29 Aug 2013 | Análisis

El trágico accidente de tren subraya los peligros que enfrentan los migrantes

Por Clay Boggs

Un tren de cargo que transportaba a unos 250 migrantes, en su mayoría provenientes de América Central, descarriló en el sur de México el domingo 25 de agosto. Por lo menos nueve personas murieron y dieciocho fueron heridos. Los cuerpos de seis inmigrantes fallecidos fueron trasladados por avión a Honduras, su país natal, el martes 27 de agosto.

A través de Twitter, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto expresó su ” pésame a los familiares de quienes perdieron la vida en este accidente” y les aseguró que el Secretario de Relaciones Exteriores les proporcionaría “la información y apoyo necesario. ”

Pero las palabras del presidente no convencen. Aunque el descarrilamiento del 25 de agosto fue un trágico accidente, cuyas causas aún no se han determinado, los familiares de las víctimas saben bien que el gobierno mexicano ha hecho muy poco para evitar las tragedias que los migrantes en tránsito sufren cada día en territorio mexicano. Durante varios años, el gobierno ha tenido conocimiento de los peligros graves que enfrentan los migrantes en su viaje a través de México. Innumerables artículos de noticias e informes de las casas de migrante han narrado la experiencia de los migrantes centroamericanos que viajan a través de México en la parte superior del tren que ellos llaman “La Bestia”, y las organizaciones internacionales de derechos humanos han llamado la atención sobre la situación de los migrantes en tránsito por México; la han calificado, con razón, como una “tragedia humanitaria”.

La escala y la naturaleza de los abusos contra los migrantes son escalofriantes. Los migrantes son con frecuencia objeto de la violación, el secuestro, la extorsión y el asesinato. Las mujeres migrantes han comentado a los defensores de derechos humanos que comenzaron a tomar píldoras anticonceptivas antes de cruzar México, porque sabían que tenían un riesgo muy alto de ser violadas. En un informe especial publicado en 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de (CNDH) estimó que había más de 11.000 secuestros de migrantes en tránsito por México en un periodo de seis meses. Los migrantes han sido secuestrados en masa; las bandas criminales en algunos casos han parado los trenes para llevar cientos de migrantes a las casas “seguras”, donde están frecuentemente golpeados, mal alimentados y sometidos a numerosos abusos, hasta que los criminales pueden recoger el dinero del rescate de las familias de los migrantes. Los que no pueden pagar son, a menudo, brutalmente torturados y a veces asesinados.

El gobierno de México se ha comprometido a hacer frente a esta situación. Después de la masacre en agosto de 2010 de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas—una tragedia que conmocionó al mundo—el entonces presidente Felipe Calderón anunció un plan de cinco puntos para proteger a los migrantes en tránsito. En 2011, el Congreso mexicano aprobó una nueva ley para regular la migración en México, que incluía medidas para mejorar la protección de los migrantes.

Pero a pesar del discurso del gobierno, la situación no parece haber mejorado. Las casas de migrante a través de México siguen denunciando frecuentes abusos contra los migrantes. Con demasiada frecuencia, los empleados en las casas de migrante, que desempeñan un papel fundamental en la defensa de los derechos de migrantes, han sido víctimas de hostigamiento por parte de las autoridades y los grupos criminales. Un refugio para los migrantes menores de edad en Tapachula, Chiapas se cerró este mes por motivos de seguridad. Aún más preocupante es el hecho de que, en muchos casos, las autoridades mexicanas son cómplices o directamente involucrados en delitos contra los migrantes.

Tampoco el gobierno ha hecho lo suficiente para buscar a los miles de migrantes que han desaparecido en México en los últimos años, ni para identificar los restos de las personas migrantes cuyos cuerpos han sido hallados. Por ejemplo, tres años después de la masacre de San Fernando, varios de los cuerpos permanecen sin identificarse. Afortunadamente, parece haber algunas señales positivas en esta área. Una amplia gama de actores—grupos centroamericanos formados por miembros de las familias de los migrantes desaparecidos, organizaciones de la sociedad civil mexicana, la Procuraduría General de la Republica, y el Equipo Argentino de Antropología Forense—firmaron recientemente un acuerdo para crear una comisión de expertos forenses que identificarán los restos de la masacre de San Fernando, otras fosas comunes en San Fernando, y los restos encontrados en Cadereyta, Nuevo León (se considera que muchos de los cuerpos recuperados en las tumbas eran de migrantes). Si es plenamente apoyada y suficientemente financiada, esta comisión podría ayudar a proveer un sentido de cierre a los familiares de los migrantes desaparecidos y ayudar a garantizar que atrocidades como estas masacres no vuelvan a ocurrir.

El trágico accidente de tren subraya la vulnerabilidad de los migrantes centroamericanos en tránsito y la urgente necesidad de que el gobierno mexicano haga más para proteger a ellos. A raíz de la reciente tragedia, el gobierno mexicano debe tomar medidas claras para proteger mejor a los migrantes en tránsito, tales como:

  • Investigar y procesar a funcionarios corruptos que han sido cómplices en violaciones de derechos humanos o en actos criminales en contra de los migrantes, sean del Instituto Nacional de Migración de México (INM), de las fuerzas policiales federales, estatales o municipales, o de las fuerzas armadas.
  • Adoptar políticas específicas para abordar la participación de las organizaciones criminales en el secuestro de migrantes.
  • Garantizar que el personal de las casas de migrantes y otros defensores de los derechos humanos de los migrantes reciben protección efectiva y que se llevan a cabo investigaciones para perseguir y sancionar a los responsables de amenazas y ataques contra los defensores.
  • Apoyar plenamente la labor de la nueva Comisión Forense y asegurar que la Comisión cuente con los recursos necesarios para llevar a cabo su trabajo.