Nueve oficiales del ejército salvadoreño en retiro, incluyendo a cuatro altos mandos militares, se encuentran bajo custodia en El Salvador tras una orden internacional de captura girada por la policía internacional (INTERPOL). La orden fue solicitada por un juez español quien acusó a 20 ex-oficiales salvadoreños de actos de terrorismo y crímenes de lesa humanidad por su rol en ordenar el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y sus dos empleadas durante la guerra civil en El Salvador.
Los sacerdotes jesuitas, su empleada y la hija adolescente de ésta fueron asesinados en noviembre de 1989. Los jesuitas eran bien conocidos tanto en El Salvador como en los Estados Unidos por su trabajo en defensa de los derechos humanos, su apoyo a los refugiados de la guerra y los migrantes, y por su labor en búsqueda de un final negociado del conflicto armado en ese país. Su brutal asesinato enfocó la atención de la comunidad internacional en la crisis de derechos humanos en El Salvador. La evidencia sobre el papel del ejército en los asesinatos despertó un sentimiento de repugnancia por la brutalidad de los militares, el cual contribuyó a una ola de presión por buscar una solución negociada. Los Acuerdos de Paz fueron firmados en enero de 1992; después de doce años de guerra civil.
Durante la década de los ochenta, WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos) trabajó estrechamente con algunos de los sacerdotes que fueron asesinados en incidir por el respecto de los derechos humanos y en promover un proceso de paz. Integrantes y miembros de la junta directiva de WOLA sufrieron personalmente el impacto de este caso. Por décadas WOLA ha venido apoyando la lucha por justicia en este caso.
Avances en este caso paradigmático podría llevar la justicia a la comunidad jesuita y las familias de los asesinados, y podría ofrecer cierto grado de esperanza para las familias de los miles de salvadoreños que fallecieron o desaparecieron durante el conflicto armado. A su vez, brindaría una señal que la cultura de impunidad (la capacidad de figuras políticas bien conectadas de poder participar en actividades criminales sin temor a ser juzgados) podría estar llegando a su fin.
Hasta hace poco había habido pocos avances en el caso. En 1991, tras una intensa presión internacional, un coronel, dos tenientes, un subteniente, y cinco soldados fueron juzgados por el asesinato de los jesuitas, sin embargo, sólo el coronel y uno de los tenientes resultaron culpables y los otros fueron absueltos. Dos años más tarde, la ley de amnistía de 1993 les impidió pasar tiempo significativo en la cárcel. En el 2000, una corte de El Salvador falló que no se permitiría la prosecución de cualquier persona que posiblemente estuviera involucrada en la decisión de asesinar a los jesuitas.
En 2008, El Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés), una organización estadounidense, y la Asociación Pro Derechos Humanos de España presentaron una querella en España contra varios militares y políticos salvadoreños, sosteniendo que el principio de jurisdicción universal para crímenes de lesa humanidad, aceptado por tribunales españoles, junto con el hecho de que cinco de los seis jesuitas asesinados eran españoles, permitía la investigación y prosecución judicial del caso.
El 30 de mayo de este año, después de una investigación exhaustiva, el juez español Eloy Velasco acusó a veinte oficiales militares por su rol en ordenar y/o participar directamente en la masacre. La decisión del juez Velasco representa un avance importante en un caso que había permanecido estancado por muchos años. WOLA espera que el caso siga avanzando y que éste haga posible la investigación y persecución penal de otros casos de graves abusos de derechos humanos perpetrados durante el conflicto armado que no han podido proseguir por la ley de amnistía. (En varios países latinoamericanos cuyas leyes de amnistía han impedido la investigación y la persecución penal de graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por militares y figuras políticas, órdenes internacionales de captura han provocado debates internos e incluso la modificación de dichas leyes, lo cual ha contribuido a brindar cierto grado de justicia para las víctimas y sus familias.)
Velasco cursó las órdenes a finales de mayo. A finales de julio, pidió a INTERPOL emitir las órdenes internacionales de captura para los nueve ex militares cuyo paradero era conocido para poder detenerles mientras se realizan los procedimientos de extradición. (Se cree que varios ex-militares salvadoreños se encuentran en los Estados Unidos. Un portavoz del Departamento del Estado declaró recientemente que el Departamento de Justicia daría la “debida consideración” a cualquiera petición de apoyo de funcionarios españoles; señalando la importancia del tema de los derechos humanos en Centroamérica.)
El gobierno del Presidente Mauricio Funes actuó apropiadamente en esta situación tan delicada. El director de la policía fue claro en señalar que la policía detendría a los militares tan pronto como recibieran las órdenes de INTERPOL. A finales de la primera semana de agosto salió a la luz que las órdenes estaban prontas a ser emitidas. El domingo, 7 de agosto, los nueve militares decidieron adelantarse y se entregaron al ejército, en vez de a las autoridades civiles. Analistas sospechan que esperaban la protección del ejército frente el proceso legal civil pero el lunes por la mañana, el Ministro de la Defensa los dejó a la disposición de un juez civil. El martes, el caso ya había pasado a la Corte Suprema, la que pronto nombrará a un magistrado especial para administrar los procedimientos sobre su posible extradición. A pesar de la existencia de presiones políticas, el Gobierno ha cumplido con sus obligaciones de asegurar que los acusados permanezcan bajo su custodia y que estén sujetos a un proceso judicial. Éste es un símbolo importante del compromiso del gobierno a la ley internacional.
La Corte Suprema de El Salvador decidirá el futuro de este caso. El Gobierno español tendrá que solicitar formalmente la extradición de los militares. Ya existe un tratado de extradición entre España y El Salvador. Cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores reciba la solicitud, será la Corte Suprema la responsable de revisar la solicitud y decidir si la acepta.
Por su parte, los oficiales detenidos sostendrán que la solicitud de extradición no debería proseguir dado el juicio realizado en 1991 y la ley de amnistía. El juez español, Eloy Velasco, escribió el año pasado en búsqueda de documentos relevantes a su investigación. La mayoría de las juristas miembros de la Corte votaron en contra de enviar los documentos pedidos, lo que implica que la Corte, cuando considere la petición de extradición y los argumentos de los militares, podrá optar por impedir su extradición.
WOLA espera que la Corte Suprema permita la extradición de los militares conforme las obligaciones del Estado salvadoreño. Si los procesos judiciales contra los acusados de planificar y perpetrar el brutal asesinato de los jesuitas no puede avanzar en los tribunales locales, la Corte Suprema debería otorgar su extradición y permitir que el caso avance en España.
