(Foto AP/ Oliver de Ros)

24 Sep 2018 | Análisis

La participación del ejército en el contragolpe de la CICIG es un retroceso severo para las relaciones civiles militares de Guatemala

Con una investigación de corrupción pendiente en su cabeza, el 31 de agosto del 2018, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, hizo su movimiento en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala  (CICIG). Rodeado por docenas de oficiales militares, Morales anunció desafiante que no renovaría el mandato de la CICIG, un organismo fiscal apoyado por la ONU que ha encabezado muchas investigaciones de funcionarios corruptos desde su fundación en el 2007. Cuatro días después, Morales declaró al comisionado de la CICIG, el incansable jurista Colombiano Iván Velásquez, una “amenaza a la seguridad pública” y le prohibió volver a ingresar a Guatemala.

En un país que se clasifica como el número 143 de los 180 países  en el Índice de Percepción de la Corrupción según Transparency International, el movimiento en contra de la CICIG intensifica una reacción en curso. Las élites corruptas que se benefician del status quo-de Guatemala, en el gobierno, en el crimen organizado- dieron un duro golpe, deshaciendo años de reforma.

Tal vez no sea sorprendente ver que un presidente poco ético y sus aliados hagan esto. Pero es profundamente decepcionante ver que las fuerzas armadas de Guatemala se han unido inequívocamente a las fuerzas de reacción y corrupción.

Una demostración de fuerza

En el amplio ángulo de la siguiente foto, disponible en línea, se muestra a Morales anunciando su desafiante decisión el 31 de agosto. También se puede apreciar a otras 75 personas, incluido Morales, de las cuales sesenta y ocho de ellos están en uniforme; y al menos quince portan la boina granate que representa a las temidas Fuerzas especiales Kaibil. El mensaje es claro: el alto mando apoya la movida de Morales contra la CICIG en los términos más enérgicos. Sesenta oficiales de pie respaldando al presidente es más que solo marcar una casilla para cumplir con una orden del comandante en jefe.

Presidente Jimmy Morales se dirige a la nación rodeado por oficiales militares en la Ciudad de Guatemala, Viernes 31 de Agosto, 2018 (Foto AP/Oliver de Ros) (AP Photo/ Oliver de Ros)

Aún más evidente fue la demostración de fuerza militar fuera de las oficinas centrales de la CICIG en la mañana del Viernes 31 de Agosto. Un convoy de vehículos de transporte militar y artilleros con casco apoyados en las torretas de sus ametralladoras condujeron por el próspero y bien resguardado barrio de la Ciudad de Guatemala, igual que alrededor de las oficinas de la CICIG, por donde circularon varias veces. Los vehículos también se detuvieron frente a la embajada de los EE.UU. y de otros países que apoyan a la CICIG. Estos también rondaron cerca de los hogares y oficinas de prominentes defensores de derechos humanos.

(Foto publicado por elPeriódico en Guatemala).

Estos vehículos fueron donados a Guatemala a través de cuentas del Departamento de Defensa de los EE. UU. y son legalmente autorizados sólo para ayudar al ejército y a la policía guatemalteca a interceptar drogas o combatir el crimen organizado. Algunos de estos vehículos incluso llevan el título de “Fuerza de Tarea Trinacional”, que denota una unidad, creada con la ayuda de los Estados Unidos y destinada a operar lejos de la capital guatemalteca. Desde el 2013 y en cuatro puntos a lo largo de las fronteras de Guatemala—Fuerzas de Tarea Interinstitucionales militares, policiales y fiscales, creadas con más de US $ 40 millones de ayuda del Departamento de Defensa Contra Drogas y Crimen Organizado Transnacional—han estado operando. El Pentágono les ha proporcionado cientos de vehículos como estos.

(Captura de pantalla, Diálogo Americas)

Desde entonces, el personal militar también se ha desplegado, a veces de forma amenazante, en áreas donde los manifestantes se reúnen, como la Plaza de la Constitución en el centro de la Ciudad de Guatemala. “El miércoles 12, el presidente necesitaba rodearse una vez más con el ejército”, escribe Iduvina Hernández, una de las defensoras de los derechos humanos cuya oficina también se halló rodeada de vehículos militares el 31 de Agosto:

“Esta vez, los soldados de la Guardia Presidencial con boinas Kaibil y rifles de asalto rodearon el palacio legislativo. Los militares fueron acompañados por más de dos mil agentes de la Policía Nacional Civil que se concentran en la capital, a expensas de la seguridad en los departamentos, donde fueron trasladados por orden del gobierno”.

La declaración de 28 grupos de víctimas y derechos humanos—incluidos algunos que han participado en diálogos con el ejército en los últimos años—lamenta “el papel político y amenazante que el Ejército está jugando actualmente”, que “viola los compromisos asumidos en los Acuerdos de Paz. ”

A menos que algo cambie pronto, el apoyo agresivo de las fuerzas armadas guatemaltecas a la reversión de las reformas anticorrupción de Jimmy Morales ha llevado a su institución de regreso a sus períodos más oscuros.

Estas acciones extinguen un momento esperanzador, que fue cuando el Ejército de Guatemala, con el acompañamiento del gobierno de EE.UU. dio algunos pasos vacilantes hacia la legitimidad.

La ayuda militar de los EE. UU. : un punto de corte y luego un aumento constante

Al final de la guerra civil de 1960-1996, el ejército de Guatemala estaba por encima de la ley dentro del país, pero difícilmente podría haber estado más lejos de la legitimidad. Un reporte de la ONU en 1999, el informe de la comisión de la verdad, el cual empleó la palabra “genocidio” en su texto, determinó que el estado guatemalteco era responsable por el 93 por ciento de las violaciones de los derechos humanos y actos de violencia, y que el ejército desempeñó un papel en el 85 por ciento. En 1990, después de que el ejército de Guatemala asesinó al posadero estadounidense Michael Devine, el gobierno del Presidente George HW Bush detuvo la ayuda militar (La cual era de $ 5 millones a $7 millones por año mediante transferencias de la CIA, al menos durante la década de 1990).

La ayuda militar de los Estados Unidos fue restablecida en 2005, luego de que el presidente Oscar Berger redujera el tamaño y algunos roles de los militares. “Me han impresionado las reformas que se han llevado a cabo en las fuerzas armadas”, dijo el secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld en ese momento.

Sin embargo, durante casi una década después, la ayuda de los EE. UU. Al Ejército Guatemalteco solo podía fluir a través del presupuesto del Departamento de Defensa, y solo podía utilizarse para ciertos tipos, como la lucha antidroga. Las leyes anuales de asignaciones del Departamento de Estado y Operaciones extranjeras, que son la mayor fuente de ayuda extranjera en el presupuesto de EE. UU., prohibieron asistir financieramente al Ejército Guatemalteco hasta el 2014. La razón principal fueron las condiciones legales—incluyendo la Ley Leahy, la cual prohíbe la ayuda a unidades militares que violen los derechos humanos con impunidad—que han continuado impidiendo algunas formas de asistencia de los Estados Unidos.

Algunos funcionarios estadounidenses se irritaron bajo estas condiciones; pues querían trabajar con el ejército de Guatemala en programas de antidrogas. El Comando Sur considera que es una misión principal involucrarse lo más posible con los ejércitos del Hemisferio Occidental.. “Estoy—al menos en el lado militar—restringido de trabajar con algunos de estos países debido a limitaciones que están basadas realmente en pecados pasados. Y lo dejaré así “, dijo el comandante del Comando Sur en ese momento, el general John Kelly, ante un comité del Congreso en 2014.

Sin embargo, a pesar de las condiciones, la ayuda al ejército de Guatemala se hizo cada vez más sólida, especialmente durante el segundo periodo de la administración de Obama. El mayor desembolso, la mayor parte a través del presupuesto de Defensa, fue a las Fuerzas de Tarea Interinstitucionales, creadas para llevar a cabo tareas de seguridad fronteriza: Tecún Umán y Jaguar a lo largo de la frontera de Guatemala con México; Chortí a lo largo de la frontera con Honduras; y Xinca a lo largo de la frontera con El Salvador.

Al mismo tiempo, sin embargo, el Departamento de Defensa se embarcó en un ambicioso esfuerzo para profesionalizar al ejército de Guatemala, con el objetivo declarado de hacerlo más respetuoso con el control civil y los derechos humanos. La Iniciativa de Reforma Institucional de Defensa, un nuevo programa del Pentágono, gastó más de $1 millón en Guatemala entre el 2014 y el 2015 en eventos y misiones de asesores “para apoyar el desarrollo de políticas de defensa, presupuesto de defensa transparente y procesos de ejecución, y educación militar profesional”. El Instituto de Defensa de Estudios Jurídicos Internacionales impartió seminarios y talleres sobre el derecho internacional humanitario y de derechos humanos y el desarrollo de un sistema de justicia militar. La Iniciativa de Derechos Humanos del Comando Sur también involucró al ejército guatemalteco en una serie de conferencias y debates sobre derechos humanos, a veces con representantes de los principales grupos de derechos humanos y de víctimas.

Progreso incipiente en los derechos humanos y las relaciones cívico-militares

El efecto de todos estos esfuerzos no estaba claro, incluso antes de que Jimmy Morales alistara al ejército para su represión contra la CICIG. Si bien WOLA casi no ha recibido denuncias de derechos humanos sobre las Fuerzas de Tareas Interinstitucionales, tampoco hemos visto casi ningún informe de resultados operativos. En un estudio realizado el 2015, La Rand Corporation, encargado por el Departamento de Defensa, encontró varios desafíos serios no resueltos.

El esfuerzo de la reforma militar estaba mostrando algunas promesas iniciales. El ejército de Guatemala parecía estar rebasando una tendencia regional aprobando un plan para retirarse de los deberes de seguridad ciudadana a fines de 2018. El recientemente nombrado Ministro del Interior, Enrique Degenhart, ha desmantelado el progreso para fortalecer la policía nacional de Guatemala, abriendo la puerta para que los militares retomen el control de la seguridad ciudadana. En el 2017, funcionarios estadounidenses le dijeron a WOLA que Guatemala estaba considerando nombrar un ministro de defensa civil. (Guatemala, la República Dominicana, México, Nicaragua y Venezuela son los únicos países latinoamericanos cuyo ministro de defensa aún es un oficial militar en servicio activo). Los tribunales condenaron a un puñado de ex-oficiales militares por su papel en algunos de los peores conflictos de la guerra civil y abusos de derechos humanos.

El final del progreso

La elección de Jimmy Morales 2015, sin embargo, levantó banderas. Un cómico de la televisión muy conocido, fue reclutado como candidato por un pequeño partido político, el Frente Nacional de Convergencia (FCN), fundado por ex-militares de línea dura que se opusieron tenazmente a los juicios de derechos humanos.

La ascendencia de Morales planteó el peligro de volver a politizar las fuerzas armadas, especialmente si el presidente terminaba bajo una nube ética. Rápidamente lo hizo.

Morales ahora enfrenta crecientes acusaciones de violaciones al financiamiento de campaña, que la Procuraduría General de Guatemala junto con la CICIG, han estado investigando. Con los cargos legales vino un fuerte y decepcionante aumento en la politización militar. El 31 de agosto, mientras Morales se movilizaba contra la CICIG, las fuerzas armadas no se pusieron del lado de los fiscales que trataban de limpiar el sistema político, sino que de los sectores corruptos que lanzaban una viciosa reacción en su contra. Las fuerzas armadas se prestaron a esto de una manera muy ilustre.

¿Los oficiales seguían órdenes? Quizás. Pero simplemente “seguir órdenes” no requeriría una muestra masiva de respaldo militar, incluyendo la imagen de Morales parado en un atril frente a 68 oficiales, una imagen que recuerda fotos del general Efraín Ríos Montt anunciando su golpe de estado en 1982 en uno de los momentos más sangrientos de la guerra civil de Guatemala.

Gen. Rios Montt, primera fila, tercero desde la izquierda.

Esto, combinado con la exhibición de fuerza a través del uso de  vehículos donados por los EE.UU., va más allá de “seguir órdenes” o respetar la autoridad civil. Al contrario, muestra complicidad y politización, deshaciendo años de progreso en las relaciones cívico-militares guatemaltecas.

Un camino claro para la política de EE. UU. hacia Guatemala

¿Qué puede hacer el gobierno de los EE. UU. Sobre esto ahora? La corta respuesta es: mucho más de lo que ha estado haciendo.

El alcance de la respuesta pública de la administración Trump ha sido un simple tuit del Secretario de Estado Pompeo elogiando “los esfuerzos de Guatemala contra narcóticos y por la seguridad”, seguido de un declaración en la cual Pompeo le comunicó a Morales el apoyo del gobierno de los EE. UU. para una “CICIG reformada”, sea lo que fuere lo que eso signifique.

En cuanto al comportamiento de los militares guatemaltecos, el gobierno de los Estados Unidos no ha dicho y ni hecho nada, a pesar de que el amenazante despliegue de vehículos militares donados por Estados Unidos el 31 de agosto fue un uso no autorizado, y posiblemente ilegal de asistencia proporcionada a través de una cuenta de fondos que el Congreso estableció sólo para misiones contra el narcotráfico y contra el crimen organizado.

La respuesta del gobierno de Estados Unidos a la crisis de la CICIG debe ser más fuerte. Una Guatemala en la que los corruptos tienen poco que temer de los investigadores seguramente será un país que envía más cocaína y expulsa a inmigrantes más desesperados a los Estados Unidos.

No tiene sentido acceder dócilmente a una reacción contra el esfuerzo histórico de Guatemala por reducir la corrupción endémica.

Debido al comportamiento decepcionante de los militares guatemaltecos, la respuesta de la administración a la crisis de la CICIG también debe tener repercusiones para la asistencia militar de los EE. UU. Aquí, la respuesta debe ser clara y rápida:

1.) El uso de vehículos otorgados por los EE. UU. por parte del ejército y la policía de Guatemala debe suspenderse hasta que Guatemala se comprometa, por escrito, a no emplearlos para fines distintos a las misiones antidrogas o contra el crimen organizado. Los diplomáticos estadounidenses deben notificar a Guatemala que cualquier uso posterior de los vehículos que viole su propósito legalmente autorizado, especialmente para lo que podría interpretarse como fines políticos, desencadenará su regreso inmediato a los Estados Unidos.

2.) Toda ayuda “en preparación” para el ejército guatemalteco debe suspenderse hasta que los Departamentos de Estado y Defensa evalúen el impacto político del papel de las fuerzas armadas en la represión de Jimmy Morales contra la CICIG, la magnitud del revés que representa para el esfuerzo de reforma de la defensa de Guatemala. la relación de las fuerzas armadas guatemaltecas con los sectores corruptos que se beneficiarían de una CICIG debilitada y las implicaciones resultantes para los objetivos de la política exterior de EE. UU. en Guatemala. Esta suspensión debe durar hasta que los Departamentos de Estado y Defensa presenten esta evaluación, en forma no clasificada, a los comités relevantes del Congreso.

3.) Toda la ayuda “en preparación” para todas las fuerzas de seguridad de Guatemala debe suspenderse hasta que la administración pueda certificar ante el Congreso que Guatemala se ha comprometido, por escrito, a permitir que la CICIG continúe operando en el país sin ser amenazada por los militares o fuerzas políticas.