Al aprobar recientemente una enmienda constitucional que amplía la jurisdicción militar para casos de violaciones a derechos humanos, Colombia le asestó un golpe contundente a la justicia. La reforma permitiría que graves crímenes contra los derechos humanos sean investigados y juzgados por la justicia militar, una práctica que entra en conflicto con años de jurisprudencia de los altos tribunales colombianos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La enmienda otorga al sistema de justicia militar-conocido por los altos niveles de impunidad que confiere-"jurisdicción exclusiva" sobre todos los abusos militares "relacionados con el conflicto", salvo estos siete delitos: crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, ejecución
extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado. Sin embargo, existe un grave riesgo de que casos de "ejecución extrajudicial" y "violencia sexual" sean enviados a los tribunales militares, ya que estos crímenes no están codificados como delitos en la jurisprudencia colombiana. Por otra parte, otras violaciones graves de derechos humanos tales como detenciones arbitrarias y tratos crueles, degradantes o inhumanos serían juzgadas en tribunales militares. Muchos de los casos de "falsos positivos", o sea, ejecuciones extrajudiciales de civiles, son presentados como enemigos de combate y podrían ser transferidos de la jurisdicción ordinaria a tribunales militares.
extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado. Sin embargo, existe un grave riesgo de que casos de "ejecución extrajudicial" y "violencia sexual" sean enviados a los tribunales militares, ya que estos crímenes no están codificados como delitos en la jurisprudencia colombiana. Por otra parte, otras violaciones graves de derechos humanos tales como detenciones arbitrarias y tratos crueles, degradantes o inhumanos serían juzgadas en tribunales militares. Muchos de los casos de "falsos positivos", o sea, ejecuciones extrajudiciales de civiles, son presentados como enemigos de combate y podrían ser transferidos de la jurisdicción ordinaria a tribunales militares.