(Foto AP/Salvador Melendez)

21 Dec 2018 | Análisis

El Salvador logra progresos mixtos en el fortalecimiento del estado de derecho

El Salvador ha sido testigo de varios escándalos de corrupción este año: la orden de captura de un ex presidente y la sentencia de otro por cargos de malversación. Sin embargo, a pesar de un clima de impunidad, violencia continua e instituciones débiles, el país ha rechazado repetidamente recomendaciones de que debería solicitar una comisión internacional, como las que están presentes en Guatemala y Honduras, para ayudar a apoyar los esfuerzos del gobierno a combatir la corrupción y la impunidad.

Esto hace que valga la pena preguntar qué ha hecho exactamente El Salvador, a través de la policía, la Fiscalía General, el órgano judicial y otras ramas del gobierno, para investigar, procesar y condenar a los culpables de actos de corrupción de alto nivel o graves abusos de los derechos humanos.

La lucha por elegir la nueva Sala de lo Constitucional

Se suponía que la Asamblea Nacional de El Salvador debió de haber elegido magistrados a cuatro (de cinco) vacíos en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema a finales de julio de 2018. En cambio, el tribunal más alto del país permaneció vacío durante casi cuatro meses.

La composición de esta Sala de lo Constitucional fue especialmente crítica para El Salvador, dado que se considera que la sala anterior demostró un compromiso general con el debido proceso y el estado de derecho. Una de las decisiones más importantes de la Corte fue anular la Ley de Amnistía de 1993, que protegía a ex miembros del ejército de investigaciones por atrocidades cometidas en tiempos de guerra, allanando el camino para la reapertura de importantes casos de derechos humanos. Otros fallos obligaron al poder ejecutivo y a la Asamblea a respetar los procedimientos establecidos por la Constitución que habían incumplido durante mucho tiempo. Si bien las decisiones de la Corte generaron controversia, no hay duda de que los próximos magistrados tendrían un gran impacto en las perspectivas de El Salvador sobre un poder judicial más funcional e independiente.

Sin embargo, el proceso de selección para los cuatro nuevos magistrados fue problemático. Los legisladores debieron de haber votado por candidatos seleccionados de una lista de 30 personas, todas examinadas y evaluadas por el colegio de abogados nacionales del país y por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), una agencia estatal que maneja la capacitación y evaluación de jueces. El proceso de selección de candidatos fue altamente problemático y, en última instancia, no logró cumplir con los estándares recomendados de integridad y profesionalismo. Sin embargo, de alguna manera representó una mejora en comparación a los procesos de selección pasados, ya que muchos de los candidatos más abiertamente partidistas y menos calificados fueron eliminados de la consideración.

Ninguno de los tres partidos principales del país tiene una mayoría en la Asamblea necesaria para elegir sus candidatos preferidos. Sin embargo, en lugar de decidir sobre los candidatos basados primero y principalmente en su integridad y competencia profesional, o en las calificaciones obtenidas en evaluaciones de expertos independientes, los diputados admitieron abiertamente que los meses de negociaciones tenían como objetivo garantizar que cada partido tuviera magistrados en la Sala que sentían que podía servir sus intereses. “No es cuestión de agarrar a los mejores [candidatos]”, dijo un diputado de la Asamblea a el periódico digital El Faro. No es sorpresa que el proceso se prolongó durante meses dados los conflictos de interés de los partidos, así como las numerosas investigaciones de corrupción pendientes que involucran a los mismos diputados encargados de elegir a los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional.

Finalmente, a mediados de noviembre, los diputados seleccionaron nuevos magistrados. Aunque el proceso de evaluación probablemente impidió que avanzaran los candidatos menos calificados, el proceso merece la crítica que recibió por ser excesivamente politizado. El impacto de esta elección probablemente se sentirá en El Salvador durante los próximos años. Es probable que la Sala que surgió actúe con menos asertividad que la Sala anterior en cuanto a la defensa de la independencia judicial, y es menos probable que promueva la separación de poderes.

Eligiendo el próximo Fiscal General

La próxima lucha para el estado de derecho en El Salvador es seleccionar al nuevo Fiscal General de la República. Al igual que en los Estados Unidos, el Fiscal General de El Salvador es el principal funcionario que aplica la ley del país, y quien guía la respuesta del gobierno a los graves problemas de corrupción, violencia y otros asuntos. Sin embargo, como lo afirmaron recientemente grupos de la sociedad civil salvadoreña y la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) en una carta a la Asamblea Nacional de El Salvador, de manera similar al proceso de selección de magistrados de la Sala de lo Constitucional, el proceso de selección del Fiscal General está demostrando una falta de transparencia y no cumple con las normas internacionales.

A principios de noviembre, la lista final de candidatos para Fiscal General consistía de 33 hombres. Para el 13 de diciembre, esa lista se redujo a ocho personas. A partir de la publicación de este análisis, la comisión de la Asamblea Nacional responsable de examinar a los candidatos no ha revelado públicamente los criterios utilizados para evaluar a los candidatos, ni ha revelado la calificación de cada candidato.

De manera similar a lo que sucedió con la selección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, la falta de transparencia de la Asamblea Nacional en este proceso suscita serias preocupaciones sobre los acuerdos políticos que se están produciendo en la trastienda. Incluso, varios de los legisladores en el comité de selección están siendo investigados por posible enriquecimiento ilícito. Corresponderá al próximo Fiscal General impulsar estas y otras investigaciones.

Es cada vez más urgente que la Asamblea Nacional de El Salvador aborde estas preocupaciones. Los diputados podrían demostrar su compromiso de tener un proceso de selección riguroso y transparente mediante la publicación de los currículums de cada candidato, la realización de todas las entrevistas restantes en público y hacer uso de un baremo de criterios que enfatizan las calificaciones profesionales.

Otros avances y contratiempos

El saliente Fiscal General de El Salvador, Douglas Meléndez, ha logrado algunos avances importantes en términos de fortalecimiento del estado de derecho en el país. Con el fin de su gestión a principios de enero, Meléndez se ha postulado como un candidato para la reelección de Fiscal General. Algunos medios han reportado recientemente que Meléndez ya ha obtenido los suficientes votos en la Asamblea Nacional para ser reelecto. Sin embargo, el resultado permanece lejos de ser seguro.

Meléndez ha tenido notables logros. Más recientemente, su oficina creó una unidad especial para investigar crímenes históricos de derechos humanos y estableció una política de persecución penal de crímenes de guerra y lesa humanidad en el contexto del conflicto armado en El Salvador, desarrollada en diálogo con grupos de derechos humanos, para guiar a la unidad. Su oficina abrió casos de corrupción de alto nivel y aseguró la condena de dos ex presidentes y el anterior Fiscal General. En otro movimiento atípico para un país donde las fuerzas armadas se han beneficiado durante mucho tiempo de la impunidad, bajo Meléndez, la Fiscalía General se movilizó para perseguir un caso que involucra tortura por parte de militares, a pesar del rechazo significativo de los líderes militares.

El Fiscal General ha tenido menos éxito en frenar casos de abuso policial y violencia de género. Además, Meléndez ha recibido críticas por actuar con demasiada cautela en otros casos importantes de derechos humanos: el supuesto asesinato extrajudicial de ocho personas por parte de la policía en 2015. En un país donde la violencia y desaparición de la policía han aumentado, el caso de San Blas fue una oportunidad para que el sistema de justicia de El Salvador demostrara que estaba dispuesto a responsabilizar a la policía por abusos. Sin embargo, la Fiscalía General solamente procedió con la persecución penal por la muerte de una de las ocho víctimas. La aparente falta de voluntad para procesar este crimen en toda su extensión envía un señal preocupante de tolerancia hacia ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas de seguridad (el caso terminó recientemente por segunda vez en una absolución).

Viendo hacia adelante

El fortalecimiento del estado de derecho es fundamental para enfrentar los numerosos desafíos de seguridad y desarrollo en El Salvador. En una encuesta reciente, el 55 por ciento de los salvadoreños respondieron que creen que la inseguridad y la violencia son el principal problema que enfrenta El Salvador y el 90 por ciento estuvo de acuerdo en que el respeto por los derechos humanos en el país se ha mantenido igual o ha empeorado. Además, las estadísticas de homicidios de fin de año indican que El Salvador continúa siendo el país más letal de Centroamérica con un promedio de 51 homicidios por 100 mil habitantes. No obstante, tal vez la prueba más importante que enfrentan las instituciones de El Salvador actualmente es asegurar el progreso que se ha logrado hasta el momento y evitar retrocesos. Tanto el gobierno de los Estados Unidos como la comunidad internacional deben continuar desempeñando un papel importante en el apoyo a estos esfuerzos.