El dictador militar guatemalteco José Efraín Ríos Montt tendrá que presentarse a declarar el jueves, 26 de enero, ante la corte por crímenes cometidos durante su dictadura, 1982-1983. Durante la guerra civil guatemalteca que duró 36 años huberion más de 626 masacres y 200,000 muertos y desaparecidos, y los 17 meses del régimen de Ríos Montt fueron de los más violentos. Hasta recientemente, pocos oficiales de alto rango habían sido llevados ante la justicia por su participación en las atrocidades. Pero con el nombramiento de la Fiscal General Claudia Paz y Paz en 2010, se ha visto un aumento en el número de ex-miembros del ejército llevados ante la justicia por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. El haber agregado a Ríos Montt a esta lista es un paso histórico que bien pudiera proveer justicia a aquellos quienes sufrieron bajo su dictadura.
En agosto, cuatro miembros de los Kaibiles, un grupo élite del ejército guatemalteco, fueron sentenciados a más de 6,000 años de cárcel por su rol en la masacre de 200 personas en Dos Erres en 1982. El fallo propició a que otros oficiales de alto rango, como Ríos Montt, pudieran ser juzgados por su rol en el genocidio. Hasta este mes, Ríos Montt tenía inmunidad de persecución penal por ser miembro del Congreso, a pesar de toda la evidencia sobre su involucramiento en las masacres, violaciones a los derechos humanos y el desplazamiento de miles de personas. Ahora que su inmunidad ha terminado, el sistema de justicia puede avanzar en su contra. El primer paso en este proceso sucederá este jueves cuando Ríos Montt tenga que presentarse ante una corte que decidirá si hay pruebas suficientes para llevar a cabo un proceso en su contra. Los casos de los generales Héctor Mario López Fuentes y Oscar Humberto Mejía, otros oficiales del ejército de alto rango que fueron acusados de violaciones de derechos humanos, fueron desechados o suspendidos porque los acusados supuestamente no pudieron enfrentar el juicio por problemas de salud. Seguramente este mismo argumento será utilizado en el caso de Ríos Montt. Su abogado ha proclamado que no se le puede juzgar por crímenes de guerra ni genocidio porque Ríos Montt nunca estuvo presente en el campo de batalla, pero estas declaraciones no tienen sustento legal.
Es importante que el sistema de justicia en Guatemala haya iniciado un proceso en contra de Ríos Montt, especialmente dado la impunidad sistemática relacionada a crímenes y violaciones a los derechos humanos en la actualidad y del pasado. Sin embargo, es preocupante la falta de transparencia en el Ministerio de Defensa y la falta de voluntad de proveer documentos clasificados que podrían ser relevantes a estos procesos. In 2009, el entonces Presidente Álvaro Colom inició el proceso de desclasificación de documentos militares de 1960-1996, y en 2011, la Comisión Presidencial para la Desclasificación de Archivos Militares hizo público su decisión sobre cuáles documentos se podían desclasificar. Aunque más de 11,000 documentos fueron desclasificados, el proceso no está completo, porque hay una falta casi total de los documentos de 1980-1985, sin una explicación pública del gobierno.
Desde el 1990, Estados Unidos ha mantenido una prohibición sobre la ayuda militar a Guatemala debido a preocupaciones serias sobre la impunidad y la falta de transparencia dentro del Ejército en Guatemala. La Comisión Presidencial para la Desclasificación de los Archivos Militares ha sido un punto central en las discusiones sobre la transparencia en el Ejército guatemalteco, pero todavía hay muchas dudas sobre cómo se determinó cuáles documentos se debían desclasificar o no. La ausencia de documentos de los años 1980-1985 merece una explicación, ya que son los años que la Comisión Nacional de la Verdad calificó como los años en los cuales sucedieron la mayoría de las violaciones de derechos humanos por parte del ejército, y la información de estos años podría ser clave en los procesos judiciales como el que enfrenta Ríos Montt. Mientras tanto, Estados Unidos debe mantener sus restricciones a la asistencia militar hasta que sea evidente que las Fuerzas Armadas en Guatemala están comprometidas a respetar los derechos humanos y el Estado de Derecho.
Será muy importante monitorear los acontecimientos de este caso histórico. El presidente Otto Pérez Molina, quien fue un general durante la guerra civil, debería apoyar publicamente la decisión de la Fiscalía de avanzar en este proceso tan importante. A la Fiscal General se le debería dar la independencia y autonomía necesaria para llevar a cabo su trabajo de una manera efectiva en cuanto a este y otros casos.
