11 Apr 2013 | Análisis | Noticias

Grupos armados, proyectos mineros debilitan la seguridad y autonomía de grupos indígenas en Colombia

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) desea llamar a su atención los siguientes hechos relativos a los derechos de los indígenas en Colombia.

Alarmante situación de Derechos Humanos de Grupos Indígenas

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) presentó un informe alarmante el 14 de marzo de 2013, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sobre la situación que grupos indígenas enfrentan debido a la violencia, el desplazamiento, la discriminación, la pobreza y el abandono institucional por parte del gobierno colombiano. El informe destaca la situación crítica de más de 66 grupos indígenas que enfrentan el exterminio físico y cultural, muchos de los cuales tienen una población de menos de 500 personas. Su vida se ve afectada por las operaciones militares y las concesiones mineras en sus territorios, que en algunos casos totaliza el 54 por ciento de una reserva indígena.

En el 2012 hubo 44 casos de desplazamiento masivo de comunidades indígenas en el país, dejando en esta condición de desplazamiento a más de 12.304 personas. Condición que se ve agravada por el abandono del estado que ignora las necesidades básicas de las comunidades indígenas, la falta de desarrollo económico, el aislamiento por falta de vías de acceso y el sometimiento a los grupos armados y las grandes industrias extractivas en la región.

El informe indica que la presencia de las industrias extractivas y las acciones militares en curso en el Chocó, Risaralda y Norte del Valle del Cauca están creando una crisis humanitaria que está exponiendo a 31.685 indígenas Embera en riesgo de desplazamiento. A pesar de la decisión de un tribunal civil en el Chocó que dictaminó que las concesiones mineras en los territorios Embera deben ser suspendidas, la población indígena se mantiene en una situación precaria.

Los homicidios en la comunidad indígena siguen siendo un problema grave. En 2009, la ONIC informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que desde el año 2002, más de 1.000 personas indígenas habían sido asesinadas. Esa cifra sigue creciendo y solo en el 2012 perdieron la vida 103. Entre las causas de las muertes están los asesinatos selectivos, las operaciones militares, combates entre grupos armados legales e ilegales, y más lamentable aun la muerte de menores por desnutrición y falta de acceso a atención médica.

El informe también resalta el desprecio por los autos aprobados por la Corte Constitucional de Colombia. Los autos 004 de 2009 y 173 de 2012, que se aprobaron con el fin de abordar la situación de los desplazados, han carecido apoyo institucional por parte del gobierno de Colombia debido a la falta de recursos y de verdaderos planes de desarrollo para las comunidades indígenas y continuos operativos militares en los territorios indígenas.

La ONIC recomienda que el gobierno colombiano afronte los problemas estructurales que provocan el desplazamiento forzado de las comunidades indígenas y que tome las medidas necesarias para evitar un daño mayor a las 66 comunidades indígenas cuya población no supera los 500 miembros. Estas comunidades están en peligro de desaparecer físicamente y culturalmente. El informe recomienda que las concesiones a las industrias extractivas se detenga y que las concesiones existentes en las comunidades indígenas sean reevaluadas. Por último, la ONIC recomienda que las medidas de protección sean aplicadas correctamente y en pleno acuerdo con los pueblos indígenas y sus organizaciones.

Crisis humanitaria en la comunidad Awá en San Juan de Pasto, Nariño

Recientes enfrentamientos militares entre el ejército colombiano y los guerrilleros de las FARC han creado una grave crisis humanitaria para la comunidad Awá en el sur de Colombia. Entre el 24 y 26 de marzo de 2013, reiteradas operaciones militares y la escalada de violencia ha provocado el desplazamiento forzado de 227 personas (44 familias en total).

Esta situación ha creado un ambiente de miedo, inquietud y pánico, en el que las comunidades indígenas de la zona están sufriendo debido a la falta de alimentos, agua, atención médica y psicológica, buenas condiciones de higiene y ropa. Junto con el asesinato de María Adalgisa Canticus y Julio Cortés, dos miembros de la comunidad Awá en la reserva Pälvi Watsalpí y Pipalta Yaguapí, la destrucción física y cultural de la tierras ancestrales de este grupo, y la violación de sus derechos colectivos, esta situación se ha convertido en una aguda crisis humanitaria.

Declaración Pública sobre el retorno de Embera Katio a Tierra Ancestral

Dada la larga historia de abusos por parte de las organizaciones militares, legales e ilegales en sus tierras ancestrales, las Autoridades Zonales del Resguardo del Alto Andágueda y la Asociación OREWA emitieron una declaración pública sobre la situación de la población Embera Katio de Colombia. Los líderes de esta comunidad están instando a las autoridades colombianas para facilitar el retorno de los desplazados y el cese de actividades relacionadas con el conflicto armado en su resguardo.

La comunidad Embera Katio está pidiendo a las autoridades emitir un esquema de seguridad favorable que permita a la población desplazada regresar a su tierra ancestral. Este grupo ha declarado que el conflicto armado interno es ajeno a los intereses de esta comunidad que desea vivir en paz. Las partes en el conflicto no han mostrado ningún interés en proteger verdaderamente la autonomía Embera Katío, la cultura y el territorio. Los líderes recomiendan que Colombia adopte un plan de desarrollo integral para los Embera y reitera que no va a aceptar las propuestas de reubicación del gobierno colombiano.

Autoridades Zonales del Resguardo del Alto Andágueda y la Asociación OREWA presentan carta abierta al presidente Juan Manuel Santos y la Directora de la Unidad de Víctimas Paula Gaviria

En una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos, las Autoridades Zonales del Resguardo del Alto Andágueda y la Asociación OREWA describieron los abusos sufridos en los últimos 40 años a manos de las fuerzas armadas, paramilitares, guerrilleros y corporaciones multinacionales. Señalan que la presencia de las FARC y el ELN ha llevado a un constante estado de violencia en sus territorios. Como resultado de la presencia de grupos armados, la comunidad indígena ha sido víctima de reclutamiento, uso como informantes de los paramilitares y las organizaciones guerrilleras, y de desplazamiento masivo de sus tierras ancestrales.

Los firmantes también expresaron su profunda preocupación acerca de la presencia de la minería ilegal y legal, así como las concesiones mineras en la reserva Andágueda, que ahora cubren 80,63 por ciento de su territorio. Las operaciones mineras juegan un papel importante en la generación de desplazamiento forzado, la violencia y la contaminación del medio ambiente. También se presentan preocupaciones por el proceso de restitución de tierras, en la que los miembros desplazados de su comunidad no se les permiten regresar, y en el que existe un gran interés del gobierno colombiano en la reubicación de las personas desplazadas en algún lugar que no sean el Alto Andágueda.

En una carta similar dirigida a la Directora de la Unidad de Víctimas, los miembros del resguardo Andágueda piden respuestas respecto al cierre de un refugio para 600 Embera Kaito desplazados en Bogotá, y por qué los miembros de esta comunidad están siendo reubicados al departamento de Risaralda. Teniendo en cuenta que el gobierno colombiano no ha autorizado el regreso de esta comunidad desplazada a sus tierras ancestrales, sería justo que la comunidad Embera Kaito permanezca en el refugio.

En la carta, las autoridades indígenas expresan su preocupación por la reubicación y piden al gobierno colombiano consultar con las comunidades indígenas an
tes de tomar decisiones que no sólo fragmentan la comunidad, sino que también ignora el auto 004 emitido por la Corte Constitucional.

Violaciones de Derechos Humanos de las Comunidades NASA Sath Tama Kiwe de Caldono

A pesar de la existencia de un acuerdo entre el presidente Juan Manuel Santos y el Consejo Regional Indígena del Cauca, en la que la integridad colectiva de la comunidad indígena fue acordada, la comunidad Nasa Sat Tama Kiwe de Caldono informa que están experimentando violaciones sistemáticas de su derecho a la vida, la dignidad, la integridad física y la armonía de los pueblos. Los líderes de la comunidad explican que el aumento de las operaciones militares en sus territorios han elevado la inseguridad, el desplazamiento, homicidios y los casos de tortura en su comunidad.

Los recientes incidentes incluyen amenazas de muerte contra miembros de la comunidad y la explosión el 17 de enero de 2013 de un artefacto que hirió severamente a un niño de 10 años. También informan que Hermes Casso Casso y Oscar fueron torturados el 17 de marzo de 2013. El 30 de marzo de 2013, Alvaro Chocué Ramos fue asesinado. Los miembros de las fuerzas armadas de Colombia están vinculados a esta matanza.

Esta situación ha provocado que la comunidad Nasa Sat Tama Kiwe de Caldono organice una audiencia pública que se llevará a cabo el 23 de abril de 2013. El propósito de esta audiencia es desarrollar medidas eficaces que garanticen la justicia y la reparación para las víctimas de los abusos. Además, las estrategias para el cese de las acciones violentas en los territorios indígenas serán discutidas. Los miembros del gobierno colombiano, las organizaciones de derechos humanos y de las comunidades indígenas en Colombia y otros países están invitados a asistir.

Jóvenes de Río Murindó y Chageradó Turriquitadó utilizados como informantes militares

La asamblea de autoridades indígenas del Resguardo Río Murindó y Chageradó Turriquitadó denuncia el uso de tres miembros de su comunidad como informantes militares. Con el propósito de obtener información militar dentro del reguardo, los tres jóvenes fueron reclutados por el capitán Julio Sierra del Batallón de Infantería 12, de la XV Brigada, con sede en Quibdó, Chocó, y entrenados por la Brigada XVII del Ejército con sede en Carepa, Antioquia.

Este incidente ha llevado a la comunidad indígena del Río Murindó y Chageradó Turriquitadó a exigir el respeto del auto 004, que recomienda a las autoridades colombianas implementar planes para proteger a los pueblos indígenas que están en riesgo de exterminio físico y cultural por causa del conflicto armado interno en Colombia. También instan a las autoridades a que pongan fin al reclutamiento de miembros de sus comunidades como informantes.

Agradecemos su atención a estas cuestiones tan importantes y les instamos a actuar para proteger los derechos de las comunidades indígenas. Las autoridades de Estados Unidos deben garantizar que Colombia satisfaga las condiciones de derechos humanos para la recepción de asistencia militar y que Colombia investigue y sancione a los responsables de los abusos señalados en esta actualización.

Los Representantes a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos James McGovern y Jan Schakowsky están circulando una cartade apoyo al proceso de paz entre Colombia y las FARC. Instamos a todos los miembros del Congreso de los EE.UU. para apoyar esta carta con su firma.

La sociedad civil en EE.UU. le anima a pedir a su representante a estar con las víctimas de Colombia y de las minorías étnicas para pedir un acuerdo de paz duradero y significativo. Haga clic aquí para averiguar cómo ponerse en contacto con su representante.