5 Feb 2013 | Análisis | Noticias

El Congreso de los EE.UU envía carta al presidente colombiano pidiendo la protección de líderes y lideresas de restitución de tierras

Los congresistas de la Cámara Baja de Representantes de los EE.UU  Henry “Hank” Johnson, James McGovern, George Miller, Sam Farr, Rosa DeLauro, Janice Schakowsky y Barbara Lee enviaron una carta al Presidente de Colombia Juan Manuel Santos expresando sus preocupaciones sobre las amenazas a los líderes y lideresas de restitución de tierras. En particular, la carta se refiere a la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y los y las activistas de las comunidades de las cuencas de los rios de Curvaradó, Jiguamiandó y Cacarica. La situación de seguridad de estas comunidades y de sus líderes y lideresas ha empeorado y las mismas merecen atención internacional. WOLA ha estado monitoreando de cerca los últimos hechos de este tema y continuará haciendolo hasta que terminen las amenazas.

En los últimos meses, estas comunidades han experimenado un aumento de violencia y amenazas de muerte. Por ejemplo, unos hombres que parecieron ser paramilitares, o vinculados a grupos paramilitares, visitaron la lideresa afrocolombiana María Ligia Chaverra y el activista de alto perfil Enrique Petro. En muchas instancias, estos eventos resultan en actos de violencia. Varios líderes de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó han sido asesinados por su activismo.

Hay indicaciones que demuestran que la reciente intensificación de tensiones en las comunidades de la cuenca del rio Cacarica pueden ser relacionados al caso de Marino López y de la Operación Génesis—una operación conjunta entre militares y paramilitares que resultó en el desplazamiento forzado de cientos de afrocolombianos y condujo a la tortura y asesinato de Marino López. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está revisando el caso este mes.

WOLA urge que el Presidente Juan Manuel Santos garantice la protección de los líderes y las lideresas afrocolombianos y afrocolombianas y los y las activistas de restitución de tierras. Es más, el gobierno Colombiano debería implementar las resoluciones 112 y 045 de la Corte Constitucional que pertenecen al caso de los territorios de Curvaradó y Jiguamiandó e investigar y llevar a la justicia a las personas de los asesinatos y las amenazas. La vigilancia de los miembros de la justicia y paz deben de ser tomadas en serio e investigada rápidamente.

Foto: Maria Ligia Chaverra y Enrique Petro