31 Jan 2013 | Análisis

El segundo mandato de Obama: La hora para tomar pasos definitivos para proteger los derechos laborales y humanos en Colombia

Por Gimena Sánchez-Garzoli y Daniel Kovalik.*

Originalmente publicado en inglés por Colombia Reports.

El lunes 28 de enero, una semana después de que el presidente Barack Obama comenzara oficialmente su segundo mandato, 100 trabajadores protestaron frente las oficinas del Ministerio de Trabajo en toda Colombia. En Cali, manifestantes afrocolombianos instaron al Presidente Barack Obama a poner en práctica las promesas que hizo en abril de 2011 junto con el presidente Juan Manuel Santos en el Plan de Acción Laboral (PAL). Por desgracia, el PAL ha servido como un antídoto para calmar las preocupaciones de los sindicatos y grupos de derechos humanos sobre el avance de un acuerdo de libre comercio con el país que tiene el peor récord de asesinatos de sindicalistas. Mientras que el PAL no ha sido exitoso frente a estas preocupaciones, le dio a la Administración Obama la cobertura que necesitaba para impulsar con éxito la aprobación del TLC entre EEUU y Colombia en el Congreso en octubre de 2011 – una hazaña que George W. Bush, quien originalmente firmó el acuerdo de libre comercio, fue incapaz de lograr. En abril del 2012, el Presidente Obama dio luz verde para que el TLC se pusiera en vigor bajo la prematura y errónea asunción que Colombia había cumplido suficientemente con las disposiciones de la PAL.

En 2012, un total de 19 sindicalistas fueron asesinados. Si bien esto es un avance respecto a años anteriores cuando este número era mucho más alto, Colombia sigue siendo número uno en el mundo respecto al número total de sindicalistas asesinados. Por otra parte, si se tiene en cuenta el menor número absoluto de los sindicalistas muertos en Colombia en comparación con años anteriores, se debe tener en cuenta el hecho, como ya observó el Padre Jesuita Colombiano Javier Giraldo, que después de años de asesinatos de  sindicalistas – para un total de más de 3.000 desde 1986 – hay simplemente menos sindicalistas en Colombia para matar, y matar a decenas de sindicalistas al año todavía provoca el terror indispensable en los corazones y las mentes de los trabajadores colombianos para disuadirlos de actividades sindicalistas.

En efecto, como la CUT informó el 21 de enero de 2013, después de recibir nuevas amenazas de paramilitares “la violencia anti-sindicalista y persecución de trabajadores todavía está creciendo.” Mientras tanto, impunidad en los casos de más de 2.000 asesinatos de sindicalistas continúa y amenazas de muerte hacia miembros de sindicatos han aumentado. Por ejemplo, el sindicato SINALTRAINAL recibió 37 amenazas de muerte en 2012, entre ellas 18 dirigidas a trabajadores empleados por Nestlé. En lo que va del 2013 han recibido una nueva amenaza.

FENSUAGRO, el sindicato agrícola más grande de Colombia y contraparte de la USW, fue víctima de al menos cinco asesinatos de sus miembros, convirtiendo a FENSUAGRO, quien ha perdido más de 1.500 sindicalistas por asesinatos desde 1970, el más atacado en Colombia. Esto dado a que la violencia en Colombia siempre ha sido más fuerte en áreas rurales, donde el conflicto está concentrado. Con la aprobación del TLC, la persecución de campesinos y trabajadores agrícolas se ha intensificado a medida que los agros negocios gigantes y los intereses mineros en complicidad con las fuerzas militares y paramilitares desplazan por la fuerza a personas de sus tierras.

En efecto, desde la aprobación del TLC en 2011, los desplazamientos masivos han aumentado en un 83 por ciento, según el grupo de derechos humano la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES). Esto se ha sumado a las filas de 5 millones de colombianos internamente desplazados – la mayor población de este tipo en el mundo. Desde la implementación de la Ley de Víctimas, ley emblemática del Presidente Juan Manuel Santos, al menos cinco líderes desplazados han sido asesinados en el marco de su trabajo en incidencia por temas de restitución de tierras.

Según CODHES, la mayoría del nuevo desplazamiento —especialmente el de poblaciones afrocolombianas e indígenas— está vinculado a las acciones de “ejércitos legales e ilegales que trabajan de manera clandestina en defensa de intereses de las industrias extractivas y su consolidación territorial.” La situación de seguridad para los líderes y las lideresas afrocolombianos y afrocolombianas sigue siendo grave. El 13 de noviembre de 2012, las Águilas Negras circularon una amenaza de muerte contra la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados y un grupo grande de consejos comunitarios afrocolombianos y organizaciones de mujeres que abogan por la protección de los derechos colectivos a las tierras afrocolombianas. A pesar de las llamadas de las ONG internacionales para garantizar medidas de protección, autoridades colombianas y estadounidenses no garantizaron medidas suficientes para personas bajo amenaza. El 1 de diciembre de 2012,  Miller Angulo, un líder de AFRODES, fue asesinado. Desde entonces, activistas estadounidenses han iniciado una petición al Embajador de los EE.UU a Colombia, Michael McKinley, instando que él tome una serie de acciones para prevenir más asesinatos, como garantizar la otorgación de medidas de protección a los 22 líderes y lideresas de AFRODES que las solicitaron el pasado julio de 2012.

La protesta del día lunes del grupo de trabajadores afrocolombianos demuestra las duras realidades enfrentadas por los trabajadores en los sectores prioritarios del PAL, y también demuestra que la persecución de y violencia contra sindicalistas y afrocolombianos sigue siendo amplia.

En el caso de los trabajadores portuarios, quienes abogan por contratación directa, un compromiso central del PAL, se enfrentan a represalias. Hubo inspecciones laborales y sanciones en el sector portuario gracias a la presión política generada por el PAL antes de la Cumbre de las Américas. Sin embargo, desde que Obama dio la luz verde al TLC, se han debilitado estos pasos positivos y el gobierno colombiano ha hecho poco para garantizar los derechos laborales. Como resultado, se han despedido a 117 trabajadores afiliados con la Unión Portuaria—la mayoría de ellos afrodescendientes—y otros fueron obligados a desafiliarse a los sindicatos para no ser despedidos. También, alrededor de 1.200 trabajadores siguen trabajando bajo tercerización, sin contratos directos.

Al mismo tiempo, el pueblo portuario de Buenaventura, lugar del puerto más grande de Colombia (cuyo desarrollo ocurre gracias al TLC), la población sufre de una violencia masiva a las manos de fuerzas militares y paramilitares. Mujeres afrocolombianas también se han convertido en objetivos militares de matanzas espantosas y sádicas que combinan la violencia sexual con tortura y terror. Como explicó el Padre Giraldo en una carta al Embajador McKinley, existe un:

genocidio permanente que se está perpetrando en Buenaventura, donde los barrios populares y los Consejos Comunitarios aledaños al puerto, están invadidos de paramilitares apoyados o tolerados por la fuerza pública, quienes descuartizan con crueldad aterradora, arrojando al mar sus restos, a quienes se atreven a resistir al megaproyecto del nuevo puerto, que implica la expulsión de los sectores más empobrecidos e incluso la expropiación de terrenos que en medio de su miseria ellos han creado durante décadas sobre basureros, para poder sobrevivir.

En el sector azucarero, otro sector prioritario del PAL, las plantaciones La Cabaña y Maria Luisa despidieron a 110 corteros de caña a principios del año 2013. Se piensa que este tipo de acciones son represalias contra trabajadores afiliados al Sintrainagro, sindicato que se juntó con Sinalcorteros el año pasado. Los trabajadores también han experimentado llamadas telefónicas amenazadoras y otros tipos de hostigamientos. Esta situación impulsó a que los trabajadores azucareros realizaran un
a protesta frente las oficinas de Asocaña en Cali el día 16 de enero y otra vez el 24 de enero. El 28 de enero, fue asesinado activista de Sintranaigro Cabañas Juan Carlos Muñoz mientras estaba en rumbo a su trabajo. Es muy probable que fuera asesinado como represalia por estas protestas.

En otro sector prioritario del PAL, el de palma de aceite, sector que Colombia aplaude como ejemplo de su cumplimiento con el PAL ya que ha multado a unas compañías, la situación sigue siendo grave. Las compañías se han negado a pagar las multas e incluso las están apelando, y no ha cesado su uso de tercerización. Sigue pasando la persecución anti-sindical e intimidación de gente que está tratando de formalizar sus lugares de trabajo. Han prohibido el trabajo de más de 200 activistas en estas plantaciones.

El 30 de noviembre de 2012, el Senador Alexander López Maya de la Comisión del Senado sobre el PAL patrocinó una audiencia en Villavicencio, Meta, que exploró las condiciones laborales de más de 20.000 trabajadores en las municipalidades de Puerto Gaitán, Meta, y San Carlos de Guaroa, que están empleados en las industrias de petróleo (otro sector prioritario del PAL) y aceite de palma. El senador confirmó que la práctica de subcontratación es común en los dos sectores. Más de 5.000 trabajadores en la industria de aceite de palma de San Carlos de Guaroa y más de 8.000 trabajadores en el sector petrolero de Campo Rubiales enfrentan obstáculos grandes a la formalización de sus contratos. Notó el Senador que existe “decenas de denuncias de negociaciones bajo la mesa, bajos sueldos sin beneficios sociales, condiciones laborales deplorables y graves abusos a la salud humana, todas cosas que afectan negativamente la integridad física de los trabajadores.” También señala que “se encuentran los casos más graves en la industria de aceite de palma, en la que efectivamente no existe una presencia del Ministerio del Trabajo, y organización sindical está negada por la tercerización.”

Poco días después de esta audiencia en Meta, trabajador afrocolombiano Milton Parra Rivas, del sector petrolero, fue asesinado a tiros de manera brutal en Puerto Gaitán.

Básicamente, creemos, de acuerdo con la CUT, la federación sindical más grande de Colombia, que no están mejorando los derechos laborales en Colombia, y que estos derechos están tomando pasos hacia atrás dado el fracaso del estado colombiano de tomar pasos políticos y otras medidas para eliminar la violencia que continúa contra sindicalistas y trabajadores. Cumplimiento con las promesas del PAL no figura muy alto en la agenda colombiana. Sin duda, ya que el acuerdo EE.UU-Colombia sobre el PAL sirvió un objetivo político, no de derechos laborales, para justificar la aprobación de un acuerdo injusto, no sorprende que ahora que Colombia tiene su TLC, ahora esté incumpliendo con sus compromisos a los derechos laborales.

Si le interesa sinceramente a la Administración de Obama proteger derechos de los trabajadores y poner un fin a la violencia sistémica contra trabajadores colombianos, el Presidente tendrá que tomar pasos serios para garantizar la implementación completa y efectiva del PAL. La prevención de más asesinatos de  sindicalistas, justicia para asesinatos y contratación directa en los sectores prioritarios del PAL deben ser las primeras áreas donde el EE.UU y Colombia demuestran cambios positivos. Además, para reducir la violencia sistémica en Colombia, EE.UU tiene que apoyar el acuerdo de paz en  Colombia—dónde están negociando una reforma agraria, garantizar la no repetición de crímenes cometidos por las fuerzas armadas ni colusión con grupos paramilitares y asegurar la realización de justicia en dichos casos de acuerdo con el condicionamiento de ayuda militar bajo la ley estadounidense.

*Gimena Sánchez-Garzoli es Coordinadora Principal, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), y Daniel Kovalik es un abogado con especializaciones en derechos humanos y derecho laboral. La revista el Christian Science Monitor describe el Sr. Kovalik como “uno de los defensores de trabajadores colombianos y estadounidenses más prominentes en los Estados Unidos.”