WOLA: Advocacy for Human Rights in the Americas
16 Jul 2013 | Análisis | Noticias

Estados Unidos debe aplicar plenamente la prohibición de armas de asalto importadas

Por Clay Boggs y Kristen Rand*

Los opositores a las reformas que previenen la violencia con armas—como la expansión de las revisiones de antecedentes penales, una prohibición renovada a las armas de asalto, y penas duras para el tráfico de armas—suelen decir que no necesitamos leyes nuevas, sino que tenemos que aplicar plenamente las leyes que ya existen.

Este argumento es generalmente poco sincero; los mismos legisladores que usan este argumento también han apoyado a legislación que previene la aplicación de las leyes aprobadas. Por ejemplo, las llamadas “enmiendas Tiahrt”, escritas y apoyadas por los opositores a la prevención de violencia con armas, previene a la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés) de ordenar que las tiendas de armas hagan una revisión de su inventario, y también requiere que el Departamento de Justicia destruya los registros de revisiones de antecedentes penales en 24 horas. Para la ATF, estas restricciones dificultan la identificación de las tiendas y los individuos que están involucrados en el tráfico de armas. Entonces, el obstáculo principal de aplicar las leyes existentes es la oposición de los mismos legisladores pro armas de fuego. Esas dificultades hacen imposible el trabajo de la ATF.

Pero en algunos casos, el problema es la falta de voluntad política por parte del poder ejecutivo. Un ejemplo es la prohibición a la importación de armas de asalto. La prohibición a la importación fue inicialmente declarada por el Presidente George H.W. Bush en 1989 y fortalecida por el gobierno del Presidente Bill Clinton en 1998. Su propósito es prohibir la importación y así limitar el acceso de criminales a las armas que no son para uso deportivo y que son peligrosas.

Pero esta prohibición no está siendo aplicada plenamente. Tras los años, los importadores y fabricantes de armas han encontrado muchos resquicios en las leyes. Estos han logrado que muchas armas de asalto sean clasificadas como “armas deportivas”, que las exima de la prohibición. También han importado las armas en partes, y hacen modificaciones pequeñas de diseño para evadir las restricciones. El gobierno del Presidente Barack Obama tiene el poder de poner fin a la evasión de las leyes por los importadores y fabricantes de armas. Puede emitir una orden nueva que cerraría los resquicios numerosos en la prohibición. Sólo se necesita la voluntad política y el valor para hacerlo.

Eso marcaría una diferencia en Estados Unidos. Las armas importadas han sido vinculadas a algunos asesinatos masivos en el país y a numerosos homicidios en ciudades estadounidenses.

También haría una diferencia en México, donde la violencia relacionada con las drogas sigue destruyendo las comunidades y familias mexicanas. Setenta por ciento de las armas que son recuperadas en México y sometidas a rastreo son de Estados Unidos.

Según un análisis de casos federales del tráfico de armas por el Centro de Políticas Públicas sobre la Violencia (Violence Policy Center), la mayoría de las armas incluidas en los casos fueron inicialmente importadas legalmente en Estados Unidos y luego traficadas a México. Las armas importadas son codiciadas por narcotraficantes en México porque son relativamente baratas y  pueden ser convertidas fácilmente en armas plenamente automáticas.

Necesitamos una solución integral para el problema de la violencia con armas en Estados Unidos y México. Eso le toca parcialmente al congreso estadounidense: la expansión de revisiones de antecedentes penales, una prohibición renovada de armas de asalto y penas duras para el tráfico de armas. Todos requieren legislación, y a pesar del abrumador apoyo popular, el congreso estadounidense no ha logrado aprobar incluso las reformas más modestas. En enero, después de la matanza de Newtown, el gobierno de Obama anunció algunas reformas administrativas. Pero hay mucho más que el gobierno de Obama puede hacer. Aplicar la prohibición de importaciones sería un buen inicio.

Clay Boggs es Oficial de Programas en WOLA

Kristen Rand es la Directora Legislativa del Violence Policy Center