6 Mar 2015 | Análisis | Noticias

Grupo de Expertos de la CIDH llega a México para investigar caso de estudiantes desaparecidos

Tras la desaparición forzada de los 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, el gobierno mexicano y los representantes legales de los estudiantes y sus familias solicitaron asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En noviembre de 2014, las tres partes firmaron un acuerdo que llevó a la formación del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes. Este Grupo de Expertos tiene a su cargo la revisión y la investigación del caso de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en Ayotzinapa, Guerrero, pero su trabajo podría tener implicaciones más amplias para la forma en que México maneja casos de desapariciones que han aumentado gravemente en los últimos años. El 1 de marzo de 2015 el Grupo de Expertos viajó a México para iniciar su trabajo.
Este acuerdo de asistencia técnica representa una oportunidad para que expertos de renombre internacional en materia de derechos humanos y de investigación penal ayuden a resolver el caso de los estudiantes desaparecidos. Según su mandato, el Grupo de Expertos tiene tres objetivos principales: “el desarrollo de los planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas” para determinar si tal plan cumple con las necesidades y exigencias de las víctimas.

Mientras que el enfoque de la asistencia técnica son los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, la labor del Grupo de Expertos también debería ayudar a México a abordar problemas más sistémicos del país. El Grupo de Expertos formulará recomendaciones para el gobierno de Peña Nieto para fortalecer la capacidad institucional del país para buscar y encontrar eficazmente a personas desaparecidas, y para investigar los casos de desapariciones forzadas (aquellas en las que agentes del Estado participan activamente). Estas reformas son muy necesarias: más de 23.270 personas desaparecieron en México entre 2007 y 2014 (un promedio de 13 personas por día desaparecieron en 2013 y 2014). Desde la desaparición forzada de los estudiantes en septiembre de 2014, las familias de otros 375 individuos han denunciado la desaparición de un ser querido en la misma región del estado de Guerrero.

La respuesta del gobierno mexicano a esta crisis agravante ha sido inadecuada. Desde 2013, las autoridades mexicanas han localizado a sólo 102 personas (72 con vida y 30 fallecidas) que habían sido registradas como desaparecidas, y escasos funcionarios mexicanos han sido investigados y sancionados de manera efectiva por su participación en actos de desaparición forzada.

El Secretario Ejecutivo de la CIDH Emilio Álvarez Icaza explicó los objetivos ambiciosos del Grupo de Expertos tras la oficialización del acuerdo de asistencia técnica el 18 de noviembre de 2014:

“Creemos que este es un momento clave en la historia contemporánea de México que representa una oportunidad para atacar de raíz este problema estructural que representa una tragedia para cada una de las víctimas de las miles de desapariciones forzadas que han tenido lugar en los últimos años, para sus familiares, para sus seres queridos, y para México todo. La CIDH quiere ser parte de este momento histórico para coadyuvar a que esta oportunidad no se desperdicie, sino que aprovechemos su capacidad transformativa de una realidad que tiene que cambiar de manera urgente. Por eso firmamos este acuerdo. Porque la CIDH está convencida de la urgencia y la necesidad vital de acabar con las desapariciones forzadas, y de que el punto de quiebre no sea el mes que viene ni mañana, sino hoy”.

El 16 de enero de 2015, la CIDH seleccionó a los cinco integrantes que conforman el Grupo de Expertos: Carlos Martín Beristain (España), Ángela Buitrago (Colombia), Francisco Cox Vial (Chile), Claudia Paz y Paz (Guatemala), y Alejandro Valencia Villa (Colombia). El 11 y 12 de febrero en la sede de la CIDH en Washington, DC, el Grupo celebró su primera reunión en la que se estableció un plan de acción, se determinaron las normas y los procedimientos internos, y se fijaron las fechas de su primera visita a México. El mandato del Grupo es inicialmente por seis meses, pero puede ampliarse según sea necesario para que el Grupo cumpla con sus objetivos.

Al llegar a México, el Grupo de Expertos viajó a Guerrero para reunirse con los familiares de los estudiantes. Organizaciones de la sociedad civil, tanto a nivel nacional como internacional, saludaron con satisfacción el inicio del trabajo del Grupo, destacando la legitimidad del Grupo y la vasta experiencia de los expertos. Después de su primera reunión con los expertos, familiares de los estudiantes también expresaron su confianza y esperanza de que los expertos pudieran ayudar a revelar qué pasó con sus hijos.

El 4 de marzo, el Grupo de Expertos se reunió con la recién nombrada Procuradora General, Arely Gómez González, quien afirmó que la investigación del gobierno sobre la desaparición de los estudiantes no está cerrada(en contraste con las declaraciones de su antecesor, Jesús Murillo Karam, quien afirmó el 27 de enero de 2015 que el gobierno ya había llegado a la “verdad histórica” del caso) y que colaborará abiertamente y con transparencia con el Grupo. El Grupo recibió una exposición de los hechos del gobierno sobre el caso y fue prometido el pleno acceso a la información necesaria.

Siguiendo con una primera semana productiva en México, el 5 de marzo, integrantes del Grupo se reunieron con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para discutir las áreas para colaboración e para intercambiar “puntos de vista sobre el estado que guardan las investigaciones”. El titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, se comprometió su apoyo a la resolución del caso, y ambas partes coincidieron en la importancia de establecer “líneas de comunicación abierta y permanente sobre los avances de las investigaciones”.

Parecido a las declaraciones de la nueva Procuradora General, el gobierno mexicano afirmó anteriormente que da la bienvenida a “el apoyo, revisión y sugerencias” del Grupo de Expertos. No obstante, el gobierno de Peña Nieto previamente ha reaccionado negativamente ante críticas internacionales de su investigación sobre este caso. El 7 de febrero de 2015, el internacionalmente reconocido Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que ha servido como un experto independiente para los familiares de los estudiantes, y cuyas contribuciones el gobierno acogió inicialmente, hizo pública su evaluación de la investigación del gobierno afirmando que era demasiado pronto para cerrar la investigación dada la cantidad de pruebas  que todavía necesitaban ser analizadas. La respuesta rápida de la Procuraduría General de la República (PGR) intentó desacreditar el EAAF en lugar de reconocer cualquier error o cuestiones pendientes en su investigación.

La asistencia ofrecida por el Grupo de Expertos podría ayudar a esclarecer qué es lo que pasó con los 43 estudiantes pero su trabajo también tendrá implicaciones más amplias. Las recomendaciones del Grupo deben ayudar a las autoridades a identificar las medidas que pueden tomar para buscar de forma más eficaz a los desaparecidos, investigar y sancionar a los responsables, y proporcionar justicia a los familiares. Su llegada a México presenta una oportunidad única para el gobierno mexicano de demostrar que está listo a dar vuelta a la impunidad. Mientras el Grupo de Expertos sigue con su mandato, es importante que las autoridades mexicanas apoyen el trabajo del grupo, que proporcionen acceso a las pruebas pertinentes y a los funcionarios claves del gobierno y que se esfuercen por aplicar sus recomendaciones. Cualquier otra cosa sólo pondría aún más en duda el compromiso del gobierno de Peña Nieto con la justicia y los derechos humanos.