayor cantidad de  resultados  significativos en cuanto a la reducción de la violencia contra sindicalistas, defensores de derechos humanos, indígenas, la población afro-colombiana y el enjuiciamiento de dichos casos, así como los casos de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a las fuerzas armadas de Colombia. De igual forma, Colombia debe fortalecer la protección de los derechos laborales, incluyendo poner el fin al modelo explotador de cooperativas de trabajo asociado. Por último, el gobierno colombiano debe hacer avances significativos y sostenibles en cuanto al desmantelamiento de estructuras paramilitares y la protección de los derechos territoriales y humanos de las comunidades indígenas y afrocolombianas.

Los gobiernos de Estados Unidos y Colombia deben considerar el impacto que dicho tratado tiene en los 11 millones de habitantes en zonas rurales, dos tercios de los cuales son pobres y casi un tercio de los cuales viven en extrema pobreza. Los pequeños agricultores colombianos, que representan el 10 por ciento de la fuerza laboral del país y  el  89 por ciento de las producciones agrícolas, serían los más afectados por las provisiones del TLC en cuanto a la agricultura. Los estudios de caso han demostrado que, tanto la pobreza como la falta de alternativas económicas, han conllevado a que los pequeños agricultores opten por el cultivo ilícito de coca, especialmente en las regiones del país en donde la situación económica y la presencia de actores armados hacen que las condiciones de vida sean aún más difíciles. Será un gran fracaso en la política estadounidense si el TLC llegara a hacer que más agricultores pequeños optaran por tomar el camino de los cultivos ilícitos. Los tomadores de decisiones en Estados Unidos deben garantizar que las políticas comerciales no contradigan los esfuerzos conjuntos de Estados Unidos y Colombia en la lucha contra el narcotráfico.

El nuevo gobierno colombiano, a cargo de de Juan Manuel Santos, ha mejorado su tono en materia de derechos humanos. Ha promovido una ley de victimas y tierras que busca devolver una porción de las tierras ilegalmente usurpadas a las víctimas de la violencia. Estos esfuerzos son pasos hacia una dirección correcta. Sin embargo, preocupaciones estructurales y de largo plazo en materia de derechos humanos continúan. El tiempo y los esfuerzos consistentes orientados hacia resultados son necesarios antes de que dichos problemas sean plenamente atendidos.

El gobierno colombiano aún tiene mucho por hacer para ponerle fin a las amenazas y ataques contra sindicalistas, defensores de derechos humanos y líderes de comunidades, los cuales incluso han incrementado desde que el nuevo gobierno se posesionó en agosto de 2010. La Escuela Nacional Sindical (ENS) reportó que 42 sindicalistas fueron asesinados entre 1 de enero y 15 de diciembre de 2010. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) reportó que más de 105 personas indígenas fueron asesinadas en 2010. Paramilitares y grupos armados ilegales emergentes, los cuales siguen actuando en muchas regiones con la complicidad o tolerancia de las Fuerzas Armadas de Colombia, siguen controlando áreas de la periferia colombiana. En su reporte reciente, el centro de pensamiento colombiano INDEPAZ indicó que hay 6.000 hombres armados operando en 29 departamentos colombianos en donde entre 7.400 y 12.000 personas apoyan dichas estructuras. La implementación de la Ley de Tierras, aunque cuente con las mejores intenciones, va a enfrentar grandes retos por el hecho que el conflicto armado interno persista y por el dominio con el que cuentan los grupos armados ilegales en áreas que están designadas para devolución de tierras.Un número de líderes de comunidades desplazados que reclaman sus derechos de tierras fueron asesinados en meses recientes.

Hasta el momento, el nuevo gobierno no ha demostrado avances significativos en el procesamiento de casos de ejecuciones extrajudiciales atribuidos a las fuerzas de seguridad colombianas. Casos involucrando a más de 3.000 civiles asesinados se encuentran estancados en la Justicia ordinaria. Muchos han fracasado en cuanto al avance, y si lo han hecho, ha sido de manera muy lenta, mientras que muchos otros casos se han manejado de manera inapropiada por parte del sistema judicial militar en vez de haber sido transferidos a los tribunales civiles.

Con motivo de la visita de bienvenida del vicepresidente Angelino Garzón a Washington, animamos al gobierno colombiano a comprometerse lograr avances significativos en cuanto a la forma de como se manejan estos serios retos en materia de derechos humanos. El Congreso de Estados Unidos debe esperar hasta que haya un progreso real en estos asuntos antes de considerar el TLC con Colombia.

Gimena Sanchéz
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
(202) 797-2171

Abigail Poe
Centro para la Política Internacional
(202) 232-3317

Diana Arango
Oficina en los Estados Unidos sobre Colombia
(202) 232-8090