El 24 de abril de 2016, el Grupo de Expertos designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proveer asistencia técnica en la investigación del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en México presentó su informe final. Si bien el informe proporciona nuevos detalles acerca de la investigación, principalmente se enfoca en varias líneas de investigación que no se han explorado profundamente en el caso y resalta las diversas formas en la que el gobierno mexicano ha impedido la investigación y obstruído justicia, incluyendo la gran posibilidad de que las pruebas del caso hayan sido manipuladas y la tortura de sospechosos para obtener confesiones. El enfoque cerrado del gobierno mexicano para apoyar su teoría original sobre lo que sucedió a los 43 estudiantes desaparecidos es la raíz de muchos de los obstáculos que los expertos enfrentaron en su trabajo para descubrir la verdad.
Lea el comunicado de prensa de WOLA sobre el informe final del Grupo de Expertos.
Los expertos, en su informe previo de septiembre del 2015, refutaron la teoría del gobierno mexicano de que los 43 estudiantes desaparecidos fueron asesinados y quemados en un basurero municipal, al no encontrar evidencia apoyando esta versión de los hechos, por lo que recomendaron varias líneas nuevas de investigación a seguir en su lugar. En febrero de 2016, un segundo informe externo hecho por un equipo de analistas forenses argentinos (Equipo Argentino de Antropología Forense, EAAF) también llegó a la misma conclusión: no hay suficiente evidencia científica que apoye la teoría original del gobierno. A pesar de las conclusiones de los dos informes, el gobierno mexicano siguió insistiendo en su teoría. Mientras tanto, muchas otras líneas de investigación más creíbles propuestas por el Grupo de Expertos permanecen sin explorar, como por ejemplo, la posibilidad de que los estudiantes interceptaron un autobúsutilizado para transportar heroína como un posible motivo de los ataques violentos y coordinados hacia ellos. En su informe final, los expertos afirmaron que las recomendaciones resaltadas en su informe de septiembre del 2015 sobre la investigación, la búsqueda de los estudiantes y la manera de abordar desapariciones en México, siguen en pie.
En los meses después de que el Grupo de Expertos desacreditaron la versión oficial de la desaparición de los estudiantes del Gobierno de México, los miembros fueron objeto de campañas en los medios de comunicación que intentaban desacreditar sus trabajos previos y a ellos en forma personal. Estos intentos de difamación continuaron hasta la presentación de su informe final, resaltando un patrón de intimidación y criminalización enfrentado por cualquier persona que intenta descubrir la verdad sobre el caso.
A continuación se presentarán seis puntos fundamentales señalados en los dos informes de los Expertos que merecen una investigación más profunda.
Además de las recomendaciones del informe de septiembre de 2015 de los Expertos, en su informe final el Grupo de Expertos resaltó 22 maneras en la que el gobierno mexicano puede mejorar la forma en que lleva a cabo investigaciones penales. La colaboración de los Expertos con el gobierno mexicano en este caso les permitió identificar las debilidades estructurales y las deficiencias investigativas en el sistema de justicia criminal de México. Estas deficiencias impiden investigaciones criminales exitosas y hacen que el proceso sea innecesariamente engorroso para los fiscales, testigos, víctimas y otras personas involucradas. Algunas de las debilidades de los expertos identificados incluyen:
Los representantes del gobierno mexicano estuvieron notablemente ausentes en el evento en el que el Grupo de Expertos presentó su informe final. Horas más tarde, el fiscal de derechos humanos de la PGR, Eber Betanzos Torres, cuya oficina ha estado a cargo de la investigación desde noviembre del 2015, emitió una declaración pública en respuesta al informe. Betanzos afirmó que el caso sigue abierto, que la PGR está llevando a cabo todas las líneas de investigación y que el gobierno no permitirá que los que son responsables de estos crímenes queden en la impunidad.
Betanzos reconoció el trabajo de los expertos y afirmó que el presidente Peña Nieto había dado instrucciones a la PGR para analizar las contribuciones y recomendaciones de los expertos para enriquecer la investigación de los hechos del 26-27 de septiembre del 2014. A pesar de los puntos de vista positivos sobre los expertos expresados en esta declaración pública, también es una justificación de la investigación de la PGR sin ningún reconocimiento de los defectos múltiples en la forma en la que han manejado el caso.
La declaración describe todas las acciones llevadas a cabo por el gobierno para investigar el caso y afirma que la PGR siempre ha dado el Grupo de Expertos pleno acceso a la información que solicitaban. Betanzos da una lista de los resultados del trabajo de la PGR, incluyendo la detención de 123 personas presuntamente vinculadas a la desaparición de los estudiantes y otros crímenes cometidos durante los ataques, la colección de cientos de testimonios, trabajo forense y búsquedas. Betanzos también se refiere al tercer estudio especialista externo de la descarga del basurero, los resultados preliminares de los cuales fueron presentados al público el 1 de abril, 2016 sin el consentimiento de los expertos y sin un consenso acerca de los resultados entre los seis especialistas que formaron parte del grupo. El comunicado de la PGR repite los resultados preliminares de los expertos sobre el vertedero de basura que, como WOLA ha resumido anteriormente, afirma que hay evidencia de que hubo un incendio en el vertedero de basura y que se han encontrado los restos de al menos 17 personas, pero no hay ninguna información para demostrar que el incendio se produjo en la tarde del 26 de septiembre o que los restos pertenecen a los estudiantes. El comunicado de la PGR también justifica que el gobierno niegue al Grupo de Expertos de estar presente en un nuevo interrogatorio de soldados mexicanos que estuvieron presentes durante los diferentes ataques contra los estudiantes. Betanzos además afirma, que la PGR ya ha investigado el quinto bus y no encontró irregularidades en su construcción y que la ruta del autobús estaba limitado a Guerrero y el estado vecino Morelos.
Es interesante notar que la declaración de la PGR se lee casi como una refutación punto por punto de cada cuestión planteada por el Grupo de Expertos en su informe. Para cada defecto o recomendación identificada en el informe, la PGR responde afirmando o que el gobierno sigue avanzando en las líneas propuestas de investigación, declarando que se han llevado a cabo las peticiones de los expertos y no se encontró pruebas pertinentes al caso o activamente desafiando las conclusiones de los expertos, como es el caso del vertedero de basura.
El 16 de abril, 2016 la Comisión Inter-americana de Derechos Humanos anunció que no iban a renovar el mandato del Grupo de Expertos debido al rechazo del gobierno mexicano para continuar con su trabajo. La Comisión también dejó claro que los objetivos de la ayuda proporcionada por los expertos no se han cumplido y que iban a crear un mecanismo de seguimiento especial para el caso. A medida de que la Comisión trabaja para desarrollar este mecanismo, es esencial tener el apoyo del gobierno mexicano. Sin eso, cualquier papel que la Comisión puede tener continuará enfrentando los mismos obstáculos en el descubrimiento de la verdad que enfrentaron el Grupo de Expertos.
Incluso con la ayuda de la Comisión, es, y siempre ha sido, la responsabilidad del gobierno de México dirigir la investigación de los ataques que se produjeron la noche del 26 de septiembre del 2014 y la desaparición forzada de los 43 estudiantes. Entregar los resultados también es su responsabilidad. Como uno de los expertos, Alejandro Valencia, afirmó durante la presentación el domingo, “la búsqueda de los 43 estudiantes no debe detenerse debido al hecho básico de que todavía no se han encontrado.”
El gobierno mexicano ha afirmado que continuará con la investigación y garantizará que los responsables sean sancionados. En su declaración expresan su apoyo a la labor de los Expertos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos manifestó su esperanza de que las autoridades mexicanas “continuaran sus esfuerzos para llevar a los responsables de este crimen terrible a la justicia.”
Para demostrar su compromiso con el caso, el gobierno mexicano debería utilizar las recomendaciones formuladas por el Grupo de Expertos en sus dos informes. Esto incluye no sólo siguiendo las líneas de investigación que los expertos propusieron, sino también la investigación de las autoridades mexicanas responsables de la obstrucción de la justicia en el caso, continuar con las reformas para fortalecer el sistema de justicia penal de México y pasando e implementando las leyes generales sobre la tortura y las desapariciones forzadas. El gobierno también debería tomar medidas para garantizar la seguridad de los estudiantes sobrevivientes, los familiares de las víctimas, así como a sus representantes legales de el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan. Esto debe incluir una investigación exhaustiva sobre las escuchas ilegales y la publicación en la prensa mexicana de conversaciones telefónicas privadas entre las familias y sus abogados.
Si el gobierno mexicano persiste con su versión original, rechazado de lo sucedido a los 43 estudiantes estará claro de que no tiene ningún interés real en la verdad y la justicia en este caso, sino que su prioridad es encubrir sus propias responsabilidades en el caso y su incapacidad para llevar a cabo una investigación penal eficaz, incluso en el caso de que el propio gobierno lo ha considerado la “investigación criminal más exhaustiva en la historia del sistema judicial de México.”
Lee los informes del Grupo de Expertos sobre la investigación.
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