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30 Mar 2017 | Análisis

El aumento de agentes de inmigración y frontera requiere responsabilidad

Contexto 

Este artículo es parte de la iniciativa “Más allá del muro: migración, derechos y seguridad fronteriza” de WOLA, que aborda el impacto de las políticas del gobierno de Trump con análisis basados en hechos, alternativas, y estrategias de defensa y promoción de los derechos humanos.

Las nuevas pautas de seguridad nacionales indican un aumento drástico de personal para el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (Customs and Border Protection, CBP) y para el Servicio
de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE). Las agencias de seguridad nacional como CBP, su Patrulla Fronteriza e ICE operan en un ambiente que requiere decisiones difíciles sobre el uso de la fuerza. Es por ello que estas agencias deben ser sujetas a un nivel muy alto de responsabilidad.

Esta responsabilidad se ve amenazada por los cambios que pretende implementar el gobierno de Trump. Estos incluyen una rápida ola de contrataciones, el reemplazo de directores reformistas y un discurso en los niveles más altos que fomenta una cultura de hostilidad ante la supervisión externa.

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, una agencia con una misión necesaria, ha recibido denuncias de alto perfil sobre su uso de la fuerza y sus detenciones, junto con cientos de casos de corrupción en la última década. La agencia duplicó su tamaño entre 2005 y 2011, pero no amplió de forma suficiente el control de antecedentes apropiado para sus reclutas ni los controles internos.

En marzo de 2016, una nombrada por el Departamento de Seguridad Interna señaló: “En su breve historia el CBP no se ha destacado por su transparencia en cuanto a incidentes de uso de la fuerza. Su proceso disciplinario tarda demasiado como para ser un elemento disuasivo eficaz”. El informe halló que el CBP era “vulnerable a un escándalo de corrupción que podría amenazar la seguridad de nuestro país”. El sindicato de la Patrulla Fronteriza, National Border Patrol Council (NBPC), rechazó el informe: “todo el informe asume que todos somos corruptos y debemos ser tratados como tales”, se quejó un agente en el podcast del NBPC.

El NBPC, que representa a la mayoría de los agentes de la Patrulla Fronteriza, se molestó con los modestos intentos del gobierno de Obama para rendir cuentas, como publicar las pautas del uso de la fuerza, adoptar cámaras corporales, fortalecer las unidades de asuntos internos e imponer “controles de integridad” anticorrupción más frecuentes. El año pasado, cuando CBP creó un premio llamado “Encuentro letal evitado” para los agentes que resolvieran situaciones sin fuerza letal, el NBPC lo atacó enérgicamente. “Este es un ejemplo típico de complacencia por parte de nuestros ejecutivos para organizaciones como la ACLU y defensores de los extranjeros ilegales”, declaró el vicepresidente del NBPC, Shawn Moran, a Breitbart.

Estas medidas produjeron resultados sobre el uso de la fuerza. Entre 2012 y 2016, el CBP presentó un descenso del uso de armas por parte de los agentes de 58 incidentes por año a 27, mientras que el uso de fuerza menos letal siguió sin cambios. Las medidas contra la corrupción, como la Ley anticorrupción de la frontera de 2010 y una nueva estrategia de Integridad y responsabilidad personal del CBP, aún no han arrojado resultados disponibles para el público, aunque las detenciones y las investigaciones han aumentado. La contratación se ha vuelto más rigurosa; tal vez demasiado, ya que las pruebas de polígrafo requeridas por una ley de 2010 pueden descartar a la mayoría de los solicitantes, y hasta los cambios recientes generó que el proceso de contratación de un nuevo agente tuviera un promedio de 460 días. Las nuevas contrataciones no han superado la deserción desde 2013.

Este progreso interrumpido en la responsabilidad corre peligro de estancamiento. Una semana después de la toma de posesión del presidente Trump, el comisionado del CBP y el jefe de la Patrulla Fronteriza ya no estaban. Una orden ejecutiva del 25 de enero aumentaría la Patrulla Fronteriza a 5.000 agentes sobre su nivel actual de poco más de 20.000. Los sindicatos, que apoyaron la candidatura de Trump durante la fase primaria, han visto crecer su influencia; no es el caso de los organismos de asuntos internos.

“Ustedes van a estar muy, muy ocupados haciendo su trabajo de la manera en que quieren hacerlo”, les dijo el presidente Trump a los presidentes de los sindicatos de la Patrulla Fronteriza y del ICE, que fueron invitados a su discurso del 25 de enero en el Departamento de Seguridad Interna. Este tipo de lenguaje –que pronto puede ser acompañado de cambios en las políticas– fomenta la cultura de ponerse a la defensiva. Esto, a su vez, puede aumentar la cantidad de incidentes violentos y casos de corrupción, con graves consecuencias para la credibilidad, reputación y relaciones comunitarias de las agencias de seguridad fronteriza.

Los agentes de primera línea en la frontera hacen un trabajo importante y se enfrentan a riesgos reales. Ya sea a través de sus sindicatos o de otra manera, merecen tener una voz prominente en cómo se administra su agencia, ya que su experiencia es indispensable para la toma de decisiones. No obstante, en cualquier agencia militar, de inteligencia o de control de la ley, es una mala idea que tengan poder de veto sobre las prioridades o la estrategia. Los altos mandos, que deben tener en cuenta a muchos más implicados y a los intereses nacionales, deben tener la capacidad de tomar decisiones independientes, y la libertad de decirle “no” a las bases cuando es necesario.

No está claro si los líderes del CBP, la Patrulla Fronteriza y la gerencia de ICE tendrán esta libertad, o decidirán usarla, durante el gobierno de Trump. Es nuestro temor que los resultados se midan en violaciones de libertades civiles, casos de soborno, e incluso muertes.