El ejército colombiano enfrenta incertidumbre después del conflicto

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Hace 14 meses, notamos que el apoyo del ejército colombiano a las negociaciones de paz con las FARC era poco entusiasta, y que un sector significativo de las fuerzas armadas y de su liderazgo está en desacuerdo con el manejo de las discusiones por parte del gobierno civil.

Durante el último año, el apoyo al proceso de parte de las fuerzas armadas ha mejorado, por lo menos entre oficiales militares activos. Han habido muchos menos ejemplos de escándalos de espionaje y de desacuerdos entre civiles y militares sobre el tema de la paz que lo que fue documentado en 2013 y 2014. Esto ocurre debido a ciertas razones.

• La posibilidad de llegar a un acuerdo es mucho más fuerte, especialmente después de que los negociadores firmaran acuerdos de justicia transicional en septiembre y diciembre del 2015.
• El Comando de Transición de las fuerzas armadas colombianas ha hecho su parte del trabajo de manera seria y responsable. Esta oficina es liderada por oficiales activos de alto rango que han pasado meses en La Habana negociando aspectos técnicos del cese al fuego y el desarme con contrapartes de la guerrilla en un “Subcomité para el fin del conflicto”.
• Los líderes civiles colombianos han sido más insistentes en que los oficiales se guarden sus propias opiniones. “En septiembre, nos dieron una orden de no decir nada relacionado a las FARC”,dijoun oficial de alto rango del ejército al diario El Colombiano de Medellín. Ni siquiera campañas de desmovilización contra la guerrilla pueden ser transmitidas en estaciones de radio del ejército.
• Cambios de liderazgo han traído a oficiales más moderados que han visto las charlas en La Habana de una manera más pragmática como la manera más rápida de terminar la violencia generada por las FARC. El General Alberto Mejía, jefe del ejército desde julio del 2015, se ha propuestoreorientar la doctrina military el plan de campaña del ejército hacia prioridades post-conflicto. No sabemos qué tanta influencia tiene la visión del General Mejía sobre altos oficiales; observadores como Juanita León de la publicación La Silla Vacía tienen sus dudas, notando que el jefe del ejército ha estado distanciado de los oficiales de inteligencia del ejército, el órgano donde existe más oposición al proceso de La Habana. Mientras tanto, la asociación de oficiales retirados de Colombia, ACORE, cuyos miembros pueden expresarse libremente sobre políticas, continúa mostrando su escepticismo para con el diálogo.

WOLA asume, sin embargo, que la mayoría de las fuerzas armadas no se opone ideológicamente a estas charlas como un ejemplo de “negociación con terroristas” o de “entregar el país a las FARC,” tomando dichos de la oposición de derecha colombiana.

Sin embargo, nuestra lectura de los medios colombianos, así como numerosas entrevistas con oficiales y expertos, nos llevan a concluir que la mayoría de los oficiales comparten tres preocupaciones que podrían disminuir su apoyo de la consolidación post-conflicto en momentos claves. Estas  preocupaciones son dudas sobre justicia transicional, la posibilidad de un corte significativo de su personal y presupuesto, y la incertidumbre sobre su nuevo rol en la Colombia después de la contra-insurgencia.

Justicia transicional

Aunque dejó algunos puntos claves sin responder, un acuerdo del 15 de diciembre de 2015toca el tema de como responsabilizar a las guerrillas por graves abusos a los derechos humanos. Un comunicado del gobierno del 19 de diciembreestableció que el personal militar que sea acusado de crímenes similares enfrentaría el mismo tipo de juicio. El alto comando acogió los cambios propuestos. El documento del 19 de diciembre provee reducciones en penas de prisión y debilita el principio de responsabilidad de los comandantes por los crímenes de sus subordinados, lo que disminuyó las preocupaciones de oficialesde tener que pasar más tiempo en prisión que las FARC, estar detenidos en cárceles comunes en vez de prisiones militares, y de tener que responder por las atrocidades cometidas por las unidades que comandaban.

En nuestra opinión, no todas estas preocupaciones deberían ser calmadas. La dificultad de probar que los comandantes mantenían un control efectivo sobre sus subordinados podría permitir a muchos escapar sus responsabilidades. El castigo no necesita ser en una cárcel común, pero el nivel de austeridad importa. En antiguos escándalos, personal militar sentenciado por crímenes contra los derechos humanos se ha beneficiado de condiciones de “resort”. Colombia estará estableciendo un nuevo estándar internacional de responsabilidad para la justicia transitoria, y pulseras de tobillo o arreglos de casa por cárcel-por dar dos ejemplos- posiblemente no cumplan con estándares de austeridad.

Aunque esto calma muchas de sus preocupaciones, las fuerzas armadas continúan teniendo dudas sobre el proceso de justicia transitoria. Para beneficiarse de sentencias reducidas, miles de militares deberán confesar sus crímenes. Como resultado de esto, mucha información oscura surgirá justo en un momento de victoria para el ejército. Algunos subordinados podrían nombrar a sus comandantes mientras confiesan todo. Al mismo tiempo, revelaciones de una comisión de la verdad, autorizada por el acuerdo de Justicia Transitoria, podrían manchar aún más la reputación del ejército. Mientras tanto, una pelea legal amarga, de caso por caso, para mantener los casos de “falsos positivos” (civiles asesinados para incrementar el número de muertos) en el sistema de justicia común, dónde las penas pueden llegar hasta 40 años en cárcel podría surgir, en vez de redireccionarlo hacia el sistema alterno.

Recortes de personal y presupuesto                

El fin del conflicto armado en Colombia podría conllevar graves recortes para las fuerzas armadas colombianas, que hoy en día cuentan con 272.000 miembros. Oficiales del gobierno de los Estados Unidos entrevistados por WOLA especulan que a este número se le podría rápidamente restar de 90.000 a 100.000 miembros después de un acuerdo de paz. Mucho de esto sería progresivo, si Colombia decide recortar su reclutamiento o eliminar su conscripción obligatoria y convertir el ejército en una fuerza voluntaria.

Aunque Colombia no puede continuar costeando un ejército de este tamaño, una caída muy rápida en el número de sus efectivos podría llevar a la creación de un vacío de seguridad en la Colombia post-conflicto. La Policía Nacional de Colombia, que cuenta con 184.000 efectivos, y que ha sido controlada por el ministerio de Defensa desde 1953, podría ser relocalizada, por lo que se encuentra intentando reclutar a 10.000 personas más por año. Aun así, tomaría muchos años para rellenar el vacío que dejaría tal recorte de las fuerzas armadas. Es por esto que creemos que el ejército no reducirá sus capacidades tan abruptamente como indican nuestras fuentes.

Alguna reducción, sin embargo, es inevitable simplemente debido a la reducción del presupuesto del gobierno colombiano. Debido al doble golpe de la caída de los precios del petróleo y del valor del peso colombiano, el presupuesto del gobierno central colombiano ha caído desde más de 100 billones de dólares estadounidenses en 2014 a quizás 70 billones este año. Los que probablemente sientan los recortes más fuertemente serán los oficiales de medio nivel, cuyas carreras podrían finalizar antes de tiempo si Colombia se ve forzada a reducir su número de coroneles y generales.

¿Nuevos roles militares?

Si las FARC logran convertirse exitosamente en un movimiento político no violento, desmovilizando a la mayoría de sus 15.000-20.000 combatientes, milicias y personal de apoyo, las fuerzas armadas colombianas perderán lo que ha sido su misión principal por más de medio siglo. Las amenazas tradicionales a la seguridad de Colombia, la insurgencia y las agresiones externas, no serán suficientemente serias o plausibles para justificar el mantenimiento de las segundas fuerzas armadas más grandes de Latinoamérica (y el ejército más grande). El ELN, y restos de las FARC que no se desmovilicen, no serán razón suficiente.

El ministerio de Defensa sabe esto, ya que su nueva política de defensa, junto con entrevistas a oficiales, muestra un espectro de roles nuevos y no tradicionales para las fuerzas armadas. Estos incluyen:

• Protección de las zonas de concentración de las FARCdurante un cese al fuego. La petición del gobierno colombiano y las FARC al Consejo de Seguridad de la ONU estipulaba la venida de verificadores internacionales desarmados, no de cascos azules. Esto tendrá como resultado que la responsabilidad de cuidar el perímetro de las zonas donde las FARC se desmovilizarán recaerá sobre el ejército colombiano.
• Combatir al crimen organizado, incluyendo al resto de la guerrilla no desmovilizada, bandas criminales paramilitares y organizaciones bien armadas que se dediquen al narcotráfico, la minería ilegal y actividades similares. El ejército anticipa suplementar presencia a la policía en áreas donde exista influencia del crimen organizado, especialmente áreas rurales dónde la presencia policial es escasa. Los oficiales esperan emplear inteligencia militar para descubrir flujos financieros ilícitos. Como la pelea contra el crimen organizado es una misión de seguridad interna no considerada como insurgencia o terrorismo, el sistema legal colombiano no provee clarificación sobre que tanto pueden involucrarse las fuerzas armadas en esta pelea.
• Apoyar a la policía en las ciudades, dónde el crimen ha sobrepasado su capacidad de respuesta. Esto ha sido recientemente propuesto paraMedellíny Barranquilla.
• Patrullar las costas, ríos y fronteraspara impedir el tráfico y otras actividades del crimen organizado.
• Erradicar manualmente los cultivos ilícitos de coca, amapola y cannabis.El ministro de defensa colombianoha dichoque 5.000 efectivos policiales y militares estarán asignados a esta misión en 2016.
• Participar en misiones de paz de la ONUalrededor del mundo. Colombia espera tener una fuerza de 5.000 efectivos disponible para despliegue en el período post-conflicto.
• Remover minas terrestres, con el ambicioso objetivo de que Colombia esté libre de minas para el 2021. Las fuerzas armadas esperan tener 5.000 efectivos entrenados en desminado humanitario para el final del año.
• Proyectos de desarrollopara lo que un oficial llamó “la consolidación de Colombia”. En particular, las fuerzas armadas preveen un cuerpo de unidades de construcción militar que construyan una red de vías actualmente insuficiente.
• Asistencia durante desastres naturales, y evaluación de riesgos antes de que ocurran.
• Protección ambiental, incluyendo la pelea contra la tala ilegal y el despliegue de batallones de alta montaña para proteger los páramos frágiles.

Aunque esta lista parezca convincente, la mayoría de las tareas en la lista pueden ser realizadas por civiles de igual manera que el ejército. Para la mayoría de estas misiones, el ejército colombiano no es la agencia principal para ello.

Como WOLA ha notadoen otras oportunidades, estos roles no tradicionales raramente son apropiados en una sociedad democrática, excepto bajo circunstancias de emergencia. Aunque estos roles sean necesarios en el período inmediato después del conflicto, dónde existan grandes vacíos de seguridad y escaseen capacidades para gobernar, el objetivo a
mediano plazo debe ser de transferir la mayoría de estos roles a civiles entrenados de carrera y capaces.

¿Un duro viaje- y un suave aterrizaje?

Para las fuerzas armadas, el período post-conflicto será difícil. Actos vergonzosos serán confesados. Las unidades serán reducidas a la fuerza, y las compras serán pospuestas. Los soldados se encontrarán en roles que no son militares en naturaleza ni considerados un camino claro de desarrollo para sus carreras como lo son construcción de carreteras y protección forestal. Estos ajustes serán dolorosos, y vendrán en un momento en el que líderes civiles piden a las fuerzas armadas que participen en un cese al fuego y en un esfuerzo de implementación post-conflicto para el que muchos oficiales no están entusiasmados.

Garantizar el camino más suave para las relaciones cívico-militares en Colombia requerirá de creatividad y flexibilidad de la parte del liderazgo civil del país. También requerirá que la comunidad internacional, y especialmente las naciones donantes, sea firme en su apoyo a los líderes civiles colombianos cuando se vean forzados a decir “no” a aquellos que lleven uniforme. WOLA espera con ansias discutir cómo hacer esto en sus investigaciones y análisis durante este año.