27 Apr 2016 | Análisis | Noticias

El caso de los 43 estudiantes desaparecidos: puntos clave del informe final del Grupo de Expertos

El 24 de abril de 2016, el Grupo de Expertos designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proveer asistencia técnica en la investigación del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en México presentó su informe final. Si bien el informe proporciona nuevos detalles acerca de la investigación, principalmente se enfoca en varias líneas de investigación que no se han explorado profundamente en el caso y resalta las diversas formas en la que el gobierno mexicano ha impedido la investigación y obstruído justicia, incluyendo la gran posibilidad de que las pruebas del caso hayan sido manipuladas y la tortura de sospechosos para obtener confesiones. El enfoque cerrado del gobierno mexicano para apoyar su teoría original sobre lo que sucedió a los 43 estudiantes desaparecidos es la raíz de muchos de los obstáculos que los expertos enfrentaron en su trabajo para descubrir la verdad.

Lea el comunicado de prensa de WOLA sobre el informe final del Grupo de Expertos.

Los expertos, en su informe previo de septiembre del 2015, refutaron la teoría del gobierno mexicano de que los 43 estudiantes desaparecidos fueron asesinados y quemados en un basurero municipal, al no encontrar evidencia apoyando esta versión de los hechos, por lo que recomendaron varias líneas nuevas de investigación a seguir en su lugar. En febrero de 2016, un segundo informe externo hecho por un equipo de analistas forenses argentinos (Equipo Argentino de Antropología Forense, EAAF) también llegó a la misma conclusión: no hay suficiente evidencia científica que apoye la teoría original del gobierno.  A pesar de las conclusiones de los dos informes, el gobierno mexicano siguió insistiendo en su teoría. Mientras tanto, muchas otras líneas de investigación más creíbles propuestas por el Grupo de Expertos permanecen sin explorar, como por ejemplo, la posibilidad de que los estudiantes interceptaron un autobúsutilizado para transportar heroína como un posible motivo de los ataques violentos y coordinados hacia ellos. En su informe final, los expertos afirmaron que las recomendaciones resaltadas en su informe de septiembre del 2015 sobre la investigación, la búsqueda de los estudiantes y la manera de abordar desapariciones en México, siguen en pie.

En los meses después de que el Grupo de Expertos desacreditaron la versión oficial de la desaparición de los estudiantes del Gobierno de México, los miembros fueron objeto de campañas en los medios de comunicación que intentaban desacreditar sus trabajos previos y a ellos en forma personal. Estos intentos de difamación continuaron hasta la presentación de su informe final, resaltando un patrón de intimidación y criminalización enfrentado por cualquier persona que intenta descubrir la verdad sobre el caso.

Puntos clave que requieren más investigación

A continuación se presentarán seis puntos fundamentales señalados en los dos informes de los Expertos que merecen una investigación más profunda.

  • El gobierno mexicano manipuló evidencia. La evidencia fue manipulada en la escena del crimen del río San Juan, donde el gobierno supuestamente descubrió bolsas de basura que contenían los restos carbonizados de algunos de los estudiantes. La única identificación de uno de los estudiantes desaparecidos, Alexander Mora, fue hecho a base de un fragmento de hueso supuestamente encontrado allí. El Gobierno comunicó que la bolsa que contenía estos restos se recuperó oficialmente el 29 de octubre del 2014; sin embargo, evidencia fotográfica y video gráfico proporcionada por periodistas de Guerrero, muestran analistas forenses e investigadores de alto nivel de la Procuraduría General de la República (PGR) con uno de los sospechosos, en el río un día antes de que las bolsas fueron oficialmente reportadas. Ninguna de estas actividades fueron documentadas en los expedientes oficiales del caso. Los expertos forenses independientes del EAAF que acompañan el caso no fueron informados cuando el gobierno descubrió las bolsas el 29 de octubre del 2014 y no pudo verificar la cadena de custodia.
  • Los teléfonos celulares de los estudiantes muestran actividad en horas y días después de que desaparecieron. Al contrario de la versión de eventos del gobierno mexicano, que establecía que los teléfonos celulares de los estudiantes desaparecidos fueron destruidos en el basurero municipal donde fueron asesinados y quemados, una investigación sobre la actividad de los teléfonos celulares de los estudiantes reveló actividad mucho después de que fueron supuestamente asesinados. Por ejemplo, uno de los estudiantes desaparecidos envió un mensaje a su madre a las 1:16 AM, una hora después de que el gobierno dice que los estudiantes fueron asesinados y quemados en el vertedero de basura. Además, los teléfonos celulares de algunos de los sospechosos permitió a los investigadores seguir sus movimientos la noche del ataque a través de torres para antenas en el área. Estas líneas de investigación sobre los teléfonos celulares aún no se ha explorado completamente.
  • Los sospechosos fueron torturados. Los informes médicos muestran que casi el 80% de los sospechosos detenidos para este caso tenía lesiones indicativos de tortura o maltrato. El Grupo de Expertos analizó los casos de 17 de los detenidos cuyos testimonios son clave para apoyar la teoría del gobierno mexicano sobre el vertedero de basura y encontraron indicios de que fueron torturados. Esto plantea serias preocupaciones que las autoridades mexicanas coaccionaron confesiones para apoyar su teoría de lo que sucedió con los estudiantes.
  • Los tres niveles de las fuerzas de seguridad del gobierno estuvieron presentes durante diferentes ataques a los estudiantes. El Grupo de Expertos descubrió evidencia adicional que reveló la participación de la policía municipal de las ciudades de Iguala, Cocula y Huitzuco, la policía estatal, la policía federal y la policía federal ministerial. Los soldados del Batallón número 27 en Iguala también estaban al tanto de los ataques hacia los estudiantes y presente en algunas de las escenas de crimen. Como los Expertos señalaron previamente, a pesar de estar al tanto de los ataques prolongados contra los estudiantes, ninguna fuerza de seguridad intervino para protegerlos.
  • El ejército no cooperó completamente con la investigación. A pesar del hecho que los soldados estaban presente en algunas de las escenas del crimen, incluso cuando estaban pasando estos crímenes, el gobierno de México no le exigió a los militares que presentaran pruebas o cooperaran con el Grupo de Expertos. Aunque los soldados proporcionaron varios testimonios a los investigadores mexicanos, los Expertos habían solicitado la oportunidad de estar presente en las entrevistas de seguimiento para corroborar la información y reunir más detalles de los acontecimientos de esa noche. El ejército también tiene evidencia clave de la noche cuando los estudiantes desaparecieron, incluyendo fotos y videos de los crímenes mientras estaban ocurriendo, y comunicaciones de radio de soldados informándole a sus superiores sobre lo que vieron que no le han proporcionado a la PGR. En su informe final, el Grupo de Expertos incluyó una lista de preguntas que el gobierno debe utilizar para el seguimiento del caso con los militares.
  • El gobierno no investigó profundamente la posible conexión con el tráfico de drogas transnacional. Sólo cuatro de los cinco autobuses que los estudiantes utilizaron la noche del ataque fueron incluidos en la investigación original del gobierno federal. La noche del ataque, la policía federal interceptó el quinto autobús, descargaron los estudiantes, y escoltaron al autobús de Iguala. El gobierno federal ha omitido este autobús de su investigación inicial a pesar del testimonio de los estudiantes con respecto a su existencia, su inclusión en los expedientes de las autoridades del estado de Guerrero y las secuencias de video en el autobús. El quinto autobús visto en las cámaras de vigilancia durante la noche del ataque y descrito por los estudiantes, no coincide con el autobús que las autoridades presentaron más adelante al Grupo de Expertos para examinar. En su informe de septiembre del 2015, la hipótesis de los expertos es que este quinto autobús faltante pudo haber contenido drogas ocultas o dinero perteneciente a Guerreros Unidos, un grupo de crimen organizado que es conocido por el uso de autobuses comerciales para el tráfico de drogas. Esta hipótesis no fue explorada completamente por el gobierno mexicano. A pesar de que en septiembre de 2015 de los Expertos preguntaron a la PGR que solicitaran información al Departamento de Justicia de Estados Unidos con respecto a un caso en Chicago en contra de los miembros de los Guerrero Unidos por el uso de los autobuses para transportar heroína a la ciudad, esta solicitud no fue realizada sino hasta febrero de 2016 y el gobierno mexicano todavía está esperando para recibir la información del Departamento de Justicia. Recientemente, el gobierno afirmó que los estudiantes que viajaron en este quinto autobús lo detuvieron y lo desocuparon por su propia voluntad; sin embargo, no se proporcionó ninguna información sobre por qué los estudiantes presuntamente salieron del autobús o a dónde se dirigieron después de esto.

Recomendaciones para mejorar la capacidad de investigación de México

Además de las recomendaciones del informe de septiembre de 2015 de los Expertos, en su informe final el Grupo de Expertos resaltó 22 maneras en la que el gobierno mexicano puede mejorar la forma en que lleva a cabo investigaciones penales. La colaboración de los Expertos con el gobierno mexicano en este caso les permitió identificar las debilidades estructurales y las deficiencias investigativas en el sistema de justicia criminal de México. Estas deficiencias impiden investigaciones criminales exitosas y hacen que el proceso sea innecesariamente engorroso para los fiscales, testigos, víctimas y otras personas involucradas. Algunas de las debilidades de los expertos identificados incluyen:

  • La sobre-valoración de las confesiones como evidencia.El sistema le da prioridad a las confesiones de los sospechosos y no le da suficiente valor a evidencia científica objetiva.
  • La omisión de transcribir testimonios.Los investigadores no transcriben sus preguntas o las respuestas exactas dadas por los testigos o sospechosos en la documentación de los testimonios. Por el contrario, los testimonios se registran como un resumen, que son escritos por el investigador y aprobado por el testigo o el sospechoso.
  • La falta de servicios periciales independientes.Las Oficinas estatales y federales de la procuradurías general y de justicia de México son responsables de llevar a cabo los análisis periciales en las investigaciones penales. Esto impide investigaciones independientes e imparciales, ya que a menudo hay presión para apoyar una versión oficial de los hechos.
  • El éxito se mide por el número de sospechosos detenidos, pero no necesariamente por el número de sospechosos condenados.En lugar de medir el éxito basado en que si el caso fue resuelto y los eventos fueron aclarados, el sistema se centra en el número de detenciones como un indicador del éxito. Esto conduce a una tendencia preocupante de detener con el fin de investigar, en lugar de investigar con el fin de detener.
  • La ineficacia de investigación de los supervisores de agentes de seguridad implicados en delitos.La mayoría de las investigaciones criminales en México están enfocados en los autores materiales del crimen. Cuando esto involucra servidores públicos, los investigadores no investigan la cadena de mando y la responsabilidad de los supervisores que permiten, apoyan o participan por omisión en actos criminales o violaciones de derechos humanos.
  • No se aprovecha la tecnología actualmente existente para la búsqueda de personas desaparecidas.La tecnología actual, tales como la tecnología LIDAR de topografía, podría ayudar a identificar alteraciones en el terreno y posibles fosas. La mejora de imágenes de satélitales también sería importante.
  • La burocracia excesiva y el formalismo en las investigaciones.A pesar de que México está en transición hacia un sistema judicial adversarial y oral, muchos estados y el gobierno federal siguen confiando en un sistema legal escrito que requiere la documentación de cualquier procedimiento. El papeleo excesivo puede obstaculizar el proceso y hacer que sea difícil de entender el contenido de una investigación criminal. Los Expertos destacan que en el caso de Ayotzinapa, el archivo cuenta con 188 volúmenes, cada uno tiene entre 500 y 1.500 páginas. Afirman que, en muchos archivos la información está repetida.

La Respuesta del Gobierno de México

Los representantes del gobierno mexicano estuvieron notablemente ausentes en el evento en el que el Grupo de Expertos presentó su informe final. Horas más tarde, el fiscal de derechos humanos de la PGR, Eber Betanzos Torres, cuya oficina ha estado a cargo de la investigación desde noviembre del 2015, emitió una declaración pública en respuesta al informe. Betanzos afirmó que el caso sigue abierto, que la PGR está llevando a cabo todas las líneas de investigación y que el gobierno no permitirá que los que son responsables de estos crímenes queden en la impunidad.

Betanzos reconoció el trabajo de los expertos y afirmó que el presidente Peña Nieto había dado instrucciones a la PGR para analizar las contribuciones y recomendaciones de los expertos para enriquecer la investigación de los hechos del 26-27 de septiembre del 2014. A pesar de los puntos de vista positivos sobre los expertos expresados en esta declaración pública, también es una justificación de la investigación de la PGR sin ningún reconocimiento de los defectos múltiples en la forma en la que han manejado el caso.

La declaración describe todas las acciones llevadas a cabo por el gobierno para investigar el caso y afirma que la PGR siempre ha dado el Grupo de Expertos pleno acceso a la información que solicitaban. Betanzos da una lista de los resultados del trabajo de la PGR, incluyendo la detención de 123 personas presuntamente vinculadas a la desaparición de los estudiantes y otros crímenes cometidos durante los ataques, la colección de cientos de testimonios, trabajo forense y búsquedas. Betanzos también se refiere al tercer estudio especialista externo de la descarga del basurero, los resultados preliminares de los cuales fueron presentados al público el 1 de abril, 2016 sin el consentimiento de los expertos y sin un consenso acerca de los resultados entre los seis especialistas que formaron parte del grupo. El comunicado de la PGR repite los resultados preliminares de los expertos sobre el vertedero de basura que, como WOLA ha resumido anteriormente, afirma que hay evidencia de que hubo un incendio en el vertedero de basura y que se han encontrado los restos de al menos 17 personas, pero no hay ninguna información para demostrar que el incendio se produjo en la tarde del 26 de septiembre o que los restos pertenecen a los estudiantes. El comunicado de la PGR también justifica que el gobierno niegue al Grupo de Expertos de estar presente en un nuevo interrogatorio de soldados mexicanos que estuvieron presentes durante los diferentes ataques contra los estudiantes. Betanzos además afirma, que la PGR ya ha investigado el quinto bus y no encontró irregularidades en su construcción y que la ruta del autobús estaba limitado a Guerrero y el estado vecino Morelos.

Es interesante notar que la declaración de la PGR se lee casi como una refutación punto por punto de cada cuestión planteada por el Grupo de Expertos en su informe. Para cada defecto o recomendación identificada en el informe, la PGR responde afirmando o que el gobierno sigue avanzando en las líneas propuestas de investigación, declarando que se han llevado a cabo las peticiones de los expertos y no se encontró pruebas pertinentes al caso o activamente desafiando las conclusiones de los expertos, como es el caso del vertedero de basura.

Próximos pasos

El 16 de abril, 2016 la Comisión Inter-americana de Derechos Humanos anunció que no iban a renovar el mandato del Grupo de Expertos debido al rechazo del gobierno mexicano para continuar con su trabajo. La Comisión también dejó claro que los objetivos de la ayuda proporcionada por los expertos no se han cumplido y que iban a crear un mecanismo de seguimiento especial para el caso. A medida de que la Comisión trabaja para desarrollar este mecanismo, es esencial tener el apoyo del gobierno mexicano. Sin eso, cualquier papel que la Comisión puede tener continuará enfrentando los mismos obstáculos en el descubrimiento de la verdad que enfrentaron el Grupo de Expertos.

Incluso con la ayuda de la Comisión, es, y siempre ha sido, la responsabilidad del gobierno de México dirigir la investigación de los ataques que se produjeron la noche del 26 de septiembre del 2014 y la desaparición forzada de los 43 estudiantes. Entregar los resultados también es su responsabilidad. Como uno de los expertos, Alejandro Valencia, afirmó durante la presentación el domingo, “la búsqueda de los 43 estudiantes no debe detenerse debido al hecho básico de que todavía no se han encontrado.”

El gobierno mexicano ha afirmado que continuará con la investigación y garantizará que los responsables sean sancionados. En su declaración expresan su apoyo a la labor de los Expertos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos manifestó su esperanza de que las autoridades mexicanas “continuaran sus esfuerzos para llevar a los responsables de este crimen terrible a la justicia.”

Para demostrar su compromiso con el caso, el gobierno mexicano debería utilizar las recomendaciones formuladas por el Grupo de Expertos en sus dos informes. Esto incluye no sólo siguiendo las líneas de investigación que los expertos propusieron, sino también la investigación de las autoridades mexicanas responsables de la obstrucción de la justicia en el caso, continuar con las reformas para fortalecer el sistema de justicia penal de México y pasando e implementando las leyes generales sobre la tortura y las desapariciones forzadas. El gobierno también debería tomar medidas para garantizar la seguridad de los estudiantes sobrevivientes, los familiares de las víctimas, así como a sus representantes legales de el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan. Esto debe incluir una investigación exhaustiva sobre las escuchas ilegales y la publicación en la prensa mexicana de conversaciones telefónicas privadas entre las familias y sus abogados.

Si el gobierno mexicano persiste con su versión original, rechazado de lo sucedido a los 43 estudiantes estará claro de que no tiene ningún interés real en la verdad y la justicia en este caso, sino que su prioridad es encubrir sus propias responsabilidades en el caso y su incapacidad para llevar a cabo una investigación penal eficaz, incluso en el caso de que el propio gobierno lo ha considerado la “investigación criminal más exhaustiva en la historia del sistema judicial de México.”

Lee los informes del Grupo de Expertos sobre la investigación.

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