Se ha hablado mucho de cómo es el gabinete del próximo presidente de Colombia, Gustavo Petro, que tomará posesión de su cargo el 7 de agosto, y de la gran magnitud de los retos que tiene por delante.
En un país que lucha contra los altos niveles de violencia e inseguridad, no es de extrañar que muchos ojos estén puestos en Iván Velásquez Gómez, el abogado anticorrupción que será el nuevo ministro de Defensa de Colombia.
La formación de Velásquez Gómez como jurista, según algunos, podría significar que es más propenso a escuchar las recomendaciones de defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales. En Colombia, la violencia y la inseguridad son producto de la impunidad generalizada, la desigualdad extrema, la corrupción rampante y la incapacidad de gobernar las zonas rurales marginales donde prosperan las economías ilícitas y los grupos armados.
En su primera reunión oficial con la presidenta de WOLA, justo antes de asumir el cargo, Velásquez parecía tener claro el camino a seguir. Habló de la necesidad de poner la responsabilidad de la seguridad civil directamente en manos de los civiles, y de la importancia de la lucha contra la corrupción como base sólida sobre la que construir unas fuerzas de seguridad fuertes que no violen los derechos humanos. Sabe también que los retos que tiene por delante son considerables.
Las reformas del gobierno de Petro en materia de defensa y seguridad sólo serán recordadas como exitosas si logran avances significativos en cinco áreas clave. Estas son: la corrupción en las fuerzas de seguridad, la presencia del Estado en las zonas rurales marginales, una verdadera modernización de la policía, la lucha contra la impunidad en relación a violaciones de derechos humanos y la lucha contra el racismo y la discriminación racial dentro de las fuerzas de seguridad y hacia las comunidades étnicas, así como la colaboración estrecha con los líderes de las comunidades afrodescendientes e indígenas.
En los últimos meses se han producido alarmantes denuncias de corrupción de alto nivel en las fuerzas armadas. Un excomandante de las fuerzas armadas está acusado de colaborar con un líder del Clan del Golfo, Juan Larinson Castro Estupiñán alias “Matamba”, para permitir el tránsito de cargamentos de cocaína por el departamento de Nariño. Un juez militar está investigando al excomandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, por presuntos malos manejos de fondos públicos cuando era comandante de brigada, y ese juez está recibiendo amenazas. Un general del Cauca fue grabado diciendo a sus subordinados que estaba a favor de aliarse con un grupo criminal para combatir a los exdisidentes de las FARC. El comandante del Tercer Comando Conjunto se enfrenta a acusaciones de vínculos con narcotraficantes, sobornos y otros actos de corrupción. Cinco oficiales de la 4ª Brigada de Medellín están en problemas por haber aceptado grandes sobornos para la adjudicación de contratos. Antes de su extradición, el líder del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, hizo graves acusaciones sobre la ayuda que su grupo recibió durante años de oficiales corruptos. A finales de 2021, la organización Transparencia por Colombia informó que, de todas las entidades del gobierno entre 2016 y 2020, la que más denuncias de corrupción enfrentó fue la fuerza pública.
Si esto es lo que supuestamente ocurre en el alto mando, ¿qué ocurre más allá de la mirada pública? ¿Cómo se comportan las unidades a lo largo de ríos remotos por los que transitan embarcaciones cargadas de cocaína, o en territorios donde las minas ilegales y la deforestación se producen a cielo abierto?
Los grupos armados y criminales que amenazan hoy a todas las personas en Colombia no son como las antiguas FARC. Ninguno tiene serias ambiciones de tomar el poder en Bogotá. En cambio, prosperan en sus relaciones con el gobierno, neutralizando cualquier respuesta estatal mediante la corrupción y la penetración en las instituciones del Estado. Recurren a acciones agresivas que acaparan titulares, como un “paro armado” o un “plan pistola”, sólo cuando la corrupción no funciona y quieren enviar un mensaje.
Los grupos armados a los que se enfrenta Colombia hoy en día no pueden ser debilitados, ni los ciudadanos pueden ser protegidos, sin un esfuerzo mucho más concertado para romper los vínculos entre los representantes del Estado y el crimen organizado. Un esfuerzo decidido por privar a los grupos criminales del oxígeno que reciben de la corrupción reduciría el narcotráfico con más eficacia que cualquier campaña de erradicación de cultivos.
Por eso, la experiencia de Iván Velásquez como luchador contra la corrupción supera su falta de experiencia como experto en defensa. (Uno espera, sin embargo, que sus viceministros tengan profundos conocimientos en el manejo de recursos de defensa, evaluación de amenazas, planeación, doctrina y áreas similares).
Nadie tiene más credenciales anticorrupción que Velásquez. Su reto será castigar a los oficiales corruptos de forma que tranquilice a los oficiales honestos y no se malinterprete como un ataque a los militares como institución, lo que generaría una abrumadora reacción interna.
La ruptura de los vínculos corruptos, las estrategias de “objetivos de alto valor” y las negociaciones de desmovilización de “paz total” pueden hacer mucho para mantener a los grupos violentos fuera de balance y más débiles. Sin embargo, las economías ilícitas persistirán y los líderes de los grupos armados serán sustituidos por otros, mientras haya vastos territorios sin presencia gubernamental. La lucha contra los grupos criminales no funcionará si no se ataca el entorno de apatridia y abandono que beneficia a esos grupos.
Desde el “Plan Consolidación” de los años de Uribe hasta las “Zonas Futuro” de los años de Duque, Colombia ha tratado de hacer frente a la ausencia de Estado en las zonas rurales marginales a través de programas de carácter militar que tienden a no persistir en la siguiente administración presidencial. El gobierno de Petro puede basarse en esas experiencias, pero alejándose de su patrón. En las comunidades afrocolombianas, indígenas y palenqueras, debe seguir los principios de consulta establecidos en el Capítulo Étnico del acuerdo de paz para garantizar que dichos programas cuenten con la participación de las comunidades.
Las fuerzas de seguridad son una parte necesaria de cualquier plan para llevar el Estado a la frontera agrícola. Pero son sólo una pequeña parte de lo que se necesita. Los soldados no resuelven disputas. No construyen la mayoría de las carreteras, ni entregan títulos de propiedad, ni enseñan en las escuelas, ni asesoran al gobierno local en la gestión transparente de los recursos.
Los planes escalonados y secuenciados para llenar los vacíos de gobernanza son difíciles, caros y dan resultados lentos. Requieren consultas constantes con las comunidades, incluidas las autoridades territoriales afrodescendientes e indígenas históricamente excluidas y las organizaciones dirigidas por mujeres, para responder a las necesidades locales y gestionar las expectativas.
Un consejo clave es aprovechar lo que ya está en marcha. Con demasiada frecuencia, las nuevas administraciones presidenciales han descartado los planes existentes y los esfuerzos en curso, y en su lugar han creado los suyos propios desde cero, desperdiciando sus primeros años en el “modo PowerPoint”.
Ya hay mucho que construir. Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) previstos en el primer capítulo del Acuerdo de Paz están atrasados y deben ser revitalizados, especialmente los conjuntos originales de prioridades acordadas con las comunidades, los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR). Incluso el plan de las “Zonas de Futuro” del gobierno saliente de Duque, de marcado carácter militar, puede adaptarse en lugar de anularse. Un plan con continuidad, construido sobre el impulso de los esfuerzos existentes, es mejor que otro plan “perfecto” inventado en una oficina en Bogotá.
Nada puede acabar más rápido con el primer período de “luna de miel” del gobierno de Petro que un aumento de la delincuencia que haga que la población se sienta amenazada. Proteger a los colombianos requerirá más recursos para la policía civil, simultáneamente con reformas para que la policía sea más civil y menos en pie de guerra.
La reforma policial, de hecho, no debería ser responsabilidad del Ministro de Defensa Iván Velásquez. Eso debería corresponder a un nuevo Ministro de Seguridad Pública cuya cartera incluya la gestión de una Policía Nacional transferida. Es absurdo que un aparato de seguridad moderno ponga al mismo funcionario -el Ministro de Defensa- a cargo de disuadir a los adversarios y de enfrentar a los grandes grupos armados, mientras también responde a los robos de celulares y de autos.
Las encuestas muestran que la confianza en la Policía Nacional está en su nivel más bajo de este siglo: hay mucho terreno perdido que recuperar. La lista de reformas policiales es larga. Incluye la reducción de los tiempos de respuesta, la mejora de las capacidades de investigación, el replanteamiento de los planes de formación, el aumento de los salarios, el refuerzo de los controles internos anticorrupción y el énfasis en las relaciones con la comunidad. Incluye un esfuerzo serio para aumentar la cobertura de la policía rural, de modo que la seguridad ciudadana en las zonas rurales deje de ser una misión casi exclusivamente militar.
La amarga experiencia de las protestas sociales desde 2019 muestra que el control de multitudes es otra área que requiere un replanteamiento urgente. Junto con el traslado de la policía fuera del Ministerio de Defensa, la rendición de cuentas por los abusos -ya sean cometidos durante las protestas o en otros contextos- exige que los casos de presuntos abusos y violaciones de derechos humanos dejen de pasar por la justicia militar.
En Colombia, tanto las masacres como los atentados contra líderes sociales se produjeron en mayor proporción entre enero y marzo de 2022 que en el mismo periodo de 2021, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ). Algunos de ellos tuvieron lugar en el contexto de operaciones militares.
En casos como el del ataque de marzo de 2022 en el que murieron civiles en el Alto Remanso, Putumayo, las investigaciones independientes y transparentes gestionadas por las autoridades judiciales civiles deben determinar exactamente lo ocurrido, si se cometieron ejecuciones extrajudiciales y, en caso afirmativo, tomar las medidas adecuadas para sancionar a los responsables.
Se trata de una lista intimidatoria e histórica de tareas y misiones. Es alentador que la administración entrante de Colombia incluya personas que tienen un historial de voluntad para asumirlas. Pero, siendo realistas, lo máximo que podemos esperar durante los próximos cuatro años es que el gobierno de Petro logre algún progreso medible hacia estos objetivos. Su consecución real llevará mucho más tiempo. Para 2026 sólo es razonable esperar que los funcionarios hayan sentado las bases para un mayor progreso futuro.
Incluso sentar las bases será difícil. La lucha contra la corrupción, la construcción de la presencia del Estado y la reforma de la policía supondrán una amenaza para los poderosos intereses que no se defienden según “las reglas”. Vencer su resistencia requerirá una enorme voluntad política.
Iván Velásquez no es ajeno a las reacciones violentas. Pero ya se ha visto perjudicado por ellas, como cuando un presidente acusado de corrupción echó del país a la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo anticorrupción respaldado por la ONU que él dirigía. Para evitar ese resultado, hay que asegurarse de que Velásquez cuente con un apoyo constante de alto nivel.
Ese apoyo debe provenir del presidente: cuando Velásquez se enfrente a la oposición, Gustavo Petro tendrá que intervenir de forma fiable en su favor. También debe venir de los amigos internacionales de Colombia, sobre todo del gobierno de Estados Unidos. El apoyo decidido de Washington, tanto político como financiero, puede ayudar a mantener viva una agenda de reformas que claramente beneficia también a los intereses estadounidenses en Colombia.
