El Congreso de EE.UU. avanza con el problemático Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia. El día de ayer, el TLC pasó en la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes y es muy probable que sea enviado a votación al Congreso la próxima semana. El Representante Sander Levin expresó consternación ayer sobre el asunto y declaró que, “El TLC EE.UU.-Colombia permanece fundamentalmente defectuoso”. La violencia e intimidación a los movimientos de trabajadores en Colombia silencia a aquellos que pretenden defender los derechos de los trabajadores. Un ejemplo del abuso sistemático hacia los trabajadores en Colombia es la práctica de subcontratación en el sector de caña de azúcar.
El azúcar cuesta aproximadamente $2 por libra en la mayoría de los supermercados en los Estados Unidos. Sin embargo, los corteros de caña ganan menos de $4 USD por cada tonelada (2,200 libras) de caña de azúcar que cortan. Estos hombres y mujeres trabajan alrededor de nueve horas por día bajo condiciones difíciles, muchas veces sin ningún seguro de salud o derecho de incapacidad. Los corteros de caña recogen hasta 5.3 toneladas por día, incluso bajo estas abusivas circunstancias.
Sorprendentemente, la mayoría de estos trabajadores no son empleados directamente por los ingenios de azúcar. En cambio, son empleados por subcontratistas que toman una parte de sus ganancias y que supuestamente son responsables por su bienestar. Los ingenios de azúcar por tanto no tienen obligación legal de respetar los derechos más básicos de los trabajadores. Este modelo abusivo de subcontratación, previamente aplicado por las Cooperativas de Trabajadores Asociados (CTA), se ha reproducido en varias industrias de Colombia, tales como la palma, minería, portuaria e inclusive en el sector de salud.
Las demandas por parte de los trabajadores colombianos y la presión internacional han forzado a Colombia a revalorar la subcontratación del trabajo. A principios del año 2011, Colombia aprobó una ley que prohíbe la existencia de las CTA, y los presidentes Obama y Santos firmaron el Plan de Acción Laboral el 15 de abril, el cual compromete a Colombia a asignar 100 inspectores para investigar abusos en las CTA. No obstante estas leyes y acuerdos se quedan cortos en hacerle frente a los casos de la explotación en el modelo de subcontratación.
Las prohibidas CTA son rápidamente reemplazadas por las Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS): siglas distintas, mismos intermediarios. “Conozcan al nuevo patrón, peor que el anterior”, dijo el Representante James McGovern en declaraciones ante la Cámara de Representantes en el Congreso de EE.UU. el 3 de octubre al describir el modelo de trabajo roto de Colombia. Por lo tanto, la ley colombiana que prohíbe las CTA ha fallado significativamente en su búsqueda de mejorar las condiciones laborales.
Para empeorar las cosas, los líderes de los trabajadores son sistemáticamente hostigados por defender sus derechos en Colombia. Sólo en este año, 22 sindicalistas han sido asesinados. Las amenazas y acosos laborales son comunes. Un ejemplo grave de esto sucedió hace dos semanas, el 24 de septiembre del 2011, cuando José Oney Valencia, líder de los corteros de caña, fue arrestado en Cali durante un evento organizado por trabajadores del sector azucarero. Agentes del polémico Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) usaron una orden de captura vencida contra Valencia para detenerlo en un acto de intimidación pura. El vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, quien estaba presente en la reunión describió estos eventos como “un daño, no a los trabajadores solamente, sino a la credibilidad de la población en el Estado”. No podríamos estar más de acuerdo.
En medio del debate sobre el Tratado de Libre Comercio con Colombia, la mayoría del Congreso de los Estados Unidos esta convencido de que acuerdos altivos se han traducido en cambios tangibles. En la práctica, los derechos de los trabajadores en Colombia no han mejorado. El Senador colombiano Alexander López Maya propuso una ley que pondría fin al modelo de subcontratación en Colombia. El Gobierno de los Estados Unidos debería defender las normas laborales, apoyando la propuesta de López Maya y defendiendo a los trabajadores colombianos, en lugar de incrementar la vulnerabilidad con la aprobación de un tratado de libre comercio que los perjudique.
